La Guardia Civil registra la Consejería de Presidencia investigando tres presuntos delitos

MURCIA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, deteniendo en el marco de las mismas actuaciones a cinco personas y registrando, entre otras dependencias, el Ayuntamiento de Librilla, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En virtud de dicho procedimiento, el titular ha acordado también la entrada y registro en unas dependencias concretas de la tercera planta de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Librilla. En las primeras se redactaban los pliegos de condiciones para contratación pública urbanística de los 45 municipios de la Región.

Han sido detenidos el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa "Acadi", que redactó el Plan General de Ordenación Municipal de Librilla. Junto a ellos, la Guardia Civil ha detenido también a José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y la esposa de Cano.

También se han registrado la empresa municipal de suelo de Librilla (Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L., creada en 2002 para la compra del 52% de los terrenos destinados al polígono industrial "Cabecicos Blancos"), domicilios particulares y sedes sociales de empresas en las localidades de Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde se ha registrado la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública. En total, han sido nueve los registros simultáneos. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Unos 20 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron esta mañana las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Consejería de Presidencia, uno de cuyos ex funcionarios, José Luis Cano, ha sido detenido.

Otros 30 agentes de la Benemérita registraron el Ayuntamiento de Librilla, donde trabajan dos técnicos, entre los que han sido detenidos. Una decena de agentes llegaron a las dependencias municipales a las nueve de la mañana, y a esa hora muchos trabajadores del consistorio ya no pudieron acceder al Ayuntamiento. Han estado más de doce horas en su interior.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia coordina la operación tras recibir una denuncia presentada por la Fiscalía de Murcia en relación con la llamada "Operación Acadi", que afecta a 30 planes urbanísticos parciales y motiva la investigación de una supuesta trama de corrupción urbanística durante el mandato del ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.

Los detenidos están siendo interrogados por los agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia y se prevé que el jueves o el viernes puedan pasar a disposición judicial.

El PSOE ya alertó

El PSRM-PSOE alertó ya el 26 de abril de 2007 de una posible "connivencia" entre el funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, que se encuentra en excedencia desde ese año, y empresas particulares en Librilla.

En concreto, el que era portavoz del partido socialista en aquel momento, José Ramón Jara, denunció la "connivencia" del responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, el funcionario José Luis Cano, "y empresas particulares", debido a la existencia de "una trama en el Ayuntamiento de Librilla, con conexiones a la Consejería de Presidencia, dedicada a obtener importantes beneficios en recalificaciones urbanísticas".

Al respecto, Jara explicó en su día que toda esta "trama" la elabora este funcionario público, puesto de libre designación dentro de la Dirección General de la Administración local, dependiente de la Consejería de Presidencia, siendo el creador de la sociedad Control y GIS Consultores S.L".

Se trata, por tanto, "del encargado de la captación de ayuntamientos y de la creación de tramas dentro de los mismo, para traer contratación a la mercantil Acadi y a otras empresas que actúan como contratistas de obras públicas".

Para ello, aseguró que Cano "necesita de alguna conexión para que se pueda contratar con los ayuntamientos, por lo que se busca a Domingo Peñalver, un ingeniero de 27 años contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra pública". De este modo, dejó claro que "busca a Peñalver, siendo el cerebro de toda esta trama que mueve muchos miles de millones de pesetas".

Así precisó, que "es un entramado de funcionarios, empresas y particulares que dominan el urbanismo de Librilla", ya que, dijo, "el Plan General de este municipio y las decenas de convenios urbanísticos privados son disparatados, debido a que no obedecen al interés general y ponen en peligro la dotación de agua del trasvase Tajo-Segura de esta localidad con perjuicio para los agricultores".

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudica el PGOU a la mercantil Acadi S.L., sociedad creada por Peñalver, que "no tenía ninguna actividad urbanística en el momento de esta adjudicación, pero que en el mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se cambia el objeto social para introducir el urbanismo", incidió Jara.

A partir de este momento, "se negociaron 30 ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan, con los propietarios del suelo, para introducirlas en el PGOU, y se exigió a todos los firmantes de los convenios que encargaran la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida por el alcalde de Librilla, José Martínez".

Esta transformación contenía, según las investigaciones del PSOE, "plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y dirección técnica de las obras". De igual modo, destacó que "además de estos convenios de transformación, se llevaron otros al pleno municipal y se adjudicaron contratos que superaron los seis millones de euros, sin respeto a la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Por todo ello, calificó esta "trama de verdaderamente compleja y endiablada, puesto que Peñalver, a través de Acadi, mantiene una red de contactos con funcionarios municipales y de confianza que hace que se le adjudiquen obras y relaciones de planes generales y de convenios, entre otros".

Entre estos funcionarios, Jara hizo referencia a José Andrés Cortés, "trabajador del Ayuntamiento de Librilla y consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L.". El 10 de octubre de 2006 se celebró un concurso en el Ayuntamiento para darle plaza en la Administración local con un tribunal compuesto, entre otras personas, por José Luis Cano, adjudicándole la plaza el noviembre.

Y es que, a juicio del portavoz de los socialistas murcianos, "esta red no solamente controla el urbanismo de Librilla, sino que extiende sus tentáculos a otros municipios, dado que el funcionario Cano está en connivencia con la empresa Acadi". Concretó que "esta trama se extiende a otros ayuntamientos, como el de Aledo".

En esta misma línea, Jara denunció públicamente, en su día, que una consecuencia de esta "trama", es la "polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca". Expuso, por ello, que "la empresa propietaria de este paraje es Golden Sky S.L., propiedad, entre otros accionistas, de Peñalver, a través de Acadi".

"Esta empresa consigue que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparece en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, aparezca, por arte de magia, en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Además, argumentó que "existen informes negativos de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que dicen que esto está mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde de esta localidad, Domingo Aranda, lleva adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras Públicas".

IU habla de corrupción generalizada

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, tachó hoy de "lamentable" el caso de Librilla, por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas cinco personas, entre ellas un funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y es que, a su juicio, ello "pone de manifiesto la situación de corrupción que hay en la Región y que tanto hemos denunciado desde IU".

Pujante aseguró que "este tipo de situaciones se tienen que cortar por lo sano", tras lo que añadió que "tiene que haber un mensaje claro, contundente y firme por parte del Gobierno regional y el PP, en lugar de mirar para otro lado y no decir nada, como viene haciendo de forma persistente".

Así, reiteró que se hace necesario "mantener un mensaje claro al respecto y cortar de raíz todas las situaciones de corrupción", porque, enfatizó, "el silencio cómplice se está produciendo en una permisivilidad ante este tipo de situaciones que es inaceptable".