martes, 25 de septiembre de 2007

El auge de los precios inmobiliarios en España parece haber llegado a su fin, según Knight Frank

MADRID.- El "auge" de los precios de la vivienda en España podría haber llegado a su fin, si bien, éstos siguen subiendo en algunas localidades, según el último Índice Mundial correspondiente al segundo trimestre del año elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank.

La consultora coloca a España, con un incremento de los precios del 5,7%, en la décimosexta posición de un ranking de 30 países en el que Letonia, Bulgaria y Singapur figuran como los tres países que experimentaron las mayores alzas entre abril y junio, con porcentajes del 37,7%, 27,1% y 21%, respectivamente. Por su parte, tres países registraron caídas: Alemania (-06,9%), Suecia (-2,5%) y Dinamarca (-1,3%).

La desaceleración de los precios en España forma parte, según Knight Frank, de una ralentización de los mercados a escala mundial, especialmente perceptible en Europa, y que se ha concentrado en el mercado de los apartamentos, propiedades que atraen típicamente el interés de los compradores especulativos.

Así, los precios de los inmuebles crecieron un 7,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2006 en todo el mundo, frente al incremento del 9,6% registrado el pasado año.

"La subida de los tipos de interés ha sido un factor importante en la ralentización del crecimiento de los precios de la vivienda, además de la mayor rigurosidad en los criterios de préstamo en gran parte de los países europeos", explica el informe.

Además, precisa, "la ralentización del crecimiento es también consecuencia del control de las insostenibles tasas de inflación del precio de la vivienda en algunos mercados europeos".- (Agencias)

Espinosa destaca que las inversiones ejecutadas en mejora de regadíos son "el doble de lo previsto"

CÓRDOBA.- La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguró hoy que las inversiones ejecutadas por el Gobierno en materia de ampliación y mejora de los sistemas de regadío son "el doble de lo previsto en la mitad de tiempo".

En su visita a las obras de riego de la zona del Genil-Cabra, la ministra dijo que el Ejecutivo diseñará los nuevos planes a llevar a cabo junto a las comunidades autónomas en el marco del periodo 2008-2013.

La titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dijo que el Gobierno "está abierto" a lo que planteen las comunidades e incidió en que la optimización de regadíos y el aprovechamiento hídrico es una "línea prioritaria" en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE).

Según detalló, a través de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el Gobierno contará con "un instrumento complementario para temas de infraestructuras, pero siempre a propuesta de las comunidades autónomas".

En este sentido, incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pretende ser "absolutamente respetuoso con el sistema competencial, tal y como se venía haciendo hasta ahora, pero abierto a cualquier planteamiento que se pueda hacer".- (Agencias)

Vueling, participada por Caja Murcia, cae un 3,98% tras la dimisión de Abad como presidente

MADRID.- Vueling registró hoy una de las mayores caídas del mercado continuo al registrar un descenso del 3,98%, hasta los 11,59 euros, después de que José Miguel Abad (en la imagen) renunciara a su cargo de presidente, junto con los consejeros Ferrán Conti Penina, de Inversiones Hemisferio, y José Creuheras Margenar, del Grupo Planeta, así como el secretario no consejero Enrique Morera Guajardo.

Los títulos de la aerolínea (participada por Caja Murcia) cotizaron entre los 12,07 euros del precio más alto y los 11,03 euros del más bajo, cerrando a 11,59 euros, tras intercambiarse en el mercado un total de 1.080.125 de títulos, valorados en 12,5 millones de euros.

La aerolínea registró hoy este descenso pese al rápido nombramiento de Barbara Cassani como presidente de la compañía. Vueling explicó que este nombramiento se enmarca en la nueva etapa abierta tras la junta de accionistas celebrada en junio, en la que se inició una renovación del consejo de administración con la inclusión de Cassani y Jacques Bankir, y con el refuerzo del equipo de dirección con fichajes procedentes de compañías del sector de acreditada experiencia.

Por su parte, la nueva presidente indicó que Vueling es una compañía "muy sólida" y con unas perspectivas "muy buenas", ya que cuenta con una marca muy conocida y cuatro bases de operaciones, y recordó que está inmersa en una "reorientación estratégica" enfocada a la rentabilidad. Además, manifestó estar "encantada" de poder aplicar su experiencia en aerolíneas 'low cost' en Vueling.

En la sesión del consejo de administración celebrada ayer también presentaron su renuncia los consejeros Ferrán Conti Penina, de Inversiones Hemisferio, y José Creuheras Margenar, del Grupo Planeta, así como el secretario no consejero Enrique Morera Guajardo. Durante la misma sesión se acordó el nombramiento de Cassani como presidenta del consejo de administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Además, Javier Somoza será el nuevo secretario no consejero y Jacques Bankir será miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.- (Agencias)

Los militantes del PSOE en Cartagena-centro renuevan su confianza en Martínez Bernal

CARTAGENA.- Antonio Martínez Bernal seguirá siendo secretario general de la agrupación Centro del PSOE cartagenero gracias al apoyo que le mostraron los militantes que acudieron a la asamblea extraordinaria celebrada en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy.

Martínez Bernal, que accedió a la secretaría general de la agrupación Centro hace dos años y medio, convocó esta asamblea extraordinaria para poner en manos de los militantes el futuro de la misma ante los continuos ataques que ha estado recibiendo, muchos de ellos insultantes y de forma anónima, como aseguró a esta redacción.

Con el resultado obtenido, Martínez Bernal podrá acabar su mandato sin mayores sobresaltos -en teoría- y legitimado por la fuerza de los votos: un 63% de los más de 400 afiliados que asistieron a la asamblea frente al 37% obtenido por la candidatura alternativa.

El 'perdedor' de la jornada fue Julio Nieto, que fue mano derecha del ex candidato Ignacio Segado(en la imagen) hasta que éste se apartó de la política después de perder las pasadas elecciones municipales. Nieto pretendía hacerse con la dirección de la agrupación centro, la más grande de las cinco en las que está organizado el partido en Cartagena, y llevar a cabo un proceso de renovación heredado de Segado.

No obstante, la lista de Martínez Bernal para las distintas secretarías de la agrupación está repleta de personas jóvenes que, a la vez, cuentan con experiencia en las tareas de organización política, con lo que se produce de hecho la tan ansiada renovación, al menos en las personas, aunque en las formas y en los métodos habrá que esperar.

,Miembros de la vieja guardia, como Pedro Trujillo, se quedan con cargos honoríficos, como, en este caso, el de presidente.

La interpretación del resultado de las elecciones no es el mismo para todos. Miembros afines a la candidatura alternativa consideran que el hecho de que Martínez Bernal haya conseguido 'sólo' el 63% de los votos de los asistentes a la asamblea -una de las más concurridas de los últimos años- supone una agrupación Centro dividida y con el 'enemigo' en casa y, además, reforzado.

Por esta razón, la vida interna del PSOE cartagenero se adivina animada en los próximos meses, y, sobre todo, de cara a las próximas elecciones generales.

La Sur, por libre

Otro dato a tener en cuenta para el futuro próximo del PSOE local es que la agrupación Sur, con casi tantos militantes que la Centro, va por libre. Sus líderes no están dispuestos a pactar con Antonio Martínez Bernal porque consideran que debería dejar la política y tampoco se muestran muy afines al grupo de Ignacio Segado-Julio Nieto.

A esta situación se suma la división existente en el seno del grupo municipal, liderado por Juan Luis Martínez, de la agrupación Centro, de quien Manuel Torres, de la Sur, se ha distanciado en las últimas semanas a causa de la polémica de 'los liberados', los concejales con sueldo.

Mientras, desde la dirección regional ya han adivinado que la reestructuración del PSOE de Cartagena pasa por volver a la agrupación única frente a las cinco actuales, aunque hay quienes creen que de esta manera no desaparecerían las baronías en el seno del partido.- (EPI)

lunes, 24 de septiembre de 2007

Grupo Hispania recurre por indefensión el auto del TSJ que paraliza el proyecto de La Zerrichera

CARTAGENA.- El Grupo Inversor Hispania ha presentado un recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pide a la Sala que anule las medidas cautelares adoptadas por ese tribunal y que suspenden la ejecución de la Orden Resolutoria del consejero de Obras Públicas, de 13 de febrero de 2006, relativas a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Águilas para clasificar como urbanizable sectorizado terrenos en el paraje de La Zerrichera.

Esta medida fue adoptada por el tribunal tras un recurso presentado por el grupo ecologista ANSE.

Hispania pide “la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta la personación de esta parte”, al mismo tiempo que solicita que “se retrotraigan las actuaciones”.

La defensa de Hispania, según ha explicado a este periódico, expresa su malestar por haber sido, a través de la prensa, cuando se ha enterado en este proceso y en el que el Tribunal dicta el mencionado auto de paralización porque no perjudica el interés general.

