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viernes, 21 de febrero de 2020

Hacienda apuesta por «armonizar» los tributos cedidos por el Estado y vincula esta propuesta a la financiación autonómica

SEVILLA.- La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, anunció en el Congreso de los Diputados que presentará «una propuesta de armonización de impuestos cedidos para que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades», principalmente el impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, recoge Abc


Esta medida, que vincula a la reforma de la financiación autonómica, representa un ataque encubierto a la rebaja fiscal aprobada en el mes de mayo por el Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía.
El decreto ley convalidado en el Parlamento andaluz, que respondía a un compromiso electoral, contemplaba la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en un 99 por ciento para cónyuges, hijos, nietos y padres; la reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF entre medio y tres puntos porcentuales para equiparar la cuota autonómica a la estatal, y la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y el de actos jurídicos documentados.
La idea de armonizar impuestos entre distintas comunidades ha sido una demanda recurrente de Montero al anterior Gobierno de Mariano Rajoy cuando era consejera andaluza de Hacienda. La ministra siempre ha sido partidaria de establecer márgenes para evitar que las comunidades compitan entre ellas por resultar más atractivas fiscalmente.
La campaña de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones —que reunió más de 150.000 firmas para tumbarlo—, agitada en las redes sociales, y la presión de Ciudadanos obligaron al anterior Ejecutivo socialista a ceder. 
Para contentar al partido naranja y sacar adelante los presupuestos, elevó a un millón de euros el tope exento de pagar el tributo desde enero de 2018. Con la llegada del PP y Cs al Gobierno andaluz en enero de 2019, se mantiene esa reducción ampliando la bonificación del 99 por ciento para todos los familiares directos, independientemente de la herencia que reciban.
La rebaja aplicada por el nuevo Ejecutivo autonómico también afecta a las donaciones. A modo de ejemplo, si un padre decide donarle a su hijo 8.000 euros, hasta ahora abonaba a la Agencia Tributaria de Andalucía el 8,5 por ciento (680 euros). Con la entrada en vigor de la reforma, sólo pagarán 6,8 euros.
Dentro de su ofensiva contra los que reclamaban bajar el tributo, la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó un simulador «online» con el fin de que los ciudadanos pudieran conocer con antelación el hipotético importe de la liquidación al que tendrían que hacer frente en el caso de heredar de parientes directos con el objetivo de «derribar falsos mitos». 
A pesar de que siempre defendió que el impuesto sólo lo pagaban los ricos, cediendo a la presión de Ciudadanos, acabó eximiendo del pago a los familiares directos que heredasen menos de un millón de euros.
Para acallar la presión social generada en 2017 para que bajara el tributo que grava las herencias en Andalucía, cuando era consejera planteó limitar el margen normativo de las comunidades para diseñar este impuesto y aplicar una ensalada de bonificaciones diferentes. 
La hoy diputada socialista por Sevilla defendió que este y otros impuestos sirven para «redistribuir la riqueza» porque «los que más tienen que pagar más». Desde la Junta retó al Gobierno de Mariano Rajoy a eliminar este impuesto estatal a cambio de compensar a la comunidad por los casi 400 millones que dejaría de ingresar. 

Hacienda liquidará los 'oasis fiscales' del PP en Patrimonio y Sucesiones

MADRID.- El PSOE se dispone a cumplir unos de sus principales compromisos tributarios de la última campaña electoral, uno que comparte con Unidas Podemos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha anunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica abordará y ejecutará la armonización impositiva de las regiones. Es decir, que pondrá fin a los oasis fiscales del Partido Popular igualando los impuestos de las comunidades y poniendo fin a la competencia entre territorios a base de impuestos, razona El Español.

Montero ha explicado, consultada por la prensa, que esta homogeneización tributaria se ejercerá particularmente a través de los impuestos de gestión autonómica, haciendo especial hincapié en las figuras de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio.
Esta decisión está avalada, según la Ministra, por informes técnicos elaborados por el grupo de trabajo que para tal fin se formó en 2017 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuya labor ya ha terminado.
Por lo pronto, en los planes de Hacienda no está igualar fiscalmente los tramos de IRPF cuyo control queda en manos de las regiones. Montero solo se planteará esta cuestión si las propias comunidades autónomas lo acaban pidiendo. 
Es razonable y conveniente una armonización fiscal al igual que ocurre en la UE”, ha indicado la ministra en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, quien ha informado de que esta acción se debe al ‘dumping’ que ejercen otras autonomías, señalando, sin decirlo de manera directa, a las que tienen color ‘popular’.
Ciertamente, la política fiscal del eje PP-Cs-Vox choca con la del nuevo gobierno de coalición. Mientras que los segundos apuestan por igualar los impuestos de las diferentes regiones para mejorar la cuota de ingresos y no generar competitividad fiscal, las formaciones de derechas apuestan firmemente por ejecutar importantes bajadas fiscales. Así lo ha hecho Madrid en los últimos 15 años y así lo está haciendo Andalucía desde que Juan Manuel Moreno es presidente de la Junta.
Estas regiones, particularmente la que preside Isabel Díaz-Ayuso, han llevado a cabo importantes bajadas de los impuestos de Donaciones y Sucesiones, así como los de Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales.
Por su parte, de una manera más modesta, Galicia y la Región de Murcia también lo han hecho. Sin embargo, el caso de la comunidad mediterránea indigna especialmente a Montero: “Baja la fiscalidad y quiere que el resto de las autonomías le compensen por lo que ella no ingresa. Esta es la situación de Murcia. Y esto no es razonable”, ha argumentado la ministra sobre este territorio, que además es la segunda región con más déficit del país.
Sin embargo, también ha hecho hincapié en el caso de Madrid, una comunidad que para la responsable de Hacienda ha generado “un problema de competencia desleal. Puede bajar impuestos porque es la capital de España y cuenta con la fiscalidad de las empresas” que tienen sede en la Comunidad.
De hecho, es el caso de la región madrileña la que acumula más denuncias, y no solo del Estado. La Comunidad Valenciana o Extremadura protestan por las bajadas de impuestos de la Comunidad bajo el argumento de que ‘roba’ inversiones de las empresas.
Hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños”, ha protestado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, al conocer el anuncio de Montero. “Si la ministra de Hacienda y el Gobierno de Pedro Sánchez quieren subir los impuestos por la fuerza a Madrid van a tener enfrente a los madrileños”.
Sin embargo, los 'populares' y los defensores de las bajadas tributarias argumentan que las reducciones permiten importantes incrementos de la actividad económica, tales como la creación de empresas o la generación de PIB.
Lo cierto es que así ha ocurrido en Andalucía. Tras las agresivas bajadas de impuestos de la Junta, la recaudación mejoró en 2019 en un 3,5% anual, con 550 millones más gracias al buen comportamiento de figuras fiscales como el IVA o el IRPF.
De hecho, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, incluyó en su programa electoral una radical bajada tributaria que serviría para generar estímulos fiscales que permitiría captar, afirmó, 16.000 millones de euros.
Sin embargo, todo esto es una teoría. Una medida tan radical, defienden desde los partidos de izquierdas, provocaría una importante caída de ingresos que impediría el pago de los servicios públicos.
Lo cierto es que el movimiento del Gobierno tiene una segunda lectura. Tanto el PSOE como Unidas Podemos han puesto el foco sobre, precisamente, el Impuesto de Patrimonio, uno de los tributos de gestión autonómica que se acabarían armonizando en todas las regiones.
Esta figura se quiere emplear para aumentar la aportación a las arcas públicas de las clases más altas. Sin embargo, por mucho que este impuesto se cambie desde el Estado Central, al contar con bonificaciones autonómicas quedaría prácticamente suprimido.
De ahí la importancia del anuncio de Montero, que permitiría reactivar esta figura fiscal. 

