La jueza Carmen Lamela archiva provisionalmente la causa contra la excúpula de la CAM por los negocios en el Caribe

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado provisionalmente la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presunta apropiación indebida y administración desleal en relación a operaciones realizadas en el Caribe con el grupo hotelero Valfensal.

La magistrada asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda limitar las pesquisas por supuesto delito fiscal a los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri, al exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, y al asesor Jaime Escribá, quien habría defendido la legalidad de las sociedades pantalla en Curazao para canalizar los beneficios del grupo.
El origen de la investigación se remonta a 2012, a raíz de la querella presentada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tras conocer el informe de Deloitte sobre las operaciones de la CAM con Valfensal - de la que la entidad poseía el 30%-, que desveló la existencia de múltiples irregularidades, constitutivas de delitos de apropiación indebida y blanqueo, entre otros.
Según el documento, Ferri y Baldó constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, alguna de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales, gracias en parte a la financiación sin condiciones de la caja, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto López Abad, ahora apartado del caso.
Ahora la juez Lamela, tras valorar los peritajes y la prueba documental, sostiene que no existió "un perjuicio para la CAM y por consiguiente para el FGD, procedente del impago efectivo de los créditos".
De este modo, suscribe la versión de la Fiscalía sobre la "imposibilidad de evaluar el perjuicio económico resultado de las cinco operaciones a las que se refiere la querella" e incluso, de determinar si realmente se produjo dicho daño.
En la operación "Mare Nostrum" fueron detenidos además de los dos empresarios y López Abad, el ex director general de Empresas de la CAM Daniel Gil, por su "papel esencial" en las negociaciones con Valfensal, y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la Caja, César Veliz.

En opinión de los investigadores, Ferri y Baldó crearon una estructura fiscal apoyada en Escribá, autor de varios informes con los que los gestores de la CAM avalaron la legalidad de la sociedad ante los órganos de control, habilitando así líneas de financiación superiores a los 160 millones de euros para el grupo hotelero.
Una cantidad que se concentraría en la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México, y en torno a los cuales se habría producido un "delito fiscal de cierta relevancia" que alcanzó los 2,7 millones en 2011.
A fin de aclarar los pormenores de este presunto fraude, la magistrada ha emplazado a otras tres personas para el próximo 11 de enero, fecha en la que declararán en calidad de investigadas por primera vez desde el inicio de la causa.

Se cumple un año del crimen de la CAM con la investigación en su recta final

ALICANTE.- Este fín de semana se cumplió un año de un crimen que conmovió a la sociedad alicantina y que todavía sigue sin resolver, principalmente por la falta de pruebas contra el único sospechoso. El asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, se produjo el 9 de diciembre de 2016. Doce meses después, continúa aún bajo investigación en el Juzgado de Instrucción 7 de Alicante.

El único sospechoso, Miguel López, yerno de la fallecida, acude a firmar al palacio de justicia de la ciudad cada lunes desde el pasado 20 marzo, cuando el magistrado José Luis de la Fuente decretó su libertad bajo fianza de 150.000 euros, después de pasar casi un mes y medio en prisión preventiva.

Los investigadores sostienen que fue el propio López quien mató de dos disparos a su suegra, de 72 años, sobre las 18.30 horas del 9 de diciembre de 2016, en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y del que él era gerente. La hipótesis del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Alicante se sustenta en una veintena de indicios incriminatorios contra el único sospechoso, pero no hay pruebas directas de su participación en los hechos. 

El sumario del caso se centra principalmente en las contradicciones en las que López habría incurrido respecto a otros testigos -trabajadores del concesionario o una hermana de la difunta- sobre sus movimientos previos al crimen.

Según la Policía, el enfrentamiento entre el primogénito de la fallecida, Vicente Jesús Sala, y sus tres hermanas, Antonia, Eva Fuensanta y Mar, por el control de las empresas familiares fue el móvil del asesinato. 

 Concretamente la llamada «acción de oro» de Samar Internacional SL, la multinacional del sector del plástico de la familia Sala Martínez, que cuenta con delegaciones en varios países de Latinoamérica y que facturó el pasado año 240 millones de euros. Esa participación social confiere poder decisorio en la sociedad a su poseedor y, tras la muerte del expresidente de la CAM, en 2011, pasó a manos de su viuda, que era depositaria fiduciaria de la misma hasta que la heredara el hijo varón de ambos.

Últimas diligencias

Vicente Jesús Sala y sus hermanas mantienen ahora demandas cruzadas en un Juzgado de Primera Instancia y otro de lo Mercantil por los acuerdos de las juntas de accionistas anteriores al crimen y por el testamento de su padre. Mientras tanto, en la jurisdicción penal, la causa, que se tramita por el sistema de jurado popular, sigue en fase de instrucción, pendiente de la práctica de las últimas diligencias de prueba solicitadas por fiscalía y defensa.

