MURCIA.- «Existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba» y «un grave peligro de que se pueda nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos penalmente». Un peligro, este último, que «llega incluso a las arcas de la Corporación Local», según revela hoy "La Verdad".
Con estos argumentos, el juez Salvador Calero García hizo suya la postura del fiscal del caso para justificar y decretar el pasado día 3 el ingreso en prisión del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, acusado de posible prevaricación y malversación de caudales públicos, según el auto judicial al cual ha tenido acceso este periódico.
El magistrado sustituto del juzgado número 4 de San Javier sostiene que en la operación de permuta de terrenos entre la empresa Polaris World y el Ayuntamiento de Torre Pacheco «pueden haberse defraudado cinco millones de euros», al considerar que el Consistorio «recibió unas fincas que valen la novena parte de aquélla que se entregó».
Para ello, se basa en la valoración realizada por la perito judicial Pilar Fontela, que contrapone con el informe del arquitecto técnico municipal Ramón Ángel Cabrera, éste último en prisión desde el día 1.
La valoración de los terrenos, sin embargo, resulta confusa y dispar, ya que existen otras tasaciones distintas, entre ellas el documento de compra de la empresa Polaris y el informe realizado por la Dirección General de Tributos.
Gran diferencia de valor
El magistrado sostiene que la superficie de 34.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento es una «finca urbana», si bien en el planeamiento se considera terreno «dotacional público».
Dicho terreno, situado junto al resort Mar Menor, tiene como destino la ampliación del campo de golf, y no la construcción de viviendas. La empresa, por su parte, entregó unos 50.000 metros cuadrados, divididos en cuatro fincas, calificados como rústicos y situados en El Jimenado.
Aparte, entregó casi 500.000 euros en metálico para cubrir la diferencia del valor tasado por el Ayuntamiento.
El juez considera que «existe un gravísimo defecto de fondo que daba lugar a que el expediente fuera absolutamente nulo porque eludía la prohibición de realizar permutas cuando el valor de los bienes difiera más de un 40%».
Añade el juez Salvador Calero que el expediente de permuta aprobado por el alcalde de Torre Pacheco contenía valoraciones «extraordinariamente desproporcionados y desconectadas de la realidad, de tal manera que las fincas que adquiría la Corporación local tenían una valoración 3,5 veces superior a su valoración aplicando criterios legales, y casi 6 veces superior aplicando criterios estrictamente agrarios».
De otro lado, señala que la finca que adquiría Polaris World «se peritaba por debajo de la mitad del mínimo de su valor de mercado, según los informes periciales».
Explica que la actuación de Ramón Cabrera «atenta contra las más básicas normas del sentido común» porque valoró al finca municipal a razón de 80 euros por metros cuadrado, «ello a pesar de que sólo unos meses antes en un expediente de permuta de suelo también para equipamiento deportivo lo valoró en 200 euros».
¿Por qué ha ido a la cárcel?
A la pregunta que muchos ciudadanos, y sobre todos los vecinos de Torre Pacheco, se han hecho estos días de por qué se ha dictado orden de prisión sin fianza contra el alcalde García Madrid, el juez argumenta lo siguiente: «Debe descartarse radicalmente la imprudencia o ignorancia del alcalde porque la empresa beneficiaria pertenece al grupo Polaris World, respecto de la cual existen gravísimos indicios en la causa de haber realizado numerosos tratos de favor. Ello lo confirma que los imputados que han declarado hoy [el pasado día 3] han dicho que los contactos de Facundo Armero eran, en primer lugar, el alcalde».
El juez se refiere a las declaraciones de José Luis Hernández y Juan Marcos Farrugia, presidente y ex director financiero de Polaris, respectivamente.
El juez coincide con el fiscal Díaz Manzanera en que por parte del alcalde «existe un considerable riesgo de destrucción de elementos de prueba que van a ser decisivos para valorar la presunta arbitrariedad de este expediente, y para la elaboración ex novo de otros documentos que puedan servir de descargo, puesto que todas las personas que serían necesarias para hacerlo están implicadas en este procedimiento y tendrían intereses convergentes».
Apunta, además, el magistrado que existen «importantes indicios» de malversación de caudales públicos; y que a raíz de los «numerosos delitos detallados» que el fiscal le imputa al alcalde, «existe un grave peligro de que se puedan nuevamente atentar contra bienes jurídicos protegidos. El peligro llega a las arcas de la Corporación Local. Sólo en un expediente puedan haberse defraudado 5 millones de euros», refleja el auto.
El alcalde Daniel García se negó a declarar el día de su detención, al señalar que Calero no es el juez ordinario competente en este proceso.
Valoración dada por buena
En el auto por el que el juez Salvador Calero ordena el ingreso en prisión del arquitecto técnico del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude, no oculta su sorpresa por el hecho de que el imputado hubiese «dado por buena la valoración realizada por el arquitecto de la empresa beneficiaria de la propia permuta».
Además señala que «la forma de efectuar las valoraciones de todas las fincas implicadas en la permuta son algo más, mucho más, que cuestionables. Tanto el método como los resultados exceden el ámbito de las discrepancias profesionales propias de toda actividad que no está regida por las normas de precisión matemática, y que hace que los resultados puedan valorar según el autor».
