El PSRM denuncia públicamente que el Gobierno regional no aplica "como es debido" la Ley de Dependencia

MURCIA.- La diputada regional socialista, Lola Hernández, reprochó este jueves al consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, "que siga manipulando los datos de la aplicación en la Región de la Ley de Dependencia", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   En su opinión, Bascuñana habla "arrimando el ascua a su sardina, y los números que ofrece no son verdad. Hay demasiadas personas dependientes en nuestra Comunidad Autónoma que siguen sin ser atendidas". Además, ha afirmado que la Consejería "no da servicios, la ayuda a domicilio es inexistente para las personas en situación de dependencia en esta Región".

   Asimismo, la diputada explicó que se ha destruido el empleo que se generaba en el Servicio de Ayuda a Domicilio "porque en esta Comunidad Autónoma no hay ayuda a domicilio, frente a otras comunidades autónomas que sí tienen servicios, que sí han creado empleo, que sí tienen un Sistema de Atención a la Dependencia con arreglo a la legalidad y a las necesidades de los ciudadanos".

   Y es que, según ha indicado, "Bascuñana confunde derechos ciudadanos con asistencialismo arbitrario", al tiempo que criticaba que "hay servicios que no se prestan a todas las personas que tienen grado reconocido, y el consejero va a tener que dar explicaciones de por qué no se atiende a las personas que tienen derechos reconocidos".

   "Esta Comunidad Autónoma sigue sin atender a las personas más vulnerables. Dudo mucho que esta Consejería, la que no paga a los que menos tienen, vaya a resolver en dos meses -justo antes de las elecciones- los problemas de la dependencia que no ha resuelto en más de tres años. Todo es propaganda electoralista", finalizó.

El Gobierno español lanza una nueva ley de seguridad alimentaria y nutrición

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición por el que se introducen nuevos criterios para que la población se alimente mejor y con más garantías para la salud, además de unificar la normativa dispersa que existía en España en esta materia.

"Es una ley para alimentarnos mejor, con más confianza y con mayores garantías para nuestra salud", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al primer consejo de ministros tras el descanso estival.

El texto que empieza ahora su recorrido parlamentario busca introducir mecanismos para abordar el sobrepeso y la obesidad, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad española actual.

Una de sus principales objetivos es promover una alimentación saludable, fundamentalmente en el ámbito escolar, donde se limitará el consumo de alimentos con escaso valor nutricional como bollería industria y refrescos.

En España uno de cada cuatro niños padece sobrepeso u obesidad, y esta patología se ha triplicado entre los menores en los últimos 20 años, según datos del Ministerio de Sanidad.

La obesidad representa además el 7 por ciento del gasto sanitario español.

Embarazadas denuncian el retraso en la citación de ecografías en la Arrixaca

MURCIA.- Embarazadas denuncian que el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia está retrasando en agosto la citación para realizar la ecografía de la semana 20 hasta un mes, una de la más importantes, ya que en ella se conoce si el feto tiene o no malformaciones.

Se da la circunstancia que esta ecografía se suele hacer entre la semana 20 y la 22, ya que según la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer tendrá la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 "si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".

Después de esta fecha la ley permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida" o cuando se descubra en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

Por esta razón es tan importante realizar esta ecografía entre la semana 20 y la 22, pero afectadas aseguraron que se les está retrasando esa ecografía hasta la semana 23 ó 24 de gestación.

Al respecto, la Consejería de Sanidad asegura conocer una sola reclamación al respecto, aunque preocupada por el asunto investiga las causas, porque según la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Magina Blázquez, "no tiene justificación".

A pesar de ello confirma que en el mes de agosto se rebajan "un poco" las agendas, al tiempo que aconseja a las mujeres que insistan hasta conseguir la fecha deseada "porque llevan toda la razón" y a cursar una queja por escrito en el centro, en la Consejería o del teléfono '012', ya que es la única manera que tienen de conocer estas situaciones.

No obstante, pide tranquilidad porque "no pasa nada por ir hasta la semana 23 porque ya en la doce se detecta si el feto tiene complicaciones y se da aviso al hospital". De hecho, explicó, "si se detecta la más mínima cosa en esta semana, a la mujer se la envía directamente a la Unidad Materno Fetal y allí se le repite la ecografía".

Al hilo, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Domingo Carpena, aseguró ser conscientes de estos retrasos, así como su preocupación por el tema, por lo que insta a la Consejería de Sanidad a resolverlo "lo más pronto posible".

Por otra parte, la directora general de Asistencia Sanitaria aseguró que la implantación de la Ley del Aborto va con "normalidad", aunque "al principio hubo un poco de desconcierto porque fue prematura, vino de prisa y sin toda la información necesaria".

A su juicio, "lo más importante es que la mujer contara con toda la información para tomar una decisión. Luego la mujer es libre de tomar la decisión que corresponda".

Al principio, insistió, "nos agobiaba el poder tener la máxima información a disposición de la mujer. Ahora, como el resto de comunidades y tal y como pedía la ley, tenemos todo preparado".

Concluye, que a parte del desconcierto e incertidumbre de los primeros momentos, no es consciente de ningún otro problema en la implantación de la nueva normativa.

El Poder Judicial advierte de que la Ley del Aborto debe cumplirse

MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido de que la Ley del Aborto debe cumplirse en todas las comunidades autónomas ya que ha sido aprobada por el Parlamento, que es el organismo que representa la "soberanía popular".

Bravo ha indicado, en declaraciones a los periodistas antes de impartir una conferencia sobre "Los límites informativos" en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, que una vez que una ley es aprobada y entra en vigor tiene que ser aplicada y que "a partir de ahí poco más se puede añadir".

