Don Mariano Rajoy se siente muy orgulloso de la Comunidad de Murcia, hasta el punto de que ha manifestado que "los murcianos tienen al frente a un director de orquesta que, sin estridencias ni numeritos, mejora la vida de los ciudadanos", aunque lo haga a costa de construir campos de golf y destruir el paisaje; sus resultados electorales y el "buen hacer" de sus dirigentes avalan un apoyo popular importante y un claro respaldo a sus políticas. El PP ha conseguido algo que nunca podría lograr el PSOE, quizás por el distinto talante de sus votantes: lograr mayorías absolutas gracias a la indiferencia de los ciudadanos, que saben convivir con la corrupción y los escándalos urbanísticos, y los asumen con total normalidad.
En Murcia se concentran importantes escándalos urbanísticos, y la corrupción se extiende a empresarios, técnicos municipales y alcaldes del PP, e incluso pueden llegar a salpicar al poder judicial de ser cierto la ralentización de las investigaciones judiciales por parte de una juez con mentalidad conservadora.
El tema no es baladí, y adquiere una gravedad extrema en donde se hace necesaria la inmediata intervención del Consejo General del Poder Judicial para investigar que ha podido suceder en el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, en donde la baja por maternidad de una juez ha motivado un inmediato cambio de rumbo de una causa penal por parte del juez que la sustituye. Estos son los elementos a analizar:
1º) Se investiga la permuta de un terreno municipal de 35.000 metros cuadrados, lindante con una urbanización de Polaris World, por 50.000 metros cuadrados de terrenos rústicos pertenecientes a dicha compañía, y en especial la demostrada diferencia de valor de uno y otro terreno, que motiva que el Ayuntamiento de Torre Pacheco puede verse perjudicado económicamente.
2º) Aránzazu Moreno, una juez calificada como "pepera" por Fernando de la Cierva (antiguo consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, y hoy empleado de una empresa de Polaris World) es baja por maternidad; y su sustituto, el juez Salvador Calero, de inmediato y con el respaldo del Ministerio Fiscal, le da un cambio de rumbo a la investigación judicial.
3º) El día 1 de abril el juez Salvador Calero decretó la prisión incondicional para el arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera; dos días después el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, es detenido cuando se dirigía al Consistorio y, después de negarse a declarar ante el juez, ingresa en prisión acusado de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El mismo día 3 de abril fueron citados como imputados el presidente de Polaris World, José Luis Hernández Arce, y el exdirector financiero Juan Marcos Fernández; si bien ambos han quedado el libertad con cargos.
4º) La rápida intervención del juez pone muy nervioso al letrado del Alcalde de Torre Pacheco, José Pardo Geijo, quién después de considerarle incompetente para intervenir en el proceso, le acusa de prevaricador de acordar su prisión; quizás pensaba que la baja de la juez titular paralizaría temporalmente un proceso ya ralentizado previamente, y una rápida intervención de su sustituto le descolocó. El letrado previsiblemente será sancionado por el juez por sus excesos, pero no estaría de más que el Colegio de Abogados al que pertenezca investigue lo sucedido; es preciso atajar el lamentable actuar de algunos abogados que, en el ejercicio de su profesión, se convierten en supuestos cómplices o encubridores de las supuestas fechorías de sus clientes.
Ante una situación tan esperpéntica, nos preguntamos: ¿Qué piensan de todo esto Don Mariano Rajoy y los dirigentes del PP de Murcia?, ¿cual va a ser la actitud del Consejo General del Poder Judicial ante lo sucedido?, ¿podemos quedar indiferentes ante estos escándalos urbanísticos?.
La galopante especulación y la corrupción urbanística parecen haber contribuido, y de manera decisiva, a la actual crisis de la construcción. Cuando se hincha demasiado el globo corre el riesgo de pincharse, y al perder aire con excesiva rapidez quedan al desnudo sus responsables, que han perdido la capacidad de tapar sus vergüenzas al perder poder adquisitivo para comprar su impunidad.
Fernando de Silva es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo
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