El Grupo Hispania advierte que “es un legítimo interesado en el proceso, como promotor de la iniciativa urbanística sobre el paraje La Zerrichera. En segundo lugar, es totalmente identificable. Y, en tercer lugar, resulta patente que se ha producido una causa de indefensión real y efectiva, ya que la falta de emplazamiento ha impedido a Hispania defender sus intereses legítimos en cuanto a las pretensiones instadas por ANSE y sin dar audiencia al principal perjudicado por ese auto de suspensión”.

Además, Hispania insiste en que no ha sido notificado de la existencia del proceso, ni emplazado para que pueda comparecer como demandado en el mismo. Este hecho, “le crea una indefensión manifiesta, y en consecuencia vulnera su derecho consagrado en la Constitución”.

Por todo ello, Hispania insiste en que “nos encontramos ante una falta absoluta de emplazamiento de un tercero, nuestro grupo inversor, que ostenta un interés legítimo en el proceso de autos, lo cual vicia de nulidad las actuaciones seguidas en su ausencia. Por tanto, procede la sanción de nulidad de los actos judiciales cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa”.

Críticas a la falta de respuesta de la Comunidad Autónoma

El Grupo Hispania también ha mostrado su malestar con el Gobierno regional por la falta de respuesta en todo este proceso. Por una parte, recrimina que transcurridos 14 meses desde que el Ejecutivo frenó el proyecto, a la espera del Plan de Gestión, aún no se ha producido ninguna respuesta.

La empresa entiende que “ha transcurrido el tiempo suficiente para que se hubiera adoptado ya una determinación sin la necesidad de crear las negativas consecuencias que esta paralización crea al grupo impulsor de este proyecto”.

Por último, entiende Hispania que dicho Plan de Gestión, “de existir una voluntad real de sacarlo adelante, se abordaría con la máxima celeridad y no dilatándose tanto en el tiempo; lo que sigue creando importantes perjuicios para nuestro grupo, además de una indefensión total”.

El Plan de Gestión sobre La Zerrichera se encuentra desde hace varios meses en el Consejo Económico y Social (CES) a la espera de su valoración y dictamente.

Después este Plan de Gestión deberá pasar por el Consejo Jurídico de la Región para volver, finalmente a la mesa del Ejecutivo regional. Para lo que, de momento, el Gobierno no ha fijado plazos para su tramitación.

Medida cautelar

Las mismas fuentes de Hispania explican que merece especial atención el auto de medidas cautelares respecto a la fundamentación jurídica que argumenta la Sala al decir que “la medida cautelar interesada no ocasiona perjuicio alguno al interés general, pero en ningún momento entra a valorar la posibilidad de que se produzca un perjuicio a un tercero, como en este caso se produce, ignorando absolutamente al perjudicado directo por la suspensión de la orden resolutoria”.

Para la empresa, “este proceder vicia de nulidad el acuerdo de suspensión, ya que difícilmente puede el juzgador valorar todos los intereses en conflicto si a uno de los protagonistas principales de la causa, Grupo Hispania, siquiera ha sido oído a la hora de acordar el auto de suspensión, a pesar de que ello perjudica directamente, al paralizarse consecuentemente la aprobación inicial del Plan Parcial La Zerrichera, que ha presentado mi mandante”.
www.elfarodemurcia.info

Rosique : «El Gobierno regional debe explicar por qué se puso al servicio de un promotor»

CARTAGENA.- La diputada socialista Teresa Rosique considera que el Gobierno regional tiene que decir a los ciudadanos «toda la verdad sobre La Zerrichera y debe explicar por qué puso toda su capacidad de decisión al servicio de un promotor urbanístico que, sólo catorce días después de aprobarse la reclasificación, vendió los terrenos y obtuvo un beneficio neto de 75 millones de euros».

Rosique estima que los cargos políticos del PP están obligados a dar explicaciones a los ciudadanos, «porque los procesos judiciales abiertos en relación con la Zerrichera se basan en las decisiones del Gobierno regional, y del Ayuntamiento de Águilas, para convertir en urbanizable este paraje protegido y posibilitar la construcción de 4.000 viviendas, en contra de los informes técnicos. Las decisiones políticas se tienen que explicar en el ámbito político».

La parlamentaria recuerda que dos son las resoluciones que han convertido en urbanizable La Zerrichera. Por un lado, la Declaración de Impacto Ambiental y, por otro, la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística. «Ambas resoluciones han sido aprobadas por el Gobierno regional y en ellas se basan las actuaciones judiciales», recuerdas. «El Gobierno regional mantiene estas resoluciones, a día de hoy, intactas. No ha movido ni una sola coma a pesar de lo que les está lloviendo desde el ámbito judicial».

En este sentido considera que «han pretendido lavarse la cara paralizando el Plan Parcial de la Zerrichera y van a conseguir el efecto contrario, porque las razones que han dado para justificar esa paralización ponen de manifiesto, aún más, la prevaricación que han cometido».

Rosique recuerda que el Ejecutivo autónoma ha alegado que «el Plan Parcial se paraliza hasta que no esté aprobado el Plan de Gestión de ese espacio protegido». Un hecho con el que, según la socialista, «reconocen que quien determina el uso del suelo en un espacio protegido es el Plan de Gestión y, sin embargo, convirtieron en urbanizable La Zerrichera antes de que dicho plan estuviese aprobado, con el agravante de que no han anulado la orden de Bascuñana que aprobaba definitivamente esta reclasificación urbanística».

Además señala que «el Gobierno regional paraliza el Plan Parcial pero se resiste a anular la DIA, firmada por Alvarado, y la Orden de Bascuñana». Por eso, piensa, el PP ha impedido que se debata en el Pleno de la Asamblea del próximo miércoles una moción del PSOE. «En ella pedimos al Gobierno regional que anule ambas resoluciones porque son las fundamentales en todo este proceso».

Tras apuntar a que «son muchas las explicaciones que hay que exigirle al Ejecutivo regional», asegura que «todavía no han explicado por qué el Ayuntamiento de Águilas inició esta reclasificación urbanística, y por qué le pidieron al Ayuntamiento de Águilas que continuara con el expediente cuando éste lo había archivado; por qué aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental sin ningún informe que la avalara; por qué no hicieron caso de los numerosos informes negativos; por qué se saltaron los trámites obligados para dicha aprobación... También tienen que explicar por qué los altos cargos responsables de la aprobación siguen siendo altos cargos».

Rosique acaba manifestando que «las actuaciones judiciales han dictaminado ya la suspensión cautelar de la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística de la Zerrichera en vía contencioso administrativo, y en vía penal, han sido imputados siete altos cargos del PP por supuestos delitos como el de prevaricación, falsedad en documento público o cohecho y han aplicado ya medidas cautelares al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, actual gerente de la Fundación Cloustar. Todo esto exige explicaciones de Valcárcel y su gobierno».
www.laverdad.es

viernes, 21 de septiembre de 2007

El alcalde de Águilas intenta ahora convertirse en la víctima del "caso La Zerrichera"

MURCIA.- El alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del PP, tal vez por consejo de sus abogados, intenta ahora convertirse en la víctima del "caso La Zerrichera" filtrando al diario "La Verdad" su versión de todo lo sucedido, justo en el momento en que se inicia la fase judicial, y parece que con el objetivo estratégico de ser juzgado únicamente por el cargo de presunta prevaricación al objeto de alejar el foco de atención del magistrado sobre cargo de un presunto cohecho, que lleva aparejada pena de cárcel e inhabilitación para el cargo que actualmente ocupa Ramírez.

(...) el expediente para recalificar los terrenos (de La Zerrichera), que están protegidos como LIC y ZEPA, se reabrió desde la Consejería de Medio Ambiente -concretamente desde la Dirección General de Calidad Ambiental- y el alcalde pudo recibir presiones para levantar el archivo del convenio con el Grupo Hispania, según apuntan en sus declaraciones algunos testigos.

En Águilas, funcionarios y técnicos daban por hecho que la urbanización iba a tener luz verde, pese a que había un informe negativo de la Dirección General del Medio Natural. Se intuyó incluso siete meses antes de que se aprobara la declaración de impacto ambiental.

Presiones sobre el alcalde

El expediente para recalificar los terrenos de La Zerrichera había sido archivado por el Pleno municipal el 28 de diciembre del 2004, dejando sin efecto el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Águilas y el Grupo Hispania propiedad de Trinitario Casanova, a quien se le devolvió incluso el dinero que había adelantado. La razón estribaba en que los terrenos estaban protegidos y no eran urbanizables, según un informe inequívoco de la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma.

