MADRID.- Los agricultores cuyas rentas agrarias superan el 50%
de sus rentas totales han aumentado entre 2014 y 2017, pero siguen
representando un escaso 18,8% del total de declarantes.
El
mayor porcentaje de agricultores profesionales se encuentran en las
CCAA de Castilla y León (31,0%), Cantabria (29,5%) y la Rioja 25,6%).
En
las regiones que declaran menos de 8.000 (Galicia, Asturias y
Cantabria) se han dado caídas de empleo por encima de 20% en los últimos
10 años.
Unión de Uniones reclama una
redefinición de la figura de agricultor genuino para reorientar las
ayudas a los verdaderos profesionales del campo.
La
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la serie
temporal de datos de los rendimientos agrarios netos declarados a la
Agencia tributaria, resalta el incremento del grado de
profesionalización de la agricultura española a lo largo del periodo
2014-2017 (últimos datos disponibles).
De acuerdo
al análisis realizado, el número de agricultores profesionales –
aquellos cuyos rendimientos agrarios superan el 50% de los rendimientos
totales declarados – ha pasado de 194.015 en 2014 a 195.714 en 2017, que
implica un aumento de 1,5 puntos en su peso respecto al total
declarantes.
Sin embargo, estos trabajadores representan todavía un
escaso 18,8% del total, lo que indica un limitado nivel de
especialización y de profesionalización en el ámbito de la agricultura.
Asimismo, en términos de renta, a pesar de su tendencia positiva, los
profesionales agrarios todavía se sitúan un 37% por debajo de la renta
media del conjunto de la economía, lo que revela la importancia de las
ayudas de la PAC en el sostenimiento de las rentas dentro del sector.
Gran disparidad a nivel regional en profesionalización y renta
A
nivel regional, existen notables diferencias en el grado de
profesionalización y de renta. En el periodo 2014-2017, el número de
declarantes con rendimientos agrarios por encima del 50% aumentó en
Andalucía en un 24% y en Murcia en un 11,4%, mientras que en
Asturias y en Cantabria el número de estos declarantes descendió un
19,4% y un 18,5% respectivamente.
No obstante, el mayor número de
agricultores profesionales se mantiene en Castilla y León (31, 0%),
Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%). En términos de renta, se dieron
importantes incrementos en Madrid, Canarias y Andalucía, mientras
que en Cantabria, Castilla y León y Aragón se dieron notables caídas.
Asimismo, es preciso destacar que, en el caso de Galicia, Asturias y
Cantabria, donde se declaran unos rendimientos por debajo de los 8.000 euros
y por ende la actividad agraria es menos rentable, hay un descenso muy
notable en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos
años, con caídas de 28,9%, 28,4% y 20,4% entre 2009 y 2018.
Unión de Uniones urge a implementar un nuevo modelo redistributivo orientado hacia el profesional agrario
Aunque
Unión de Uniones se opone rotundamente a una reducción del presupuesto
de la futura PAC, este escenario es previsible y la organización
considera fundamental rediseñar el modelo de reparto de las ayudas y
hacerlas llegar a los que realmente viven de la labor agraria y
mantienen vivo el medio rural.
Por ello, la organización propone que sea
considerado como agricultor genuino en el marco de la futura PAC aquel
cuyas rentas agrarias representen, al menos, el 25% de las rentas
totales declaradas.
“El ministerio español, con la
legislación en vigor puede y debe hacerlo y no necesita para eso ningún
beneplácito de Bruselas, solo hace falta que lo que se dice a los
medios de comunicación sobre la eliminación de los agricultores de sofá,
se haga realmente” argumentan desde Unión de Uniones.
Según las estimaciones de Unión de uniones, en caso
de aplicarse esta definición, con los presupuestos actuales, entre 410 y
670 millones de euros anuales podrían ser redistribuidos y orientados
hacia los verdaderos trabajadores del campo, reduciéndose el número de
“agricultores de sofá” y aumentando los importes unitarios de los
profesionales aun con las pretendidas reducciones de presupuesto
contempladas por los estamentos europeos.
Asimismo,
la aplicación del capping – establecimiento de una reducción progresiva
de las ayudas por beneficiario a partir de los 60.000 euros con un límite
máximo de 100.000 euros -, según las estimaciones de la organización, podría
liberar también hasta 330 millones que podrían ser redistribuidos entre
aquellos profesionales que por sus actividades, ubicación y tareas que
realizan perciben mucho menos de lo que deberían.
De la misma forma,
Unión de Uniones propone contemplar ciertas excepciones para que las
ayudas PAC puedan seguir cumpliendo con su papel clave como sostenedor
de rentas en ciertos sectores sociales de la España rural, que pueden
ver peligrar su viabilidad económica en caso de desaparecer las ayudas.
“Ha
llegado el momento de que el Ministerio y las Comunidades Autónomas
concreten su posición en el Plan Estratégico para que este debate no sea
etéreo y vacío. Empezamos a tener la sensación de que se quiere
cambiar y revisar todo para que todo siga igual, y con el sistema
actual ni a los profesionales del campo les va bien, ni se parará la
despoblación y el abandono de las zonas rurales” concluyen desde la
organización.
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