Asimismo, ha señalado que, en su opinión, las instituciones y los responsables políticos deberían ser "congruentes" y actuar en consecuencia conforme al mandato de la Constitución.

Estas declaraciones se producen después de que Navarra y Murcia anunciaran su "rebelión" contra la nueva Ley del Aborto, mientras que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP expresaron sus reticencias.

En otro orden de cosas, y en el marco de la conferencia que imparte hoy, Bravo ha recordado que, si bien el derecho a la información es "básico" para el desarrollo del Estado de Derecho y de libertades como la de pensamiento, de expresión y de opinión, no se trata de un derecho "absoluto ni ilimitado" y exige "equilibrio y ponderación" para que no afecte a otros derechos fundamentales.

En ese sentido, ha instado a los medios de comunicación a que respeten la presunción de inocencia que, en ocasiones, se ve "muy mermada".

No todos los médicos murcianos son objetores y se niegan a practicar abortos

MURCIA.- Médicos de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia han asegurado hoy que todos los médicos que trabajan en hospitales públicos de la Región no son objetores de conciencia para la práctica de abortos, en contra de lo manifestado hace unos días por la consejería de Sanidad.

En su opinión, para decir que todos los ginecólogos que trabajan en hospitales públicos murcianos son objetores respecto a la interrupción voluntaria de embarazos (IVE) tendría que haber algún registro oficial del que fuera garante el Colegio Oficial de Médicos, lo que no existe, y en caso de declararse así no poder realizar abortos en clínicas privadas.

Además, "si un ginecólogo es objetor de conciencia tienen que serlo tanto para la práctica en la sanidad pública como privada", han subrayado.

Han dicho también que en estos últimos 25 años las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo acogiéndose a algunos de los supuestos legales lo han hecho en clínicas concertadas, excepto las que lo han hecho por indicación médica, es decir, por motivos terapéuticos, muchas de las cuales, del área de Murcia, han sido derivadas a Madrid. Este tipo de intervenciones precisan de cuidados hospitalarios que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca no se ofrecen.

Según estos médicos, en la Región de Murcia "hay hospitales públicos en los que se realizan abortos terapéuticos y, si en el Hospital Virgen de la Arrixaca no se realizan, no es por un problema de objeción de conciencia, sino por una negativa expresa de dicho hospital".

Han informado asimismo de que la cobertura que abona la consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas solo cubre la intervención pero no la sedación y si la mujer la demanda debe abonar 90 euros.

Se quejan asimismo de que a pesar de que la nueva ley data del pasado marzo, los médicos de familia, que hasta ahora son los primeros que asisten a las mujeres que quieren abortar, no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones de la consejería de Sanidad.

"Los médicos de los centros de salud no saben los trámites que hay que seguir desde el pasado lunes", día en el que la ley entró en vigor.

Sobre el contenido de la ley respecto a las jóvenes de 16 y 17 años, han comentado que la experiencia de los médicos de familia en sus consultas es que, en la mayoría de las ocasiones, las menores acuden acompañadas por sus padres o tutores y, cuando surge un conflicto, suele ser porque las menores son las que no quieren abortar, mientras que sus padres insisten en el aborto.

Han criticado asimismo que la píldora del día después no se dispense en los centros de salud y los centros de urgencias murcianos, como sucede en otras comunidades autónomas, "lo que podría evitar algún caso de aborto, facilitaría la anticoncepción postcoital y la información en métodos anticonceptivos efectivos".

Según datos de la consejería de Sanidad, en la Región de Murcia se contabilizaron 4.172 interrupciones voluntarias de embarazo en 2009, el 58 por ciento en mujeres extranjeras.

Desde 2001 la Región de Murcia está entre las cuatro comunidades autónomas españolas con mayor tasa de IVE por cada mil mujeres en edad reproductiva (de 15 a 44 años), junto a Baleares, Cataluña y Madrid, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Valcárcel considera que la nueva ley es "perversa" y "simplemente intenta dar contenido a un Ministerio"

CARAVACA DE LA CRUZ.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, consideró hoy que la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es "de una perversidad tremenda, una ley que simplemente intenta dar contenido a un ministerio que no tiene contenido: el de Igualdad".

Valcárcel hizo estas declaraciones en un acto en Barranda a preguntas de los medios, y no dudó en criticar una ley que "nadie ha pedido y que permite a niñas de 16 años, menores de edad, abortar; ya no con el consentimiento o sin él de los padres, sino que permite abortar desde el desconocimiento".

A su juicio, es "intolerable" que una niña de 16 años "que no tiene capacidad para votar, porque entiende el Gobierno de España que no hay criterio a esa edad para votar, sí pueda abortar".

Que, argumentó, "una niña de 16 años que no puede tomar una cerveza porque es menor de edad --y aclaró que le parece bien que no pueda--, pero sin embargo sí pueda abortar".

No obstante, Valcárcel reconoció ya anteriormente que Murcia acatará y aplicará "por imperativo legal y no porque estemos de acuerdo con ella" la nueva ley del aborto tras conocer el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.

Valcárcel asegura ahora que Murcia aplicará la ley del aborto tras el pronunciamiento del CGPJ

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, aseguró hoy que su Comunidad acatará y aplicará la nueva ley del aborto tras conocer el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.

"Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho en los 15 años que vengo presidiendo la Región de Murcia, acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me resultan indiferentes, otras me gustan menos, otras incluso pueden mermarme mis ingresos en un 15 por ciento. Esto no le gusta a nadie, pero se acatan", afirmó Valcárcel.

"Yo siempre acato la ley", insistió el presidente murciano. "Mi Comunidad no es ni mucho menos una comunidad que actúe en función de que le guste o no la ley", dijo en declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto con otros representantes de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas.