Muchas cosas sucedieron a partir de ahí -entre enero y marzo del año 2005- para que el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular, llamara un día a su despacho al secretario del Ayuntamiento, José Luis Pascual Martínez, quien se encontró en la estancia al arquitecto municipal, José Espín Cánovas, y a la jefa de Planeamiento Urbanístico, Mari Carmen Martínez Muñoz.

El asunto a tratar era peliagudo y el alcalde necesitaba consejo: ¿Se podía reabrir de nuevo el expediente de La Zerrichera? La respuesta del secretario general fue que el Ayuntamiento debía respetar los acuerdos tomados en el Pleno, y que en caso contrario se debían explicar los motivos que justificaran el cambio que se pretendía.

Desde el punto de vista formal, la reapertura no tendría inconveniente legal, y se entendía que se debía tramitar un nuevo expediente, y no seguir con el ya iniciado. En todo caso, se trataba de una decisión política que escapaba a los técnicos y funcionarios y que quedaba por lo tanto sobre las espaldas del primer edil.

Lo más relevante vino a continuación, cuando en esa misma reunión se le preguntó al alcalde por los motivos para reactivar el proyecto urbanístico. Juan Ramírez contestó que «había sufrido presiones, que se estaba jugando el puesto y que le rebanaban la cabeza» [si no lo hacía]. Así lo relata uno de los participantes en ese encuentro.

El alcalde Juan Ramírez rechaza sin embargo que hubiera recibido presiones, y que hubiera hecho saber a sus técnicos en la mencionada reunión que peligrara su puesto y su futuro político.

Advertencias de ilegalidad

El Ayuntamiento de Águilas era en aquellos meses un hervidero. No era para menos, después de dejar en la estacada una urbanización de 4.000 viviendas de lujo, el campo de golf y el hotel del Grupo Hispania. Se comentó incluso que después de archivarse el convenio habían acudido a Águilas dos consejeros a entrevistarse con el alcalde para interesarse por el proyecto de Trinitario Casanova. Unas visitas que nadie confirma, y que además niega el alcalde, y que pudieron repetirse una semana después.

El alcalde Juan Ramírez revalidó su cargo en las recientes elecciones municipales, incluso con un concejal más pero sin alcanzar la mayoría. La polémica y el escándalo que han rodeado al proyecto de La Zerrichera no ha hecho mella entre sus electores. Ni siquiera sabiéndose que había sido imputado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por varios delitos.

Al margen de las supuestas presiones que el niega y que entran más en la esfera política, Juan Ramírez, sin embargo, sí tendrá que aclarar otras decisiones suyas y de su grupo municipal en el juzgado número 3 de Murcia que instruye el caso.

Por ejemplo, por qué la Comisión Informativa de Urbanismo del 20 de octubre del 2005 decide elevar al Pleno la aprobación provisional de La Zerrichera sin tener sobre la mesa la declaración de impacto ambiental que debía emitir la Consejería. Los concejales y técnicos que acudieron a dicha Comisión no tuvieron oportunidad de examinar ni de informar sobre la recalificación de los terrenos que se pretendía. Fue una presunta infracción legal que no respetó el artículo 23 de la Constitución.

Asimismo, y abundando en esta supuesta infracción, el alcalde convocó el Pleno que debía aprobar La Zerrichera el 24 de octubre, sin que se hubiera emitido aún la declaración de impacto favorable por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental. De hecho, la notificación favorable a la recalificación llegó por una vía inesperada: un fax que entró en el Ayuntamiento a las 21:34 horas de ese mismo día, y al parecer sin registro de salida de la Consejería.

El alcalde fue aconsejado para que retrasara un día la fecha de la convocatoria, con el fin de que estuvieran todos los expedientes completos -faltaban los de La Zerrichera y otros dos más-, pero Juan Ramírez se negó y mantuvo la fecha de convocatoria del Pleno que se celebró el día 27.

Una firma extraña

El alcalde tampoco atendió un tercer aviso del secretario general del Ayuntamiento, quien el mismo día del Pleno dirigió un oficio a la alcaldía para que se dejara sobre la mesa La Zerrichera, debido a que tenían defectos de forma y fondo. Curiosamente, antes del Pleno, el alcalde se reunió con los concejales de su grupo y también con Pedro Gil, concejal socialista que luego se ausentó de la sesión, junto con otros ediles de su partido, para no votar en contra de La Zerrichera. Esto les valió días después la expulsión sumarísima del PSOE.

La Zerrichera se aprobó mediante una declaración de urgencia que se acordó en el mismo Pleno. Como remate, existen supuestamente otras anomalías en la certificación de aquel Pleno, puesto que no llevaba la firma del secretario general, sino de otra persona. Este extremo también corresponde aclararlo al juez instructor.

Entre técnicos y funcionarios de Águilas existía la convicción de que al menos el alcalde ya conocía extraoficialmente que la Consejería de Medio Ambiente, por entonces en manos de Francisco Marqués, iba a informar favorablemente para recalificar los terrenos de La Zerrichera y facilitar la urbanización de la zona. De otra forma no parecían explicarse las decisiones y la celeridad de los trámites.

Y, al tiempo, avalaría el hecho de que la Comisión Informativa de Urbanismo propusiera la aprobación en el Pleno (previa recepción del estudio de impacto) y que el Pleno en cuestión se convocara antes de que se firmara y notificara formalmente el estudio de impacto por parte de Antonio Alvarado, director general de Calidad Ambiental, y de su segundo, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Otra cita extraña

Las advertencias del secretario general del Ayuntamiento sobre las supuestas irregularidades fueron compartidas también por la jefa de Planeamiento Urbanístico de Águilas, Mari Carmen Martínez Muñoz. Ésta opinó igualmente que el punto del Pleno que trataba sobre La Zerrichera debió anularse y dejarse sobre la mesa por cuanto no estaba disponible la documentación en el momento en que se hizo la convocatoria.

Para Martínez Muñoz, además, era la primera vez, en sus años como jefa de Planeamiento, que llegaba al Ayuntamiento de Águilas un oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental, con fecha del 28 de abril del 2005, advirtiendo de que era el órgano competente para realizar el estudio de impacto de La Zerrichera, y no la Dirección General de Medio Natural que ocho meses antes había prohibido urbanizar la zona.

Para que no le cupiera ninguna duda, Martínez Muñoz y el arquitecto municipal fueron citados telefónicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental -en lugar de recibir un oficio-, donde una secretaria con rango político les comunicó que eran ellos competentes en el caso. Ambos estaban hechos un lío, o cuanto menos extrañados: Medio Natural había dicho que la urbanización era inviable; mientras que Calidad Ambiental -la dirección general hermana- ordenaba ocho meses después que se reabriera el expediente.

Una carta a Trinitario

Después de salir del despacho del fiscal jefe, el 23 de enero pasado, el alcalde de Águilas descargó la responsabilidad de La Zerrichera sobre «Murcia», en referencia a las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas que habían aprobado el estudio de impacto y la recalificación de los terrenos mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Lo que siempre ha tenido claro Juan Ramírez es que las instrucciones para reactivar el expediente del Grupo Hispania le llegaron de la Dirección General de Calidad Ambiental de Antonio Alvarado.

Juan Ramírez se ha escudado asimismo en los técnicos y en su floja memoria para tratar de sortear las puntos más comprometidos, salvo que su perspectiva de los hechos le haya hecho cambiar en los últimos meses.

La apreciación de que la decisión política de aprobar la urbanización ya se había tomado desde algunas instancias, pese a que el expediente había sido archivado por el Ayuntamiento, se basa en un escrito que envió el propio alcalde al empresario Trinitario Casanova, promotor de La Zerrichera. Ya no se trataba de la intuición de los técnicos y funcionarios municipales, sino de un oficio de la alcaldía. El 26 de abril del 2005, el dueño del Grupo Hispania se dirigió al alcalde para interesarse por la situación del convenio urbanístico, y saber si éste se encontraba todavía en vigor.

Ese mismo día, el alcalde le contesta al promotor que el convenio «no ha sido derogado expresamente por el órgano que lo aprobó, por lo que sigue en vigor» a expensas de lo que decida la autoridad ambiental. La respuesta del alcalde se produjo, además, dos días antes de que Antonio Alvarado le notificara formalmente que se había reactivado el expediente y que su oficina era la competente para realizar la evaluación ambiental. De igual manera, dos días antes del oficio de Alvarado, el Ayuntamiento le envió a este director general una copia del proyecto.

Dicho oficio no consta, al parecer, en el expediente del caso remitido a la Fiscalía del TSJ; como tampoco la carta que le envió el alcalde a Trinitario Casanova diciéndole que el proyecto de urbanización seguía vivo.