El abogado de Miguel López, Javier Sánchez-Vera, ya ha anunciado reiteradamente que pedirá, en el «momento procesal oportuno», el archivo del caso, ante la falta de pruebas para sentar a su cliente en el banquillo de los acusados.

La Policía no ha encontrado el arma homicida, una pistola de principios de siglo XX con munición manipulada artesanalmente, y tampoco ha hallado vestigios biológicos del sospechoso ni en una de las vainas percutidas ni en el cadáver de la víctima. Del mismo modo, los registros practicados en su vivienda y el concesionario no han arrojado pruebas que le inculpen, a falta de que expertos policiales en informática puedan acceder a los datos de su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos.

Manual de cómo se 'regalaban' los créditos en la CAM

ALICANTE.- Caja Mediterráneo abrió una especie de barra libre ilimitada de dinero para Valfensal, la empresa hotelera en la que participaba con los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, con el objetivo de financiar la ambiciosa expansión del grupo en el Caribe. Y lo hizo sin atender los más mínimos criterios técnicos, sin contar con tasaciones, informes de riesgos y los procedimientos clásicos de control de las prácticas bancarias. 

Lo dice la Fiscalía en su informe presentado ante la juez del 'caso Valfensal', en el que se investigan los negocios de la Caja y el grupo hotelero en México y República Dominicana. En ese mismo escrito, avanzado por El Mundo edición de Alicante, el Ministerio Público sostiene que los directivos de la CAM implicados en la causa, Roberto López Abad y Daniel, Gil no han cometido ningún delito (ni administración desleal ni apropiación indebida), por lo que pide el archivo de las actuaciones judiciales contra ellos.

No obstante, el fiscal censura con dureza la gestión de los ejecutivos a la hora de conceder préstamos a Valfensal, unos 200 millones de euros desde 2004, para comprar hoteles y parcelas, operaciones que «no resultan beneficiosas» para la entidad, y que se realizaron «sin observar las reglas de la praxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la caja respecto a las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se pudo traducir en un trato de favor hacia determinados acreditados», concretamente Juan Ferri y José Baldó. 

Ahí va lo que afirma la Fiscalía, operación por operación, sobre los regalos en forma de créditos multimillonarios con los que CAM obsequió a Valfensal.

HOTEL CARACOLLa transacción consistió en la compra al grupo Xcacaloco del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya. La operación se instrumentó a través de una serie de préstamos otorgados por CAM, en los que según el fiscal, «no se cumplió con los requisitos propios de concesión de préstamos, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización, o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas, produciéndose pese a ello la compra del hotel».

El escrito resalta que Valfensal disponía del dinero del crédito sin cumplir los requisitos exigidos para ello. CAM financió la operación con 58,4 millones de dólares (noviembre de 2006). La Caja incluso devolvió a la empresa algunas amortizaciones efectuadas (1,2 millones de dólares) de este préstamo, «incumpliendo las normas propias de concesión de un crédito, al acordarse sin información suficiente sobre la viabilidad del proyecto», y refinanciando el préstamo «en condiciones ventajosas» para Valfensal.

PUNTA CANA
Se trata de la adquisición de una parcela en 2004. CAM aprobó al inicio de la transacción un préstamo de 16,5 millones de dólares «sin existir unas tasaciones previas ni informes de viabilidad del proyecto». Además, el fiscal recuerda que Valfensal se valió de su complejo entramado societario para «disminuir el pago de impuestos» asociados a la operación del terreno en la República Dominicana, y además situar los beneficios de la posterior venta del activo en una sociedad domiciliada en Panamá, país catalogado como territorio off shore, lo que indica «la posible existencia de un posible delito fiscal». De hecho, la Fiscalía mantiene que Ferri y Baldó, dueños de Valfensal, han incurrido en un fraude fiscal de 11,6 millones de euros en toda su operativa con la CAM. 

En junio de 2006, el préstamo se redujo a 8,3 millones de dólares, y fue sometido a varias refinanciaciones que según el fiscal son incomprensibles.