Valcárcel había dicho el pasado lunes que "de momento no hay razones" para acatar la nueva ley del aborto porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

El presidente murciano aclaró que cuando pronunció esas palabras "necesitaba conocer" si "hay o no hay un efecto suspensivo" por la admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley.

"Yo no aplico esta ley en tanto no se me aclare si los efectos son o no suspensivos, pero que lo aclaren las instancias judiciales, no las políticas", explicó. Una vez que el CGPJ confirmó este martes a través de su portavoz, Gabriela Bravo, que el recurso no tiene efectos suspensivos, Murcia aplicará la nueva ley.

Al ser preguntado si para él acatar la ley significa enviar a las mujeres a otras comunidades para abortar, Valcárcel aseguró que "esto no se va a hacer". "Ni mucho menos", zanjó.

En Murcia se sigue avanzando para solventar los problemas técnicos que permitan aplicar la nueva norma ya que ninguna de las cinco clínicas privadas están acreditadas para ello porque no ha existido tiempo material, pues el decreto que articula la nueva regulación se conoció el 26 de junio y la ley entró en vigor el 5 de julio, según explicó el Gobierno regional.

"Mi partido no me ha desautorizado en ningún momento. Nadie de la dirección nacional del partido me ha llamado para decirme nada absolutamente ni a favor ni en contra", aseguró el presidente murciano. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este martes al ser preguntada por la actitud de Murcia que la ley del aborto "ha entrado en vigor y es aplicable".

En todo caso, Valcárcel insistió en su rechazo a la nueva ley, especialmente por permitir a las menores abortar sin tener que informar a sus padres. "Esto nos parece demencial", señaló.

A su juicio, "no hay derecho alguno a que se prive a los familiares más directos, a los padres de esa menor de edad, por lo menos del conocimiento de que su hija va a abortar porque está embarazada".

"Parece que una niña de 16 años no tiene criterio suficiente para poder votar -probablemente sea así, no lo sé- y sin embargo se le dota de criterio para poder abortar. No tiene el más mínimo de los sentidos", insistió.

El presidente murciano atacó además la "hipocresía" del Partido Socialista por haberle criticado "rasgándose las vestiduras" cuando el PSC va a manifestarse en Cataluña porque no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que buscará "por la puerta de atrás" alguna posibilidad "para que contentemos a los socialistas catalanes con su estatuto independientemente de lo que diga el TC.

Pajín acusa al PP de convertirse en un partido de "insumisos y desertores"

GANDÍA.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha asegurado que el PP "se empeña en demostrar que se ha convertido en un partido de insumisos y desertores". El Popular, ha subrayado, es un partido "instalado en la insumisión" y "ejemplos no les faltan: la aplicación de la subida del IVA y ahora la Ley del Aborto". Así, ha dicho que igual que se aplicaría la ley a un ciudadanos que no quiere cumplirla "hay que aplicarla en el caso de las CCAA que pretenden hacer insumisión".

Pajín, que se ha expresado de esta manera en la jornada previa a la interparlamentaria de los socialistas valencianos a celebrar en Gandia, ha señalado que en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha mostrado sus "irresponsabilidades", siendo "incapaz de aplicar leyes que hoy benefician a muchos ciudadanos en otras comunidades autónomas".

En este sentido, se ha preguntado qué deben de pensar los ciudadanos cuando los 'populares' se dirigen a ellos y les dicen que "no van a cumplir las leyes aprobadas de forma democrática".

"Qué diríamos de los ciudadanos que no quisieran cumplir las leyes que se han aprobado en los parlamentos, les aplicaríamos la ley, como no puede ser de otra manera y como hay que aplicarla en el caso de las comunidades autónomas que pretenden hacer insumisión con el voto y la democracia" de los ciudadanos.

Feministas murcianas piden la dimisión de Valcárcel por sus declaraciones sobre la nueva Ley del Aborto

MURCIA.- La 'Comisión 8 de Marzo', integrada por feministas murcianas recalcitrantes, ha mostrado su "perplejidad" y "absoluto rechazo" a la posición del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ante la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Parlamento Español y pidió su dimisión por considerarlo "indigno de ocupar el puesto de representante de todos los murcianos".

De esta forma, la Comisión, en una nota de prensa, consideró "un escándalo" que en un estado democrático un presidente de una Comunidad Autónoma que forma parte de ese Estado anuncie que no acatará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), "cuando su obligación es no sólo acatarla, sino hacerla cumplir".

A su juicio, "es una conducta injustificable que merece reprobación y la petición de la retirada de Valcárcel de la vida política".

En este sentido, le recomendó al presidente autonómico que "si quiere defender el dogma católico se vaya a militar a la Iglesia", al tiempo que le recordó que es "el presidente de todos los murcianos y que está obligado por la Constitución a defender la aconfesionalidad del Estado y de todas sus instituciones".

Con esta actitud, recriminó, "las mujeres murcianas están desprotegidas con respecto a el resto de los territorios del Estado" y más aún "teniendo en cuenta que Murcia es la región española con mayor número de interrupciones de embarazo", por lo que exigió a Valcárcel que "ponga los medios para informar y formar a las jóvenes para evitar embarazos no deseados".

Desacato de Valcárcel respecto de Génova 13

MURCIA.- La Consejería de Sanidad de Murcia derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque, según un portavoz, este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.

La resistencia de Murcia, que se hizo pública ayer, continúa pese a las declaraciones de dirigentes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy ha dejado bien claro que la ley "es aplicable". "La Ley ha entrado en vigor", ha repetido una y otra vez ante la insistencia de los periodistas en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido.

La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58% de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más.

La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor ayer, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.

Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", ha afirmado.

El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar.