jueves, 20 de febrero de 2020

La lucha contra el fraude ingresó 15.700 millones de euros en 2019, un 4,1 % más

MADRID.-  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la recaudación de la lucha contra el fraude alcanzó el "récord" de 15.700 millones de euros en 2019, un 4,1 % más que el año anterior, de acuerdo a los datos provisionales disponibles.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, la ministra ha instado a “seguir mejorando” la lucha contra el fraude con medidas como un borrador de IVA o el envío de datos fiscales para la liquidación del impuesto de sociedades, que se prevé poner en marcha en julio.
También se pondrá en marcha un servicio de asistencia digital integral para facilitar la atención al contribuyente, que arrancará con una prueba piloto en otoño en Valencia centrada en el IVA y la asistencia censal.
Además, la futura ley de lucha contra el fraude reducirá a 1.000 euros los pagos en efectivo, bajará a 600.000 euros el umbral de deuda para aparecer en el listado de morosos y prohibirá las amnistías fiscales.
Por lo que respecta al sistema tributario, Montero ha considerado que en España “existe un claro margen para mejorar la recaudación” teniendo en cuenta los ingresos en relación al PIB de otros países europeos.
Por ello, el Gobierno pretende poner en marcha una “profunda reforma” tributaria que se abordará “a lo largo de la legislatura”, con medidas a corto plazo, como los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, y otras a medio plazo, como la revisión del impuesto de sociedades y la fiscalidad verde.
La revisión del impuesto de sociedades incorporará en 2021 las conclusiones de la evaluación del gasto público que actualmente elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que según indicó ayer su presidenta, Cristina Herrero, estará lista este verano.
En materia de fiscalidad ambiental, ha señalado que “en los próximos días” se pondrá en marcha una serie de consultas públicas con el objetivo de recabar la opinión de empresas, ciudadanos u organizaciones, junto con la de los grupos políticos porque “ha llegado el momento de pasar a la acción”.

La Región, a la cabeza en declaraciones que marcan la 'X' de la Iglesia Católica

MADRID.- La cantidad recaudada a favor de la Iglesia creció en 2019 en todas las comunidades autónomas. Las que más marcan la 'X' de la Iglesia son: Castilla-La Mancha (45% de los contribuyentes), Murcia (43,8%), La Rioja (44,9%), Extremadura (44%) y Castilla y León (42,2%). Por el contrario, Cataluña registra el mayor descenso, con un 17,43% de contribuyentes que la marcan, seguida por Galicia (24,9%) y Canarias (25,95%).

La Iglesia recaudó 284,4 millones de euros a través del 0,7% del IRPF, 16,6 millones de euros más que el año anterior (un 6,2% más), alcanzando su máximo histórico, según los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta 2019, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2018 y presentados este jueves en rueda de prensa por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En concreto, registraron 7,2 millones de declaraciones a favor de la Iglesia, 26.885 más que el año anterior. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el 32,3% de los contribuyentes, 1 de cada 3, marcaron la X de la Iglesia y, de media, cada contribuyente que marca la 'X' aporta 35 euros.
La Iglesia ha celebrado estos datos y atribuye este incremento tanto en el número de declaraciones como en la cantidad recaudada a "la mejora de la situación económica" así como al "aumento del número de declarantes".
"284,4 millones es la cifra más alta desde el inicio de la asignación tributaria, desde el inicio de este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente, y supone 16,6 millones más que el año anterior, un 6,19% más. Se trata, por tanto, de un modelo en claro crecimiento", ha afirmado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, este jueves, en una rueda de prensa en Madrid.
Barriocanal ha precisado que "es un modelo que estuvo una serie de años estancado por el efecto de la crisis económica y de las bases imponibles que se estaban declarando" pero ha explicado que "la mejora de la situación económica y el incremento del número de declarantes hace la evolución positiva de los últimos años".
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha mostrado su agradecimiento por estos datos y ha subrayado que la posibilidad de marcar la 'X' de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta es "un singular ejercicio de democracia fiscal".
"Ojalá en 2020 pudieran ser 9 ó 10 millones de contribuyentes los que quisieran contribuir con su 'X' al sostenimiento de la Iglesia", ha subrayado el portavoz de los obispos, al tiempo que ha añadido que este sistema del 0,7% del IRPF "forma parte de la autofinanciación de la Iglesia", y "reconoce a los creyentes un estatus de ciudadanía".
"Es una España diversa y los porcentajes de asignación a favor de la Iglesia católica son muy dispares", ha analizado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.
Por edades, el tramo de edad que más marca la 'X' en la Declaración de la Renta es el de los contribuyentes entre 40 y 60 años. Los jóvenes menores de 19 años también lo hacen por encima del 32,6% y entre los de 20 y 29 años se han incorporado 10.000 nuevas declaraciones, "un indicador de cierto futuro de la asignación tributaria", para Giménez Barriocanal.
En cuanto al sexo del declarante (o del primero en declaraciones conjuntas), las mujeres siguen siendo más proclives a destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia católica --lo hace un 34,9%, frente al 32,6% de los hombres--.
Sobre el proyecto de informe del Tribunal de Cuentas en el que concluye que hay "carencia de información precisa" sobre el destino de fondos que recibe la Iglesia del IRPF, Giménez Barriocanal ha defendido que la Iglesia hace "lo que se pidió" en un intercambio de notas en 2006 que regulaba el nuevo sistema de la asignación tributaria.
"Se establece el compromiso de la Iglesia de presentar una memoria justificativa. Eso es lo que establece el canje de notas, estuve en esa negociación y eso es lo que se nos pidió, una memoria no solo económica sino que pusiera de manifiesto la actividad de la Iglesia en el país", ha añadido.
Además, ha insistido en que en toda la vida del sistema de asignación tributaria, "nunca jamás" han recibido "anotación de ninguna administración diciendo que se deba cambiar el sistema" sino "todo lo contrario"; y ha precisado que tampoco el Tribunal de Cuentas se ha dirigido a ellos para pedir aclaraciones sobre su memoria.
Sin embargo, en dicho proyecto de informe del Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, y que está pendiente de aprobación por el Pleno, se señala que la Administración General del Estado "carece de información precisa" sobre el destino de los fondos que recibe la Iglesia católica a través de la 'X' en la Declaración de la Renta.
En concreto, señala que al no contar con esta información precisa, "no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas".
El Tribunal de Cuentas también precisa que, si bien la Iglesia ha presentado "con regularidad" su memoria ante el Ministerio de Justicia desde el año 1980, no existe "una normativa estatal que regule los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener" y, como consecuencia, señala que la Iglesia elabora una memoria "con sus propios criterios, que se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa".
Giménez Barriocanal ha apuntado que el pasado 25 de noviembre la CEE recibió un escrito en el que "se deja muy claro que la CEE y la Iglesia no son entidades fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas" y ha enfatizado que la "competencia" de este Tribunal es "fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos".
En cualquier caso, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE ha destacado que las relaciones entre la Iglesia y el Estado están "donde siempre han estado, en un régimen de colaboración y respeto mutuo".
 "Si el Tribunal de Cuentas instara al Gobierno a solicitar a la Iglesia que cambiara el sistema, imagino que se incorporará a los diálogos", ha planteado.

domingo, 16 de febrero de 2020

CC. OO. y UGT piden una fiscalidad justa y acabar con la bajada de impuestos

LEÓN.- Los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido este domingo en León que se acabe con la bajada de impuestos por "imprudente" y que se desarrolle una "fiscalidad justa".

