Hispania y la "Kutxa" reclamarán 180 millones de euros a la Comunidad Autónoma si "entierra" La Zerrichera

MURCIA.- El Consejero Delegado del Grupo Inversor Hispania, Trinitario Casanova Abadía, presentó ayer en la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio un escrito de reclamación en el que se advierte de la “responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por su anormal funcionamiento”, según recoge hoy "El Faro", diario de su propiedad.

En este escrito Hispania pide a la Consejería, ocupada por Benito Mercader, que “anule, rectifique su cambio de criterio y proceda a emitir un informe en el que se siga el marco jurídico y procedimiento legalmente establecido al efecto, conforme a los parámetros medioambientales aprobados en la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas, paraje La Zerrichera, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 18 de noviembre de 2005”.

De no ser así, la defensa de la empresa advierte que “subsidiariamente, Grupo Hispania se reserva todas las acciones legales que a su derecho convengan, a efectos de defender sus legítimos intereses. En base a ello, de no cumplir la Consejería con las legítimas pretensiones solicitadas mediante este escrito, nos veremos obligados a reclamar al Gobierno de la Región de Murcia la cantidad de 180 millones de euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios efectivamente producidos, más los que se produzcan en el futuro”.

En la extensa argumentación presentada en la Comunidad, Hispania advierte “del anormal funcionamiento de la Administración”, cuyos daños generan una responsabilidad patrimonial, y que apuntarían como máximo responsable a Benito Mercader, quien tendría que responder ante acciones administrativas, contenciosas y penales. Es decir, contra su patrimonio.

EL GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., debidamente inscrita, con CIF nº A-30499628, con domicilio en Murcia, Edificio Hispania, Plaza de la Fuensanta nº 2 - 12ª (CP 30.008), a efectos de notificaciones, y en su nombre y representación TRINITARIO CASANOVA ABADIA, provisto del DNI nº 29.000.748-W, en su calidad de Consejero Delegado Solidario, con facultades bastantes para este acto, según se desprende de la escritura de elevación a publico de acuerdos sociales, que se adjunta al presente escrito, otorgada ante el Notario de Murcia, Don Francisco Javier Clavel Escribano el 6 de enero de 2.007, con numero 485 de su protocolo, ante este órgano administrativo, comparezco y como mejor proceda.

DIGO:

I.- Que con fecha, 17 de agosto de 2.006, GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. recibió la notificación de la resolución del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, por la que se resolvía dejar en suspenso el expediente relativo al Plan Parcial “La Zerrichera”, en base a un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha de registro general 5 de junio de 2.006, en el cual se informa que, (literalmente), “para llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de repercusiones de la Red Natura 2000 del Plan Parcial en cuestión, se habrá de esperar a lo que disponga el Plan de Gestión y Conservación de la zona en la que se encuentra el Paraje de la Zerrichera, (...)”.

Se adjunta como documento numero 1 resolución de alcaldía, incorporando el informe de la Dirección de Calidad Ambiental, de fecha 4 de julio de 2.006.

II.- Esta resolución fue especialmente sorprendente para GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., ya que ha tramitado el expediente medioambiental, precisamente de la forma en la que la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia le ha ordenado que lo hiciera, y siempre bajo el marco jurídico delimitado en los informes emitidos, tanto por la Dirección General del Medio Natural, como de la Dirección General de Calidad Ambiental. * Se menciona expresamente, que en el presente escrito se hace referencia a la Consejería de Industria y Medio Ambiente, denominada ahora Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.

III.- En base a ello, les remitimos el presente escrito para poner de manifiesto y probar, que la mercantil a la que represento ha actuado de una manera diligente en todo momento, y dentro de las pautas y marco jurídico delimitado por la Consejería a la que me dirijo, advirtiendo al mismo tiempo, del derecho que le corresponde a esta parte a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios que está sufriendo como consecuencia del titubeante proceder de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

FUNDAMENTOS
DE HECHO

PRIMERO.- Que GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. solicitó, mediante escrito dirigido a la DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL, de fecha de entrada en el registro de la Consejería, 13 de mayo de 2.004, informes sobre la Propuesta de LIC´s y Zepas o cualquier tipo de afección legal que afectara a los terrenos que se pretendían desarrollar urbanísticamente (Paraje “La Zerrichera”), a efectos de ajustarse a las prescripciones legales, de tipo ambiental, afectantes a la zona a desarrollar. En concreto, en el tercer párrafo del mencionado escrito se solicitó (literalmente): “Que preciso obtener de los negociados correspondientes la documentación, informes y estudios por lo cual se ha propuesto la misma para tales reservas, tanto jurídicos, como Administrativos, Técnicos, Etc ...”
La solicitud fue contestada debidamente, mediante escrito firmado por el Director General del Medio Natural, Don Carlos Brugarolas Molina, de fecha 31 de mayo de 2.004, en el cual se adjuntó toda la documentación referente a la RED NATURA 2000, identificación del lugar, , descripción del lugar, figuras de protección del lugar..; también se nos facilitó toda la documentación relativa a la zona Z.E.P.A.S., con el marco legal aplicable a la zona, (...), pero no se hizo mención en ningún momento sobre la tramitación o la necesidad de desarrollar un Plan de Gestión y Conservación sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística o sobre la totalidad de la Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo COPE.
(Se adjunta como documento numero 2 escrito dirigido a la Dirección General del Medio Natural de 13 de mayo de 2.004).
(Se adjunta como documento numero 3, respuesta de la Dirección General del Medio Natural, de fecha 31 de mayo de 2.004).

SEGUNDO.- Que como consecuencia de lo anterior, y sobre el marco delimitado por los informes medioambientales afectantes a la zona a desarrollar, se siguió tramitando el expediente para la aprobación de la modificación puntual del P.G.O.U. del T.M. de Águilas sobre el paraje denominado “La Zerrichera”, evacuándose en consecuencia el informe preceptivo de la DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL, de fecha 26 de abril de 2.005, firmado por el director general de calidad ambiental, D. Antonio Alvarado Pérez, en el cual, igualmente no se hace ninguna mención sobre la posibilidad o idoneidad de desarrollo de un Plan de Gestión y Conservación sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística.

En el informe al que se hace referencia en el párrafo anterior, se exigen una serie de requisitos y medidas correctoras que fueron subsanadas, e incluso ampliadas por esta parte en relación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como se puede comprobar en el expediente especifico de la aprobación de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, con la consecuente aprobación de la modificación puntual del P.G.O.U. del T.M. de Águilas.

Se adjunta como documento numero 4 informe de la Dirección General de Calidad Ambiental referenciado, de fecha 26 de abril de 2.005.

TERCERO.- Que en el contenido de la D.I.A. (B.O.R.N. 18.11.05), de la modificación puntual del P.G.O.U. de Águilas (paraje “La Zerrichera”), y del informe aclaratorio de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, se declara expresamente que se excluye del ámbito de actuación urbanística las zonas afectas a algún ámbito de protección, aunque puedan tener la calificación de Sistema General de Espacios Libres vinculados al sector. Por tanto, la zona afecta a la delimitación del sector a desarrollar mediante el Plan Parcial en tramitación y declarado ahora en suspenso, no se puede ver afectada y vinculada a un futuro Plan de Gestión y Desarrollo sobrevenido, ya que está fuera de dicho ámbito, según fue declarado expresamente por el dictamen de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, en su sesión de 31 de enero de 2.006.

Sobre este expediente, la Subdirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, emitió un informe de fecha 30 de enero de 2.006 que concluyó con el siguiente tenor literal:

“1. Se trata de una modificación de planeamiento general no adaptado a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, por lo que no es de aplicación lo dispuesto en el Art. 149.3 en cuanto que no se motiva en la eliminación de valores específicos, sino mas bien se justifica en la inexistencia de valores a proteger o, lo que es lo mismo, la inadecuada calificación otorgada en su día por el PGOU, lo que se ha acreditado mediante el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración favorable de Impacto Ambiental.”

Vid. informes anexos a la orden de aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Águilas para clasificar como suelo urbanizable sectorizado, terrenos en el paraje de “La Zerrichera”. (Expte: 203/04)

CUARTO.- A mayor abundamiento, la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COSTAS, emitió un informe de fecha 27 de enero de 2.006, en el que se decía literalmente:

“(...) Así pues las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia no establece la necesidad de aprobar un Plan de Gestión con carácter previo, y será en su caso la legislación sectorial aplicable la que determine esta necesidad.”. De este tenor literal, se descartó expresamente la necesidad de un Plan de Gestión y Desarrollo sobre los terrenos afectados por la actuación urbanística.

QUINTO.- Asimismo les informamos que el Gobierno de la Región de Murcia y en concreto, la Consejería de Industria y Medio Ambiente, solicitó un informe jurídico al Despacho de Abogados Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, acerca de varias cuestiones relacionadas con la modificación Puntual de P.G.O.U. de Águilas, por la que se lleva a cabo una reclasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable sectorizado en el paraje denominado “La Zerrichera”, y por el que se solicitaba también, opinión jurídica acerca de los efectos que la tramitación del Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial protección para las aves (Z.E.P.A.) “Sierra Almenara-Moreras-Cabo COPE”, que se esta tramitando en la actualidad, podría tener sobre el Plan Parcial que desarrolle la modificación puntual, y en concreto, sobre si aquella tramitación podría tener efectos suspensivos sobre la tramitación del Plan Parcial. El informe, de fecha 16 de julio de 2.006, concluyó de una manera sólidamente fundamentada que:,“ no existe una previsión normativa ni en la legislación estatal ni en la murciana que atribuya efectos suspensivos a la tramitación del citado Plan de Gestión sobre el procedimiento de aprobación del Plan Parcial.”, por lo que, que la introducción en este momento de un hecho/requisito novedoso como es “la supeditación o condicionamiento de la Aprobación del Plan Parcial, a la aprobación de un Plan de Gestión o Desarrollo”, como el que se menciona en el hecho quinto de la Resolución de Alcaldía, perjudica gravemente a esta parte y supone un impedimento mas y sin ningún tipo de fundamentación fáctica ni jurídica para UN ACTO DE MERO TRÁMITE, como es, la aprobación inicial del Plan Parcial “La Zerrichera”. (Vid. fundamento primero de las consideraciones jurídicas).

Este requisito sobrevenido debió de ser puesto de manifiesto en un momento anterior a la tramitación del Plan Parcial, a los efectos, de que esta parte pudiera prever y ajustarse al marco que pudiera establecer el mencionado Plan de Gestión y Desarrollo y adaptarse, por tanto, a su contenido. Pero la introducción en este momento de un requisito de este tipo, conlleva implícitamente un interés por demorar el procedimiento y supone un obstáculo mas sin ningún tipo de sostén jurídico, en cuanto, siempre se nos ha contestado e informado por las distintas consejerías afectadas, que la actuación urbanística propuesta era totalmente compatible con el medio natural en el cual se va a ubicar y en ningún momento se ha condicionado la actuación urbanística a la previa aprobación de un Plan de Gestión y Desarrollo del medio natural en el cual se va a ubicar la urbanización.