Un fax que llegó de noche

El alcalde de Águilas mantiene la legalidad de sus actuaciones. Considera además que los acontecimientos ocurridos en octubre del 2005 y que desembocaron en la aprobación por el Pleno del proyecto de La Zerrichera -diez meses después de que lo hubiera archivado la misma Corporación- no contienen irregularidades. Al parecer, se considera una práctica habitual que en algunas comisiones informativas no estén todos los documentos disponibles.

La secuencia vivida en el Ayuntamiento de Águilas fue vertiginosa: 1) El alcalde convocó el Pleno la misma tarde del día en el que le llegó por fax el estudio de impacto, aunque el rastro de entrada fuera a las 21:34 horas. 2) Ese estudio llevaba fecha del día 25 y estaba refrendado por Sánchez Gelabert. 3) El día 25 le llegó la declaración formal de impacto firmada por Antonio Alvarado, aunque con fecha del 24. 4) El alcalde convoca el Pleno el día 24, para que se celebre el 27. Eso permitió a los concejales disponer el día 25 de la documentación, para respetar de esta forma el plazo de 48 horas que requiere la ley.

Diez días antes, Trinitario Casanova recibió de la mercantil Inverlur -perteneciente a La Kutxa (Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián)- 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo por la compra de La Zerrichera. El segundo pago de 105 millones lo recibió en febrero del 2006, quince días después de que el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana aprobara definitivamente la recalificación de los terrenos.
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jueves, 20 de septiembre de 2007

El alcalde de Águilas sale descompuesto tras declarar ante el juez durante dos horas y media

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha tomando hoy declaración a los implicados por presuntas irregularidades en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera, en Águilas. En espera del correspondiente auto judicial para conocer los eventuales cargos, todos siguen estando imputados al no haberles sido comunicado expresamente lo contrario por parte del magistrado tras estas diligencias previas a la apertura de juicio oral. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ya han sentado cierta jurisprudencia en este caso con sendos autos emitidos a petición de los imputados y de los denunciantes.

Declaró en primer lugar el ex director general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, durante más de dos horas y media. Seguidamente pasó ante el juez el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, el cual estuvo más de una hora y media prestando declaración. Ninguno hizo manifestaciones a la salida pese a la insistencia de los periodistas por conocer algunos extremos y matices de ambas comparecencias. Lo hizo de mejor humor éste último, hasta sonriente.

Según la querella del fiscal Bernal, en febrero de 2006 el consejero de Obras Públicas, a la sazón Joaquín Bascuñana, acordó, a propuesta de Ródenas y de Guerrero, aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas para recalificar como suelo urbanizable sectorizado el paraje protegido de La Zerrichera.

Bernal dice que esta decisión se tomó a pesar de la existencia de seis informes en contra de la transformación en urbanizable del terreno protegido: cuatro de distintos funcionarios de la propia consejería de Obras Públicas, otro elaborado por un profesor de la Universidad de Murcia (encargado por Ródenas y por el que se pagaron 12.000 euros) así como un sexto del director de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia, José María Lozano.

Se ha hecho luego un receso para almorzar, desde las 14 hasta las 15 horas, y poco después pasó a testificar el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez, durante más de dos horas, asistido de su nuevo letrado; y finalmente lo hizo el ex concejal del PP aguileño, José López.

José López fue uno de los socios de la empresa Alhóndiga Agrisel S.A. que en 2003 compró la finca tras haber convenido con el presidente del grupo Hispania, Trinitario Casanova, vendérsela cuando el terreno fuera recalificado para construir una urbanización de 4.000 viviendas y un campo de golf.

Quince días después de que Bascuñana acordara aprobar la modificación del PGOU de Águilas, Casanova vendió el terreno a Inverlur 5005, constructora de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (la "Kutxa") por 105 millones de euros.

Tanto Ramírez como López mantuvieron una larga y tensa espera desde primeras horas de la mañana en los pasillos judiciales como consecuencia de la prolongación de la comparecencia de los dos ex altos funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Se especula con que la Fiscalía ha solicitado al juez Alcázar, entre otras medidas cautelares, la retirada del pasaporte a los dos últimos por el riesgo de fuga a Suiza del alcalde y a Brasil del ex concejal al tener familiares residentes en sendos países. López Bernal hace meses que está advertido de esas circunstancias por personas interesadas en el procedimiento.

Ramírez, al contrario que López, ha sido el único en tener el detalle de atender a la Prensa pese a su evidente cara larga, descompuesta, la mirada perdida y el silencio cortante que mantenía con su abogado. El alcalde de Águilas, con una voz que apenas le salía del cuerpo, ha dicho estar tranquilo "por colaborar con la Justicia, contribuir al esclarecimiento de los hechos", e insistido en que su comportamiento como alcalde "siempre ha sido legal y hecho todo correctamente".

Tras la toma de declaración de los siete imputados, el juez continuará las investigaciones y, según fuentes judiciales, no se descarta que llame a declarar a otras personas citadas en la querella. Las siete que ya han declarado en esta fase mantienen la calificación de imputados.

Según la querella los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.

Precisamente durante la larga espera en los pasillos de la Audiencia se ha sabido que el Juzgado nº 2 de Lorca se ha inhibido en favor del Juzgado nº 3 de Murcia para que entienda acerca de la denuncia por presunto cohecho de la Fiscalía contra el ex concejal de Águilas, Pedro Gil, expulsado del PSRM-PSOE por ausentarse en la votación municipal sobre la recalificación de la finca La Zerrichera.

El lider del PSOE aguileño y actual portavoz de la Oposición, Ramón Román, al ser llamado a declarar con toda la Corporación, le comunicó al fiscal-jefe, Manuel López Bernal, que Gil le llegó a ofrecer, supuestamente en nombre del especulador Trinitario Casanova, un millón de euros si los socialistas aguileños no votaban contra esa recalificación en el Pleno.- (NEM)
(En la imagen, Ramírez después de su anterior declaración ante el fiscal jefe)

Solbes cree que las empresas "se están dando cuenta de que no es viable hacer negocios de espaldas a la sociedad"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se mostró hoy convencido de que "las empresas son cada vez más conscientes de las consecuencias de sus acciones". "Esto quiere decir que se están dando cuenta de que no es viable hacer negocios de espaldas a la sociedad en la que actúan", apostilló.

Solbes hizo estas declaraciones en la II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabilidad Social, que se celebra entre hoy y mañana en la Casa de América de Madrid, y organizada por la Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica.

Este evento analizará principalmente las características de las alianzas público-privadas que, en opinión de Solbes, "pueden aportar soluciones a problemas que no se pueden resolver de un modo individual".

Por otro lado, según Solbes, la implantación de la RSC en las empresas españolas implica "una potencial mejora de la competitividad" e insistió en la "importancia de la voluntariedad de estas políticas que revierten en mejoras de bienestar para la sociedad en su conjunto".

Al finalizar su intervención, Solbes destacó que "aunque quedan muchos progresos, se está avanzando por el buen camino" y mencionó la proliferación de Memorias de Sostenibilidad, Códigos de conducta o la creciente adhesión de empresas españolas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Solbes también repasó las iniciativas del Gobierno en esta materia como la Mesa de Diálogo Social sobre Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Expertos o la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, que ya ha publicado un 'Libro Blanco' sobre ellas.

Por último, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, también presente en la jornada inaugural, recordó que "a lo largo de 150 años de historia", la entidad "ha demostrado su compromiso con América Latina", una región en la que tiene "una enorme confianza".

En su intervención, Botín desgranó qué supone la RSC para el Grupo: "Generar beneficios, comunicar con transparencia, responder ante los empleados, accionistas y clientes, y mantener un caracter voluntario". El principal ejemplo de esta política de RSC es el 'Programa Santander Universidades', puesto en marcha en el año 1996.

"La formación y el conocimiento son claves para reducir y eliminar las brechas sociales", indicó Botín que recordó que, en este año, el Programa se ha implantado a centros de China, Rusia y Reino Unido.- (Agencias)

miércoles, 19 de septiembre de 2007

El PSOE de Águilas admite públicamente que está negociando un gobierno municipal de progreso

ÁGUILAS.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSRM en Águilas, Ramón Román, reconoció en rueda de prensa que “aunque todavía no hay un acuerdo final, sí que se han producido ya las negociaciones que pueden llevarnos a presentar, en un momento determinado, una moción de censura, porque las posturas se están acercando ante el grado de ineficacia que viene demostrando el actual equipo de gobierno del PP".

Sobre las afirmaciones de la portavoz municipal del PP, Caty Lorenzo, en el sentido de que “ser alcalde no puede estar por encima de la dignidad” al tiempo que se preguntaba por “los posibles intereses que pueden estar detrás del pacto” que se negocia a tres bandas (PSOE-MASd-IU) para desalojar al alcalde imputado Juan Ramírez, Román ha recordado que “ellos si que han dado ejemplo de falta de dignidad cuando en 1999 se saltaron la ley antitransfugismo formando Gobierno con cuatro tránsfugas del MIRA, uno de los cuales aún permanece en las filas populares, y en el 2.003 cuando llegaron a un pacto con un grupo independiente a cambio de acuerdos urbanísticos”.