Sordo y Álvarez han participado este domingo en la ciudad de León en la manifestación en defensa de la provincia que han secundado miles de leoneses para denunciar la difícil situación socioeconómica que sufre el territorio tras el fin de la minería de carbón.
Sordo ha denunciado que en la actualidad España sufre graves desigualdades entre sus distintos territorios, por lo que es el momento de "hacer políticas que cohesionen y cosan el país".
El líder de CC. OO. ha afirmado que la reivindicación de la sociedad leonesa es "legítima y necesaria ya que tiene que ver con su voluntad de poder vivir y trabajar en su tierra, en una España que es el cuarto país de la zona Euro, pero en el que se están produciendo muchas desigualdades desde hace demasiado tiempo".
A este respecto, Sordo ha reclamado una "fiscalidad justa", ya que ha considerado que España necesita mejorar la contribución fiscal respecto a Europa, "pues en el país se recaudan seis puntos menos de PIB respecto a la media de la UE, 76.000 millones de euros menos que son necesarios para impulsar políticas industriales".
En la misma línea, Pepe Álvarez, ha reclamado políticas que acaben con "la destrucción de comarcas completas".
"Este es el gran momento para buscar unas soluciones que tienen que venir del conjunto del Estado y de la Comunidad de Castilla y León en el caso de la provincia leonesa", ha apuntado.
Para ello, Álvarez ha recalcado que es el momento de la reindustrialización y de articular y buscar inversiones para lo que es necesario "acabar con la bajada de impuestos ya que es una imprudencia grave".

sábado, 15 de febrero de 2020

Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su fiscalidad

MADRID.- El ministro de Sanidad Salvador Illa ha avanzado que estudia promover una norma para frenar el consumo del alcohol en menores, ampliar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), eliminar de forma progresiva el copago farmacéutico y sacar adelante la ley de eutanasia antes del verano. 

Hace apenas un mes que tomó posesión de su cargo y ya se ha tenido que enfrentar a su primera crisis sanitaria, la originada por el coronavirus, que ha supuesto la cancelación del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona a pesar de que él mantiene, al igual que el resto del Gobierno, que "no hay ninguna razón de salud pública" para haberlo hecho.
Sin querer entrar a especular sobre los motivos por los que la organización del MWC ha tomado esta decisión, Illa ha subrayado que se daban "las condiciones para garantizar la edición de este año" puesto que no hay limitaciones de transporte de mercancías ni de viajeros en España y los sistemas de detección precoz de posibles casos "están funcionando perfectamente".
"Nuestro objetivo es la seguridad de las personas que vienen a estos eventos y también la de los españoles, que está garantizada con las medidas que tenemos", ha insistido el titular de Sanidad, que ha indicado que, hasta el momento, en España sólo ha habido dos casos que han dado positivo, de los 38 sospechosos analizados: un turista alemán en La Gomera y un ciudadano británico en Palma de Mallorca y que recibieron el alta hospitalaria este viernes al estar libres de carga viral.
Del coronavirus también hablará en la que será su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso el próximo 27 de febrero, durante la que expondrá las líneas generales de su departamento para esta legislatura, en la que prevé una revisión más restrictiva de la ley del tabaco.
"No queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo", ha subrayado el ministro, que ha explicado que hay dos líneas de trabajo que comprenden las nuevas formas de fumar, como el vapeo, y "una reflexión" sobre los espacios libres de humo para aumentar la protección de los no fumadores.
Ambas líneas de trabajo se guían bajo "un criterio general de restricción", ha indicado Illa que ha abundado en que Sanidad trabaja en un paquete de medidas para luchar contra el tabaquismo, como revisar la fiscalidad del tabaco.
Preguntado por la posibilidad de que la legislación contemple prohibir fumar en los coches en los que viajen menores, el ministro ha dicho que hay varias medidas en estudio pero prefiere "pensarlas y discutirlas bien".
A su juicio, las nuevas formas de consumo de tabaco exigen regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son inocuas.
También ha mostrado su preocupación por el consumo de alcohol en menores: "lo tenemos muy presente, nos hemos encontrado trabajos avanzados en ese sentido en el Ministerio, vamos a dar continuidad a los mismos y veremos en qué derivan, es muy probable que derive en una ley de alcohol pero tampoco quiero anticipar nada", ha dicho.

lunes, 10 de febrero de 2020

Hacienda devolverá a los ayuntamientos el IVA de 2017

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los ayuntamientos recibirán la liquidación de un mes de 2017 del IVA, a través de una fórmula similar a las de las comunidades autónomas, con un descuento de las cuentas finales de ese ejercicio.

Montero y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, presidieron la Comisión Nacional de la Administración Local (Cnal), en la que se aprobó que las corporaciones locales mantendrán este año la estabilidad presupuestaria; una modificación en la regla de gasto, con una décima más, al pasar del 2,8 % previsto, a un 0,9, entre otros asuntos y un objetivo de deuda del 1,9 %.
En rueda de prensa, la ministra no ha querido confirmar si la cifra sobre la liquidación del IVA de 2017 para todas las corporaciones dada por el portavoz de la FEMP del PP, Jorge Azcón, unos 750 millones de euros, es la definitiva, debido a que aún no se han cerrado esas cuentas.
Montero se ha mostrado dispuesta a estudiar una propuesta del presidente de la FEMP, Abel Caballero, que no ha desvelado sobre la cantidad que resulte, dado que muchos de los ayuntamientos tienen superávit a la hora de hacer las cuentas con la Administración central.
Caballero, en rueda de prensa posterior, ha dicho que sabe lo que quiere plantear al Ejecutivo, pero que primero quiere tratarlo y buscar el consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias.
En la Cnal también han tratado sobre la necesidad de aprobar un decreto ley para compensar la pérdida de ingresos por las plusvalías tras la sentencia del Tribunal Constitucional y mejorar la forma de llevar a cabo las inversiones sostenibles por parte de los ayuntamientos con superávit.

viernes, 7 de febrero de 2020

Las CC AA reclaman al Gobierno el cobro del IVA de 2017

MADRID.- La mayoría de comunidades autónomas que han acudido esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año, porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.

Así se ha expresado por ejemplo la consejera socialista de las Islas Baleres, Rosario Sánchez Grau, quien ha dejado claro que "el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019". Este gobierno como otros no descarta la vía judicial para reclamar el cobro.
En términos parecidos se han manifestado los 'populares' Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último ha recalcado que son "conceptos distintos" y que además permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación. 
"No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen no es lo mismo", ha concluido.

miércoles, 5 de febrero de 2020

Hacienda no ve posible liquidar el IVA de 2017 pero sí estudiar ‘medidas paliativas’

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que en 2020 ya no es posible aprobar la liquidación definitiva del IVA de las comunidades autónomas de 2017, pero sí se mostró dispuesta a estudiar "medidas paliativas" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). 

Montero, en declaraciones a Antena 3, indicó que es un "tema heredado" del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que el Gobierno trató de corregirlo en los Presupuestos de 2019, que el PP "tumbó" a pesar de que ahora "exigen arreglarlo".
“En 2020 no es posible acometerlo, lo cual no quita que tomemos medidas paliativas”, apuntó la ministra, que se quejó de que cuando “se perpetran los hechos”, nadie dice nada y cuando se intenta arreglar es cuando se plantean las exigencias. 
“Hemos intentado arreglarlo en 2019 y tumbaron los Presupuestos, no puede ser que el PP exija una cosa y tumbe lo que permite arreglarlo”, añadió.
Preguntada por las “amenazas” de algunas comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón o Castilla-La Mancha de acudir a los tribunales si el Gobierno no reparte los 2.500 millones de euros del IVA de 2017, Montero dijo que es “una roca para las amenazas” y que el Ministerio de Hacienda “no puede responder a base de amenazas”, sino con criterios “justos” y que permitan asegurar que todas las comunidades tienen el mismo trato.
“No me siento amenazada con la carta”, afirmó la ministra, en referencia a la misiva que ayer mismo envió el presidente de Aragón, Javier Lambán, dando al Ministerio de Hacienda un plazo de 15 días para solucionar este tema y el anuncio de “acciones legales” en caso de no realizarse el pago en este tiempo. 
“Cada uno expresa su opinión como quiere (…) y las comunidades tienen derecho a acudir a donde quieran”, indicó.