HOTEL GALA
Es la adquisición de un establecimiento en Playa del Carmen (México). La operación arranca en 2004, y su inversión llega a los 62 millones de dólares. En enero de 2005, la dirección general de la caja, en manos de Roberto López Abad, aprobó un préstamo de 41 millones de dólares para la compra del hotel. En mayo de ese año, el préstamo se modificó, incrementándose el coste del proyecto. Más tarde, se volvió a cambiar la propuesta de financiación, llegando a los 89 millones de dólares

Tras varios cambios más en la financiación de la compra del hotel, en febrero de 2007, la CAM dio un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 101,5 millones de dólares a Valfensal para la compra, reforma y ampliación del hotel Gala. En 2009, la entidad decidió conceder un periodo de carencia a la totalidad de los préstamos concedidos al grupo hotelero hasta 2014. 

El motivo de esta decisión fue «articular un tipo de financiación indirecta al grupo Valfensal», algo que «fue discutido en informes periciales, considerándolo perjudicial para los propios intereses de la CAM». Aquí tampoco hubo tasación previa de los terrenos ni se contó con un estudio de mercado. La Caja, según la Fiscalía, era el «único sujeto que corre con los riesgos financieros» de la operación.

PLAYA CAR
La compra de unos terrenos de uso hotelero en Playa del Carmen (México) empieza en septiembre de 2004. El precio de la operación (355 hectáreas de suelo para un hotel de 1.775 habitaciones) asciende a 42 millones de dólares. No hubo información alguna sobre la tasación ni informe técnico de Tabimed (la tasadora de la CAM); tampoco estudio de mercado. La operación se justificó con un viaje del personal de la CAM a la zona para comprobar la viabilidad del proyecto, y con el intercambio de impresiones con hoteleros españoles que también habían invertido en el enclave. La parcela fue adquirida por 17,2 millones de dólares. 

En mayo de 2005, el consejo de la Caja da luz verde a varias modificaciones presupuestarias que afectan a este proyecto. La entidad, en enero de 2006, aprueba un préstamo de 12 millones de dólares para la compra de una parcela anexa a la ya adquirida. En 2007 y en 2009, esta operación se refinancia, ampliando los plazos de carencia. En marzo de 2009, el consejo cambió todos los préstamos concedidos a Valfensal, «para que pudiera llevar a cabo un plan de inversiones a efectuar entre los años 2009 y 2014 por importe de 380 millones de dólares». 

Según el fiscal, mediante esta decisión de la CAM, Valfensal, «con el dinero que se ahorraba al no tener que realizar amortizaciones de capital de los préstamos en vigor durante estos cinco años de carencia, y sumando los beneficios de la explotación de los hoteles, el grupo disponía de dinero suficiente para afrontar las inversiones previstas». Todo un cheque en blanco en definitiva.

El WhatsApp de la viuda de Sala se activó después de que se avisara a Emergencias

ALICANTE.- María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, no pudo pulsar la aplicación de WhatsApp de su móvil a las 18:55:23 horas del 9 de diciembre del año pasado, el día que fue asesinada de dos disparos en la cabeza en el negocio de automoción que regentaba su yerno Miguel López, porque a esa hora ya había sido localizada malherida por empleados de Novocar que habían llamado al 112 y al propio López, único sospechoso de su muerte, para alertar de lo sucedido, según adelanta el diario Información. 

El registro de la llamada que una administrativa realizó a Emergencias (a las 18:55:01 horas) avisando de que había una persona ensangrentada en el lavadero, y la que hizo el jefe del taller a Miguel López (a las 18:55:10) para comunicarle que algo le había ocurrido a su suegra, desmotan la afirmación mantenida por la defensa de López de que María del Carmen se conectó a las 18:55:23 horas a la aplicación de mensajería y que, por lo tanto, aún no había recibido los disparos a esa hora. 

El letrado sostiene que este dato exoneraría de cualquier responsabilidad a su cliente, al que una cámara de la carretera de Ocaña le grabó a las 18:38:35 horas en dirección a la finca familiar, por lo que en ese caso sería imposible que hubiera efectuado los disparos.

El informe pericial aportado por esta parte la semana pasada mantiene que sería precisamente a las 18:55:23 horas cuando la víctima habría recibido los impactos «ya que en ese momento pulsa sobre la aplicación de WhatsApp pero no llega a mandar ningún mensaje, porque no pudo», precisa el letrado, quien recuerda cómo los disparos le provocaron «el estallido de ambos globos oculares» para apoyar esa imposibilidad de enviar un hipotético mensaje.

Pero a tenor de los datos recogidos en la investigación, cuando el móvil de María del Carmen se activó a las 18:55:23 horas, la matriarca de los Sala no sólo ya había recibido los dos disparos y estaba a punto de fallecer (la autopsia fija el momento de la muerte a las 19 horas) sino que estaba rodeada de al menos dos trabajadores de Novocar (que intentaban auxiliarla) en el exterior del vehículo donde fue tiroteada mientras el móvil se encontraba dentro de su bolso en el asiento del copiloto, por lo que difícil tenía poder pulsarlo.