El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible.

También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra.

Desde el PPRM recuerdan al PSRM que "abortar no es quitarse un diente"

CARTAGENA.- El secretario del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y presidente de Nuevas Generaciones, Víctor Manuel Martínez, ha recordado a los responsables del PSOE murciano que "abortar no es quitarse un diente" en referencia a la Ley del Aborto que hoy entra en vigor.

En este sentido, el responsable del PP ha afirmado que "no parece muy razonable que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin informar a sus padres con sólo alegar que les causa un conflicto, tal y como prevé esta Ley" y en la misma línea ha señalado que "resulta ilógico que las menores tengan que pedir permiso a sus progenitores para hacerse un tatuaje, pero no para abortar".

A su juicio, la ley presenta muchas lagunas que hay que aclarar y muchas dudas sobre el modo de aplicarla y recuerda que todavía el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta Ley que "no responde a una demanda social; que se ha hecho sin consenso, con prisas y de forma improvisada, tal y como ya es habitual en este Gobierno", inquirió

Por último, ha recordado que el Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre esta Ley, después de haber admitido el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. En este punto, Víctor Manuel Martínez ha puntualizado que "es la ley más radical de toda Europa, porque instaura el aborto libre y gratuito y reduce a sólo tres días el periodo mínimo de reflexión de la mujer, el plazo más corto de toda la UE".

Murcia alega problemas "técnicos, formales y jurídicos" en la aplicación de la Ley del Aborto

MURCIA.- La Consejería de Sanidad y Consumo alegó hoy problemas de naturaleza "técnica, formal y jurídica" a la hora de aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo como, por ejemplo, las dificultades en cómo dar la información que sea precisa a la mujer que decide interrumpir su embarazo y el plazo para la acreditación de las clínicas concertadas que realizan el aborto.

La Consejería asumió no tener "más remedio" que aplicar la Ley, pero indicó que "no se puede aplicar en las condiciones que se dan ahora mismo". Así, estimó que la última opción es "acatarla", y reconoció barajar la posibilidad de derivar a otras comunidades autónomas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y que entren en los nuevos conceptos contemplados por la Ley, como está haciendo Navarra.

La Consejería justificó que ha tenido "apenas una semana" para desarrollar toda la documentación necesaria para aplicar la Ley. No obstante, explicó que se ha creado un comité técnico científico, tal y como estipula la nueva norma y "se ha intentado preparar la información que van a recibir las mujeres en los sobres que se les da antes de interrumpir voluntariamente el embarazo".

La Consejería alegó que la documentación necesaria para aplicar la Ley estaba formada por más de 150 folios, y criticó que, para proceder a su preparación y adaptarla a lo que pide el Ministerio "se debería haber procedido sin tanta prisa, para poder valorar bien qué información dar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente le embarazo".

En la Región de Murcia, donde se practicaron 4.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2009 -lo que supone un descenso frente a los 5.180 de 2008-, el 100 por ciento de los facultativos de ginecología se atienen a la objeción de conciencia, por lo que ningún hospital realiza abortos, y todos los casos se derivan a cinco clínicas concertadas.

Precisamente, la Consejería afirmó que ninguna de estas clínicas concertadas está acreditada todavía porque la Ley "entró en vigor ayer y no hay ninguna solicitud, como es normal, porque las clínicas deben elaborarla". La Comunidad dijo tener un plazo de cuatro meses para acreditar a estas clínicas, lo que supone "un problema" para la implantación de la Ley.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad murciana explicó que "lo deseable" sería "esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto de la aplicación de la Ley, que está recurrida".

"No sabemos si vamos a empezar a aplicar la Ley y, dentro de un tiempo, si el Tribunal la declara inconstitucional, es irreparable lo que se haya hecho hasta el momento", aseveró.

"Los pasos se están llevando a cabo y lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley, pero nos encontramos con que no podemos aplicarla", concluyó.

Saura: 'Valcárcel se ha puesto a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha española”

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, explicó que “hay 5.000 razones en la Región de Murcia para aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo”, en referencia a las cerca de 5.000 mujeres que se han tenido que someter a un aborto en el último año.

Para Saura, detrás de cada uno de esos 5.000 casos “hay un drama personal y un drama familiar”, por lo que “la Región de Murcia no puede mantenerse al margen de la Ley, no puede convertirse en una Comunidad sin Ley”.

En opinión del líder socialista, “Valcárcel, con su actitud, demuestra quién es, se pone a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha, a la cabeza de la caverna de la derecha española en estado puro”.

Pedro Saura se refirió al argumento de Valcárcel para no aplicar la Ley en la Región, cuando afirma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

“También está recurrida ante el Constitucional, desde hace muchos años, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que se aprobó en el Parlamento autonómico. Imagínense que tampoco se aplicara”.

El secretario general del PSRM calificó como “hipócrita” la actitud de Valcárcel y del PP, teniendo en cuenta que durante los ocho años de Gobierno de Aznar, no sólo no se derogó la anterior Ley del Aborto, sino que se produjeron 530.000 interrupciones voluntarias de embarazos en toda España.

Y desde el año 2002, cuando se asumieron en la Región las competencias plenas de Sanidad, hasta 2008, se han realizado más de 15.000 abortos financiados en su mayor parte con los Presupuestos del Gobierno de Valcárcel”.

“Es particularmente grave la actitud de Valcárcel cuando precisamente la Región de Murcia es la primera de España en tasa de abortos con respecto a la población, y la tercera en número neto de abortos sólo por detrás de Madrid y Baleares”, finalizó.