Hacienda podrá acceder a los datos de los notarios

MADRID.- La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la base de datos de Titularidad Real del Notariado, información que para Hacienda será de "gran utilidad" para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos.

De igual forma, la Agencia Tributaria podrá contar también con un suministro periódico de información de determinadas operaciones o grupos de operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, asícomo con un acceso telemático directo e individualizado al Índice Único, y se regula igualmente la posibilidad de efectuar requerimientos específicos de información al Notariado.
Según la Agencia Tributaria, el acuerdo entre ambas partes supone un reforzamiento de la colaboración que venían manteniendo en base a convenios anteriores, así como una "sensible mejora" en la obtención de información para la lucha contra el fraude, ofreciendo, por tanto, unos "beneficios que redundarán en la sociedad en su conjunto".
El acceso sistemático de la Agencia Tributaria a la información de los notarios sobre titularidades reales de personas jurídicas, que comenzará dentro de un par de meses y tendrá una actualización mensual, permitirá reforzar el control de los entramados societarios de entidades supuestamente independientes.
Hacienda indica que la aparente falta de conexión entre este tipo de sociedades facilita a quienes las controlan la creación de redes de facturación falsa u operativas fraudulentas como la facturación recíproca para eliminar beneficios del grupo, el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes.
El convenio contempla, igualmente, que ambas partes acordarán la forma en que la Agencia Tributaria podrá obtener, hasta donde alcance la información de la base de datos, la secuencia de entidades a través de las cuales una persona física es el titular jurídico de unas acciones o participaciones, así como el porcentaje real de su participación (en función de los sucesivos porcentajes de participaciones indirectas). El mecanismo de suministro de la información deberá prever tanto consultas 'ascendentes' (a partir de una sociedad, conocer sus propietarios personas físicas), como a la inversa (consultas 'descendentes').
Paralelamente, el convenio contempla el suministro a la Agencia Tributaria de actos y operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, suministro que se realizará por medios informáticos o telemáticos, con una actualización quincenal de la información.
En este caso, resulta de especial importancia para la Agencia la información que obtendrá sobre actos y operaciones en las que participe una persona jurídica o un 'trust', dada la asiduidad con que se realizan operaciones societarias con la única finalidad de crear redes de opacidad que permiten la realización de actividades defraudatorias.
El análisis de la información contenida en el índice facilitará a la Agencia Tributaria el estudio de losentramados societarios complejos a través de tecnología 'Big Data'. Además, a través del Índice Único, la Agencia contará con un suministro periódico de los datos identificativos de poderdantes (las personas queotorgan un poder a un tercero para que actúe en su nombre), apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes.
De igual forma, el acceso al índice permitirá a la Agencia obtener información de interés para el control tributario sobre operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros y con otros valores mobiliarios, y también de operaciones en las cuales los intervinientes ante el notario se hayan negado a identificar los medios de pago utilizados, o no los hayan acreditado completamente, o bien los casos en que hayan incumplido la obligación de aportar al notario el Número de Identificación Fiscal, o el documento 'S1' de movimientos de efectivo cuando es pertinente.
Por otra parte, el Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria han firmado también un acuerdo por el que se establece un marco general de colaboración sobre los términos y condiciones en los que los notarios pueden realizar actuaciones ante la Agencia por cuenta de los obligados tributarios que hayan intervenido en su notaría.
Así, se facilita a los notarios la presentación de declaraciones de carácter censal que permitirán la obtención de NIF en determinados supuestos, así como la presentación de declaraciones en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando los contribuyentes deban tributar al Estado.

sábado, 1 de febrero de 2020

Barones del PSOE se suman a la rebelión del PP contra Hacienda por el IVA

MADRID.- Comunidades gobernadas por el PSOE se suman a las amenazas e, incluso, denuncias que ya están presentando contra el Ministerio de Hacienda regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia por el impago de un total de 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017, según publica El Mundo

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había advertido de que si no recibía los 130 millones que demanda acudiría a la vía judicial, y dio de plazo hasta la reunión que su consejo de Gobierno llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Y en las últimas horas, el Ejecutivo del Principado de Asturias, liderado por el sanchistaAdrián Barbón, ha hecho lo propio.
"Esos recursos pertenecen a nuestra región y no renunciamos a ellos. Buscamos una salida mediante el diálogo o el formato que el ministerio considere oportunidad, pero que implique que vamos a recibir esos recursos. Y si no es así, no descartamos la vía administrativa o la judicial", explicó este martes la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba. Lo hizo sin ser preguntada por ello y en un acto en el que este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que evidencia el nivel de preocupación existente por parte de su gobierno.
"Ese mismo día, por la mañana, enviamos la segunda carta al Ministerio de Hacienda por esta cuestión. La primera fue en diciembre, y ahora le hemos remitido una segunda profundizando en aspectos técnicos y reiterando que se trata de la segunda carta", explican fuentes de esta Consejería, que también abren la puerta a compensar los fondos a través de una flexibilización del déficit. "Pero sí, si no recibimos de alguna forma esos fondos [alrededor de 75 millones], nos planteamos todas las opciones, incluida la de acudir a los tribunales", añaden. 
De hacerlo, Asturias seguiría los pasos de Cataluña y Madrid, que fueron las primeras comunidades en denunciar, así como los de Andalucía, que concretará la amenaza que ya la pasada semana hacía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Son 537 millones de euros, mucho dinero para Sanidad, Educación o Dependencia. Está claro que ese dinero se lo ha quedado el Gobierno y que son 2.500 millones más que tiene para hacer sus políticas", explicaba recientemente a este periódico el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo.
"Hacienda arrebata el dinero a las comunidades y lo hace para mejorar sus cuentas. Nosotros ya lo vimos claro en octubre del pasado año y denunciamos", incidía el responsable de la Hacienda madrileña, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos, Lasquetty y Bravo, se reunieron precisamente esta semana en Madrid para, entre otras cosas, perfilar la línea de actuación conjunta contra Hacienda.
En la Xunta de Galicia el hartazgo e indignación van incluso más allá porque, según explican, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a Alberto Núñez Feijóo, ya en 2018, que recibiría los 200 millones que reclama.
Se sienten traicionados y privados de unos fondos que, en muchos casos, están ya presupuestados y gastados. "Le prometió que lo solucionaría y lo hizo", replican desde el ministerio. "Pero el PP lo impidió cuando votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019".

2017, el origen

Y es que el origen de esta situación, afirman en Hacienda, se encuentra en una decisión del ex ministro Cristóbal Montoro, y la falta de solución es responsabilidad también del Partido Popular. En ningún caso de la gestión del Gobierno socialista ni de la actual responsable del ministerio y también portavoz del Ejecutivo. 
"Montoro introdujo un cambio normativo por el que se hizo patente que, en 2017, las comunidades solo ingresaron 11 meses de IVA. Para solucionarlo, se introdujo un cambio normativo en las cuentas de 2019", explican.
Pero al decaer las cuentas decayó también la medida, "y lo que no es posible es cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado". Esto es, que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de abonar los 2.500 millones a los que asciende la reclamación total.
Y tanto es así que Montero explicó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que es un dinero "que no existe" y no dudó en pedir una reflexión a los presidentes autonómicos para que no fomenten con sus denuncias "el España nos roba o el Gobierno nos roba".

viernes, 31 de enero de 2020

El delegado del Gobierno recuerda que "fue el gobierno de Rajoy el que implantó el Suministro Inmediato de Información del IVA"

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha recordado este viernes que fue el anterior Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy el que "perjudicó en 2017 la financiación de las comunidades autónomas al implantar el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, lo que produjo que computaran 11 meses de IVA, sin que ninguna comunidad autónoma, incluida Murcia y todas las del mismo partido, protestara por dicho cambio".