También hay que hacer constar expresamente, que el cambio de criterio seguido por la Consejería de Industria y Medio Ambiente ( ahora Consejería de Desarrollo sostenible y Ordenación del Territorio), coincide casualmente con el nombramiento como consejero de Don Benito Mercader León, siendo por tanto éste último el principal responsable de la decisión en estos momentos, ya que su Consejería actuó en contra del informe jurídico precitado y en contra, por tanto de la legalidad.

SEXTO.- Resulta evidente que el cambio de criterio producido por la aparición de un “novedoso” Plan de Gestión y Conservación, y lo que es mas grave, los efectos que se le han conferido al mismo, de una manera totalmente artificial y maliciosamente dirigida, produce un enorme perjuicio a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., tanto por la demora producida por la suspensión del expediente, como por la inseguridad jurídica originada por la aparición de este novedoso Plan, una vez aprobado la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Águilas, con su correspondiente D.I.A.. Este hecho nos produce un enorme desconcierto e indefensión, ya que la Consejería de Industria y Medio Ambiente cambia a su antojo el marco normativo que debe de regular ahora la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “La Zerrichera”, cuando resulta evidente que, si preveía que este Plan de Gestión iba a tener algún tipo de impacto sobre el expediente de “La Zerrichera”, lo tenia que haber puesto de manifiesto en un momento anterior a la Aprobación definitiva de la Modificación Puntual; por ejemplo, se nos debió informar en el momento en el que se produjo el trámite de solicitud de informes sobre la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas ( Art. 138 1/2001 solicitud de las distinta administraciones y organismos públicos aquellos informes que sean preceptivos...). De este modo, se creó a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. una CONFIANZA LEGÍTIMA por la recalificación del suelo, dando lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas.

A los fundamentos de hecho les son de aplicación las siguientes


CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.- En primer lugar y antes de entrar sobre el fondo del asunto, hay que analizar la naturaleza jurídica del acto suspendido mediante la resolución del Alcalde de Águilas de fecha 4 de julio de 2.006 (Exp. Nº 251.5/03/06), que es la aprobación inicial del Plan Parcial “La Zerrichera”. En línea con reiterada doctrina jurisprudencial ( STS. 10-2 y 28-4-86, 8-7-87 y las que en ellas se citan), y con el propio criterio seguido por el Tribunal Supremo, tanto para los casos de denegación de la aprobación inicial como, por identidad de razón, para los casos de suspensión de la aprobación inicial, con efectos equiparables o equivalentes (SS. 479, de 23-5-02, 523, de 6-6-02, 749, de 19-9-02, 468, de 5-6-03, 645, de 4-9-03, 667, de 12-9-03, 715, de 1-10-03 y 322, de 4-5-04 ), debe señalarse que la decisión del presente deriva de las conclusiones siguientes:

a) Los particulares tienen derecho a la tramitación de los planes que se deban a su iniciativa y, en consecuencia, la Administración no debe cercenar a limine y sin mayores argumentaciones esa tramitación. Dicho en otras palabras, no cabe reconocer discrecionalidad alguna que permita omitir los fundamentos de una denegación que, sin ellos, legitimaría en la práctica la arbitrariedad o la discriminación al tiempo de hacer o no posible la iniciación del expediente.

b) El acto de aprobación inicial es un acto de trámite del procedimiento cuya resolución vendrá determinada por la aprobación definitiva del plan. No constituye un acto automático y debido, sino que implica una toma de posición, siquiera de carácter inicial, respecto de una determinada realidad urbanística y su normativa, o lo que es lo mismo, supone una primera valoración de esa realidad proyectada en el plan o proyecto de que se trate, (...), denegación que sólo se justificará jurídicamente cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o suplirse durante la sustanciación del procedimiento.

c) Efectivamente, deben distinguirse dos tipos de defectos: 1) Los que resulten terminantemente insubsanables y que deban provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de economía procesal, 2) Las deficiencias que puedan ser corregidas a lo largo del procedimiento, que no deben impedir la aprobación inicial, dado que ésta no es una resolución sino un acto de trámite que prepara la resolución final. En materia urbanística todo el itinerario que conduce a aquélla ha sido dibujado, en lo que ahora importa, como un conjunto de oportunidades para la modificación (y por tanto subsanación de deficiencias) del instrumento proyectado.

d) El derecho a la tramitación de los planes quiebra en los casos en que el plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente (así los planes de superior jerarquía o las normas legales de aplicación directa), caso en el que razones de economía y lógica imponen el inicial rechazo del proyecto, al ser inviable o inútil la prosecución del trámite. Por contra, cuando los impedimentos para denegar la aprobación inicial son discutibles, y por tanto no amparables en principio alguno de economía procesal, debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones, condicionamientos o plazos que la ley permite.

e) En el acto de aprobación inicial es suficiente con ponderar esa potencialidad o susceptibilidad de subsanación de deficiencias o de introducción de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin devaluar la trascendencia de la tramitación ulterior para terceros y para el ejercicio de las competencias de planificación urbanística en sede de aprobación provisional y definitiva, pues no cabe olvidar que es en la fase de otorgamiento o denegación de esas aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones suscitadas, debiendo ser examinado y decidido todo lo que corresponda, a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse sobre esas materias de fondo.

Esta doctrina ha sido recogida por la reciente sentencia del TSJ - Cataluña - Contencioso-Administrativo - Sent. de 24 de Noviembre de 2005 - Sección 3ª Sr. López Vázquez(Nº 3025485908) Nº Recurso: 121/2002 en la que en su fundamento de derecho CUARTO expone de manera ejemplar el criterio seguido por el TS en estos casos:

“CUARTO.- Pues bien, en atención al planeamiento preexistente, especialmente el general, caracterizado el presente caso por la inexistencia de una imposibilidad legal, patente, notoria, insoslayable y manifiesta de que el instrumento de ordenación de autos no pudiera obtener la aprobación definitiva, en su caso, con la introducción de eventuales modificaciones, modalidades, condicionamientos, plazos o prescripciones, debe estimarse que no nos hallamos en el supuesto excepcional que autoriza un rechazo ad limine, ni siquiera por la vía de la suspensión de la aprobación inicial, a modo de involucrar ese supuesto como de predeterminación de lo que finalmente deba resolverse, por lo que, en consecuencia, la parte actora no puede verse privada del tamiz de las sucesivas fases del procedimiento administrativo hasta la producción del acto final definitivo que, poniendo término a la vía administrativa, en su caso, permita a los interesados acudir válidamente al proceso jurisdiccional, para impugnarlo si disintiesen del sentido y términos en que venga pronunciado, en acentuado número de ocasiones bien diferentes de los de la aprobación inicial.”

En el caso concreto que nos ocupa, y en base los fundamentos jurídicos y a la reiterada doctrina jurisprudencial citada, se puede concluir claramente que la suspensión de la tramitación del plan parcial por motivo de la elaboración de un Plan de Gestión y Conservación, no tiene ninguna fundamentación jurídica, ya que el Plan Parcial ha sido elaborado dentro del marco normativo delimitado por la Modificación Puntual del P.G.O.U. del TM de Águilas aprobado previamente a la introducción del plan parcial, por lo que se ajusta perfectamente a la legalidad, así como la D.I.A. del Plan Parcial se ajusta al marco jurídico delimitado por la D.I.A. de la Modificación Puntual. Como hemos mencionado en la jurisprudencia a la que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, la denegación o suspensión sólo se justificará jurídicamente cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o suplirse durante la sustanciación del procedimiento, por lo que debe prevalecer el derecho al trámite y proseguirse la tramitación del expediente en el cual se pueden introducir las modificaciones, condicionamientos o plazos que la ley permite, y en su caso subsanarse o adecuarse a nuevos pedimentos o condicionantes, pero siempre en el marco del principio de jerarquía normativa y en un momento posterior a la aprobación inicial.

SEGUNDA.- Seguidamente hay que analizar el acto que suspende la tramitación del Plan Parcial “La Zerrichera”, es decir, la resolución del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, de fecha 4 de julio de 2006, ya que se trata de un acto administrativo ante el cual no se nos notifica la posibilidad de interponer recurso alguno, ni además cabe recurso alguno, al apoyarse en un artificioso informe de la Dirección General de Calidad Ambiental sobre la base de un sorpresivo Plan de Gestión y Conservación, creándose por ello una indefensión y una incertidumbre que vicia de nulidad el propio acto de suspensión.

En la línea que hemos apuntado anteriormente, el acto de suspensión que dicta el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, en base a un informe del Director General de Calidad Ambiental, desnaturaliza y deja sin sentido la facultad que le otorga al Ayuntamiento el artículo 140 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, sobre la tramitación de Planes Parciales, ya que establece que: La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento (...), y simultáneamente se someterá a informe de la Dirección General competente en materia de urbanismo, sobre aspectos de legalidad y oportunidad territorial, y de todos los organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial especifica; informes que deberán emitirse en el plazo de un mes.

En el caso que estamos analizando, el acto de suspensión lleva paralizando el procedimiento mas de 14 meses, vulnerando totalmente el procedimiento legalmente establecido, además de que se produce una desnaturalización del procedimiento establecido, ya que realmente el acto lo suspende la Dirección General de Calidad Ambiental con un informe que va contra sus propios actos.

A mayor abundamiento, el mismo precepto analizado (Art. 140 LSRM) al referirse a las causas de denegación de la aprobación inicial de los planes de iniciativa particular, establece en su quinto párrafo que:

“La denegación de la aprobación inicial de los Planes de iniciativa particular sólo podrá producirse cuando presenten defectos que no sean subsanables a lo largo del procedimiento o cuando sean manifiestamente contrarios a la ordenación urbanística.”

En el presente caso, como se ha argumentado en los fundamentos de hecho, se ha seguido siempre el procedimiento legalmente establecido, y reitero, marcado expresamente por la Consejería a la que me dirijo, además de que no se nos ha requerido, ni por el Excmo. Ayuntamiento de Águilas, ni por la propia Consejería, a subsanar ningún error, sino que simplemente se suspendió indefinidamente el procedimiento.

Por todo lo expuesto, el acto de suspensión y por tanto el informe que le sirve ilegal y artificiosamente de fundamento, son nulos de pleno derecho (Artículo 62 LRJ-PAC, Ley 30/1992, de 26 de noviembre: Nulidad de Pleno derecho), no sólo por haber sido adoptados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, causando indefensión (Art. 24 de la C.E.) a GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A., sino también por no habérsele dado audiencia a ésta ultima, antes de adoptar ese gravoso cambio de criterio.