Aunque advierte de que ni él mismo ni el fiscal se atreverían a poner en cuestión la actuación de un profesional porque sus resultados puedan diferir levemente, o incluso considerablemente, «la actuación del funcionario público difiere en tal extremo de los resultados ofrecidos por dos informes periciales que la justificación de los subjetivo jamás podrá ser suficiente».
Recurso de la defensa
El recurso de apelación presentado por el letrado José Pardo Geijo ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, con el que busca conseguir la puesta en libertad del alcalde Daniel García Madrid, descalifica con tremenda contundencia la labor del fiscal José Luis Díaz Manzanera y del juez sustituto Salvador Calero, a quienes imputa, «dicho sea en términos estrictos de defensa», de buscar con sus actuaciones «conseguir a ultranza el ingreso en prisión de mi defendido».
Para tratar de desmontar la orden de ingreso en prisión dictada contra García Madrid, el letrado no duda en señalar que la Fiscalía y el Juzgado han actuado de una manera «más propia de un régimen dictatorial que de un Estado Democrático de Derecho», de haber cometido «tantas atrocidades procesales que espanta», de haber actuado «en comandita (...) con un contubernio desastrosamente orquestado o bien un inexplicable afán de protagonismo».
Al fiscal le reprocha que haya abierto unas nuevas diligencias informativas «al margen del juzgado y practicado pruebas sin control judicial alguno», y recuerda que el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «el fiscal cesará en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos».
De esta forma, argumenta Pardo Geijo, «estando abierto ya un proceso en sede judicial, debería considerarse nulo de pleno derecho» todo lo actuado sobre el asunto de la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y Polaris World.
Por lo que se refiere al juez, recuerda que la Junta de Jueces de San Javier decidió que, por tener que ausentarse un tiempo la titular Aránzazu Moreno, «y en tanto no se proceda al nombramiento de un sustituto, el conocimiento y resolución de los demás asuntos civiles y penales corresponderá al sustituto natural, Salvador Calero». Motivo éste por el que el letrado se refiere en todo momento a Calero como «el sustituto del sustituto».
Tras reprocharle que hay entrado en el asunto «como un elefante en una cacharrería», recuerda que esa junta de jueces se celebró el 26 de marzo y que la denuncia de Fiscalía entró en 28 de marzo, viernes. «Ese mismo día, el juez dictó un auto accediendo a todas sus pretensiones (de la Fiscalía). Podrá ser un superhombre, pero está claro que escapa a la capacidad normal humana recibir el mismo día un expediente (...) de más de 16.000 folios, interesando determinadas y muy significativas detenciones, y resolver de plano».
Además señala que no había motivo para tal urgencia, pues el expediente sobre este asunto está en el juzgado desde hace un año.
El letrado también descalifica la valoración realizada por la arquitecta que, como perito, hizo una sobre las fincas, por estimar que ella misma admite que «mi titulación no resulta la más idónea para valorar fincas de naturaleza rústica», y que respecto a la valoración de la finca dotacional, ésta se basa «en una ficción», consistente en otorgarle el mismo valor a ese suelo que si fuese residencial.
La juez consideró válidas las escuchas antes de coger la baja
Por otra parte y, según publica "La Opinión", la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno, confirmó -días antes de coger la baja por maternidad-, la validez de las escuchas incluidas dentro de la investigación por presuntas irregularidades en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo.
El abogado del alcalde de Torre Pacheco, José Pardo Geijo -que también ha recurrido la decisión de la juez-, solicitó en febrero la nulidad de estas escuchas telefónicas.
En su recurso, Pardo Geijo solicitaba la nulidad del auto del órgano judicial encargado de la investigación en el que la juez autorizaba a los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil a intervenir el teléfono de García Madrid y del empresario Facundo Armero, también imputado.
Según el recurso del letrado, las escuchas "no tenían utilidad alguna porque ya se había presentado documentación sobre las denuncias y, por tanto, no estaba justificada".
Además, Pardo Geijo arremetía contra el sistema de escucha y grabación empleado por los agentes del Instituto Armado, el SITEL. El abogado de García Madrid dijo estar seguro de que las escuchas se acabarían declarando nulas porque el sistema SITEL "está siendo estudiado por el Tribunal Supremo".
La juez -que estuvo al frente de su juzgado hasta el 18 de marzo-, rechazó la petición del abogado del alcalde y confirmó la validez de las escuchas. En las mismas se deja ver una presunta trama de clientelismo y trato de favor en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo a las empresas de Facundo Armero que, según las grabaciones de la Guardia Civil, estaban dirigidos en la sombra por el constructor, ex socio fundador de Polaris World y actual responsable, entre otras, de empresas como Construcciones Torre Pacheco.
La decisión de la juez, no obstante, ya ha sido recurrida por Pardo Geijo ante la Audiencia Provincial. Ahora, será este órgano colegiado el que deberá pronunciarse de nuevo sobre la validez o no de las citadas escuchas.
Declaración de Juan Morales
El ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, imputado por presunta corrupción urbanística va a declarar por fin el próximo jueves en su calidad de aforado ante el magistrado instructor de la Sala de Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, Julián Pérez- Templado.
Su abogado defensor, José María Caballero, ha presentado un recurso contra el secreto de sumario confirmado por la citada Sala al considerar que con ello se pueden haber presuntamente vulnerado derechos fundamentales de su cliente.
MURCIA.- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliará "lo que haga falta" su línea de crédito a las empresas para garantizar su liquidez y paliar las tensiones en los mercados crediticios.