"El Ministerio de Hacienda ya propuso una solución advirtiendo de la importancia de corregir en los PGE 2019 la liquidación de 2017 afectada por el cambio normativo de Montoro, pues ese sistema de financiación establece que la liquidación de un ejercicio se realiza dos años después", explica Jiménez.
El delegado del Gobierno insiste en que, para solucionar este problema, el Gobierno de Pedro Sánchez articuló a través de los PGE 2019 un cambio normativo en el IVA que suponía, en términos de caja, que se contabilizarían 13 meses de IVA, compensando así los 11 meses de 2017, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
"La oposición se burló entonces de esta medida y votó en contra de la misma, perjudicando con su decisión a las comunidades autónomas. Por tanto, no solo generaron en su día el problema, sino que, además, boicotearon la solución que propuso el actual Gobierno de España", añade Jiménez.
Este Gobierno llevó al Congreso una senda de déficit que ofrecía un mayor margen fiscal para las comunidades. La ampliación del objetivo de déficit hubiera permitido que las comunidades destinarán 2.500 millones más a sanidad, educación o servicios sociales en 2019. 
"Sin embargo, el partido del señor López Miras, entre otros, se opuso a la nueva senda de déficit, perjudicando los intereses de las comunidades y de los ciudadanos", asegura el delegado del Gobierno.
En un hito sin precedentes, el Gobierno logró el año pasado actualizar las entregas a cuenta sin tener aprobados los PGE. Ello permitió incrementar para Murcia en 130,2 millones de euros sus recursos. En total, esta Comunidad Autónoma recibió en concepto de entregas a cuenta 3.138,06 millones de euros en 2019, un 6,3% más que lo recibido en 2018, tal y como ha destacado la Delegación.
Hacienda comunicó la semana pasada unas entregas a cuenta de 2020 récord para Murcia de 3.460 millones, "lo que supone un 8,6% más que las comunicadas inicialmente en 2019 o un 4,1% que las recibidas con la actualización el año pasado", explica.
Los 3.460 millones de entregas a cuenta en 2020 a Murcia "se incrementarán todavía más cuando se actualice el importe con los PGE 2020", según la Delegación, que precisa que Murcia recibió en 2019 de los mecanismos de financiación del Estado (FLA) 1.486 millones de euros. Se trata de un 6,3% más que en 2018.

La Región de Murcia reclamará en los tribunales al Gobierno los 85 millones del IVA

LORCA.- La Comunidad de Murcia reclamará en los tribunales de justicia al Gobierno los 85 millones de euros correspondientes a la recaudación del IVA del año 2017 que el Ministerio de Hacienda mantiene retenidos al no haber actualizado las entregas a cuenta.

Lo ha anunciado en Lorca el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha señalado que el Ejecutivo autonómico se ve "abocado a llevar a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez porque tiene 85 millones de euros que son de los murcianos y que ya han pagado los murcianos".
"Eso tiene que arreglarse", ha dicho el presidente, que ha anticipado que ante la falta de voluntad del Gobierno central para hacerlo "atendiendo a la ley, tendrá que ser un juez el que se lo diga".
El anuncio se ha producido mientras valoraba, a preguntas de los periodistas, la intervención del Gobierno de España en las cuentas de la Comunidad para pagar a proveedores ante el incumplimiento autonómico de los plazos.
López Miras ha explicado que su gobierno "no sale del estupor, de la sorpresa y de la incredulidad de cómo se puede maltratar tanto a una Región simplemente por no ser del mismo signo político".
El presidente ha afirmado que hay otras autonomías en peor situación financiera que Murcia, con más deuda, más déficit y mayor período de pago a proveedores y se ha preguntado porqué no se les han intervenido las cuentas.
Además ha culpado de la situación de las cuentas murcianas al Gobierno central "porque si hubiera pagado a la Región de Murcia lo que le debe, como esos 85 millones de euros de IVA, no estaríamos en esta situación".
López Miras ha recordado que ese impago del IVA afecta a Murcia y a otras comunidades autónomas.

miércoles, 29 de enero de 2020

La Iglesia dispuesta a pagar el IBI si lo hacen otras entidades amparadas por la Ley del Mecenazgo de 2002


MADRID.- La Iglesia española se muestra dispuesta a pagar el IBI si lo hacen otras entidades amparadas por la Ley del Mecenazgo de 2002, según ha dicho hoy el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

Uno de los temas estrella de las conversaciones entre la Nunciatura Apostólica en Madrid y el Gobierno español parece ser el del pago del IBI, o el cambio en el régimen fiscal de la Iglesia. En este punto, la Iglesia española se mostró abierta a negociar. 
“Reconocemos el derecho que tiene el Gobierno a modificar su política fiscal”, apuntó Argüello, quien recordó que la Iglesia católica “vive un sistema previsto en la ley de Mecenazgo”. 
“Que este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si fuera solo un privilegio de la Iglesia”, zanjó. Esto es: que la Iglesia aceptaría pagar el IBI si también lo hacen ONG, fundaciones o partidos políticos, también amparados por la Ley de Mecenazgo, de 2002.

lunes, 20 de enero de 2020

Los agricultores profesionales apenas representan un 19% del total de declarantes de ingresos agrarios


MADRID.- Los agricultores cuyas rentas agrarias superan el 50% de sus rentas totales han aumentado entre 2014 y 2017, pero siguen representando un escaso 18,8% del total de declarantes.

El mayor porcentaje de agricultores profesionales se encuentran en las CCAA de Castilla y León (31,0%), Cantabria (29,5%) y la Rioja 25,6%).
En las regiones que declaran menos de 8.000 (Galicia, Asturias y Cantabria) se han dado caídas de empleo por encima de 20% en los últimos 10 años.
Unión de Uniones reclama una redefinición de la figura de agricultor genuino para reorientar las ayudas a los verdaderos profesionales del campo.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la serie temporal de datos de los rendimientos agrarios netos declarados a la Agencia tributaria, resalta el incremento del grado de profesionalización de la agricultura española a lo largo del periodo 2014-2017 (últimos datos disponibles).
De acuerdo al análisis realizado, el número de agricultores profesionales – aquellos cuyos rendimientos agrarios superan el 50% de los rendimientos totales declarados – ha pasado de 194.015 en 2014 a 195.714 en 2017, que implica un aumento de 1,5 puntos en su peso respecto al total declarantes. 
Sin embargo, estos trabajadores representan todavía un escaso 18,8% del total, lo que indica un limitado nivel de especialización y de profesionalización en el ámbito de la agricultura. 
Asimismo, en términos de renta, a pesar de su tendencia positiva, los profesionales agrarios todavía se sitúan un 37% por debajo de la renta media del conjunto de la economía, lo que revela la importancia de las ayudas de la PAC en el sostenimiento de las rentas dentro del sector.