El consejero Bascuñana dice a las adolescentes embarazadas que 'el aborto no es la única alternativa'

MURCIA.- El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, consideró hoy que “el aborto no es la única alternativa para muchas menores. Actualmente hay otras, como la entrega voluntaria”. Y anunció que “desde el Gobierno regional estamos dispuestos a ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a las adolescentes que tengan un embarazo no deseado”.

Sobre entregas voluntarias de recién nacidos, en 2008 se registraron diez, los mismos que en 2009 y cinco en lo que va del presente año. El perfil de las menores, según indicó el consejero, es el de europeas del Este o sudamericanas.

Para ello, Bascuñana adelantó hoy que en su Consejería están en condiciones de formar ‘familias madrinas’, que se responsabilicen de la acogida de jóvenes embarazadas, ayudándolas a superar tal situación y el difícil proceso. Se trataría, según explicó, de propiciar incluso la convivencia en su hogar por si la menor no quiere permanecer en su entorno.

Apuntó el consejero que, obviamente, la situación de estas jóvenes es también responsabilidad de su departamento “y de ahí que se está trabajando para tener dispuesto para finales de verano un programa de apoyo”.

Todo ello, puntualizó, respetando la decisión de la joven madre sobre si se queda con su hijo o prefiere entregarlo a los servicios de la Administración regional. “Ella es la que marcaría el camino, nosotros nos limitaríamos a ayudarla en lo que precisara”, añadió.

El citado proyecto de formación de ‘familias madrinas’ podría estar listo en septiembre próximo. Además, concluyó Bascuñana, las jóvenes madres pueden acogerse a otros programas del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

El PSRM vigilará si Murcia pone en marcha la nueva ley del aborto

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, mostró su preocupación ante el hecho de que Valcárcel, como presidente de una comunidad autónoma, “llame a la insumisión y al incumplimiento de determinadas leyes”, como ha ocurrido hoy con la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Saura indicó que Valcárcel está actuando de manera arbitraria ya que “acata y hace cumplir sólo algunas leyes, las que le interesan y las que su gobierno elabora, pero otras no”.

Al líder de los socialistas murcianos le preocupa también que lo diga precisamente el presidente de una Región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo, como es el caso de Murcia.

“Hay un drama personal muy evidente detrás de todas esas cifras y la ley del Gobierno de España lo que pretende es dar seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados como lo avalan los últimos datos”.

El PSRM va a estar “muy atento” y realizará un “seguimiento exhaustivo” para comprobar si se está haciendo “todo lo necesario” para poner en marcha la ley que hoy ha entrado en vigor, porque “no vamos a consentir que se pisoteen los derechos de las mujeres”.

Asimismo criticó la doble moral del PP, que ahora llama a la desobediencia con una ley que no derogaron cuando ellos estuvieron gobernando.

Al tiempo que reprochó la demagogia de Valcárcel por adoptar esta postura cuando es el máximo responsable de que se desmantelara la red de Planificación Familiar que existía en la Región.

Las feministas del PSRM y los derechos de las mujeres

La secretaria de Igualdad del PSOE en la Región de Murcia, Gloria Martín, advirtió al presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, que su partido va a estar “muy atento” y realizará un “seguimiento exhaustivo” para comprobar si se está haciendo “todo lo necesario” para poner en marcha la ley de Educación Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en esta Comunidad autónoma y que hoy ha entrado en vigor.

Martín aseguró que de lo contrario, “vamos a emprender las acciones necesarias para exigir se cumpla”. Al tiempo añadió que “nadie, por muy presidente autonómico que sea, puede vulnerar la legislación vigente en nuestro país, ni pisotear los derechos que nos asisten a las mujeres”.

La secretaria de Igualdad del PSRM calificó de “golpe a la democracia” el intento de Valcárcel de boicotear una ley aprobada en las Cortes en unas votaciones “en las que el PP volvió a quedarse sólo”. En ese sentido, Martín mostró su preocupación porque el Partido Popular no crea en el Estado de Derecho.

Además, la dirigente socialista lamentó la actitud “hipócrita” del PP “que ahora pretende montar un circo con una ley que no derogaron cuando ellos estuvieron en el poder”. Martín censuró así el oportunismo y la demagogia de Valcárcel a quien preguntó “cuántos abortos podría haber evitado si no hubiera ordenado desmantelar la red de Planificación Familiar que existía en la Región”.

Por otra parte, la dirigente socialista ha mostrado el convencimiento del Partido Socialista sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha subrayado que se trata de una ley “necesaria, similar a las ya existentes en Europa y, con toda seguridad, una de las más dialogadas de los últimos lustros, porque es fruto del consenso entre expertos en la materia, las asociaciones de mujeres, el personal sanitario y todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que nuevamente se quedó sólo en el Congreso, en el Senado y en la sociedad”.

“Esta ley –concluyó- esta avalada por un comité de expertos, informada favorablemente por el Consejo de Estado y estamos seguros de que da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados como ya lo avalan los últimos datos”.

Valcárcel se rebela en público contra el ordenamiento jurídico del Estado

MADRID.- Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, ha declarado que "no hay razones para acatar la ley", en relación a la reciente legislación aprobada para el aborto en España. Hoy ha entrado en vigor la legislación al respecto (la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) pese a los recursos judiciales pendientes, presentados por el PP en el Tribunal Constitucional.

Valcárcel ha asegurado en Madrid que "no hay razones para acatar" la ley del aborto que hoy entra en vigor, puesto que, a su juicio, la norma "todavía no está en su punto final", porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la Junta Directiva Nacional del PP, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno ante la aplicación desde hoy de la Ley del Aborto, que el partido ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Por ello, el presidente murciano ha opinado que esta norma no ha llegado todavía a su "punto final", a la espera del pronunciamiento, que se espera inminente, del alto tribunal.