TERCERA.- Entrando en el fondo del asunto, tal y como se a puesto de manifiesto en los fundamentos de hecho, GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. ha seguido, desde el comienzo, el procedimiento legalmente establecido, y dentro del marco jurídico delimitado tanto por el Excmo. Ayuntamiento de Águilas, como por la Administración Autonómica. Ambas Administraciones han aprobado, de acuerdo con el procedimiento legal y con la correspondiente publicidad, la modificación puntual del P.G.O.U. de Águilas. Ambas Administraciones han dirigido el procedimiento para la aprobación del Plan Parcial y, en concreto, la Consejería de Industria y Medio Ambiente, dirigió y aprobó en su momento la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Águilas. Todo ello ha creado en GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. una confianza legitima en la actuación administrativa, sobre la cual ha ido desarrollando su proyecto y realizando sus inversiones. Esa confianza legítima se ve sorprendida en su buena fe por la contradictoria decisión del nuevo Consejero de Medio Ambiente que, sin haberse modificado los elementos que ya estaban integrados en el expediente, ni dado audiencia a esta parte, ni comunicado la justificación que no sea la propia voluntad política publicada en los medios de comunicación, ordena la suspensión de la tramitación del Plan Parcial hasta la realización y aprobación de un plan de gestión, que hasta ese momento ni estaba dictado –no siendo por tanto aplicable al expediente- ni se había considerado que pudiera ser necesario por la propia Consejería, ni en ninguna ley se dispone que tenga tal eficacia suspensiva. En consecuencia, se producen al tiempo una indefensión de la mercantil a la que represento –que se ve además zarandeada en su honorabilidad en determinados medios de comunicación- y una quiebra de la seguridad jurídica ante la incertidumbre que se genera sobre el procedimiento y sobre nuestro proyecto. Por si esto fuera poco, esa incertidumbre se mantiene durante 14 meses y hasta el día de la fecha, con los consiguientes perjuicios de todo orden y desde luego de carácter económico para esta Compañía. Se produce, en consecuencia, unos daños y perjuicios directamente causados por la suspensión ordenada por la Administración, con grave quebrantamiento del principio de confianza legítima, de la buena fe y de la seguridad jurídica, que no son meros enunciados éticos, sino que también proyectan su eficacia al estar positivizados en el Ley y, en consecuencia, su conculpación supone una grave ilegalidad.

Es un Principio General del Derecho que “nadie puede ir validamente contra sus propios actos”. Así se ha admitido desde su originaria formulación en el Derecho Romano -venire contra factum propium non valet- pasando a nuestro Derecho histórico (Ley 6ª, Titulo VIII, Partida 6ª) y recogiéndose reiteradamente por la Jurisprudencia española, tanto civil como administrativa (desde las paradigmáticas Sentencias del Tribunal Supremo del 13 de julio de 1892, 3 de enero de 1913 y 14 de abril de 1921).

Justamente es en el ámbito del Derecho Administrativo donde este principio general ha tenido una supervivencia y aun reviviscencia mayor en la actualidad. Y no solo en el Derecho español, también en el Derecho Comparado y, más en concreto, en el Derecho Alemán es donde encuentra su formulación contemporánea como principio de protección a la confianza legítima, desde donde pasará a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia Tomadini, de 16 de mayo de 1979). En esta nueva formulación, la doctrina de los actos propios se presenta ya como una aplicación de los principios más general de buena fe y seguridad jurídica.

Así lo vio con nitidez nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de enero de 1990, al dar virtualidad operativa a los principios contenidos en el artículo 9 de la Constitución Española: “los principios de buena fe, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución, obligan a otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no sólo al presente sino también al futuro... de aquí que lo que rotundamente no puede aceptarse es que se produzca una brusca alteración en una situación regularmente constituida, desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente confiarse”.

Consiguientemente, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (30/92 de 26 de noviembre) cuyo artículo 3 .- Principios Generales.- obliga a las Administraciones Públicas a “respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”.

Pues bien, tales principios se quebrantan gravemente cuando la Administración –en este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia- interrumpe un procedimiento por tiempo indefinido, en contradicción con todos sus actos anteriores, causando graves perjuicios al interesado y sin justificación jurídica que no sea la pura contradicción de sus actos anteriores en el mismo procedimiento.

La doctrina es pacífica al respecto, tal y como lo sostuvo la recientísima Sentencia del Tribunal Supremo, TS - Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, Sent. de 15 de Febrero de 2006 - Sección 5ª Sr. Peces Morate (Nº3008319209) Nº Recurso: 6166/2002

“La Gerencia de la Oficina Municipal del Plan es un órgano de la Administración urbanística y, aunque su criterio, por no ser vinculante, no tenga que ser necesariamente seguido o respetado al tiempo de aprobarse provisional y definitivamente el planeamiento, no cabe duda que el acto emanado de la mencionada Oficina genera en el propietario, cuya propuesta fue aceptada, la confianza de que se mantendrá salvo que existan circunstancias o razones, claramente explicadas, que lo impidan, pues, de lo contrario, se permitiría a la Administración apartarse, sin justificación alguna, de sus propios actos, lo que resulta contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, recogidos por el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común como pautas de la actuación administrativa,(...).”

CUARTA.- Por todo lo expuesto, los daños y perjuicios causados son consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración y generan una responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración misma, contemplada en el articulo 106.2 de la Constitución Española y 139 y ss de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y un derecho en el particular a ser indemnizado.

Con ser esta nuestra principal pretensión en este escrito, no podemos dejar de señalar que, al derivarse esta responsabilidad de la actuación sin justificación y arbitraria de una Autoridad pública –Don Benito Mercader León, Consejero de Medio Ambiente- éste podría haber incurrido a su vez en la responsabilidad prevista en los artículos 145 y 146 de la propia Ley citada, dicho sea para expresa reserva de las acciones administrativas, contenciosas y penales, que pudieran corresponder a esta Compañía y a la propia Administración Autonómica.

Expuesto cuanto antecede, se cumplen todos los requisitos o circunstancias que dan lugar a una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por su anormal funcionamiento, ya que GRUPO INVERSOR HISPANIA, S.A. ha actuado en todo momento siguiendo el marco jurídico delimitado por la Consejería de Industria y Medio Ambiente, y por tanto, no tiene el deber jurídico de soportar un cambio de criterio como el sufrido, con el consecuente perjuicio económico para la mercantil a la que represento.

Por tanto, nos encontramos ante una lesión resarcible, revestida de las notas de antijuridicidad, efectividad, evaluabilidad económica, e individualización necesarias para que exista el derecho.

(Trinitario Casanova y oficina de la "Kutxa")

Moody's detecta un mayor riesgo inmobiliario en cinco cajas españolas

MADRID.- Moody's también cree en el famoso aterrizaje suave del mercado inmobiliario que el Gobierno lleva meses anticipando. Es decir, que los pisos seguirán encareciéndose, aunque a un ritmo mucho menor del experimentado hasta ahora. Pero la agencia de calificación también baraja otras posibilidades, como una ligera reducción de los precios, según publica hoy "El País".

Y si esta caída se produce, Moody's ya ha detectado a los que pagarán los platos rotos. Son las entidades financieras con una mayor exposición al sector inmobiliario. Sobre todo, las cajas de ahorros regionales (?) que en los últimos años han prestado más dinero a los promotores. Moody's ha identificado -aunque sin publicar su nombre- a cinco cajas en concreto que serían las primeras en ver cómo se rebaja su calificación.

La agencia estadounidense reconoce estar más preocupada por los fondos que bancos y cajas han prestado a las promotoras inmobiliarias que por los créditos concedidos a las familias para la compra de un piso. Aunque la agencia descarta las alternativas más pesimistas -una explosión violenta de la burbuja inmobiliaria-, también advierte de que la evolución del sector depende de la buena marcha de las cifras macroeconómicas.

El escaso número de familias que dejan de pagar su hipoteca es uno de los factores que la agencia cita para fundamentar su optimismo. Pues bien, aunque continúa en niveles bajos, ayer se supo que el porcentaje de morosidad alcanzó en el primer semestre del año su nivel más alto del último lustro. Un 0,506% de las familias hipotecadas dejó de pagar sus cuotas el pasado mes de junio, frente al 0,462% de marzo. Hace tan sólo dos años y medio, esta cifra no llegaba al 0,3%.

Y en lo tocante a morosidad entre los que alquilan un piso, un estudio realizado por la Asociación Europea de Arbitraje afirma que ésta se produce principalmente en los primeros meses de la relación contractual entre casero e inquilino.

Este estudio intenta desmentir la muy extendida idea de que alquilar ocasiona una infinidad de problemas a los arrendatarios. De los 500 propietarios consultados, el 92% afirmó no haber tenido ninguna queja. Y de los que sí se encontraron con dificultades, la gran mayoría dijo que éstas llegaron en los seis primeros meses de relación, lo que muestra que el propietario se da cuenta desde el principio si ha tenido la mala suerte de topar con un mal pagador.
www.elpais.com

(Sede central de "Cajamurcia", en Murcia)

El Banco de España insta a Caja Murcia a vender suelo para ganar en liquidez y solvencia

MADRID.- El mensaje del Banco de España ya se ha escuchado con nitidez en las altas instancias de todas las cajas de ahorros. Es la hora de vender suelo y de reducir el riesgo inmobiliario. Así de tajante se ha mostrado en las últimas semanas la autoridad monetaria con algunas cajas de ahorros y, en particular, con aquellas cuyo grado de exposición al negocio inmobiliario es mayor.

Las últimas turbulencias financieras no han hecho más que echar leña al fuego a partir de un dato incontestable, y que afecta más a las cajas que a los bancos. Los depósitos captados del sector privado (que sirven posteriormente para prestárselos a los clientes) están creciendo en términos interanuales un 13,6%, muy por debajo del ritmo al que se concede financiación a empresas y familias.

En concreto, un 20,9% en junio, lo que obliga a las entidades a acudir a los mercados internacionales para financiar su expansión crediticia (principalmente mediante la emisión de valores negociables y pasivos subordinados). “El problema es que estas fuentes de financiación son más costosas y probablemente más volátiles”, como dice el último Informe de Estabilidad Financiera.

El tiempo ha terminado dando la razón a aquellas advertencias del informe, publicado en mayo pasado. La financiación ahora es más difícil y costosa, lo que explica el llamamiento del Banco de España a las entidades de depósito. Sobre todo teniendo en cuenta que casi la mitad de la cartera de créditos a empresas (el 49% del total de los préstamos concedidos) va destinada a constructoras (17%) y promotoras (32%).