El citado informe, que tiene que ser ratificado por sus autores ante el magistrado José Luis de la Fuente, instructor de este proceso, pide también que se investiguen «las llamadas entrantes y salientes» registradas en el terminal de la fallecida «con posterioridad» a su muerte, «algunas de las cuales no aparecen en la información entregada al juzgado por la Policía». 

Entre ellas citan los peritos una de las 20:11:42 horas de ese día, que atribuyen al móvil del hijo de la fallecida, «que ha sido borrada de la terminal, como acredita la pericia», señalan. 

Asimismo, los peritos afirman que tienen acreditada la realización de doce llamadas desde el móvil de María del Carmen entre las 19:23:25 y las 20:33:48 horas, tras su fallecimiento, unas de las cuales habría tenido como destinataria a la mujer del primogénito sin que tampoco conste ninguna en los listados, por lo que la defensa de Miguel López pide que también se indague. 

Fuentes policiales explicaron que al juzgado sólo se remiten aquellas llamadas que tienen interés para la investigación.

Fernández Ordóñez asegura que Camps le presionó para que no interviniera la CAM

MADRID.- El que fuera gobernador del Banco de España en buena parte de los años de la crisis económica, Miguel Angel Fernández Ordóñez, desveló ayer en el Congreso que el entonces presidente valenciano Francisco Camps le instó a no intervenir la CAM, una conversación que, según añadió, quiere «olvidar». Ante la comisión de investigación de la crisis y el rescate financiero, Fernández Ordóñez aseguró que, en sus seis años al frente del Banco de España (2006-2012) no recibió instrucciones políticas ni del Gobierno del PSOE, ni del PP. 

Pero sí hizo una excepción al mencionar una «conversación» con el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP. «Lo único, una conversación con el señor Camps, que quiero olvidar, para que no interviniéramos la CAM», afirmó ante los diputados.
Durante su intervención, el exgobernador indicó que no todas las cajas de ahorro supusieron un problema, pero sí subrayó que las de algunas comunidades, las radicadas en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña y Castilla y León, sí supusieron un «enorme problema».

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue la tercera intervención que llevó a cabo el Banco de España durante la crisis financiera, en julio de 2011, y a finales de aquel año se adjudicó al Banco Sabadell.

Por otra parte, el exgobernador del Banco de España también consideró que la crisis financiera se podría haber atajado antes con una mayor inyección de recursos públicos en el proceso de reconversión de los bancos, que se dilató en exceso en el tiempo.

Además, advirtió de que en España todavía hay un riesgo «muy alto» de que se produzcan nuevas crisis bancarias, debido a que el incremento del capital que se exige a los bancos «ha sido mínimo», y abogó por elevar la aportación de los accionistas de los bancos con el fin de que los contribuyentes no paguen futuros rescates. «Nos quedaríamos todos mucho más tranquilos», advirtió.

La Fiscalía recurre la sentencia de la CAM porque considera que el daño está acreditado

ALICANTE.- Como era previsible, será el Tribunal Supremo el que al final tendrá la última palabra en el proceso por el falseo de las cuentas de la CAM. Una causa que acaba de sentenciar un tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que ha condenado a penas que van de los 2,9 a los cuatro años de prisión a los exdirectivos Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por un delito de falsedad contable que, en opinión de la sala, no ha provocado perjuicio alguno. Motivo por el que no contempla ninguna responsabilidad civil. A los penados únicamente se le obliga a abonar una multa que, en el peor de los casos, supera en poco los 18.000 euros. 

Un fallo que no comparte el fiscal Luis Rodríguez Sol (en la imagen), quien ya ha anunciado su intención de interponer un recurso ante el Supremo por entender que, en contra de lo que mantiene el tribunal, sí está acreditado el perjuicio causado por la actuación de los condenados. Un daño que el representante del Ministerio Público circunscribe a quienes compraron cuotas participativas cuando las cuentas de la entidad estaban falseadas (se declararon beneficios cuando se arrastraban pérdidas), periodo que fija entre marzo y julio de 2011, según publica hoy el diario Información.

Sin cuestionar las absoluciones del expresidente Modesto Crespo (a quien no acusaba) y de los exdirectores Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, el acusador público interpone el recurso por infracción de ley, es decir, porque los hechos considerados probados por el tribunal no se han calificado como debieran, según su criterio.

Para Rodríguez Sol, los exdirectivos condenados no sólo tenían capacidad para causar daño sino que se lo hicieron a todos aquellos que compraron cuotas cuando la imagen que se ofrecía de la caja de ahorros no se correspondía con la real.