El presidente murciano explicó que el PP ha mantenido su "criterio" en este tema y expresó su confianza en que prospere. "Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo", aseguró Valcárcel.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado en una rueda de prensa que se trata de una ley "de prevención; de seguridad y europea".

Zapatero ha aprovechado una comparecencia de esta mañana para apuntalar su defensa a la nueva legislación sobre la interrupción del embarazo.

El pasado miércoles el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra y abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad.

La nueva Ley del Aborto que hoy entró en vigor, permitirá abortar en las primeras 14 semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación.

Denuncian la presencia de autoridades, ejército e himno en las procesiones

MADRID.- España es un Estado aconfesional pero, cada año, las procesiones de Semana Santa se realizan con la presencia de cuerpos del Ejército o de la Policía Nacional, del himno nacional y el apoyo de las autoridades políticas.

Este año no ha sido una excepción y, durante estos días, en diferentes puntos de España se ha podido ver la presencia del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional participando en actos religiosos como las procesiones de imágenes religiosas, denuncia el Observatorio de la Laicidad en un comunicado.

Los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado o del Ejército suelen participar porque, previamente, han sido nombrados "hermanos mayores" de una cofradía o hermandad católica.

Sin embargo, aunque las procesiones sean actos religiosos no oficiales, "la presencia de estos funcionarios en tales actos se hace en calidad de tales y uniformados como funcionarios del Estado", critica esta asociación.

En algunas ocasiones incluso se utiliza el himno nacional para la salida o entrada de dichas procesiones, en contra de lo establecido legalmente en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, que regula el uso del himno nacional.

Y todas estas actuaciones suelen acompañarse de la presencia de distintas autoridades, especialmente locales en tales actos, alcaldes y corporaciones municipales.

El Observatorio de la Laicidad recuerda que toda estas acciones vulneran el principio de neutralidad del Estado y ponen en evidencia una confusión entre el Estado y una creencia particular, en detrimento de otras creencias o convicciones.

"Las personas a título personal pueden y tienen derecho a manifestar sus convicciones sean religiosas o no, pero los funcionarios, las instituciones y las autoridades no pueden, en cuanto tales, apoyar con su presencia una opción particular, sin atentar a la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad ante las distintas opciones de conciencia que pueda tener la ciudadanía".

Sin embargo, con estas actuaciones, "el Estado parece apostar y privilegiar una determinada opción religiosa, olvidando que es la organización política de toda la ciudadanía", dice el Observatorio.

Para esta asociación, esta situación, además de recordar a actitudes medievales y nacionalcatólicas, pueden confundir a la ciudadanía que, además, sufraga con sus impuestos la presencia de fuertes contingentes del Ejército en estos actos.

Por todo ello, el Observatorio pide que se elimine la participación de los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que éstos no acepten y anulen los nombramientos religiosos como "hermanos mayores" o similares, que se impida el uso del himno nacional en las procesiones y que se regule la presencia de las autoridades y funcionarios que participan en estos actos de manera oficial.

El Ayuntamiento de Murcia criminaliza el uso de la bicicleta en el municipio

MURCIA.- En un comunicado de prensa, varias organizaciones de la sociedad civil murciana (Ecologistas en Acción, Foro Ciudadano de la Región de Murcia, Oficina Verde de la UMU, WWF-Murcia, Eurobacteria, Mujeres de la tierra de Murcia y Earth Plan Association) acusan al Ayuntamiento de Murcia de criminalizar el uso de la bicicleta en todo el municipio de la capital regional.

"La abusiva e irracional ordenanza propuesta por el Ayuntamiento de Murcia sobre el uso de la bicicleta en el municipio, supone un importante paso atrás en la ya de por sí poco ambiciosa y apolillada política de movilidad del consistorio.

La norma habla de fomentar el uso de la bicicleta en el municipio, pero lo cierto es que el cumplimiento estricto de su articulado haría prácticamente inviable el uso de la bici como medio de transporte alternativo.

La ordenanza denota que quien la ha redactado no ha circulado por el municipio en bici como forma de transporte para ir al trabajo, al centro escolar, a instituciones públicas, a centros de ocio, a parques y jardines, a bibliotecas… Ni ha sufrido los problemas de inseguridad en su uso.

Es vergonzosa la actitud del Ayuntamiento, que una vez más carga las tintas contra los usuarios más desfavorecidos. La verdadera lacra para la calidad de vida de los peatones y del resto de ciudadanos del municipio son los coches y motos, a los que Miguel Ángel Cámara da un trato de favor a pesar de ser una fuente inagotable de problemas urbanos, y de estar detrás de miles de muertes anuales en este país.

Una vez más, el Alcalde Miguel Ángel Cámara ha puesto sobre la mesa su verdadero compromiso con el medio ambiente y con los ciudadanos del municipio, a través del anuncio de una irracional y abusiva Ordenanza de uso de la bicicleta en Murcia, presentada por la Concejal de Seguridad y Circulación, Nuria Fuentes, y la de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá la semana pasada.

El alcalde vuelve a insistir en políticas de carácter autoritario y sancionador. La redacción de esta norma parece centrada en un afán recaudatorio y restrictivo, más que en el deseable afán regulador y sobre todo conciliador.

Además denota un absoluto desconocimiento del uso de la bicicleta en general y de la problemática del uso de la misma en las calles y espacios de este municipio en particular. Supone un desprecio a cientos de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente que utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano habitual, y a aquellos que no lo pueden hacer por la falta de seguridad.

Además, buena parte de los usuarios de la bicicleta no disponen de otro medio de transporte, ni de recursos para utilizar el desastroso, ineficaz y carísimo transporte público del municipio, el cual por cierto requiere de una reestructuración y revisión de tarifas urgente.