Aunque fuentes solventes del Banco de España se niegan, por razones obvias, a desvelar qué entidades están más expuesta a una intensa desaceleración del ‘ladrillo’, lo cierto es que la recomendación existe, y eso explica que desde antes del verano la autoridad monetaria haya hecho a ciertas cajas una doble recomendación: deshacer sus posiciones en el mercado inmobiliario de forma ordenada y, al mismo tiempo, no entrar en nuevas operaciones urbanísticas salvo que el proyecto esté en su último fase. Es decir, que esté simplemente a expensas de la licencia de obras, dice una fuente consultada.

¿Cuál es el problema? Pues ni más ni menos que muchas cajas han creado sus propias empresas -en solitario o con promotores locales- con el objetivo de optimizar el negocio inmobiliario y aprovecharse de toda la cadena de valor.

Caixa Galicia, por ejemplo, decidió crear en 2004 una división específica para participar de forma directa en sociedades promotoras, como también han hecho la Kutxa de San Sebastián, las cajas valencianas o la de Murcia.

Según fuentes solventes, la orden del Banco de España es cortar el grifo de la financiación, aunque de forma selectiva. Fundamentalmente en desarrollos urbanísticos pendientes de aprobación por parte de las autoridades municipales o autonómicas.

Las consecuencias de esta recomendación son evidentes. Muchos promotores locales -asociados a las cajas- van a tener serias dificultades para encontrar financiación, lo que hará peligrar la viabilidad del proyecto.

El argumento que da el Banco de España es el siguiente. La ralentización en el precio de la vivienda, junto con el progresivo aumento de los tipos de interés “contrasta” con la pujanza en la financiación al sector inmobiliario empresarial, por los que “si dicha disociación persistiera en el tiempo y se viera acompañada de una ralentización marcada del crecimiento económico, sería un factor de riesgo para el sistema financiero español. Históricamente”, continúa la autoridad monetaria, “la morosidad del crédito a construcción y promoción inmobiliaria ha sido la más alta de toda la financiación empresarial”.

Esto explica el mensaje del Banco de España. Y hay que tener en cuenta que en junio, último mes publicado, y en términos interanuales, el crédito a empresas continuaba creciendo nada menos que un 24,5%, mientras que el concedido a las familias lo hacía a un ritmo del 16,4%. Es decir, en ambos casos por encima de su capacidad de captar recursos en el sector privado, lo que explica la activa posición que tiene el sistema financiero español en el mercado interbancario.

Los recientes episodios de turbulencias financieras han secado ese mercado para operaciones a más de un día, por lo que el Banco de España ha optado por exigir la máxima prudencia a la hora de conceder préstamos vinculados al ladrillo.

Aunque los niveles de solvencia de las cajas y los bancos son extremadamente elevados -el sistema financiero español está entre los mejores del mundo- lo cierto es que, como dice la autoridad monetaria, es la financiación a la adquisición de vivienda la que presenta un mayor aumento interanual de la morosidad (34,1%), seguida del resto de financiación a hogares (17,2%) y del crédito a promotores (16,3%).

Por el contrario, la morosidad en empresas, y, en particular, cuando se excluyen constructores y promotores, crecía a tasas muy reducidas (4,6% y 1,6%, respectivamente), en diciembre de 2006.
www.elconfidencial.com / Carlos Egea Krauel, director general de Caja Murcia

Llanera achaca el concurso de acreedores a la evolución del mercado y a su estructura de negocio

VALENCIA.- Grupo Llanera atribuyó la solicitud de concurso de acreedores voluntario de determinadas compañías del grupo a la "evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos meses, al incremento continuado del euribor", al "continuado deterioro en la imagen de su solvencia" y a "la estructura del negocio y la financiación de Grupo Llanera".

En un comunicado, la compañía indica que la primera de las causas de la "crisis" del grupo aducidas en la solicitud se refiere "a la evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos meses y el incremento continuado del euribor", cuyas "consecuencias" fueron "la retracción del crédito a particulares para la compra de viviendas y la reducción de la financiación para el emprendimiento de nuevos proyectos inmobiliarios".

En segundo lugar, Llanera apunta que desde inicios de 2007, este grupo "viene sufriendo un continuado deterioro en la imagen de su solvencia por las repetidas noticias aparecidas en los medios, como consecuencia de los ajustes de plantilla que el grupo afrontó como medidas empresariales de reorganización del mismo ante las nuevas circunstancias del mercado inmobiliario".

Al respecto, incidieron en que las "consecuencias directas y más recientes" de ello fueron "el progresivo recorte del crédito con sus proveedores, el cierre de la clasificación por las compañías aseguradoras de crédito y caución, y la limitación del acceso a nueva financiación por parte de las entidades de crédito".

Según explica, la empresa "ha podido mantenerse durante un periodo de más de nueve meses al corriente de sus pagos, aún a pesar de las gravísimas dificultades de tesorería que ha tenido que soportar como consecuencia de lo anterior", subrayaron las mismas fuentes.

En tercer lugar, señala que tuvo "especial incidencia" como causa de la crisis "la estructura del negocio y la financiación" del grupo, puesto que la actividad inmobiliaria "tiene proyectos de maduración a largo plazo que se han sido financiados a corto plazo".

Así, detalla que "al romperse el ciclo de venta de viviendas y de terrenos, el grupo ha intentado durante los últimos meses cerrar acuerdos de reestructuración de su endeudamiento financiero con sus principales entidades de crédito, de forma que le permitiesen adecuar la amortización de su deuda a la capacidad de generación de recursos e incluso pudiera reducir su endeudamiento mediante la cesión de determinados proyectos a estas entidades", acuerdos que "no han sido posibles ante la negativa a aceptarlos por parte de las entidades de crédito", lamentaron desde la compañía.

Respecto a las "fórmulas para superar la crisis" que propone el grupo, explicaron que apuesta por "la reestructuración de la actividad constructiva, de forma que pueda reducir sus costes fijos, concentrándose en los segmentos de actividad más rentables --que son los tradicionales del grupo--, en la actividad inmobiliaria con el desarrollo progresivo de las promociones inmobiliarias en curso, y continuar la transformación urbanística de aquellos desarrollos inmobiliarios, en gestión de toda índole, y la adecuación de su estructura de deuda, convirtiéndola a largo plazo".- (Agencias)

Seis empresas del Grupo "Llanera" presentan suspensión de pagos en los juzgados de Valencia

VALENCIA.- Seis empresas del Grupo Llanera presentaron hoy la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el Decanato de los Juzgados de Valencia, petición que tramitará el juzgado de lo Mercantil número 2, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Las sociedades que han presentado la solicitud de suspensión de pagos son Llanera SL, Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SLU, Llanera Urbanismo e Inmobiliaria SLU, Aldalondo, SLU, Descans Les Marines SLU y Patrimonial Arenall SLU.

Estas empresas basan su petición en la situación de insolvencia inminente de cada una de ellas y del grupo que forman, y que ya ha producido como efectos la negativa de muchas entidades financieras a estructurar la deuda a largo plazo, según las fuentes.

El magistrado de lo Mercantil número 2 tendrá que dictar ahora un auto de declaración de concurso, en el que también se nombrará a las tres personas que a partir de ese momento serán los administradores concursales.

Paralelamente, y con posterioridad a la presentación del concurso voluntario, un grupo de acreedores del grupo inmobiliario ha presentado la petición de concurso necesario, que el Decanato de los juzgados de Valencia ha trasladado al juzgado de lo Mercantil número 1.

No obstante, fuentes del TSJCV precisaron que ambas solicitudes de concurso deberán ser tramitadas en un solo juzgado, como establece la Ley Concursal.

Llanera, empresa de Játiva y muy vinculada al PP de la Comunidad Valenciana, tenía varios proyectos macrourbanísticos en la Región de Murcia y especialmente dos más avanzados a desarrollar en Caravaca, en la comarca del Noroeste. - (Agencias)

(TSJ de la Comunidad Valenciana)

Valcárcel insiste demasiado en que está en su último mandato

MURCIA.- El presidente Valcárcel habló hoy de nuevo, a preguntas de los periodistas afines, sobre su mandato, del que puso de manifiesto que "desde el primer momento, he dicho que ésta es mi última legislatura y a partir de ahí, comprendo que se abra un capítulo, no digo de la especulación, sino de la reflexión y apuesta de qué debe ocurrir o simplemente plantear las diversas posibilidades"; un terreno en el que dejó claro que no va a "entrar".

"El terreno mío, en el que yo por propia voluntad he decidido moverme, es un terreno tan sincero como que ésta es mi última legislatura y todo lo que diga más de eso es moverme en el terreno que otros plantean legítimamente".

A su juicio, la obligación "ahora no es otra que gobernar y es lo que vengo haciendo y lo que seguiré haciendo, porque se me ha votado para continuar en la línea de Gobierno, y humildemente reconociendo errores, se intentará mejorar para seguir haciendo una región como ésta, en donde crecen las infraestructuras merced al Gobierno de la región".- (Agencias)

Vueling, participada por Caja Murcia, perderá más de 50 millones de euros en 2007

BARCELONA.- La CNMV suspendió hoy cautelarmente la cotización de los títulos de la aerolínea, sin precisar cuándo regresarán al parqué. Las acciones de Vueling cerraron el viernes a un precio de 11,01 euros, con una subida del 0,1%

Las pérdidas de Vueling en este ejercicio superarán los 50 millones de euros y estarán motivadas en gran parte por la disminución del Ebitda (resultado bruto de explotación), que se preveía que fluctuara entre los 20 y los 40 millones y que al final se verá reducido notablemente.

Según informaron fuentes el sector, la aerolínea de bajo coste comunicará en los próximos días un aviso de revisión a la baja en su previsión de resultados ("profit warning"), el segundo que se ve obligada a difundir este año ante los malos resultados operativos que está cosechando.

Portavoces de Vueling han rechazado valorar estas informaciones, "ya que se trata de una empresa cotizada y toda la información se notifica directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Vueling registró unas pérdidas de 33,72 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone multiplicar por cinco sus números rojos de 6,52 millones registrados entre enero y junio de 2006, debido al descenso de tarifas y al incremento del precio del petróleo, informó ayer la aerolínea a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante estos resultados, el valor de la compañía aérea se desplomaba el viernes en Bolsa con una caída estrepitosa del 30,37%, hasta situar sus títulos en los 15,80 euros. Se trata del peor momento en la historia de su cotización, ya que sus acciones nunca habían cotizado por debajo de los 20 euros desde que salió al parqué el pasado día 1 de diciembre.

Vueling apuntó que no prevé alcanzar los objetivos marcados en 2006 para el presente ejercicio, esperando un nivel de ventas que se sitúe entre 370 millones de euros y 387 millones de euros -un 57% y un 64% más- con un Ebitdar entre 23 y 42 millones de euros.