Gran disparidad a nivel regional en profesionalización y renta

A nivel regional, existen notables diferencias en el grado de profesionalización y de renta. En el periodo 2014-2017, el número de declarantes con rendimientos agrarios por encima del 50% aumentó en Andalucía en un 24% y en Murcia en un 11,4%, mientras que en Asturias y en Cantabria el número de estos declarantes descendió un 19,4% y un 18,5% respectivamente. 
No obstante, el mayor número de agricultores profesionales se mantiene en Castilla y León (31, 0%), Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%). En términos de renta, se dieron importantes incrementos en Madrid, Canarias y Andalucía, mientras que en Cantabria, Castilla y León y Aragón se dieron notables caídas. 
Asimismo, es preciso destacar que, en el caso de Galicia, Asturias y Cantabria, donde se declaran unos rendimientos por debajo de los 8.000 euros  y por ende la actividad agraria es menos rentable, hay un descenso muy notable en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos años, con caídas de 28,9%, 28,4% y 20,4% entre 2009 y 2018.
Unión de Uniones urge a implementar un nuevo modelo redistributivo orientado hacia el profesional agrario
Aunque Unión de Uniones se opone rotundamente a una reducción del presupuesto de la futura PAC, este escenario es previsible y la organización considera fundamental rediseñar el modelo de reparto de las ayudas y hacerlas llegar a los que realmente viven de la labor agraria y mantienen vivo el medio rural. 
Por ello, la organización propone que sea considerado como agricultor genuino en el marco de la futura PAC aquel cuyas rentas agrarias representen, al menos, el 25% de las rentas totales declaradas.
“El ministerio español, con la legislación en vigor puede y debe hacerlo y no necesita para eso ningún beneplácito de Bruselas, solo hace falta que lo que se dice a los medios de comunicación sobre la eliminación de los agricultores de sofá, se haga realmente” argumentan desde Unión de Uniones.
Según las estimaciones de Unión de uniones, en caso de aplicarse esta definición, con los presupuestos actuales, entre 410 y 670 millones de euros anuales podrían ser redistribuidos y orientados hacia los verdaderos trabajadores del campo, reduciéndose el número de “agricultores de sofá” y aumentando los importes unitarios de los profesionales aun con las pretendidas reducciones de presupuesto contempladas por los estamentos europeos.
Asimismo, la aplicación del capping – establecimiento de una reducción progresiva de las ayudas por beneficiario a partir de los 60.000 euros con un límite máximo de 100.000 euros -, según las estimaciones de la organización, podría liberar también hasta 330 millones que podrían ser redistribuidos entre aquellos profesionales que por sus actividades, ubicación y tareas que realizan perciben mucho menos de lo que deberían. 
De la misma forma, Unión de Uniones propone contemplar ciertas excepciones para que las ayudas PAC puedan seguir cumpliendo con su papel clave como sostenedor de rentas en ciertos sectores sociales de la España rural, que pueden ver peligrar su viabilidad económica en caso de desaparecer las ayudas.
“Ha llegado el momento de que el Ministerio y las Comunidades Autónomas concreten su posición en el Plan Estratégico para que este debate no sea etéreo y vacío. Empezamos a tener la sensación de  que se quiere cambiar y revisar todo para que todo siga igual, y con  el sistema actual ni a los profesionales del campo les va bien, ni se parará la despoblación y el abandono de las zonas rurales” concluyen desde la organización.

sábado, 18 de enero de 2020

Los transportistas tienen hasta el 31 de marzo para la declaración del kilometraje del gasóleo profesional de 2019

MURCIA.- La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia recuerda a los transportistas que el próximo 31 de marzo termina el plazo para presentar la declaración del kilometraje del gasóleo profesional, correspondiente al ejercicio 2019.

Este trámite es obligatorio para las empresas que han estado censadas en el gasóleo profesional durante el pasado año, siendo beneficiarias de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Así, el beneficiario con derecho a la devolución deberá presentar, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una declaración anual de los kilómetros recorridos por cada vehículo inscrito.
Para ello, comunicará la lectura del cuentakilómetros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. En los vehículos que estén obligados al uso de tacógrafo, dicho dato se puede obtener del mismo.
Froet avisa de que, en caso de vencer el plazo para presentar la declaración o si no se realiza, los transportistas se enfrentan a una sanción económica de entre 300 y 20.000 euros, así como al bloqueo de la devolución de los importantes del gasóleo profesional, a través de un expediente por parte de la Agencia Tributaria.
Igualmente, recuerda que también deben comunicarse tanto las bajas de los vehículos inscritos, como las nuevas altas.

miércoles, 8 de enero de 2020

Alcantarilla ahorra más de un millón de euros con la bonificación por domiciliar el IBI


ALCANTARILLA.- La bonificación que aplica el Ayuntamiento de Alcantarilla a aquellos contribuyentes que tienen domiciliado el Impuesto de Bienes Inmueble de Naturaleza Urbana (IBI) ha permitido que los alcantarilleros ahorren 1,12 millones de euros en los últimos cinco años.

Desde 2015 el porcentaje de domiciliaciones se ha incrementado un 30,26 por ciento. Pasando del 46,19 por ciento de los recibos domiciliados en 2015 al 60,17 por ciento durante 2019. Los ciudadanos que domicilian su impuesto ahorran un 5 por ciento en su recibo. El pasado año el ahorro fue de cerca de 250.000 euros.
Además, durante el pasado año se aplicó una rebaja del tipo impositivo que pasó del 0,75 en 2018 al 0,725 en 2019, lo que ha significado un ahorro para los contribuyentes del municipio de cerca de 242.000 euros.
La recaudación prevista por el impuesto el pasado año fue de 8,48 millones de euros, de los que se recaudaron en periodo voluntario un 86,43 por ciento, 7,33 millones de euros. El resto de recibos, un 12,42 por ciento, pasaron a ejecutiva; y el 1,15 restante corresponden a recibos anulados o aplazados dentro del periodo voluntario de pago.
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Alcantarilla, Raquel de la Paz, resaltó que "ofrecemos distintas modalidades de fraccionamiento de pago adaptadas a las necesidades de los ciudadanos como mensual, bimensual, trimestral y semestral".

viernes, 3 de enero de 2020

Hacienda ha devuelto a los murcianos 314 millones de la renta de 2018, el 96% del total

MURCIA/MADRID.-La Agencia Tributaria ha devuelto en la Región 314,4 millones de euros a 452.893 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2018 (IRPF 2018). Esto supone que, a fecha de 2 de enero, se han realizado ya el 98,45% de las devoluciones solicitadas y se han abonado el 96,34% de los importes solicitados correspondientes.

En la Región de Murcia se han presentado en 2017 un total de 607.133 declaraciones y en 2018 el número alcanzó las 632.427, por lo que el incremento ha sido del 4,17%.

El número de declaraciones de la renta solicitadas en la Región ha sido de 460.030, mientras que las pagadas alcanzaron la cifra de 452.893, lo que supone un porcentaje del 98,45% de las pagadas sobre las solicitadas. El importe solicitado alcanzó los 326,3 millones y el pagado se redujo a 314,4, es decir, el 96,34% de las pagadas sobre las solicitadas.

La Agencia Tributaria había devuelto hasta el pasado 2 de enero 10.209 millones de euros correspondientes a la campaña de la renta de 2018, lo que supone el 94,1 % de los importes solicitados.

Se presentaron a lo largo de la campaña 20,7 millones de declaraciones, un 3,5 % más que el año anterior, de las que 14,5 millones incluían solicitud de devolución, un 3,65 % más, por un importe de 10.846 millones de euros, un 8,3 % más, ha informado este viernes la Agencia Tributaria.

La Agencia ha efectuado las devoluciones a 14,1 millones de contribuyentes, un 3,89 % más que en estas mismas fechas del pasado año y un 97 % del total, por 10.209 millones de euros, un 8,82 % más que al cierre de 2018.

Otros 5,3 millones de declaraciones resultaron a ingresar, un 2,55 % más, por 11.999 millones, un 15,55 % más, debido al fuerte aumento de las ganancias patrimoniales.

A lo largo de la campaña, 18,1 millones de contribuyentes han navegado por el programa Renta web, un 14,37 % más que en la anterior. Más de 290.000 declaraciones se han presentado a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, de ellas 221.000 en "un solo clic", es decir, sin modificar el borrador.

Otras 239.000 declaraciones se han presentado por vía telefónica a través del programa "Le llamamos", mientras que 2,1 millones se han efectuado presencialmente en oficinas, una cifra similar a la del año anterior.

jueves, 2 de enero de 2020

Los impagos a Hacienda equivalen al Presupuesto de un año para seguridad ciudadana

MADRID.- El Estado empieza a tener problemas para recaudar. Los impagos a Hacienda han crecido más de un 5% (concretamente un 5,4%) hasta finales de 2019, según los últimos datos disponibles del departamento que dirige María Jesús Montero.