Mientras, en los nuevos viales construidos o en construcción no existen carriles bici, y casi ni aceras.

Por no hablar de la mala implantación de carriles bici y vías compartidas que se está llevando a cabo en el municipio, olvidando zonas prioritarias como los polígonos industriales, los campus universitarios, centros educativos, etc.

También habría que revisar la ubicación de muchos de los aparca bicis instalados en el municipio, no se usan por excesiva e innecesaria distancia a los lugares de afluencia, por ocupación por motos, por estar excesivamente escondidos…

Una ordenanza abusiva, mal concebida y con limitaciones a la participación pública

Primero llama la atención el insuficiente período de 10 días para la presentación de alegaciones a un texto abusivo redactado de manera unilateral con muy poco acierto. Estas prisas innecesarias sólo sirven para limitar la participación pública, cuando esta norma debería buscar el máximo consenso social para ser eficaz.

Muchos colectivos sociales ya se han manifestado en contra de la norma y han presentado alegaciones al citado texto.

El propio contenido de la norma se extralimita estableciendo obligaciones, prohibiciones y sanciones muy por encima de las normas de Seguridad y Circulación Vial vigentes, y posee varios puntos de ambigüedad o autocontradicción.

En la práctica, su aplicación supondría poco menos que criminalizar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el casco urbano, algo insólito en un Ayuntamiento europeo del siglo XXI, en plena lucha contra el calentamiento global y contra la contaminación del aire. Más aún si se tiene en cuenta que contradice la abundante “propaganda verde” del consistorio.

La movilidad urbana y su problemática

En el municipio de Murcia el vehículo que predomina es el coche, y generalmente ocupado por una sola persona.

La contaminación del aire en las ciudades es principalmente fruto de los vehículos a motor. Cada año 16.000 españoles mueren prematuramente debido a la contaminación del aire que respiramos (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

La contaminación del aire afecta a la salud de todos los ciudadanos, pero especialmente a los más sensibles (niños, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos de asma, bronquitis, enfermedades cardiovasculares…). En términos económicos, la contaminación del aire provoca un gasto sanitario de 16.839 millones de euros anuales al estado español. Todo esto sin contar con los múltiples problemas de salud que produce el ruido en las ciudades, provocado principalmente por el tráfico motorizado y las obras.

A esa enorme e intolerable cifra de muertes indirectas relacionadas con el tráfico, hay que sumar las miles de muertes causadas directamente por accidentes de tráfico: En 2008 se produjeron un total de 93.161 accidentes con víctimas, dejando un total de 3.100 muertos, 16.488 heridos graves y 114.459 heridos leves. Más de la mitad de estos accidentes se producen en zona urbana. Además son los accidentes que menos han reducido el número de víctimas mortales en el periodo 2003-2008 (en carretera un 45%, mientras en zona urbana sólo un 31%).

(Ver datos de la Dirección General de Tráfico al final de la nota de prensa).

En casco urbano los peatones son los más perjudicados en un accidente, suponiendo el 42% de los fallecidos. Los grupos de mayor riesgo son de los 15 a los 24 años (20’5%) y los mayores de 75 años (18’3%).

También es muy significativo que los accidentes de tráfico en zona urbana, al contrario de lo que ocurre en carretera, se concentran en los días laborables. La mayoría de desplazamientos urbanos son para ir al trabajo, a instituciones públicas, centros de salud, centros deportivos, centros de estudio, centros comerciales y lugares de ocio...

El coche privado es el que produce la mayor parte de las víctimas entre los peatones, siendo más graves las lesiones provocadas por los coches “todoterreno”, aumentando la probabilidad de muerte. También son los más contaminantes.

Curiosamente en los últimos años este tipo de vehículos ha experimentado un crecimiento exponencial en el municipio.

Al contrario de lo que intencionadamente se quiere hacer creer, la bicicleta supone un riesgo insignificante para el peatón respecto a los vehículos a motor, tanto en número como en gravedad de los accidentes. En cambio el beneficio que supone para el conjunto de la sociedad es evidente.

Por eso, el Ayuntamiento debe trabajar para reducir la necesidad del uso del coche y moto para la vida cotidiana de los habitantes del municipio, potenciando el transporte público, la bicicleta y las zonas peatonales. Esto supondría la reducción de la mortalidad directa e indirecta del tráfico, la contaminación del aire y el ruido, el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, y del espacio público para peatones, además de un menor gasto en sanidad y en infraestructuras, dejando más presupuesto para otras necesidades sociales que actualmente no están bien cubiertas.

Las organizaciones firmantes exigen:

· Que se refleje en la ordenanza la multitud de correcciones que se han enviado por parte de diferentes colectivos a través de las alegaciones presentadas, y se elimine de su articulado las obligaciones y prohibiciones abusivas denunciadas.

· Que el texto que surja después de esta primera tanda de alegaciones por parte de colectivos, sea expuesto a información pública por espacio mínimo de un mes, para permitir la participación de todos los ciudadanos, incentivándose la misma con una difusión adecuada.

· Que la ordenanza que se proponga definitivamente esté concebida para incentivar el uso de la bici, compatibilizando el uso compartido de las aceras con el peatón, y con un carácter correctivo, pero no abusivo, de las sanciones para aquellos que muestren actitudes incívicas o de riesgo.

· Que en la persecución de las actitudes incívicas de todo tipo de usuarios, se haga especial hincapié en los que más problemas provocan a la comunidad: los coches y motos. Fomentando siempre el respeto entre todos los tipos de usuarios de la vía pública.

· La urgente reestructuración del transporte público del municipio y la revisión de las elevadas tarifas actuales, fomentando la intermodalidad.

