MURCIA.- Médicos de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia han asegurado hoy que todos los médicos que trabajan en hospitales públicos de la Región no son objetores de conciencia para la práctica de abortos, en contra de lo manifestado hace unos días por la consejería de Sanidad.
En su opinión, para decir que todos los ginecólogos que trabajan en hospitales públicos murcianos son objetores respecto a la interrupción voluntaria de embarazos (IVE) tendría que haber algún registro oficial del que fuera garante el Colegio Oficial de Médicos, lo que no existe, y en caso de declararse así no poder realizar abortos en clínicas privadas.
Además, "si un ginecólogo es objetor de conciencia tienen que serlo tanto para la práctica en la sanidad pública como privada", han subrayado.
Han dicho también que en estos últimos 25 años las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo acogiéndose a algunos de los supuestos legales lo han hecho en clínicas concertadas, excepto las que lo han hecho por indicación médica, es decir, por motivos terapéuticos, muchas de las cuales, del área de Murcia, han sido derivadas a Madrid. Este tipo de intervenciones precisan de cuidados hospitalarios que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca no se ofrecen.
Según estos médicos, en la Región de Murcia "hay hospitales públicos en los que se realizan abortos terapéuticos y, si en el Hospital Virgen de la Arrixaca no se realizan, no es por un problema de objeción de conciencia, sino por una negativa expresa de dicho hospital".
Han informado asimismo de que la cobertura que abona la consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas solo cubre la intervención pero no la sedación y si la mujer la demanda debe abonar 90 euros.
Se quejan asimismo de que a pesar de que la nueva ley data del pasado marzo, los médicos de familia, que hasta ahora son los primeros que asisten a las mujeres que quieren abortar, no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones de la consejería de Sanidad.
"Los médicos de los centros de salud no saben los trámites que hay que seguir desde el pasado lunes", día en el que la ley entró en vigor.
Sobre el contenido de la ley respecto a las jóvenes de 16 y 17 años, han comentado que la experiencia de los médicos de familia en sus consultas es que, en la mayoría de las ocasiones, las menores acuden acompañadas por sus padres o tutores y, cuando surge un conflicto, suele ser porque las menores son las que no quieren abortar, mientras que sus padres insisten en el aborto.
Han criticado asimismo que la píldora del día después no se dispense en los centros de salud y los centros de urgencias murcianos, como sucede en otras comunidades autónomas, "lo que podría evitar algún caso de aborto, facilitaría la anticoncepción postcoital y la información en métodos anticonceptivos efectivos".
Según datos de la consejería de Sanidad, en la Región de Murcia se contabilizaron 4.172 interrupciones voluntarias de embarazo en 2009, el 58 por ciento en mujeres extranjeras.
Desde 2001 la Región de Murcia está entre las cuatro comunidades autónomas españolas con mayor tasa de IVE por cada mil mujeres en edad reproductiva (de 15 a 44 años), junto a Baleares, Cataluña y Madrid, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad y Política Social.
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