En el primer semestre, la aerolínea registró un Ebitdar -resultado de explotación antes de amortizaciones y alquiler de flota- negativo de 7,76 millones de euros, un 5,14% más respecto a los 7,38 millones de euros negativos registrados en el mismo período del ejercicio anterior.

La compañía aérea consideró que la presión competitiva en tarifas en el segundo trimestre del año tuvo un impacto "mayor de lo esperado", con un descenso del 23,4% en la tarifa media por billete, y recordó el incremento del precio del petróleo.

El pasado 3 de agosto, en una entrevista, el consejero delegado de la compañía, Carlos Muñoz, indicó que Vueling había cerrado el primer semestre del año con unos resultados "un tanto decepcionantes", quintuplicando sus pérdidas, con un total de 25,6 millones de euros, respecto a los 4,9 millones del mismo período de 2006.

Según anunció Muñoz, Vueling tenía prevista una facturación de entre 400 y 425 millones de euros en 2007, y "a la vista de las circunstancias tenemos que hacer una corrección y revisar las previsiones hasta situarlas en una horquilla de entre 370 y 383 millones de euros", añadió.

El consejero delegado achacó estos resultados a "los precios ultra competitivos", que vienen dados "por la presión de todas las compañías", así como al incremento del precio del combustible.

La aerolínea preveía acabar este año con 25 aviones en régimen de "leasing" o arrendamiento, pero finalmente lo hará con 24 aeronaves, y también estimaba concluir el año 2008 con 37 aviones y, según concretó Muñoz, lo hará con entre 27 y 31 aparatos.

La reducción del consejo de administración de 35 a 18 personas y el aplazamiento de la incorporación de 40 nuevos aviones a su flota son otras de las medidas tomadas por la compañía para mejorar su rentabilidad.

Las mismas fuentes del sector consultadas explicaron que Vueling realizó las previsiones de resultados para 2007 partiendo de que se mantendrían el precio del barril de petróleo y la paridad entre el euro y el dólar, algo que no ha ocurrido.

Estos hechos han provocado que la compañía que ahora preside Barbara Cassani (en la imagen) después de la dimisión de Josep Miquel Abad se vea obligada a hacer público un segundo aviso de reducción de resultados.

Precisamente, las diferencias en el modelo de gestión de la aerolínea fueron las que propiciaron la dimisión esta semana de los tres consejeros de Inversiones Hemisferio, sociedad perteneciente a la familia Lara (Planeta), y entre los que se encontraba Abad, el presidente de Vueling desde su fundación y máximo representante del primer accionista de la compañía, con un 15,78% del capital.

La nueva presidenta explicó que los cambios ejecutivos son parte de la "maduración" de la compañía y mostró su confianza en que Inversiones Hemisferio no abandonará el capital de Vueling , aunque ha dicho que si esto ocurriese "no supondría ningún problema" para la compañía, ya que hay muchas empresas interesadas en entrar.- (EFE)

Jara: «El Ministerio de Medio Ambiente invertirá en la Región tres veces más que la media nacional»

MURCIA.- La Región de Murcia recibirá en 2008 un total de 428.233.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, de los que casi 420 millones se dedicarán a combatir la escasez de agua, lo que supone tres veces más por habitante que el resto de las comunidades autónomas.

Así lo anunció hoy el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, quien hizo un balance del año hidrológico finalizado ayer, en el que destacó que no se han producido cortes de agua para el consumo humano a pesar de la sequía y que los agricultores "con alguna penalidad han superado un año crítico".

Jara explicó que los 428 millones de euros que los PGE del ministerio de Medio Ambiente destinarán el año que viene a la Región, significan un 8 por ciento de las cuentas de ese departamento y un gasto por habitante de 307 euros, cuando la media nacional está en 117 euros por persona.

Del total de inversiones de Medio Ambiente, José Ramón Jara destacó que para el capítulo "agua" se recibirán 419.783.000 euros, un 9,1 por ciento, lo que significa la mayor partida para una comunidad uniprovincial, ya que sólo le superan las destinadas a Andalucía (20%) y a la Comunidad Valenciana (11,8%).

El portavoz del PSRM-PSOE destacó que el presupuesto de Medio Ambiente para la Región en 2008 supera en un 9 por ciento el del ejercicio anterior, que fue de 400,8 millones de euros.
En su balance del año hidrológico Jara, tras señalar que no se ha producido un solo corte de agua en toda la cuenca del Segura a pesar de la sequía, se remontó a 2003, cuando con el Gobierno de Aznar hubo cortes diarios en 23 municipios.

Jara explicó que la ausencia de restricciones se ha debido a las inversiones realizadas por el Gobierno central para paliar el déficit de agua, a la "eficaz gestión" de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y a los 50 hectómetros cúbicos adicionales de los que ha dispuesto la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la puesta en marcha de nuevas desalinizadoras de San Pedro.

Dijo que pronto se inaugurara la de Valdelentisco, que aportará 20 hectómetros cúbicos para consumo humano y otros 37 para la agricultura.

Señaló que ya se han empezado las obras de la de Torrevieja, que traerá a Murcia 40 hectómetros cúbicos para consumo y otros 40 para regadíos, "a pesar de las trabas puestas por el presidente valenciano, Francisco Camps, y al silencio de su compañero Ramón Luis Valcárcel, que confiamos que le diga a su partido que deje de boicotear esa infraestructura necesaria para la Región de Murcia".

José Ramón Jara afirmó que en la actualidad el embalse de Entrepeñas cuenta con 100 hectómetros cúbicos más que el año pasado lo que permitirá al Gobierno autorizar un desembalse para consumo, para la producción económica y para regadío, y afrontar así el año con más reservas.

El portavoz socialista se refirió también a que la autorización de los bancos de agua han permitido a los agricultores murcianos comprar más de 31 hectómetros a los regantes de la cabecera del Tajo.

"Ha sido un año difícil por la sequía pero -el agua existente- se ha administrado prudentemente, la economía de la Región sigue creciendo y se plantea -con todos estos objetivos- un horizonte más esperanzador", afirmó.- (EFE)

Instalan en "Hacienda Riquelme" una variedad de césped para el golf que resiste el agua salobre

MURCIA.- El campo de golf del resort Hacienda Riquelme, de Polaris World y con 18 hoyos, es el primero del continente europeo creado con césped Paspalum en los greenes, según ha informado la compañía.

Esta variedad de césped, originario de África, se caracteriza por su adaptación a suelos salinos y a la resistencia al riego con aguas salobres o de baja calidad, «por lo que resulta muy adecuado para los complejos ubicados cerca de las zonas costeras. Se trata, además, de un césped que utiliza un 50 % menos de agua que el tradicional césped Bermuda y que requiere menos pesticidas y fertilizantes».

Polaris World tiene previsto utilizar el tipo de césped Paspalum en los nueve campos de golf que albergarán sus resorts. «Damos así un paso más en nuestro compromiso con el uso responsable de los recursos naturales». Los nueve campos de golf con los que contará Polaris World estarán situados en un radio de tan solo 25 kilómetros. Aunque todos han sido diseñados por la marca Nicklaus Design, cada uno de ellos posee unas características y un nivel de juego distinto.

Desde el pasado lunes, Ronny Duncan, profesor de Ciencias del Césped en la Universidad de Georgia y uno de los expertos de mayor reconocimiento mundial en el desarrollo de cultivos de Paspalum, se encuentra de visita en el resort Hacienda Riquelme para supervisar el estado del citado césped y para ayudar a los responsables de golf de Polaris World a ajustar un programa de mantenimiento.

Igualmente, ha propuesto una serie de ajustes para mejorar la plantación de césped de los complejos de La Torre Golf Resort y El Valle Golf Resort, en las condiciones de agua salada que se están empleando en la actualidad.

Polaris World plantará a partir de ahora en todos sus campos este tipo de césped. El experto se ha reunido con los estudiantes de FEGGA (Federation of European Golf Greenkeepers Association) que actualmente realizan sus prácticas en Polaris World.

El Rey recuerda que la Monarquía ha permitido "el más largo periodo de estabilidad"

OVIEDO.- El Rey ha aprovechado su presencia hoy en Oviedo, donde ha presidido el acto de apertura del año universitario, para hacer una encendida defensa de la Monarquía, que "sustenta nuestra Constitución" y ha permitido "el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España".

Las palabras del monarca llegan en un momento en el que se suceden las protestas contra la institución que representa, con quema de fotos incluida. Hoy también se han repetido.

El coche de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha llegado al edificio histórico de la Universidad de Oviedo unos minutos antes del mediodía. A la entrada del claustro han sido recibidos entre fuertes aplausos de centenares de personas pero también con gritos a favor de la República.

En el momento en que descendían del coche, un grupo minoritario de jóvenes de la Juventud Comunista en Asturias ha exhibido banderas tricolor, al grito de 'España mañana será republicana' y 'Juan Carlos acelera, que llega la tercera' (en referencia a la tercera república).

Agentes de la Policía Nacional les han identificado y posteriormente les han pedido que abandonaran el lugar.

Durante su discurso, el monarca ha pedido que la institución académica siga formando a los jóvenes comprometidos con los valores de "convivencia democrática, entendimiento y respeto mutuos, tolerancia y libertad" porque son esos los valores que han hecho posible este periodo de estabilidad democrática.

En su intervención, el Rey ha asegurado que tanto él como la Reina sentían "especial orgullo" porque haya sido Oviedo la Universidad elegida para la apertura del curso. "Orgullo por lo que el Principado de Asturias representa para toda España, por el carácter recio, hospitalario y laborioso de los asturianos, y por lo que esta prestigiosa Universidad nos ha aportado y nos aporta".

Antes de dar comienzo el acto, los Reyes han descubierto una placa en la que se conmemora el 400 aniversario de la Universidad. Posteriormente, don Juan Carlos y doña Sofía han participado en un cóctel celebrado en el patio del edificio histórico.

Cerca de las 14.00 horas han abandonado la ciudad. Para entonces la protesta había cesado y sólo han sido despedidos por los aplausos de los numerosos ciudadanos que esperaban a las puertas de la Universidad.- (Agencias)

Voluntarios limpiaron este fin de semana las playas y fondos submarinos de cinco parajes de la Región

CARTAGENA.- Voluntarios de varios grupos e instituciones han limpiado este fin de semana las playas y fondos submarinos de la isla del Ciervo, la cala del Pino, playa de El Gorguel, y cala Cortina, en Cartagena, y en playa de La Mota (San Pedro del Pinatar), como parte de la I Jornada de Acción Litoral 'A limpiar el mundo', una campaña que se celebra coincidiendo con el Día Marítimo Mundial, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En esta iniciativa ha contado con el apoyo logístico de la Dirección General del Medio Natural y los ayuntamientos de Cartagena y San Pedro del Pinatar.