Román acusó al PP de “no estar centrado en el Gobierno sino en lo que se dice de ellos, generando un clima de crispación y enfrentamientos que no se corresponde con esa labor de gestión”, y reflejo todo, según sus palabras, “del estado de nervios que padecen”.

Respondió también Román a los datos aportados por la concejala de Turismo, Clara Valverde, en los que ésta destaca un “aumento significativo” de turistas durante la temporada estival, afirmando con rotundidad que “si preguntasen entre los hosteleros y comerciantes sabrían que este ha sido uno de los peores veranos que se recuerdan en Águilas”.

Reveló Román que “en los 90 días que los del PP llevan en el Gobierno, han estado también pendientes de las obras de una Glorieta que, tras siete meses, continúan sin finalizar, al igual que el nuevo Pabellón Deportivo, el Auditorio y el colegio de Las Lomas”.

Finalmente quiso contestar a las acusaciones de Caty Lorenzo al responsabilizar el martes al Gobierno central del problema de la burbuja inmobiliaria local. “Sólo se le puede achacar a la falta de buena gestión en política urbanística, ya que todo el modelo de gestión urbanística que hay, hasta ahora, en Águilas, se encuentra en los tribunales”, concluyó Román.

Por su parte, Pedro Gil, lider del MASd, recién llegado de sus vacaciones, ha desmentido las acusaciones de Caty Lorenzo en su ausencia, en el sentido de que él era partidario de la urbanización del paraje natural de la Marina de Cope y de La Zerrichera.

"No tengo ningún interés en que se ponga un ladrillo en La Zerrichera, y respetaré cuanto dictamine la Justicia, que es quien tiene ahora la palabra”.

Los líderes de las tres formaciones en liza para alcanzar un acuerdo de alternativa y formar un gobierno municipal de progreso en el ayuntamiento de Águilas, Román, Gil y Carrasco, se muestran tranquilos ante la posibilidad de que se pudiera presentar finalmente una moción de censura.

Reconocen los tres la existencia de un acuerdo previo, tras haber dado el visto bueno a un borrador inicial de condiciones, realizado durante los pasados meses de verano por personas de las tres formaciones políticas aguileñas.- (NEM)

García Meroño pone en nómina a De la Cierva mientras Guerrero abandona "Polaris World"

MURCIA.- Polaris World no sólo es una de las empresas murcianas que más puestos de trabajo crea en la Región, sino que además se trata de empleo de calidad y bien remunerado.

El último fichaje de relumbrón del máximo accionista de Polaris World, Pedro García Meroño (en la imagen), ha sido la contratación del hasta hace pocas semanas consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, que desde hace días figura en la nómina de una sociedad particular del empresario pachequero: la gestora del paquete accionarial que García Meroño posee en Polaris World.

La relación de García Meroño con De la Cierva viene de lejos. El ex consejero no sólo asistió a la boda del primero, y nunca han ocultado su mutua admiración. Una amistad que le costó al ex alto cargo figurar en el punto de mira de la oposición durante su etapa política, sobre todo tras la concesión por el Gobierno regional a un grupo empresarial integrado por Polaris Wolrd de la gestión del canal autonómico.

La relación entre altos cargos del Ejecutivo autónomo y la principal promotora murciana tampoco es nueva. Antes que De la Cierva fue el ex director del Instituto de Fomento, Francisco Sardina, quien fichó por la compañía de García Meroño.

Y mientras De la Cierva une su futuro laboral al máximo propietario de Polaris World, uno de los directivos de esa compañía, Mariano Guerrero, ha anunciado que deja la constructora murciana.

Guerrero, que dirigía el hospital Virgen de la Arrixaca cuando fue fichado por Polaris, ha sido el responsable de impulsar la vertiente sanitaria y social de la compañía, además de presidir el Patronato de la Fundación Polaris World.

«Se cierra una etapa de mi vida profesional y empieza otra», apunta en su carta de despedida. Ya estudia nuevas y sugerentes ofertas del mundo sanitario.
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El PSRM espera que la Justicia llegue hasta sus últimas consecuencias en el "caso La Zerrichera"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, deseó hoy que la Justicia "trabaje y llegue hasta sus últimas consecuencias" en lo concerniente al "caso La Zerrichera", al tiempo que dejó claro que desde su partido "no se van a poner trabas, tanto en este caso como en otros, tal y como está haciendo el PP".

Saura considera que "es verdad que hay unas responsabilidades políticas que no se han asumido en esta Región y como no quisieron asumirlas, el PSRM se fue a la Justicia".

Igualmente, lamentó que "en esta Región se haya escuchado lo que ha dicho el PP sobre la Justicia, fiscales y Guardia Civil", porque, reprobó, "no tiene parangón en la democracia española y en la del mundo desarrollado".

"Han dicho que la Guardia Civil no tenía que hacer su trabajo, incluso se ha ido contra lo que la Guardia Civil estaba haciendo, y que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, estaba politizado, al igual que los jueces", criticó Saura, quien afirmó que "no tienen altura en la Región los del PP".

Al respecto, recordó que "aquí se llamaba desde el Gobierno regional para decirle a los altos cargos del PP en la Región que la Guardia Civil los estaba investigando", ante lo que, insistió, "nosotros no le vamos a poner ninguna traba al trabajo de la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".- (Agencias)

El PP dice estar tranquilo ante una eventual moción de censura al imputado alcalde de Águilas


ÁGUILAS.- La portavoz del equipo de Gobierno del PP en el ayuntamiento de Águilas, Caty Lorenzo, asegura que su grupo está muy tranquilo ante la posibilidad de que PSOE, MASd e IU+LV presenten una moción de censura contra el alcalde, Juan Ramírez, para desalojarle del gobierno municipal.

Lorenzo informó de que "a día de hoy no se ha registrado en el Ayuntamiento ninguna moción de censura por parte de los grupos de la oposición" y aseguró que las únicas noticias que tiene le vienen por "La Opinión", que el sábado adelantó que los tres partidos habían alcanzado un acuerdo de gobierno para desbancar al PP.

La edil se mostró "sorprendida" de que la oposición "no haya dejado ni los cien días de cortesía para ponerse a negociar una moción de censura" y manifestó también su extrañeza "porque dos partidos contrapuestos en su ideología y sus relaciones personales, como el PSOE y el MASd, puedan plantearse gobernar juntos".

"El MASd nace tras la expulsión del ex secretario general del PSOE, Pedro Gil, de las filas del partido. Gil ha defendido una política urbanística contraria a la que quería el PSOE. Por ejemplo, el MASd es partidario del proyecto de Marina de Cope mientras que PSOE e IU, no", manifestó la portavoz municipal.

Caty Lorenzo recordó que Ramón Román, portavoz del PSOE, y Pedro Gil, líder del MASd, mantienen una disputa judicial tras la querella presentada por el responsable socialista, que acusa a su antiguo compañero de partido de haberle sobornado para que votara a favor de la recalificación de La Zerrichera.

Por parte del PP, la concejala aseguró que "a la espera de noticias, seguiremos trabajando para cumplir los compromisos adquiridos con los aguileños".

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Bruselas prohíbe a España y otros cuatro países pescar atún rojo en lo que resta de 2007

BRUSELAS.- La Comisión Europea decretó hoy el cierre de la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo para lo que resta de 2007, al haberse agotado la cuota anual de 16.779,5 toneladas que tenía asignada la Unión Europea este año.

Los países más afectados serán España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. Italia y Francia, que también pescan atún rojo, habían cerrado el caladero en julio y agosto, respectivamente. La Comisión Europea se ha visto obligada a adoptar la medida a la luz de los datos sobre capturas enviados por los Estados miembros.

Bruselas asegura también haber constatado deficiencias en las declaraciones de capturas, un requisito necesario para poder supervisar en tiempo real el grado de uso de la cuota comunitaria, por lo que tiene previsto adoptar próximamente medidas para subsanar estas deficiencias y acciones de cara a la campaña de 2008 para evitar los problemas vividos este año.

El comisario de Pesca, Joe Borg, dijo que "es evidente que existen problemas tanto de sobrepesca de una población que ya se encuentra amenazada como de equidad entre los Estados miembros afectados", y que la Comisión, "como es su deber, hará todo lo posible para abordar con carácter urgente este asunto".

En este momento los siete Estados miembros de la UE que explotan la pesquería del atún rojo son España, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal y durante la reunión celebrada en Tokio en el pasado mes de enero, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) asignó a la UE una cuota de 16.779,5 toneladas, que se repartió entre los Estados miembros interesados con arreglo a una clave de reparto previamente acordada. A España le fueron asignadas 5.568,21 toneladas, la más alta de los siete países comunitarios que pescan atún rojo.