Sobre el cobro de remuneraciones, que la sentencia valida «porque tenían las autorizaciones pertinentes», Rodríguez Sol no tiene previsto plantear objeción alguna pese a que en este punto el tribunal tampoco ha estimado sus tesis.

El recurso del fiscal, que ahora se anuncia pero que después será formalizado por la Fiscalía del Supremo, no va a ser el único contra una sentencia que, salvo a los absueltos, a Caser como responsable civil directo y al Banco Sabadell como subsidiario, no ha dejado contento a nadie.

A los recursos que con toda seguridad interpondrán los cuatro exejecutivos condenados se suman los que ya han anunciado los grandes perdedores de este proceso: los cuotapartícipes. El letrado murciano Diego de Ramón, los valencianos Bon Llar y el mallorquín Cristóbal Pons (con 600.000 euros en cuotas) ya confirmado que apelarán en defensa de sus intereses.

Un camino que es más que probable que seguirán la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, otro de los damnificados del procedimiento.

La heredera de la Obra Social de la CAM, que ha respirado como responsable civil subsidiaria por la comercialización de las cuotas, reclamaba cerca de 60 millones por lo que ha dejado de percibir por el hundimiento de la caja mientras el Fondo pretendía recuperar parte de los 5.249 millones que le inyectó a la caja para venderla saneada al Sabadell.

Los efectos colaterales de la sentencia de la CAM

ALICANTE.- Los exmiembros del consejo de administración de la CAM que el próximo mes de mayo se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante por el caso de las dietas del expresidente Modesto Crespo ven ahora su procesamiento con más optimismo, estima hoy El Mundo en su edición alicantina. 

Y es que la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Caja Mediterráneo, conocida esta misma semana, y que implica condenas de hasta cuatro años de prisión para cuatro de los altos directivos por la falsificación de las cuentas de la entidad en 2011 (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez), ha dejado una victoria de consolación para los exjefes de la CAM. 

El tribunal, en su pronunciamiento, ha considerado que los pagos millonarios que aprobó la entidad para sus directivos en los meses previos al crack de la caja -unos 47 millones de euros entre finiquitos de prejubilaciones, rentas vitalicias y otros conceptos retributivos- se ajustan a la legalidad y fueron concedidos por la CAM con todas las autorizaciones pertinentes de los órganos de gobierno. 

Gracias a esta decisión de la Audiencia Nacional, los directivos investigados en la pieza principal del caso CAM se han librado de una condena más severa, ya que, pese a que el Ministerio Fiscal les acusaba de estafa, apropiación indebida y administración desleal por las decisiones que tomaron para procurarse los cobros de estas retribuciones, la sección cuarta de lo Penal los ha absuelto de estos delitos. 

¿Por qué? Pues porque no ha habido pruebas suficientes y sólidas para demostrar las supuestas conductas irregulares, y sobre todo, porque las decisiones sobre estas retribuciones «estuvieron siempre amparadas por las resoluciones consultivas y decisorias de la Comisión de Remuneraciones y del Consejo de Administración», según dicta la sentencia de la Audiencia Nacional.

Baza a favor

Este posicionamiento judicial, a ojos de algunos consejeros procesados por el caso de las dietas de Modesto Crespo, les beneficia de cara a su juicio. En este proceso, 19 integrantes del consejo de la CAM están investigados por administración desleal, por haber dado su consentimiento en noviembre de 2009 al pago de un sueldo de 300.000 euros anuales para Modesto Crespo por presidir Tinser Cartera, una empresa del grupo CAM. El fiscal sostiene que Crespo recibió esta dieta por no hacer nada, es decir, se le puso un sueldo pese a que no realizaba trabajo efectivo alguno, contraviniendo además los estatutos de la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la presidencia de la caja. 

Para el Ministerio Público, Crespo fue el principal beneficiario de esta maniobra, ejecutada por el consejo e ideada por Roberto López Abad, director general en esa época. La fiscalía pide penas de cuatro años de prisión para López Abad y Crespo, a los que acusa también de apropiación indebida. Para el resto, las peticiones de condena oscilan entre los dos y tres años de cárcel.

No obstante, el fallo de la Audiencia Nacional sobre las retribuciones aprobadas para los 13 miembros del comité dirección, las pensiones vitalicias, los incentivos y los demás bonus y pagas, juega a favor de los consejeros de la CAM. El tribunal ha convalidado tantos las remuneraciones de los directivos como el proceso de aprobación de las mismas. Primero porque no hay pruebas para demostrar que son ilegales, y segundo, porque fueron ratificadas por la comisión de retribuciones y por el consejo. 