La diferencia entre los derechos reconocidos netos y la recaudación neta ascienden a 8.897 millones de euros hasta noviembre, frente a los 8.441 millones de un año antes (2018), lo que indica que el Fisco está teniendo más dificultades que en años anteriores para cobrar los impuestos.
El dinero con el que Hacienda cuenta pero que aún no ha cobrado es un síntoma de los problemas de liquidez en las arcas públicas y de las dificultades que se encuentra el Ejecutivo para cobrar los impuestos. También puede ser un síntoma de la elusión de las obligaciones fiscales (es decir, de fraude).
De hecho, que los impagos a Hacienda rocen los 9.000 millones de euros es llamativo porque supera el Presupuesto de 2018 (el último aprobado) dedicado a seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (8.418 millones de euros) o a Defensa (8.087 millones).
Por ahora, Hacienda sólo se ha ingresado efectivamente en las arcas el 93,6% de lo previsto hasta noviembre, frente al 93,7% registrado en 2018, una décima menos. 
No obstante, el mayor problema en el cobro se lo está encontrando Hacienda en las tasas y los precios públicos, que apenas tiene un “porcentaje de realización” (ejecución) del 77,3%, frente al 82,9% del mismo periodo de un año antes.
En el IRPF hasta noviembre está previsto que Hacienda ingrese 64.398 millones de euros, pero por ahora sólo lleva 61.136 millones, lo que sitúa los impagos en este tributo en los 3.262 millones de euros. En el Impuesto sobre sociedades los impagos en lo que va de año son inferiores: 1.509 millones de euros.
A falta de las cifras de cierre del año (que no se dan a conocer hasta finales del primer trimestre de 2020) las cuentas públicas no pasan un buen momento, a pesar de que la economía crece un 1,9% en términos interanuales y de que cuando suele haber más trabas para recaudar de los contribuyentes es en épocas de crisis.
Como se daba a conocer a finales de diciembre, en los tres primeros trimestres del año las cuentas públicas españolas presentaban un agujero equivalente al 1,47% del PIB, un 26% por encima de los números rojos registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que muestra que no va a ser fácil cumplir este años con los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Comisión Europea, según publica hoy Okdiario.

lunes, 30 de diciembre de 2019

La mafia del tabaco de liar se extiende y arruina a Hacienda en la Región de Murcia

MURCIA.- Cuatro minutos y veinte segundos es el tiempo que tarda María –nombre ficticio- en detallar por teléfono a El Español todas las ofertas que tiene de tabaco picado de contrabando y las condiciones para realizar la operación de compra-venta: “Si quieres cigarrillos me tienes que dar un día para que te los líe con la máquina que tengo, por 20 euros te vendo 200 pitillos liados, pero si quieres picadura de tabaco podemos quedar dentro de unas horas: 100 gramos te salen a 5 euros, medio kilo son 15 euros, 1 kilo cuesta 30 euros, pero si te llevas 2 kilos solo me pagas 50 euros”. 

El Español elige una cantidad y la mujer nos cita en un aparcamiento púbico a las afueras de Alcantarilla para cerrar con seguridad la transacción. “Tienes que llegar puntual: yo estaré esperando en un coche de color gris”.
- A las 8 de la tarde este diario llega al aparcamiento, entrega cinco euros a María y recibe 100 gramos de tabaco rubio, perfectamente picado, dentro de una bolsa transparente de envasar al vacío. ¿Me podría explicar cómo empezó en el negocio?
- Comencé porque estoy divorciada, sé que esto es ilegal, pero tengo cuatro hijos y con el sueldo de mi trabajo no tengo para llegar a final de mes.
- ¿De dónde saca la mercancía?
- Tengo un proveedor que me trae la cantidad que le pido de picadura de tabaco y luego yo lo vendo. Cuando se me acaba le compro más. Le llamo por teléfono y le digo si quiero un kilo o dos kilos, quedamos en un sitio, le pago y cada uno se va por su lado. No te voy a dar nombres ni direcciones porque no quiero problemas con esa persona.
- ¿Cuál es el perfil de sus clientes?
- De todo tipo porque este tabaco la gente lo compra porque es más barato que en el estanco. Entre mis clientes hay muchas madres del colegio de mis hijos porque me interesa vender cigarrillos liados: a un kilo le puedo sacar hasta 80 euros de beneficio.
Todos estos nuevos perfiles de vendedores han aportado su granito de arena al boom contrabandista que vive la Región y que ha catapultado a esta comunidad al tercer puesto del ranking nacional de autonomías con mayor tasa de comercio ilegal de tabaco de liar.
 “El fenómeno del contrabando se ha extendido en Murcia en los últimos tres años por varios factores: venimos de una crisis económica en la que se ha incentivado la búsqueda de ingresos en las familias, también se han sumado traficantes de cannabis por los bajos riesgos penales del contrabando y resulta un negocio rentable porque se compite en el mercado sin IVA”, reflexiona el jefe regional del Servicio de Vigilancia Aduanera, Luis Marín. 
“A todo esto hay que sumar que el control sobre la hoja de tabaco permite su desvío al mercado ilícito porque no es riguroso y la venta de tabaco picado no genera alarma social como el tráfico de drogas”.
Las cifras avalan la reflexión de Luis Marín porque las incautaciones de los agentes de Aduanas en la Región de Murcia se han disparado más de un 400%: en el periodo referido se ha pasado de 5.903 kilos aprehendidos en 2017 a 23.780 kilos en 2019. 
Y eso solo contando con las intervenciones del Servicio de Vigilancia Aduanera porque al sumar esos operativos a las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional las aprehensiones en los últimos tres años suman en total 54 toneladas.
Este panorama está generando pingües pérdidas en la recaudación de impuestos, tal y como admite Alfonso del Moral, delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Murcia: “Por cada kilo de picadura de tabaco vendido ilegalmente se dejan de recaudar 141 euros, si esa cifra la multiplicamos por las toneladas aprehendidas este año, nos podemos hacer una idea de la cantidad millonaria que se defrauda”. 
Haciendo esa cuenta en 2019, se habrían dejado de ingresar impuestos en la comunidad murciana por valor de 3.352.980 euros.
El top estatal del contrabando lo lidera Extremadura porque es la primera productora de hoja de tabaco de Europa. En segundo lugar figura Valencia por su tradición de producir cigarros artesanales, los conocidos caliqueños, y por la capacidad de su puerto marítimo. Murcia ha ascendido al tercer puesto por su ubicación estratégica para distribuir el material por todo el Levante español y porque cuenta con una de las mayores flotas de camiones del país lo que ha favorecido el efecto llamada de contrabandistas de Polonia, Ucrania, Rumanía y Bulgaria. 
 “El transporte de hoja de tabaco es lícito, pero la irregularidad se comete cuando se desvía a consumo”, aclaran Luis Marín y Alfonso del Moral. “Por eso, en ocasiones hemos hecho aprehensiones en empresas de camiones que habían sido contratadas legalmente por los contrabandistas para introducir la hoja en la Región”.

El último señor del tabaco picado

El último señor de la picadura de tabaco en la Región es un empresario polaco, afincado en Varsovia, que regentaba cuatro naves entre Alicante y Murcia que le habían permitido blanquear el dinero negro del contrabando a través de inversiones y negocios legales en su país. 
“En septiembre de este año viajó a la Región para supervisar una operación de venta de 10.800 kilos de picadura de tabaco a tres andaluces”, detalla a este diario el jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera. La nave donde se iba a cerrar la transacción estaba en el polígono murciano Cabezo Cortado: “Llegamos de madrugada porque los camiones estaban preparados para salir a las seis de la mañana, pudimos intervenir la mercancía, junto a 86.000 euros en metálico, y arrestamos a diez personas, entre ellos, al empresario polaco y a los inversores andaluces”.
La Comunidad murciana es conocida como la Huerta de Europa y su ingente flota de camiones realiza miles de portes diarios por todo el territorio nacional y por países de la Unión Europa. Los contrabandistas se aprovechan de esto para introducir por carretera la hoja de tabaco: los mismos camiones que salen con productos agrícolas luego regresan cargados hasta las trancas de hojas destinadas a picadura. 
“Las rutas más utilizadas por los contrabandistas arrancan en almacenes de Italia y en explotaciones agrícolas de Extremadura y Granada”, enumera Luis Marín. Otra de las zonas calientes de contrabando es la conexión Murcia-Écija. 
 “El problema que tenemos es que dentro de la Unión Europea no hay aduanas interiores y no podemos controlar la mercancía: un camión sale cargado de hoja de tabaco y llega a su destino sin que nadie lo pare y así es muy fácil traficar”, alerta Alfonso del Moral.
- Alfonso, como delegado en Murcia de la Agencia Tributaria, ¿qué medidas considera usted que deben emprender las administraciones para atajar el incremento del contrabando?
- Hace falta implantar un sistema de trazabilidad para controlar la hoja de tabaco desde que se produce en el campo hasta que llega al consumidor final, así como intensificar los controles desde las consejerías de Agricultura de las distintas comunidades autónomas. También es necesario que a nivel comunitario las autoridades europeas definan legalmente cuándo se produce el paso del término conocido como ‘labores del tabaco’ a tráfico de esta mercancía.