Las autoridades italianas decidieron cerrar la pesquería el pasado 24 de julio y las francesas el 27 de agosto por lo que los países que se verán afectados por la prohibición de pescar atún rojo sin haber capturado su cuota se verán compensados en años posteriores. La normativa comunitaria prevé también un mecanismo para reducir la sobrepesca de determinados Estados miembros.

En relación con la cuota global de la UE, el Plan de recuperación de la CICAA contempla un mecanismo de restitución para quienes realicen sobrepesca.

El Comité de Aplicación de la CICAA se reunirá en noviembre para determinar las cifras definitivas de capturas de todas las partes correspondientes a la campaña de 2007. Cuando la CICAA adopte una decisión sobre las medidas que deben tomarse, la Comisión presentará a comienzos de 2008 su propia propuesta sobre restitución y la compensación dentro de la UE.

Además, Bruselas intentará garantizar que todo Estado miembro que se vea penalizado por este cierre anticipado de la pesquería en 2007 quede compensado cuando se concedan futuras posibilidades de pesca.

Para garantizar que el Plan de recuperación se aplica "plena y efectivamente" por todos los Estados miembros de la UE afectados resulta esencial evitar la sobrepesca, sostiene el Ejecutivo comunitario, quien asegura que ello exigirá disponer de datos reales de capturas "más fiables" y "en el momento adecuado".

Además de adoptar el Reglamento para que el Plan de recuperación de la CICAA quede definitivamente incorporado a la normativa comunitaria, Bruselas examinará medidas que permitan garantizar que los Estados miembros respetan los requisitos contemplados en el Plan sobre la "declaración en tiempo real" de capturas por periodos de cinco días que deben completar los capitanes de todos los buques pesqueros.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario mantendrá y ampliará las visitas sorpresa de sus propios inspectores a los puertos de desembarque y a las granjas y pondrá mayor empeño en mejorar el intercambio de información entre los responsables de la pesca, tanto a nivel de los Estados miembros como con otras partes de la CICAA, especialmente en la transferencia de atunes a jaulas de engorde.

El sistema de inspección conjunta internacional en el mar de la CICAA también tendrá un atención prioritaria y de igual modo se instará a los países importadores, y en particular a Japón, a rechazar las importaciones que no se ajusten plenamente a las disposiciones de la CICAA.

La población oriental de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo ha sido objeto de sobrepesca durante muchos años y los científicos han advertido repetidamente de que corre peligro si no se interviene para reducir drásticamente el nivel de actividad pesquera. Se estima que una de las principales causas del declive de la población es, en particular, el elevado índice de sobrepesca no declarada.

El atún rojo es una especie altamente migratoria y, por esta razón, la gestión de la pesquería se realiza en el marco de la CICAA. La UE es un destacado miembro de este organismo y, en la reunión anual que celebró la CICAA en Dubrovnik en noviembre del pasado año, desempeñó un papel decisivo en la adopción de un nuevo Plan de recuperación a 15 años de la población oriental de atún rojo.

Uno de los principales logros de este Plan fue el establecimiento de un nuevo sistema, "riguroso y global", de control y ejecución cuya finalidad es combatir la sobrepesca, que, por definición, es una actividad ilegal.

La Comisión Europea concede una gran importancia a su aplicación y, en particular, al régimen de control, y hace un llamamiento a los Estados miembros para que cooperen mutuamente, así como con otros miembros de la CICAA y con la Comisión, para evitar la sobrepesca, que constituye una amenaza para la supervivencia de una de las más antiguas y ricas pesquerías de Europa.- (Agencias)

Alvarado deberá presentarse cada mes en el juzgado ante el riesgo de fuga

MURCIA.- El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ha emitido un auto por el que acuerda como medida cautelar, y ante el riesgo de fuga, contra el ex-director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que éste "se presente el primer día de cada mes en el juzgado", según ha confirmado hoy el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal.

López Bernal ha precisado que esta medida cautelar la solicitó él mismo y Alcázar la acordó. El motivo responde, según el fiscal jefe, a que "es la medida más ligera y menos gravosa de control de asistencia que hay al llamamiento judicial".

Precisa también que no se han tomado otro tipo de medidas cautelares, pero sí que los tres funcionarios autonómicos que declararon ayer ante el juez "quedaron en libertad con cargos; es decir, sujetos al procedimiento y, por tanto, continúan como imputados".

Se da, además, la circunstancia de que Alvarado, ahora pendiente de suerte judicial, iba a ser nombrado, pese al riesgo objetivo de inhabilitación como funcionario público, nuevo gerente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, con un sueldo de 6.000 euros mensuales, por recomendación personal y directa del propio presidente Valcárcel.

Pero la resistencia del alcalde lorquino, Francisco Jódar, del PP, que es quien posee la facultad última de su nombramiento, lo evitó antes del pasado verano aunque el Presidente le pidió entonces que lo hiciese con Alfonso Guerrero Zamora, otro alto funcionario imputado en el mismo procedimiento, aunque el alcalde sigue sin hacer caso a San Esteban en espera de que avance la Justicia.

Que se sepa, el funcionario imputado y ahora sometido a control judicial, Alvarado, no tiene ni ha tenido nunca la más mínima vinculación lorquina y tampoco ha estado casado, con la también imputada, Encarna Muñoz, hoy vinculada sentimentalmente a otro alto cargo de la Consejería de Economía, divorciado y padre de dos hijos varones.

martes, 18 de septiembre de 2007

PP y PSOE le dan la vuelta al PGMO para limitar las macrourbanizaciones en el término de Alhama

ALHAMA.- El nuevo equipo de Gobierno del ayuntamiento de Alhama, formado por PP y PSOE, ha realizado una serie de modificaciones al Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) -aprobado provisionalmente a principios de año- con el objetivo de limitar las macrourbanizaciones previstas y aumentar la superficie de terreno protegido.

En la propuesta inicial, el PGMO establecía un 56,52% del término municipal como zona protegida, entre lo estipulado por la Comunidad y lo propuesto por el Ayuntamiento. Con las nuevas modificaciones, se pretende aumentar en más de 30.000.000 metros cuadrados las zonas protegidas, dentro de los rangos que se establecen. De este modo, Alhama se convertirá en el municipio que más terreno protegido tiene de toda la Región.

El edil de Urbanismo, José Espadas (PSOE), explica que estas modificaciones se han llevado a cabo tras los informes emitidos por la Comunidad en los que se recomendaba una mayor protección del suelo.

En relación a los desarrollos urbanísticos, el Ayuntamiento ha establecido una cláusula en la que se indica que los constructores que pretendan edificar más del 25% de la superficie de la que disponen, tendrán que contar con un plan especial de infraestructuras que sería elaborado por el Consistorio. "Esto se ha incluido para establecer un desarrollo urbanístico paulatino", insiste el socialista Espadas.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y los cambios en el PGMO no han gustado a los agricultores que poseen fincas en las inmediaciones del casco urbano. Estos terrenos agrícolas pasan de ser urbanizables a ser de uso inadecuado (sólo se permiten viviendas unifamiliares en las zonas con esta calificación).

En este sentido, el secretario general de COAG-IR, Francisco Gil, asegura que los agricultores son los más perjudicados con estos cambios. "En el momento que los propietarios quieran vender su parcela de tierra el valor no es el mismo", dice Gil.

El plazo para presentar alegaciones al nuevo PGMO está abierto hasta el 5 de octubre. Por el momento, solo se han presentado cinco alegaciones, pero según han adelantado los afectados serán muchas más.

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(En la imagen, proyecto de la urbanización "Condado de Alhama", promovida por "Polaris World")

El funcionario Alvarado declara durante más de dos horas ante el juez sobre el caso de La Zerrichera

MURCIA.- El ex director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Murcia, Antonio Alvarado, aseguró hoy que "por fin ha habido alguien que ha escuchado con oídos jurídicos y no con oídos políticos mi declaración. Ha sido un adelanto importante que el Fiscal Jefe, Manuel López Bernal, haya podido escuchar las explicaciones".

Alvarado hizo estas afirmaciones tras declarar hoy, durante más de dos horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, por presuntas irregularidades en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas). Y al observar el juez indicios de delito en el proceso de urbanización del citado terreno.

También fueron llamados por el juez la que fuera directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; y el antiguo jefe de servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Antonio Alvarado indicó que "antes de que yo estuviera en Murcia ya se aprobaron urbanizaciones en Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)". En este sentido, exigió que "el derecho sea igual en un municipio donde gobierne el PSOE y donde gobierne el PP".