Lo mismo puede suceder con el caso de las dietas de Modesto Crespo, y eso es lo que han defendido en sus recursos algunos consejeros, Crespo y López Abad: que el consejo de administración y la comisión de retribuciones dieron su visto bueno al sueldo del presidente, y que este sí realizaba tareas para justificar ese salario.
Por tanto, estaríamos ante un caso similar al de los directivos y sus remuneraciones, que han sido exonerados por la Audiencia Nacional porque sus sueldos fueron aprobados también por los mismos órganos de gobierno que en el caso de la dieta de Crespo, comisión de retribuciones y consejo. Los consejeros que defienden esta tesis se van a agarrar al acta del consejo de administración que se celebró el 27 de noviembre de 2009, y que refleja la aprobación de esta retribución para Modesto Crespo. El juez instructor de la causa, Manrique Tejada, dio validez al acta y certificó que no había sido alterada.
Y es que hay otro grupo de consejeros, entre los que se sitúan Jesús Navarro y Óscar Estrada, entre otros, que mantienen que el acta del consejo es falsa, y que en esa reunión del órgano de gobierno jamás se aprobó la retribución para Modesto Crespo. Su estrategia para ser absueltos consiste en afirmar que nunca se dio el visto bueno al sueldo de Crespo. 

De este modo, se puede dar la extraña circunstancia de que los consejeros pueden quedar libres de toda responsabilidad pese a asegurar que el acta está falsificada, es decir, si el tribunal considera que la dieta de Crespo no implica administración desleal ni apropiación indebida porque fue refrendada por los órganos de gobierno (como ha sucedido en el caso de los directivos en la Audiencia Nacional), los consejeros que sostienen lo contrario (que el sueldo no se aprobó y que el acta se falsificó) podrían ser absueltos igualmente.

Precedente favorable

Asimismo, otro precedente juega a favor de los consejeros. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo (diciembre de 2016) también dieron por buenas las retribuciones de los miembros de la comisión de control del holding inmobiliario TIP, propiedad de la CAM, que fueron denunciadas también por el fiscal y el Frob.
Todos sus integrantes, incluidos el presidente de la comisión, Juan Ramón Avilés, y Roberto López Abad (estos acusados de administración desleal y apropiación indebida) fueron absueltos. Los tribunales no detectaron ilegalidad alguna en estos pagos (1,37 millones) ; las dietas se aprobaron por el consejo y la comisión de retribuciones, y tampoco se pudo probar que los miembros de la comisión de control no hicieran trabajo alguno o que hubiese un acuerdo irregular entre todos ellos y los órganos competentes de la caja para establecer el importe de las dietas. 

La defensa de Crespo y López Abad, así como las de los consejeros alineados con ellos, dispondrán de estos precedentes para salir airosos en el juicio de mayo.

Un bonus de 47 millones de euros pese a quebrar la CAM

ALICANTE.- La Audiencia Nacional ha avalado a través de su sentencia del caso CAM conocida este martes la legalidad de los polémicos pagos millonarios que recibió la cúpula de la caja alicantina justo antes de su bancarrota. La sección cuarta de lo Penal considera que no se ha podido probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones para 13 altos cargos de la entidad en los años 2010 y 2011 y que ascendieron a unos 47 millones de euros, según publica El Mundo en su edición de Alicante. 

Fueron los dos peores años de la antigua CAM. Su situación era crítica, hasta el punto de que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 y vendida en diciembre de ese mismo año por un euro al Banco Sabadell. La factura de dinero público de este rescate se estima en unos 11.000 millones de euros. No obstante, la cúpula directiva que gestionó la caja hacia su estallido no tendrá que devolver sus finiquitos y pensiones vitalicias y que les fueron asignadas y blindadas pocos meses antes de que la caja hiciera crack. 

De momento, solo los cuatro condenados a penas de hasta cuatro prisión por la falsificación de las cuentas de la CAM -Roberto López, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez- tendrán que pagar una multa de apenas 18.000 euros. Con todo, ellos y el resto de directivos (ver cuadro adjunto) podrán disfrutar de las prebendas que la caja les aprobó antes de la bancarrota (pensiones anuales vitalicias que llegan a 369.000 euros).
Pero, ¿por qué? El tribunal se ha agarrado a la versión de los peritos del Banco de España para argumentar la condena contra los cuatro directivos citados por la falsificación de los estados contables. Estos peritos, al igual que los de la firma PwC, defendieron en el juicio que los ejecutivos habían maquillado los números para ocultar pérdidas y fabricar beneficios de forma artificial. Esta distorsión de las cifras le ha valido al tribunal para condenar a estos cuatro ejecutivos.