En concreto, los voluntarios procedieron a la limpieza de las playas y fondos submarinos de isla del Ciervo y cala del Pino, así como de la playa de La Mota, donde se limpió la superficie de su costa.

La limpieza de la playa de El Gorguel ha estado localmente organizada por la Asociación de Vecinos de este paraje, y en ella participaron las asociaciones Adena Murcia y Gavva, mientras que en cala Cortina (en la imagen) se realizó una limpieza submarina de manera coordinada con el club de buceo Hespérides y otras organizaciones de Cartagena.

En este sentido, la Dirección General del Medio Natural, a través de su programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de la Región de Murcia, colaboró con la fundación 'Clean Up The World' en esta campaña de carácter "comunitario" a la que se unieron "35 millones de voluntarios de más de 120 países", según el comunicado.

Esta iniciativa nació en Sidney (Australia) en 1993 y se desarrolla junto al programa de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente (Pnuma), de forma que "aúna los esfuerzos de grupos comunitarios, colegios, gobiernos, empresas e individuos para mejorar la calidad del agua, de las costas, limpiar las calles, parques, cauces y bosques locales y educar a los ciudadanos sobre la conservación ambiental".

El fundador y presidente de 'A Limpiar el Mundo', Ian Kiernan, condecorado con la Orden de Australia, felicitó a la Dirección General del Medio Natural por su programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales y por unirse a esta iniciativa y planear la limpieza del entorno litoral este año, conjuntamente con otras instituciones locales.

Al respecto, consideró que el Programa de Voluntariado Ambiental "tendrá mucho éxito con su campaña", por lo que felicitó "a cada voluntario por ayudar a convertir su comunidad en un lugar más saludable donde vivir", y añadió que el programa "es un ejemplo excelente de cómo individual y colectivamente podemos mejorar el medioambiente".

Y es que la campaña 'A limpiar el mundo', según el comunicado "animará y apoyará a todos los miembros a actuar en sus entornos locales para afrontar el cambio climático", y señaló como "opciones" alternativas "el mayor uso de energías alternativas, los programas de educación ambiental, las reforestaciones, el fomento de la bicicleta como medio de transporte y proyectos para reducir la cantidad de desechos".

En Murcia se realizó la limpieza en la zona litoral tras la pausa estival para "captar la atención de las autoridades y la ciudadanía en general", y toda la información recogida tras la limpieza, será enviada a esta organización para ser publicada en su informe anual.- (Agencias)

El juez Torres logró intervenir 46 fincas y edificios de Roca que suman 1,2 millones de m2

MURCIA.- «No me han cogido ni la décima parte de lo que tengo». De ser ciertas esta frase, que habría salido de los labios de Juan Antonio Roca a los pocos días de ser ingresado en la prisión de Alhaurín de la Torre, la fortuna amasada por el presunto cerebro de la trama malaya alcanzaría dimensiones novelescas.

Y es que sólo con lo que el juez instructor del asunto, Miguel Ángel Torres, ha conseguido intervenir en la Región le habría dado ya para vivir como un marajá el resto de sus existencia; no sólo al propio Roca, sino a unas cuantas generaciones de su estirpe.

Los 440 folios de auto de procesamiento con los que el magistrado Torres puso fin a la investigación del caso Malaya, iniciada en marzo del año pasado, desvela que Roca ha recibido ciertamente un tremendo varapalo económico en la Región, con la intervención judicial de al menos 46 fincas, urbanizaciones, edificios e inmuebles diversos, además de un hotel de cuatro estrellas en Los Alcázares, cuyo valor total superaría en el mercado los 200 millones de euros.

Sociedades instrumentales

Todas las propiedades sin excepción estaban a nombre de sociedades instrumentales, constituidas por testaferros y hombres de paja, de las cuales los agentes especializados de la UDYCO Central y de Málaga han conseguido identificar medio centenar de mercantiles y conocer al detalle su composición y su forma de funcionamiento. Entre las sociedades más relevantes de las que han operado en la Región se encuentran Condeor S.L., Compañía Inmobiliaria Masdevallía S.L., One Properties S.L. y Vanda Agropecuaria S.L., entre otras.

Aunque el listado de posesiones de Roca en la Región es muy amplio y en el mismo figuran gran cantidad de fincas urbanas y rústicas en Los Alcázares, Mazarrón, Torre Pacheco y Cartagena, así como casas de planta baja en Los Alcázares y un edificio de tres plantas en Torre Pacheco, las joyas de la corona del ex asesor de urbanismo de Marbella eran mucho más valiosas.

Se trata de un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de Los Alcázares, cuyo valor de mercado ronda los 24 millones de euros; la impresionante finca agrícola La Loma, de 26 hectáreas y en la que Roca tenía una casa señorial, con numerosas obras de arte y hasta un helipuerto; las urbanizaciones Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, en las que se estaban levantando casi 200 viviendas de lujo, y varias parcelas urbanizables, con una superficie total de 155.000 metros cuadrados en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares, Torre del Rame (en la imagen se puede ver en blanco su extensión relativa), donde se van a construir unas 4.000 viviendas en torno al campo de golf.

Sólo el valor de estos últimos solares ronda los 121 millones de euros (20.150 millones de pesetas), lo que da una idea del patrimonio acumulado por Roca en los años en que ejerció como alcalde en la sombra de Marbella.
www.laverdad.es

Los directores de "The Guardian" y "El País" auguran buen futuro a la prensa en Internet

SEGOVIA.- Los directores de los diarios "The Guardian" y "El País", Alan Rusbridger y Javier Moreno, respectivamente, auguraron un buen futuro para la prensa a través de Internet, siempre que se mantenga fiel a los principios de sus ediciones en papel.

Durante un encuentro dentro del Hay Festival de Segovia, moderado por Rosie Boycott, escritora y ex directora de The Independent, Moreno (en la imagen) subrayó que "Internet no es una amenaza para el periodismo sino su salvación, la red consigue más audiencia, más influencia y haremos un gran servicio a la sociedad si además servimos de foro de debate y discusión".

Si económicamente, los proyectos periodísticos serios y de calidad son viables o no, serán otros, los administradores, quienes deben decirlo, dijo Moreno.

Alan Rusbridger se mostró muy optimista con la edición electrónica de The Guardian porque, según explicó, tiene 15 millones de lectores de los cuales entre 4 y 5 millones son norteamericanos, superando a medios como The Angeles Times.

Esto se debe a que, según el director de The Guardian, ofrecen una información alternativa y más plural de asuntos de interés como Oriente Medio y "significa que estamos en el mundo porque tenemos un compromiso serio, somos más liberales para los americanos".

Para Rusbridger, Internet exige un periodismo distinto, porque la red es algo inmediato, además de permitir la participación de los lectores, "que en el caso de The Guardian y El País son muy inteligentes y quieren estar en los foros, que si no los montamos nosotros se irán a otra parte".

No obstante, el director de The Guardia reconoció que la participación de los lectores en las ediciones de la red es incómoda para los periodistas porque hay gente que llega a saber más que
ellos y puede canalizar el conocimiento.

Mostrando un móvil de última generación, Alan Rusbridger apuntó que, en breve, "alguien va a crear algo tan perfecto que el periódico se podrá leer en un aparato similar a este con la misma naturalidad que en el papel impreso, por lo que más vale que los periódicos se adelanten a los acontecimientos".

En cuanto a si hay crisis en la prensa o no, Javier Moreno fue tajante a la hora de afirmar que "si los periódicos no somos capaces de enriquecer y alimentar el debate sufre la democracia".

Para el director de El País, "no hay crisis en el periodismo ni en los periódicos, el problema es qué le va a pasar a la democracia si se tambalean los periódicos que son capaces de conformar un espacio público de discusión".

Rusbridger dijo, por su parte, que "el problema es que la gente cree que puede entender el mundo sólo a base de los titulares que ofrecen los gratuitos" y rechazan los periódicos serios con debates profundos y que explican las claves de lo que está ocurriendo.

A preguntas del público, Moreno señaló que actualmente hay "buen nivel de libertad de expresión en América Latina", a la vez que reconoció que "claro que hay presiones de los gobiernos, que tienden mucho a quejarse, pero allí y aquí, en España".

El problema de las quejas no lo tiene Rusbridger porque, según confesó, la estructura de The Guardian "es fantástica, es muy difusa, a veces me da hasta la sensación de que no tengo poder, y el Gobierno hace mucho tiempo que dejó de intentar influirme".- (EFE)

Los API consideran un "hito histórico" la aprobación del Estatuto de los agentes de la propiedad

MADRID.- Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) tildaron de "hito histórico" la aprobación del Estatuto que regulará su actividad, al que el Gobierno dio luz verde en el marco del Plan de Ayuda a la Emancipación y el Fomento del Alquiler.

Este nuevo articulado, que sustituirá al Reglamento preconstitucional de 1969 vigente hasta ahora, supone para el colectivo el "pleno apoyo" del Estado a la profesión, según afirmó en un comunicado.

Asimismo, los API --agrupados en 46 Colegios Oficiales-- consideraron que la nueva norma respeta "estrictamente" los principios de la libre competencia y aporta "mayor seguridad y confianza" a la actividad de intermediación inmobiliaria.

Por otro lado, el colectivo destacó que el nuevo texto impulsa la colaboración entre el Consejo General y los Colegios territoriales de los API con las universidades para la promoción de estudios inmobiliarios.

Esta coordinación permitirá, según los API, promocionar estudios inmobiliarios que faciliten la colegiación, ya que sólo los profesionales con formación universitaria podrán solicitar su alta como colegiados.

A raíz de la aprobación del estatuto, los agentes de la propiedad expresaron su compromiso de colaborar con el Gobierno y con el resto de las administraciones públicas para mejorar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

Asimismo, el colectivo abogó, "al margen de intereses partidistas de cualquier tipo", por una Pacto de Estado para la Vivienda, "que permita tratar esta materia como una cuestión al margen de las alternancias de gobierno, dotando al mercado y a la sociedad de políticas a largo plazo".- (Agencias)

Una veintena de empresas acreedoras de "Llanera" se agrupan para exigir el cobro de las deudas

MADRID.- Una veintena de pequeñas empresas acreedoras de Llanera se han agrupado bajo el paraguas de la firma Iure Agobados para solicitar a la inmobiliaria el cobro inmediato de los importes que se les adeudan, informaron fuentes de este bufete.

La asociación surgió después de que los letrados de la firma, tras estudiar el caso, expusieran a estas empresas la necesidad de unir fuerzas para reclamar sus pagos.

Estas empresas, en su mayoría pequeños proveedores de Llanera, mantuvieron una primera reunión ayer jueves para estudiar la situación, sus posibilidades y comenzar a movilizarse.