"Lo que no se puede es aplicar la ley con caracter político y el Fiscal es el defensor de la legalidad en todos sitios por igual" afirmó al tiempo que dijo que "el Fiscal Jefe debería de ser el defensor de la legalidad y aquí en Murcia hay construcciones en ZEPA".

"Si estamos en un Estado de Derecho, la ley tiene que ser exactamente igual aquí que allí", dijo, para añadir que el Derecho es igual en un municipio o una comunidad autónoma del PSOE o del PP, y que no se puede aplicar la ley "con oído político".

En este sentido, dijo haber declarado ante las autoridades judiciales estar "sorprendido" de que en lugares como "Extremadura, en el embalse de Valdecañas, se pueda construir en una ZEPA y no pase nada". Y es que si "el Estado de España es un estado de derecho la ley tiene que ser igual para todos" espetó. "Allí no pasa absolutamente nada y no se se ha imputado a nadie".

Alvarado criticó que "se ha lanzado la idea interesada de que en una ZEPA no se puede construir absolutamente nada". "Quien haya dicho eso miente, porque la Unión Europea (UE) habla de que hay que tener en cuenta los valores sociales y medioambientales, además de que se tiene que hacer una adecuada evaluación de repercusiones", manifestó.

Subrayó que La Zerrichera no obtuvo la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) hasta octubre de 2006, dos años después de iniciado el proceso de recalificación de esos terrenos.

Preguntada su opinión sobre la decisión del TSJ de paralizar de forma cautelar la recalificación urbanística del proyecto, matizó que la paralización cautelar la hizo él mismo en mayo pasado "porque no cumplía la declaración de impacto ambiental de la modificación puntual del Plan General, y además -subrayó- el auto del Tribunal reproduce mi paralización".

El ex director general aseguró que en La Zerrichera "no hay ninguna urbanización aprobada, sólo una modificación puntual de uso agrícola a urbanizable" del suelo. "Aquí todavía no se ha construido nada".

Igualmente, Alvarado expresó que durante su declaración "el Fiscal sólo me ha hecho dos preguntas" ya que "prácticamente el que ha llevado el peso de la declaración ha sido el juez". Según Alvarado, las autoridades judiciales durante su intervención le preguntaron acerca de "mis competencias y por el archivo de Águilas".

En relación al delito de cohecho, uno de los cinco por los que Alvarado está imputado, expresó que "se me imputa de cohecho" y "aparte de llevarme miles de disgustos y haber trabajado doce horas al día, no me he llevado nada", puntualizó.

Además aseguró que "cuando se termine todo esto, haremos lo que tengamos que hacer, no se terminará aquí, esto tendrá largo recorrido. Ahora toca defenderse y defenderé todo lo que tenga que defender".

"Ahora voy a defender mi trabajo, mi honradez; cuando todo esto termine alguien deberá decir algo. Como funcionario público también se pueden cometer otro tipo de delitos, como prevaricación, acusaciones o denuncias falsas...", señaló.

Alvarado, que aseguró que no se le ha informado de cuál o cuáles de los cinco delitos de la querella se le imputan, afirmó que para que haya cohecho "alguien tiene que llevarse el dinero". Y "habrá que preguntar al fiscal a quién le imputa el cohecho", añadió.

Por su parte, Encarna Muñoz, que fue la primera en comparecer y lo hizo durante cerca de dos horas y media, afirmó que "estoy bastante contenta de, por fin, después de siete meses, haber tenido la oportunidad de contar cual ha sido toda la actuación de la Dirección General del Medio Natural".

Debido a ello se mostró "totalmente satisfecha de colaborar con la autoridad judicial y, de verdad, contar cual ha sido la intervención de Medio Natural en todo el proceso".

"Las actuaciones han sido varias, totalmente ajustadas a derecho, y creo que he tenido la oportunidad de aclararlo ante la autoridad judicial", agregó.


Además manifestó tener "confianza plena en la Justicia a partir de ahora porque he tenido la oportunidad de aclarar a su señoría toda la actuación de Medio Natural", por lo que espera "nos liberemos ya de juicios paralelos sobre el tema".

También argumentó que la primera vez que declaró ante la autoridad judicial, "no conocía bien los antecedentes del procedimiento, ni las denuncias que se estaban haciendo, y ahora conozco la querella, y qué es lo que se formulaba a raíz de las denuncias".

Con respecto a la paralización de La Zerrichera, consideró que "estaban plenamente ajustadas a derecho todas las actuaciones que hizo la Dirección General de Medio Natural; eso es lo que he dicho y lo mantengo".

Muñoz señaló que la decisión judicial de paralizar todo el proceso de La Zerrichera "no viene más que a confirmar una actuación del entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado. Confirma una actuación, que fue paralizar ese Plan Parcial", agregó.

Finalmente, las declaraciones del resto de imputados, el actual alcalde de Águilas, Juan Ramírez; el ex concejal del PP aguileño, José López; el ex director general de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; y el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, se tomarán el próximo jueves en el Palacio de Justicia de Murcia.- (Agencias)

Comienza la instrucción de la querella contra altos cargos imputados en el caso de La Zerrichera

MURCIA.- El titular del juzgado número Tres de Murcia, Antonio Alcázar, comenzó hoy la fase de instrucción de la querella presentada por el fiscal contra cinco altos cargos del Gobierno murciano, el alcalde de Águilas y un ex edil de esa localidad por la comisión de posibles delitos en el proceso de urbanización de La Zerrichera.

Alcázar ha citado hoy a declarar a los funcionarios Antonio Alvarado y Encarna Muñoz (en la imagen) que, en la fecha que se cita en la denuncia -entre 2004 y 2006-, eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente.

También está llamado hoy a prestar declaración Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma.

El titular del juzgado ha iniciado la fase de instrucción con la toma de declaraciones de los altos cargos de la antigua Consejería de Medio Ambiente, y el próximo jueves está prevista la de los responsables de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento de Águilas, en cuyo término municipal se ubica la finca La Zerrichera.

El grupo inmobiliario Hispania pretendía construir en ese paraje, protegido por normativa europea, una urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que presentó la querella a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación de las organizaciones Ecologistas en Acción y Anse, asiste a la toma de declaración de los imputados.- (Agencias)

El Gobierno regional no informará finalmente sobre La Zerrichera en la Asamblea

CARTAGENA.- Un consejero del Gobierno murciano iba a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, en fecha todavía por determinar, para informar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre La Zerrichera (Águilas), según fuentes parlamentarias.

Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista pidió una 'Valoración y actuaciones ante el auto de paralización de la orden por la que se aprobará la reclasificación urbanística del paraje de La Zerrichera, en Águilas.

Las solicitud de comparecencia, admitida a trámite, iba dirigida al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta, en la imagen.

En relación a La Zerrichera también fue admitida a trámite una moción para defensa en Pleno, presentada por la vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Teresa Rosique Rodríguez, sobre la 'Anulación de la orden del consejero de Obras Públicas, publicada en el BORM de 8 de marzo de 2006, que aprueba la reclasificación urbanística del paraje de La Zerrichera y la declaración de impacto ambiental'.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional aclaró más tarde que el Gobierno regional "no" informará finalmente sobre La Zerrichera en la Asamblea Regional, ya que la Junta de Portavoces, reunida hoy, así lo ha decidido.

En este sentido, según fuentes 'populares', finalmente miembros del Gobierno murciano no comparecerán ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia para informar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre La Zerrichera.

Estas fuentes indicaron que, a pesar de que ayer la Mesa de la Asamblea Regional admitió a trámite esa solicitud, la Junta de Portavoces, reunida hoy, decidió no aceptar la interpelación del PSRM-PSOE.- (Agencias)

Carrefour no comercializa desde agosto atún rojo mediterráneo para evitar el colapso de la especie


MADRID.- La cadena de hipermercados Carrefour ha anunciado a la organización de defensa marina Oceana --con quien ha mantenido reuniones informativas-- que desde el pasado 1 de agosto no comercializa atún rojo capturado en el mar Mediterráneo, con el fin de evitar el colapso de esta pesquería. Carrefour se convierte así en el primer grupo de distribución alimentaria en España en adoptar una posición precautoria dirigida a impulsar un consumo responsable en este ámbito.

En palabras del director de Oceana en Europa, Xavier Pastor, "la decisión de Carrefour demuestra que todavía estamos a tiempo de salvar al atún rojo del Mediterráneo". A su juicio, "la participación de las empresas y la sociedad civil serán clave para obligar a quienes no quieren cumplir con sus obligaciones a que lo hagan". En este sentido, animó a otros grupos comerciales a seguir el mismo camino.