Sin embargo, los altos cargos se han librado de una condena más severa al ser absueltos de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. El Ministerio Fiscal, por ejemplo, acusaba a los ejecutivos de incurrir en estos delitos por las decisiones que tomaron para fijar las cuantías y procurarse los cobros de varios conceptos retributivos (prejubilaciones -15,4 millones-, rentas vitalicias de jubilación -31,1 millones-, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones, e incentivos). En total, unos 47 millones (López Abad se llevó un finiquito de prejubilación de 5,5 millones; Agustín Llorca otro de 2,6 millones; Joaquín Meseguer 2,2 millones; Vicente Soriano 1,7 millones; Gabriel Sagristá dos millones y Daniel Gil 1,2 millones).

El tribunal ha desechado las versiones dadas por los peritos del Banco de España (declararon cuatro inspectores) y de PwC, que señalaron que la cúpula directiva maniobró para poder beneficiarse de estos cobros mareantes cuya legalidad era al menos discutible. Así, el tribunal apunta en la sentencia que «no se puede deducir que hayan cometido [los directivos] los actos punibles que les viene atribuyendo, de manera genérica y un tanto caótica, las partes que los acusan. (...) No puede concluirse que los mismos perpetraran -en el plano remuneratorio que ahora nos ocupa- delito alguno, puesto que sus actuaciones, no siempre lógicas e incluso inteligibles, estuvieron siempre amparadas por las resoluciones consultivas y decisorias de la Comisión de Remuneraciones y del Consejo de Administración».
La Audiencia Nacional carga contra los peritos de las acusaciones por «las carencias» de sus informes , «que impiden tenerlos como prueba de cargo plena». El tribunal establece que los peritos favorables a la tesis incriminatoria «expresan conjeturas y suposiciones sobre la legalidad de los actos adoptados».

La Plataforma CAM tilda de "vergonzoso" el fallo de la Audiencia Nacional y anuncia que lo recurrirá

ALICANTE/MADRID.- La plataforma que agrupa a unos 800 de los afectados por la compra de productos tóxicos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha calificado hoy de "vergonzosa" la sentencia que ha condenado a cuatro exdirectivos de esta entidad por falsedad contable y ha anunciado su intención de recurrirla.

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro integrantes de la excúpula de la CAM a hasta cuatro años de prisión por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la entidad en momentos de grave crisis.

La Plataforma CAM de perjudicados representa a unos 800 clientes que adquirieron participaciones preferentes o cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), por un valor conjunto de 14 millones de euros.

Uno de los portavoces de esta plataforma, Carlos Pena, ha tildado de "vergonzosa" la sentencia por considerar que "España ha perdido toda la seguridad jurídica con este caso" que, según ha anunciado, denunciarán a "organismos de la Unión Europea", ya que "nadie entiende que, habiendo varios delitos penales, los acusados no tengan que reparar el daño".

"Los delitos son delito societario continuado de falsedad contable, falsedad en la información a los inversores; si reconocen la falsedad contable que es el artículo 290 del Código Penal, tienen que reconocer a los perjudicados, a quienes perdieron dinero por culpa de la pésima administración de una caja (...)", ha expuesto Pena en un comunicado en alusión a la sentencia.

Ha señalado que están recomendando a los asociados de la plataforma "a desprenderse de todos los bonos y acciones españoles o comprados en España" porque, sostiene, "no hay seguridad jurídica".

"Cualquier administrador de un banco o empresa puede estafar" o "engañar" y "no le pasa nada, a lo sumo se irá un año en la cárcel y no tendrá que devolver nada de dinero; es más Roberto López Abad -uno de los exdirectores generales de la extinta CAM, condenado a tres años de cárcel por falsedad contable- se queda con todo su dinero y recibirá su pensión millonaria", según Pena.

Pena ha anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y que abrirán una nueva demanda civil colectiva en la que pedirán "la nulidad de contrato" de los productos tóxicos, basándose "en los delitos de falsedad de cuentas y falsedad en la información a los inversores".

Sentencia de 300 folios

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van de los dos años y nueve meses y los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por falsear presuntamente las cuentas relativas a los ejercicios 2010 y 2011, en una sentencia de 300 folios.

La sentencia de la Audiencia Nacional condena por los delitos societarios de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores por contribuir estos directivos a "vulnerar el principio de imagen fiel de la CAM en momentos de grave crisis económica y financiera" y considera probado que estos cuatro exdirectivos reflejaron unas cifras en los estados financieros "irreales y espurias".

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo impone la condena más alta al exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb por los delitos arriba mencionados. A los exdirectores López Abad y Amorós les condena a tres años de cárcel por el delito societario continuado de falsedad contable y al exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García dos años y nueve meses por el mismo delito.