En este encuentro acordaron volver a reunirse el lunes para convenir iniciativas comunes. Estas iniciativas dependerán de que Llanera atienda a las deudas que soporta con estas empresas y que vencen el próximo domingo, día 30.

En este sentido, las empresas no descartan acudir a los tribunales para exigir el pago de sus deudas, si bien en un primer término se limitarán a exigir los pagos.

Las mismas fuentes de Iure Abogados indicaron que por el momento no han logrado establecer contacto alguno con Llanera o sus representantes, ni conocen datos exactos sobre las dificultades financieras que soporta la compañía y que la están impidiendo atender a los pagos de sus deudas.- (Agencias)

De Irala pide a responsables institucionales de las cajas vascas a acordar su fusión "inaplazable"

BILBAO.- El presidente de BBK, Xabier de Irala, consideró hoy "inaplazable" la integración de las tres cajas vascas (BBK, Vital y Kutxa) e instó a los responsables institucionales y fundacionales de las entidades a llegar a un acuerdo para que esta fusión se lleve a cabo.

En su discurso ante la asamblea ordinaria de BBK celebrado esta tarde en Sondika, De Irala manifestó que "en estos tiempos de incertidumbre, debemos reforzar y consolidar la posición competitiva de nuestras Cajas".

"Por ello, -prosiguió- apelo a los responsables de nuestras Instituciones y entidades fundadoras para que asuman con decisión el liderazgo político que la sociedad demanda y lleguen a los acuerdos necesarios, en orden a facilitar el proceso de integración diseñado por los Presidentes en clave empresarial y de compromiso social".

En este sentido, afirmó que la crisis financiera actual afecta a todas las entidades, lo que debe hacer reflexionar a la Caja de ahorros vizcaína sobre "la importancia de contar con entidades grandes y solventes, capaces de alcanzar buenas calificaciones en los ratings internacionales".

"Las pequeñas están teniendo problemas adicionales de liquidez en los mercados de capitales, pagan mayores primas de riesgo, y sufren mayores restricciones en los mercados primarios de emisión", alertó, para señalar que ésta es "una razón adicional que avala la tesis de la integración de las Cajas Vascas".

Según manifestó, la "sombra" de la fusión ha sido "una incertidumbre y un condicionante que sin duda alguna ha influido en alargar el proceso negociador" del convenio colectivo de la caja, que ha estado bloqueado durante 20 meses desde el vencimiento del anterior.

"Tenemos una obligación inaplazable de poner al día el Convenio Colectivo de BBK, en la misma línea y con la misma profundidad con que nuestros más directos competidores lo han hecho en los últimos años", aseveró.

En esté sentido, apuntó que "no hay ninguna razón por la que no podamos llevar a cabo en nuestra normativa cambios y apartados que, por otra parte, ya han sido pactados por algunos de los sindicatos con nuestros principales competidores". "Si por fin se ha logrado una mayoría favorable a negociar, espero que en un plazo breve podamos llegar a acuerdos de amplio alcance", añadió.

Por otra parte, se refirió a la crisis de los mercados financieros para señalar que BBK tiene una posición "privilegiada". "No presentamos exposición a los activos apalancados de riesgo de crédito", aseveró.

El directivo recordó que la Caja ha tenido una gestión más prudente del riesgo basada en el mayor peso de las operaciones hipotecarias minoristas y en una relación menos intensa con el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. Esto se evidencia con el hecho de que el 70% del crédito haya sido destinado básicamente a la financiación de viviendas de particulares, y que la financiación concedida a actividades inmobiliarias y de construcción apenas representan el 12% en BBK, frente a un 28% de media en el sector.

Por lo tanto, indicó que en BBK los riesgos de la cartera crediticia son "significativamente menores" que los del conjunto del sector y la desaceleración del mercado hipotecario se ha compensado con un crecimiento más que notable en el mercado de empresas.

Como consecuencia de la crisis de liquidez, el sector ha entrado en una guerra por la captación del pasivo de clientes. Los precios han experimentado una fuerte subida y las ofertas actuales del mercado indican que esta escalada de precios del pasivo seguirá durante los próximos meses.

En este contexto, dijo que "toma especial relevancia" la calificación que recientemente ha hecho pública la revista The Bankers, que confirma a BBK como la entidad más solvente del sistema financiero español, muy por delante de bancos y cajas competidoras.

"Nuestro nivel de solvencia es una de las mejores garantías que podemos ofrecer a quienes confían en nuestra entidad. En síntesis, BBK no es impermeable a las crisis financieras, pero los niveles de capitalización y saneamiento alcanzados nos ponen a salvo de impactos significativos", dijo a los accionistas.

En términos comparativos, la posición competitiva de BBK se resume en los siguientes ratios de gestión al cierre de junio de 2007: La rentabilidad de la Caja es de un 1,21% sobre el ATM, frente al 0,96% del sector; La solvencia de BBK a 30 de junio es del 18,42%, cifra con la que se sitúa en una posición de liderazgo en el sistema financiero.

Así mismo, BBK presenta un índice de morosidad del 0,45%, "sensiblemente mejor" que la media del sistema que es del 0,70%. La eficiencia de BBK, que relaciona los gastos con los ingresos, mejora con respecto al pasado año y nos sitúa mejor que la media del sector con un índice del 40,37% frente al 41,43%.

Además, el Patrimonio Neto del Grupo asciende a 4.688 millones de euros, un 44,3% más que el año anterior. "Estas cifras nos mantienen entre las entidades más capitalizadas del sistema", resaltó. -(Agencias)

La desprotección de La Zerrichera paraliza una urbanización legal en Lorca

LORCA.- La corrección cartográfica solicitada por el Gobierno regional a la Unión Europea (UE) de los terrenos del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de la Almenara, que de hecho permitía construir la urbanización de La Zerrichera (Águilas), ha hecho que el proyecto urbanístico del paraje de Villarreal, en la diputación lorquina de Purias, que consta de 1.800 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, lleve paralizado desde hace más de dos años.

Y todo está congelado pese a que el proyecto de urbanización encabezado por la empresa catalana Blue Lor cuenta desde enero de 2005 con todos los permisos, incluidas hasta cinco declaraciones de impacto ambiental favorables.

Pero desde febrero del mismo año las obras están paralizadas, "ya que fue entonces cuando cambiaron el LIC sin consultar con nosotros y nos dimos cuenta de que teníamos tres hectáreas de LIC en nuestra promoción. Concretamente, en uno de nuestros hoyos del campo de golf, pero que también ha caído en parte de un camino del proyecto urbanístico de 1.800 viviendas", se lamenta el delegado de la empresa catalana en la Región de Murcia, Javier Dios, quien muestra su incredulidad al hablar de la actuación de los dirigentes de la consejería de Medio Ambiente, "que cambiaron la zona protegida sin ni siquiera visitar la zona. Aquí no ha venido nadie a mirar nada. Esta forma de actuar es increíble".


Esta urbanización de Purias, que además está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lorca como urbanizable, se ha convertido también en un auténtico quebradero de cabeza para el actual primer edil lorquino, Francisco Jódar, ya que esta promoción es fruto de un convenio urbanístico firmado por la mercantil con el Consistorio, entonces dirigido por el socialista Miguel Navarro. En la actualidad cuenta con el plan parcial aprobado, pero no tiene licencia de obras, que rechazó firmar el ex alcalde Leoncio Collado antes de ceder el bastón de mando "con todo el dolor de mi corazón, porque es una empresa que ha cumplido siempre, y que se ha preocupado por el respeto al medio ambiente. Pero había un LIC, en una zona muy pequeña tras tener el plan parcial, lo que paralizaba de hecho todo el proceso".

Y una muestra de este respeto ambiental de la empresa podría ser que cuando la sociedad catalana compró la finca de Villarreal "tenía unas 280 hectáreas, y tras aprobarse la primera protección de la zona nosotros renunciamos a nuestros planes iniciales y regalamos al Ayuntamiento, para disfrute de todos los lorquinos y en escritura pública, nada menos que 160 hectáreas de LIC. Si hubiéramos sabido que dos años después nos iban a caer del cielo 3 hectáreas más las hubiésemos dado también", relata el delegado de la empresa en la Región de Murcia.

El hecho de que el campo de golf y una mínima parte de la urbanización, concretamente un camino entre viviendas, sea zona protegida, según la Unión Europea, hace que el futuro de las 1.800 viviendas sea muy poco halagüeño.

"Pero nosotros estamos seguros de que vamos a seguir adelante", relata uno de los miembros de la empresa catalana, que asegura que el alcalde de Lorca ha ido en varias ocasiones hasta la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio para desbloquear el proyecto: "Cada día nos piden un papel nuevo o una recomendación nueva, pero todavía creemos que esto se puede solucionar, ya que nosotros hemos cumplido con la legalidad en todo momento".- (EPI)

El Ayuntamiento venderá a Polaris World terrenos cedidos para ampliar "Condado de Alhama"

ALHAMA.- La nueva Corporación del ayuntamiento de Alhama de Murcia (formada por PP y PSOE) llevó anoche a Pleno un nuevo convenio urbanístico con la mercantil Polaris World, según el cual el Consistorio venderá a la mercantil el terreno de la urbanización Condado de Alhama que por ley la constructora debe ceder al Ayuntamiento, que es el 10% del total.

De este modo, el complejo contará con 111.698 metros cuadrados más, que se añadirán a los casi 300.000 metros cuadrados que se aprobaron en julio de 2006. Con esta acción el Consistorio se embolsará casi 30 millones de euros.

Este nuevo acuerdo se desprende de una cláusula incluida en el convenio urbanístico inicial (en 2004) en el que se abría la posibilidad de establecer un acuerdo económico para la venta de estos terrenos. De hecho, el Ayuntamiento venderá finalmente el espacio que iba a ser destinado para el aprovechamiento municipal dentro del Condado de Alhama que le correspondía por ley.

En ese espacio, según ha explicado un portavoz de Polaris, se instalarán infraestructuras relacionadas con el turismo: restaurantes, hoteles y complejos deportivos. Ante la posibilidad de ampliar el número de viviendas -en 2006 se acordó la construcción de 2.500- la empresa indica que se está estudiando, pero por el momento no prevé la ampliación.

El edil de urbanismo, José Espadas, aseguró ayer que la situación actual no varía y es la misma que en 2006. "No estamos en contra de los desarrollos urbanísticos siempre que se aseguren las infraestructuras y servicios necesarios", comentó Espadas.

Por su parte, el portavoz de IU+Los Verdes, Juan Romero García, recriminó al equipo de Gobierno su actitud. En su momento, Romero ya indicó que la macrourbanización no se quedaría en las 2.500 viviendas y se terminarían por construir las 15.000 viviendas previstas. "Espadas aseguró que no iba a vender Alhama por un plato de lentejas y mira ahora", apostilló Romero.