Tabacaleras clandestinas en naves abandonadas

La ausencia de aduanas interiores convierte esas rutas por carretera en alfombras rojas para que los contrabandistas lleven el material a naves en estado de abandono de polígonos industriales de cualquier punto de la Región: Cieza, Cartagena, Alcantarilla... 
En el exterior colocan carteles de ‘se alquila’ y ‘se vende’ para despistar mientras que en el interior de esas naves despliegan la logística de una empresa tabacalera clandestina: habilitan trituradoras de hoja, básculas de pesado, zonas de envasado, maquinaria eléctrica para liar los pitillos, equipan a los operarios con mochilas para fumigar con glicerina la picadura de tabaco para que no pierda frescura, incluso a veces cuentan con camiones propios para la distribución del género empaquetado.
Algunos de los contrabandistas que operan en la capital murciana cuentan con planchas para falsificar marcas de tabaco. Las imitaciones de las cajetillas son tan buenas que ciertos establecimientos hosteleros, locales de apuestas y negocios regentados por asiáticos las compran para ahorrarse impuestos y costes de los proveedores legales. 
Valgan como ejemplo paquetes de Chesterfield, en cuyo interior hay cigarrillos liados con picadura de tabaco, que se comercializan a 2,50 euros frente al coste del estanco de 4,75 euros.
-¿Dónde lo compra? 
-Es picadura de tabaco que viene de Extremadura, yo se lo compro a un hombre que tiene proveedores en El Palmar. Me cuesta 35 euros el kilo y los lío en mi casa con una máquina del chino que me costó nueve euros.
Es mínima la inversión necesaria para sumarse a la burbuja del contrabando tabacalero murciano. También es ínfima la infraestructura necesaria para montar una organización, tal y como reconoce el jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera: “Con seis personas, una cochera, una máquina para picar tabaco, una báscula y 3.000 euros te puedes iniciar en el negocio, te pones de acuerdo con una empresa de transportes y te anuncias por redes sociales”.

Milanuncios: tabaco de segunda mano

Es tan fácil iniciarse en el contrabando de picadura que el comercio ilícito de cajetillas de tabaco se ha convertido en una actividad residual en la Región. Lo que manda es la hoja picada cuyas ventas han sido espoleadas en los últimos tres años vía internet. Basta con ojear la página de Milanuncios donde hay vendedores que se comprometen a hacer entregas en cualquier punto de España, en un plazo máximo de 48 horas, y que ofertan hoja picada a entre 25 y 35 euros el kilo. Hay material en todas sus variantes: rubio, negro, suave, fuerte… A El Español le llamó la atención un número móvil que se repetía en anuncios de más de diez ciudades, entre ellas la capital murciana, pero el supuesto vendedor rechazó ofrecer detalles de su actividad: “No siempre estamos en Murcia. Lo siento pero no estoy interesado en hacer ninguna entrevista”.
Otro de los canales de venta es WhatsApp, lo que dificulta todavía más que estos vendedores ilegales sean interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Fuerzas de Seguridad. En cambio este sistema de comercialización por mensajería es ideal para fumadores porque incluye entrega a domicilio, tal y como confirma desde el anonimato una usuaria murciana que compra tabaco de liar a través de la citada red social: “Antes en una semana me gastaba 50 euros de media en el estanco, pero la picadura me cuesta 20 euros semanales y me ahorro el viaje, porque le mando un mensaje a mi vendedor y me trae a casa los cigarrillos liados”.
-¿Cuándo usted se fuma un cigarro nota alguna diferencia en la calidad del tabaco?
-El sabor es más fuerte y el pitillo dura más, pero en un mes me ahorro 120 euros.
A pie de estanco, el vicepresidente de la Asociación de Estanqueros de la Región de Murcia, Fernando Ros, lanza una advertencia a los consumidores: “Ese tipo de picadura de tabaco no pasa por ningún control sanitario, no sabemos si la hoja se pica mezclada con alfalfa, y cuando la humedad no es la adecuada puede generar amoniaco”. 
Ros no miente con su mensaje porque en el último gran golpe de la Policía Nacional al contrabando, se intervinieron 18.000 kilos de hoja y 2.000 kilos de picadura de tabaco mezclada con diferentes aditivos. 
En los registros practicados en dos naves industriales de Molina de Segura y la pedanía murciana de Cobatillas, los investigadores confirmaron que esos aditivos procedían de bidones que almacenaban unos líquidos que fueron analizados para esclarecer un delito contra la salud pública.

El contrabando reduce un 25% las ventas

La Brigada Provincial de Policía Judicial, junto con Aduanas, arrestaron a cuatro polacos y un español como presuntos autores de un delito de contrabando. Una exitosa operación que por desgracia no pone remedio a un problema creciente, según alerta Fernando Ros: “Las ventas de tabaco de liar en los estancos de la Región han caído un 25% mientras que ha subido un 6% la comercialización de librillos de papel entre la clientela porque obtienen el producto por otros canales”. 
Este estanquero con trece años de experiencia en el sector, gracias a su negocio que regenta en las inmediaciones del Ayuntamiento de Cartagena, asegura que en el gremio “existe preocupación porque nunca habíamos vivido algo así”.
La nueva Junta Directiva de la Asociación de Estanqueros de la Región tomó posesión el 8 de noviembre y lo primero que hizo fue solicitar una reunión con el Servicio de Vigilancia Aduanera. 
“La idea es buscar nuevas medidas porque con ellos ya estamos colaborando aportando toda la información que podemos, pero es muy difícil averiguar quién está detrás de las páginas de internet que venden tabaco de liar a granel y saber desde qué lugares operan”. 
De hecho, este diario llama a algunos números de teléfono que aparecen en Milanuncios y nadie descuelga el terminal, pero al enviar un WhatsApp para hacer un pedido responden en unos minutos. 
“El otro problema que tenemos es que cuando detienen a los contrabandistas las condenas son pequeñas y vuelven al negocio”, lamenta indignado Fernando Ros.
El letrado Pablo Martínez, del bufete de abogados Mariano Bó, confirma que es rentable a nivel judicial trapichear con picadura de tabaco en la Región: “La gran diferencia con el delito de tráfico de drogas es que estamos hablando de mercancías objeto de comercio, por las que hay que pagar impuestos, mientras que el hachís y la marihuana son sustancias ilegales. Para que el contrabando sea considerado un delito con pena de prisión, de uno a cinco años, y multa, hace falta que el valor de la picadura de tabaco intervenida sea igual o superior a 15.000 euros o se demuestre que pertenece a una organización criminal”. 
En caso contrario, el asunto se resuelve con una sanción económica cuyo importe oscila entre 2.000 euros y un máximo del 600% del valor de la mercancía incautada. Los contrabandistas que operan en territorio murciano se han enfrentado a una multa en 269 ocasiones.