· La inversión en campañas de concienciación al ciudadano para incentivar el transporte público y los transportes no motorizados como la bici, patines, a pie, etc.

· Inversión en campañas de educación vial para todos los usuarios (peatones, ciclistas, motoristas, automovilistas…), fomentando el respeto entre los distintos tipos de usuarios, y priorizando los derechos de los más desfavorecidos: los peatones.

Anexo

Datos de la Dirección General de Tráfico:

En 2008 se han registrado en total 93.161 accidentes con víctimas, sumando los accidentes en carretera más los ocurridos en zona urbana. Estos han dejado un total de 3.100 muertos por accidentes de tráfico, 16.488 heridos graves y 114.459 heridos leves:

Distribución de los accidentes de tráfico con víctimas según localización. Carretera y zona urbana Año 2008
	Sólo Carretera	% Respecto Total	Sólo Zona urbana	% Respecto Total	Total
Accidentes con víctimas	43.831	47,0 %	49.330	53,0 %	93.161
Fallecidos	2.466	79,5 %	634	20,5 %	3.100
Heridos totales	67.299	51,4 %	63.648	48,6 %	130.947
Heridos Graves	11.077	67,2 %	5.411	32,8 %	16.488
Heridos Leves	56.222	49,1 %	58.237	50,9 %	114.459
Fallecidos por cien accidentes	5,6	-	1,3	-	3,3
Fallecidos por millón de población	-	-	-	-	68
Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Cómputo de muertos a 30 días.

Los accidentes de tráfico con víctimas en zona urbana representaron en el año 2008 el 53% del total de accidentes de tráfico con víctimas.

En zona urbana se ha reducido menos el número de accidentes en el periodo 2003-2008:

· En carretera el descenso de víctimas mortales ha sido del 45%.

· En zona urbana el descenso de víctimas mortales ha sido del 31%.

El grupo de 15 a 24 años es el más afectado, ya que supone el 20,5% de las víctimas mortales en zona urbana.

El siguiente grupo de edad que más fallecidos ha registrado en 2008 es el de las personas de 75 años y más, que han representado el 18,3%

Los peatones son los más perjudicados por los accidentes de tráfico con víctimas en zona urbana si se considera el porcentaje de fallecidos, ya que supera el 42%

Los accidentes de tráfico en zona urbana, al contrario de lo que ocurre en carretera, se concentran en los días laborables, entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, mayoritariamente. Las horas punta, por lo que a los accidentes se refiere, son las 14 y las 19 horas. Sin embargo, en cuanto a la gravedad, es durante el sábado y el domingo cuando el índice es mayor.

La Ley de Protección Ambiental Integrada entra hoy en vigor

MURCIA.- Hoy entró en vigor la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que actualiza los mecanismos legales de control de actividades, planes y proyectos con incidencia en el medio ambiente y deroga la Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, aprobada en 1995.

Según informó la Comunidad en nota de prensa, en la nueva ley regional se desarrollan y ensamblan todos los dispositivos de protección frente a la contaminación, como directrices, planes, autorizaciones o evaluación ambiental de planes y proyectos, entre otros, que provienen en su mayoría de directivas europeas y que fueron incorporados al ordenamiento estatal de manera dispersa mediante normas básicas.

Desde que fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado 22 de mayo, la Consejería viene trabajando con distintos sectores empresariales, organismos e instituciones. El próximo 22 de enero se darán a conocer las conclusiones de las diferentes jornadas que se celebraron, así como el plan de acción conjunto que se desarrollará a lo largo de 2010 para que la aplicación de la ley sea aporte los beneficios esperados.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, destacó que "el hecho de que la nueva norma reduzca de manera importante el número de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental supondrá un beneficio indudable para el desarrollo económico de la Región, sin menoscabo de la protección ambiental".

Señaló asimismo que permitirá apoyar a las administraciones locales que disponen de menos recursos, valorar y unificar criterios y fomentar la acción común en campañas y proyectos ambientales. En este sentido, resaltó que "aunar recursos humanos, técnicos y económicos ahorrará costes tanto a las administraciones como a los sectores de actividad".

El nuevo texto ofrece un modelo de gestión integrada de autorizaciones ambientales para coordinar y sistematizar todos los permisos ambientales con un sistema de ventanilla única, lo que posibilita también la reducción de los plazos de tramitación.

La gestión integrada permite asimismo encontrar soluciones globales a la contaminación producida por las industrias y evitar que ésta se traslade de un foco a otro dentro de una misma industria, para lo que se adoptará la solución más respetuosa con el ambiente.

La nueva norma satisface además la demanda de clarificar muchas de las ambigüedades generadas por las leyes estatales, susceptibles de redacciones abiertas, con lo que ofrece una mayor seguridad jurídica y certeza de las normas aplicables a todos los operadores afectados: empresarios, consultores y proyectistas, vecinos, asociaciones ecologistas y administraciones implicadas.

Para ello, la ley regula los procedimientos necesarios y permite que cualquier persona relacionada con la Administración sepa cómo, cuándo y dónde hacerlo. Los 160 artículos del texto le permiten actuar como una verdadera guía ambiental.

Para conseguir su objetivo integrador, la citada ley distingue dos grandes categorías de actividades: las sujetas a autorización ambiental autonómica y las sujetas únicamente a licencia de actividad.

Una novedad en este ámbito es el incremento de las conocidas como actividades inocuas o exentas, aquéllas de escasa o nula incidencia ambiental, como una oficina o una mercería, para las que la tramitación de licencia se agiliza al máximo.

Los nuevos anexos de actividades exentas y sometidas a evaluación ambiental ya entraron en vigor cuando se publicó esta norma en el Boletín Oficial de la Región.

El Gobierno aprueba la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterio para su aplicación, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).