Antecedentes

El 27 de julio del pasado año se aprobó (cuando el PP estaba el poder y el PSOE en la oposición) el Plan Parcial, con una serie de modificaciones con respecto al proyecto inicial en el que se contemplaba la construcción de alrededor de 15.000 viviendas en un terreno de cinco millones de metros cuadrados urbanizables.

Con esa aprobación se replanteó el proyecto en dos fases. Actualmente se encuentra en la primera, en la que se prevé la construcción de 2.500 viviendas, campos de golf e infraestructuras hoteleras y sanitarias en 300.000 metros cuadrados.- (EPI)

Sánchez Carrillo lleva a la Audiencia su demanda contra Pedro Saura

MURCIA.- El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia Antonio Sánchez Carrillo ha recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia judicial que desestima la demanda que presentó en su día contra el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, en defensa del derecho al honor.

El titular del juzgado de Primera Instancia número 7 de Murcia, José Antonio Guzmán, desestimó la demanda al entender que no son constitutivas de delito y se realizaron en el «contexto de una enconada o crispada controversia política» unas declaraciones del dirigente socialista que Sánchez Carrillo consideró calumniosas.

Según la resolución, Saura efectuó en 2006 unas declaraciones en las que criticaba la actuación del PP en asuntos como el de La Zerrichera o Puerto Mayor e hizo referencia a la condición de constructor de Sánchez Carrillo y se preguntaba el motivo por el que Valcárcel, defendía al entonces edil de Fomento.- (EFE)

Leoncio Collado pide a Valcárcel que desbloquee los convenios urbanísticos de Lorca

LORCA.- El secretario general del PSOE en Lorca, Leoncio Collado, pedió hoy al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, durante su estancia en la ciudad, que desbloquee los expedientes de 23 convenios urbanísticos que el consistorio tiene suscritos con promotores inmobiliarios desde 2005 y cuyo plazo de tramitación expira en 2008.

En una rueda de prensa previa a su reunión con Valcárcel, que hoy presidió en Lorca el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, Collado anunció que solicitará al jefe del Ejecutivo "que haga todo lo posible para que los distintos proyectos urbanísticos de Lorca sometidos a la Ley de Impacto Ambiental Estratégico y a las normativas de rigor ambiental sean agilizados".

Collado señaló que el Gobierno regional "debe agilizar la tramitación de los expedientes" de los citados convenios, por los que el consistorio percibió en el momento de la firma con promotores un 40% de su coste total, 23 millones de euros, que puede verse obligado a devolver el año próximo si no se culmina la tramitación de los mismos.

Para el dirigente socialista el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria en Lorca "es muy importante y ahora está atravesando dificultades, a lo que hay que sumar esos problemas burocráticos y medioambientales", y consideró que "es un tema serio que puede complicar la economía del municipio".

Collado señaló que siendo alcalde (abandonó el cargo en mayo) intentó reunirse con Valcárcel para tratar esta cuestión "pero nunca lo conseguí" y dijo confiar en que el presidente sea receptivo hoy a su petición.

Añadió que el desbloqueo de los convenios permitirá mejorar la situación financiera del consistorio, ya que los promotores se verán obligados a abonar el 60% restante de su importe al ayuntamiento, algo más de 58 millones de euros.

"Eso supondría desbloquear el pago a proveedores", con los que según dijo, el consistorio tiene una deuda "de unos 200 millones de pesetas", expuso Collado, que consideró que si el ayuntamiento saca adelante los convenios y los cobra en su integridad, con el dinero recibido "se pueden hacer tres Lorcas nuevas".- (EFE)

La CAM pospone su salida a Bolsa en espera de condiciones de estabilidad financiera

ALICANTE.- En el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo celebrado ayer tarde en Alicante el director general de la entidad, Roberto López, informó ampliamente sobre las características de las cuotas participativas, según un comunicado emitido posteriormente.

Ese comunicado subraya que "el Consejo de Administración, tomando en consideración que las garantías aportadas por la ley 44/2002 permiten consolidar el actual estatus jurídico de las cajas; que la dotación a la Obra Social no se verá comprometida; que las cuotas pueden constituir un estímulo adicional para mejorar la gestión, coadyuvar a garantizar los puestos de trabajo e incrementar las actividades de la Obra Social, para así continuar consolidando el modelo de cajas; y que para la CAM las alternativas existentes de refuerzo de recursos propios son menos eficientes que la emisión de cuotas participativas, ha acordado por unanimidad encomendar a la dirección general el estudio de una propuesta para valorar la emisión de cuotas participativas.

Se planteará su emisión cuando las condiciones de los mercados financieros se estabilicen y se asegure que puedan reconocer adecuadamente todo el valor de la entidad".

El Consejo de Administración ha procedido también a la renovación de cargos, uno en la Comisión de Inversiones y dos en la Comisión de Retribuciones, al haberse cumplido el periodo de mandato de tres años desde que fueron nombrados los anteriores, y según lo dispuesto en los Reglamentos de los órganos de apoyo antes citados.

Para cubrir dichas vacantes el Consejo de Administración de la CAM ha nombrado a Jose García Gómez como secretario de la Comisión de Inversiones y a Antonio Gil-Terrón Puchades y a Luis Esteban Marcos, como presidente y vocal de la Comisión de Retribuciones, respectivamente.

El resto de asuntos de trámite habitual ha consistido en la aprobación de operaciones de crédito por 2.400 millones de euros y en operaciones de capital por 400 millones de euros. La revisión de resultados a agosto se mantiene en la senda de crecimiento presentada a lo largo del primer semestre y por encima del 20%.

(En la imagen,Vicente Sala Bello, presidente de la CAM)

Carlos Egea: «Las grandes operaciones de suelo se han parado»

MURCIA.- El director general de Cajamurcia, Carlos Egea, señala a "La Verdad" que su entidad «ha notado una menor demanda de promociones y de hipotecas, y las grandes operaciones de suelo se han parado».

A su juicio, un factor determinante para el mercado inmobiliario ha sido la subida de los tipos de interés y también el que en Inglaterra los tipos son superiores que en Europa.

Egea prevé que la desaceleración de la demanda de vivienda comenzará a notarse en los próximos meses.

El presidente de los promotores, José López Rejas, considera que en el origen de la actual desaceleración «está un problema de tesorería de las entidades financieras, a causa de la crisis de las hipotecas basura estadounidenses. El dinero es miedoso y esta crisis ha reducido la posibilidad de las entidades financieras de obtener recursos mediante la titularización de sus hipotecas, y al obtener menos recursos se ha restringido el crédito, y el que haya menos créditos se ha notado en el consumo»

El fiscal abre diligencias por presunta prevaricación en la adjudicación de la televisión autonómica 7

MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha abierto diligencias informativas sobre el proceso de adjudicación de la televisión autonómica (La 7) al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM).

Este grupo, formado por once empresas -entre las que figuran Polaris, Fuertes, Terrapilar e Intereconomía- se hizo con el contrato de ejecución de producciones audiovisuales y de comercialización publicitaria en noviembre del año 2005.

La investigación de la Fiscalía se abrió el mes pasado por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de concesión. GTM tiene el encargo de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más IPC por cada anualidad, procedentes de las arcas autonómicas.

La denuncia fue presentada por un particular, que aportó numerosa documentación sobre el concurso público que abrió la radiotelevisión pública de la Región de Murcia (RTRM), organismo dependiente del Gobierno regional.

La Fiscalía trata de aclarar si el contrato de La 7 estaba o no concedido de antemano, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio Fiscal, quienes precisaron que la investigación está en una fase muy preliminar, ya que acaban de recibir toda la documentación requerida al RTRM, a cuyo frente está Juan Máiquez como director general de La 7 Región de Murcia.

La petición de información llegó a la Consejería de Presidencia el día 1 agosto pasado, y a partir de ahí se envió toda la información requerida. En este sentido, la Fiscalía ha apuntado la colaboración del Ejecutivo de Valcárcel. El examen de la documentación requerirá varios meses antes de que se tome cualquier decisión.

La apertura de diligencias tiene su base en la documentación aportada por el denunciante, que no es anónimo ni está vinculado a los demás grupos que perdieron el concurso. Los datos que obran en dicha documentación apuntan a hechos que podrían ser constitutivos de delito.

El grupo empresarial GTM que ganó el contrato de La 7 también cuenta con un canal de televisión digital terrestre (TDT). Este grupo obtuvo la mejor puntuación para conseguir los dos lotes, según informó en su día la Junta General de la sociedad pública Televisión Autonómica de Murcia. Un lote corresponde a la ejecución de producciones audiovisuales y comercialización de publicidad, y el otro a la asistencia técnica para la producción de programas de contenido informativo.

Como organismo independiente, RTRM tramitó todo el proceso de adjudicación y posterior contratación. Al concurso se presentaron otros tres grupos, uno de los cuales no optó a los dos lotes. Fueron Televisión Murciana, Mediaproducción y Plural Entertainment España.

En el primer lote (audiovisuales), GTM obtuvo 84,32 puntos; Televisión Murciana 62,41 puntos y Plural 57,40 puntos. En el segundo lote (informativos), GTM consiguió 93 puntos, Plural 59,99 y Mediaproducción 55,03, según informó la Junta General de RTRM.

La 7 inició sus primeras emisiones en abril del año 2005. GMT recibió un primer pago del Gobierno regional de 36 millones de euros, que el año próximo aumentará a 37 millones por el IPC. Según el Gobierno regional, esta fórmula de concesión de una televisión pública se ha aplicado en otras comunidades autónomas.

¿Qué es GTM?

Reparto: El grupo empresarial Televisión de Murcia S. A. (GTM) es la sociedad adjudicataria de La 7. Éste es su reparto accionarial:

- Foro Corporativo de Medios S.A. (Grupo Intereconomía), con el 15,83%

- Prodher S.A. (empresa dedicada a la producción de TV), con el 5%

- Mediterránea de Inversión Grupo 4 S.L. (Terrapilar y Golosinas Vidal) con el 15,83%

- Palprom 2004 S.L. (José Hernández Navarro) con el 15,83%

- Corporación Audiovisual de la Región de Murcia (Grupo Polaris) con el 15,83%

- Palatino 2002 S.L. (Grupo 2002 de Empresas) con el 15,83%

- Grupo Corporativo Fuertes S.L., también con el 15,83%.

Los gestores: Anxo Quintanilla es el director ejecutivo (dejará su puesto para dirigir Canal 9). Adolfo Fernández es director de planificación (sustituyó a Adolfo Lefort). El presidente del Consejo de Administración y consejero delegado es León Heredia .
www.laverdad.es