Según Oceana, el atún rojo del Mediterráneo es una especie sobreexplotada que puede llegar a una situación crítica si no se adoptan medidas urgentes. Pese a las demandas formuladas por los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT) de reducir las capturas de esta especie a 15.000 toneladas al año, los países pesqueros del Atlántico y Mediterráneo, e incluso las flotas asiáticas que capturan esta especie, "han decidido otorgarse casi el doble de cuota, cerca de 29.500 toneladas", recuerda la organización.

A esto hay que sumar que algunos países mediterráneos están utilizando redes de deriva ilegales para la captura de este atún, sobrepasando los cupos de captura en los últimos años, alerta Oceana. Otros, como Libia, han decidido recientemente retirar su objeción al plan de recuperación de la especie acordado en ICCAT, pero sin reducir sus capturas.

Por su parte, la Unión Europea ha aprobado un Plan de Recuperación para el atún rojo, en el que no se hace referencia alguna a la reducción de las capturas aconsejada por el Comité Científico. Los países comunitarios pretenden capturar este año casi 17.000 toneladas; es decir, han superado la cuota aconsejada por los científicos. El resto de los países pesqueros capturarán 13.000 toneladas más.

Pese a que las cifras oficiales se sitúan alrededor de 25.000 toneladas de atún rojo capturado anualmente en el Mediterráneo en los últimos años, científicos citados por Oceana creen que el volumen real de capturas debe estar cercano a las 42.000 toneladas, lo que significa que, alrededor de un 35% de los atunes pescados en este mar no son declarados.

"Las razones que nos han llevado a tomar esta decisión --asegura por su parte el director de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour, Mariano Rodríguez, es ofrecer a los consumidores los mejores productos pero sin poner en riesgo a especies en peligro de colapso como el atún rojo del Mediterráneo".

Oceana (www.oceana.org) es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo. En ella trabaja un equipo de científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores con el fin de reducir la contaminación y prevenir el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina.

La ONG cuenta con oficinas en Madrid, Bruselas, Washington, Alaska, Los Angeles y Santiago de Chile. Además, recibe el apoyo de más de 300.000 colaboradores y ciberactivistas en 150 países.- (Agencias)

La alternativa progresista en Águilas tiene muchos enemigos / Apunte de Argárico


El eventual gobierno tripartito municipal de Águilas ha puesto de los nervios a demasiada gente mal acostumbrada a los reveses: Carlos Egea, los hermanos Valcárcel, Trinitario Casanova, Pedro García Meroño, Eusebio Abellán, Juan Bas, Sebastián Fernández, Juan Montiel… Este último casi obligó a sus trabajadores a votar a Juan Ramírez en las últimas elecciones municipales. Demasiados intereses espurios también detrás y delante de la cortina por causa de la Marina de Cope y La Zerrichera. La reacción murciana mafiosa está echando el resto antes de perderlo todo cuando ha estado casi tocándolo con la mano. Mala suerte, chicos. Otra vez ya no será.

Presiones intolerables sobre la sede socialista de Princesa desde Gran Vía, ofensiva mediática a la desesperada para tratar de confundir hasta intentar dinamitar una alternativa progresista municipal y, entretanto, reyerta dialéctica en el seno del grupo municipal del PP: la doctora Catalina Lorenzo se ve con fuerza para ser ahora la alcaldesa y capaz de negociar todavía la gobernabilidad del consistorio con los más reacios al tripartito. Lo va a intentar ya mismo porque, a final de semana o comienzos de la que viene, se pueden producir acontecimientos irreversibles para sus propósitos.

Águilas es un municipio emblemático ahora para la izquierda murciana y perfectamente puede optar a recuperarlo. En las recientes elecciones ganó por escaso margen, pero ganó pese a las maniobras y el juego sucio del todavía alcalde, imputado por jueces y fiscales por varios y presuntos graves delitos que, casi con toda seguridad, acabarán con la inhabilitación de Ramírez Soto para ejercer cargo público. Sus amigos de Madrid (en la sombra en “Isla del Fraile”) no pueden ya hacer mucho por él en los tribunales aunque así se lo hayan hecho creer ante su estado de ansiedad.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y José Blanco acaba de visitar la Región para apoyar explícitamente a Saura. Si lo de Águilas sale bien, la actual dirigente del PSOE aguileño, Mari Carmen Moreno, pudiera aspirar con posibilidades a ir en la candidatura por Murcia al Congreso de los Diputados. Y si sale mal para el PP, el “tapado” Ballesta se aprestaría a suceder pronto a Valcárcel pero sólo si logra vencer antes las ambiciones de Miguel Ángel Cámara porque este tiene el control del aparato regional del partido. El perdedor absoluto sería entonces Gómez Fayrén pese a las promesas de gente ahora en apuros y debilitada ante San Esteban y el diario “La verdad”.

Saura está apoyado por Ferraz pero ese apoyo sólo podrá conservarlo si mejora sustancialmente los resultados del pasado 27 de mayo, amplía apoyos sociales y gana representación popular el 9 de marzo como catapulta para los comicios autonómicos de 2011. Si se estanca, Zapatero buscará seguro otro líder capaz de vencer al sucesor de Valcárcel de calle. Por cierto, ¿qué hay de un supuesto pacto PP-PSOE para desarrollar con cabeza el proyecto de la Marina de Cope? ¿Por qué no saca ahora “Iberdrola” el estudio geotécnico de 1970 que apunta al frecuente alto riesgo sísmico que desaconsejó ubicar en ese paraje una central nuclear, “medallas” de ecologistas aparte? Es un argumento de peso para disuadir a potenciales compradores de casas y, ya no digo, inversores.

Con más de 100 notificaciones a la semana en la Región de Murcia de embargos preventivos por incumplimientos hipotecarios y 300.000 murcianos hipotecados para, al menos, los próximos 25 años, ¿de qué estamos hablando? Existe una sobreoferta inmobiliaria fuera de precio que desaconseja nuevos desarrollos urbanísticos por mucho tiempo. Además, en un momento de crisis de liquidez en los bancos y cajas de ahorro, ¿le va a perdonar su deuda la “Kutxa” a don Trinitario? No creo que los consejeros abertzales de la entidad estén dispuestos a que un señor de La Unión les tome el pelo y se vaya de rositas con parte de los ahorros del abnegado pueblo vasco. Va a ser que no.

El expolio en potencia de los Rabal

Una cosa buena de Juan Ramírez, que ahora trata a toda prisa de lavar su imagen sin solución de continuidad, es que no ha cedido del todo a las pretensiones de expolio de las arcas municipales por parte de la actual familia Rabal. La última de Teresita parece que fueron 25 millones por la tontada esa del “Veo, veo”, que no se justifican para nada.

Prácticamente todos ellos, ante la falta de contratos suficientes de lo suyo como para poder vivir con holgura, pretenden explotar ahora la memoria local del patriarca y pasar cobrando por todos los actos en su memoria. Lícito pero inadmisible si eso es a costa de los impuestos de todos los aguileños o de todos los murcianos. Parece un abuso, ¿no?

Pues bien, la recientemente creada “Fundación Francisco Rabal” aún no tiene sede. Valcárcel se ha ido escapando, como ha podido, del acoso de la viuda para evitar decirle que no será en Murcia y con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Al fin y al cabo, Paco era un rojo y Valcárcel es un fascista (por cierto, la extrema derecha del PP tiene cercado al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, éste hoy sin apoyo en San Esteban). Estamos hablando de un mínimo de 300.000 euros al año a repartir entre los deudos más necesitados, que son todos los Rabal. Por algo le vienen alquilando a “El Brujo”, en verano, la casa de Calabardina.

El marido de Teresa, el chileno Eduardo Rodrigo, aspira a dirigir, con buen sueldo, el nuevo Auditorio de Águilas y al control de todas las contrataciones, mientras Benito, el amigo de Fidel Castro, se conformaría con la gerencia de la Fundación, también con un sueldo sustancial. Aparte, recitales anuales de la madre y concursos infantiles de la hija en el único sitio de España al que todavía pueden acercarse con esa “cara de Damián” que se les ha puesto a todos, excepto a Liberto, también nieto de la escritora Carmen Laforet.

Tengo curiosidad por ver cómo encaran este tema mis “progres” del tripartito. Sobre todo, Miguel Carrasco, el de IU. Será su primera prueba del algodón. Y yo, atento, para ver quien caza primero a la milana generosa y desinteresada. El ojeo está a punto de comenzar.

Lo siento por el Charqueles, que se enterará de todo lejos de Águilas, y no precisamente desde el piso que se ha tenido que comprar en Suiza para poder ir por la calle con la cabeza alta. En la Glorieta ya le da la espalda hasta “la pava de la balsa”.

Qué triste es todo, gitanito mío. Entiendo tu pena y tus escarceos para llenar pronto el vacío que Juan te va a dejar... en los bolsillos. Y es que los duelos con pan son menos. Condición humana, Antonio, condición humana pero no tanto gitana.