Absuelve sin embargo a los otro cuatro acusados: los exdirectores de Financiación (Juan Luis Sabater) de Información Financiera (Salvador Ochoa), de Recursos (Vicente Soriano) y al expresidente de la entidad Modesto Crespo, contra el que la Fiscalía no ejercía acusación.

En relación a este último la Sala entiende que su labor en la entidad "no trascendía de la meramente protocolaria y de representación" y por tanto no participó de manera activa en las decisiones tomadas por el Comité de Dirección, compuesto por los cuatro condenados, y, a juicio del tribunal, "los verdaderos gestores de la entidad".

El tribunal también acuerda absolver a la Fundación CAM, al Banco Sabadell y a la aseguradora Caser (contrato colectivo, póliza nº 1063379, que aseguraba, hasta un límite de 25.000.000 €, por la emisión de cuotas participativas, referida a la responsabilidad civil de administradores y directivos de la CAM curiosamente por una prima única de otros 25 miloones de euros) de las reclamaciones dinerarias formuladas y expone que no pueden declararse responsabilidades civiles de conductas delictivas que no han quedado probadas.
Añade igualmente que la quiebra de la CAM no se debió únicamente "a la actuación irregular" de los acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general donde muchas entidades no superaron sus problemas de liquidez.

Según la resolución, ha quedado probado en estas dicieséis sesiones de juicio que quedó visto para sentencia el pasado 20 de julio, que los cuatros condenados reflejaron en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de pérdidas tanto en los estados financieros de 2010 como del ejercicio siguiente.

Como resultado, se presentaron unas cuentas provisionales en 2011 que arrojaban beneficios de 39,7 millones de euros si bien las cuentas finales presentadas por administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recogían a fecha de junio de 2011 unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El tribunal entiende además que los acusados se valieron de otros mecanismos tales como la recalificación de créditos fallidos y dudosos a normales y la incorrecta contabilización de las titulizaciones, con los que se aparentó una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo. La finalidad de los acusados era facilitar la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado inicialmente por la CAM y otras tres cajas para formar el Banco Base, proyecto que no prosperó ante las dudas de solvencia de la caja.

Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban " irreales y espurias" y esa disparidad de cifras, añade el tribunal, "constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba".

Respecto a las cuotas participativas emitidas en 2008 la Sala considera que no ha quedado acreditado que algún concreto inversor- personado o no en el procedimiento- haya adquirido, en el período comprendido entre el 1 de marzo del 22 de julio de 2011, cuotas participativas de la CAM fiándose de la supuesta e irreal situación económica normalizada de la entidad emisora de esos valores cotizables y "menos aún, señala la Sala, que los acusados o alguno de ellos, haya maniobrado artificiosamente para , en su propio beneficio, de la entidad CAM o de terceros, determinar la voluntad de algún inversor concreto de adquirir o mantener cuotas participativas en su perjuicio".

Respecto a Teófilo Sogorb, se le condena también por el delito de falsedad en la información contable a los inversores del artículo 282 bis del C.P. porque se le considera responsable del envío desde la CAM a la CNMV de información falsa sobre resultados positivos intermedios para ser publicada como hecho relevante.

En relación con los delitos que venían siendo acusados de estafa agravada, apropiación indebida administración desleal y falsedad en documento mercantil por las remuneraciones obtenidas como componentes del Comité de Dirección, la Sala les absuelve por una " total ausencia de prueba del acto engañoso, especialmente cuando llama la atención que ninguno de los supuestos engañados ha acudido al juicio a explicar aquel o aquellos supuestos actos de disposición que realizaron por el engaño previo a que fueron supuestamente sometidos".

Los magistrados destacan el caso de uno de los únicos posibles perjudicados, Pons Servera , que compareció al plenario y que a propuesta de su defensa no pudo finalmente prestar declaración testifical por sobrevenida renuncia por parte de su defensa, única proponente.

Ningún otro posible perjudicado, continúa argumentando el tribunal, ha sido llamado al juicio oral para que diera sus explicaciones del supuesto mecanismo de engaño del que fue víctima. Tampoco las partes han podido acreditar ni demostrar actos de apropiación indebida de dinero ajeno, por parte de los acusados.

La Sala también exonera de la responsabilidad civil a la Fundación CAM, Banco Sabadell y Caser. Respecto a todos ellos recuerda que en el orden jurisdiccional penal no pueden declararse responsabilidades civiles derivadas de conductas delictivas si éstas no han sido probadas, lo que ocurre en este caso con todas aquellas relacionadas con los delitos patrimoniales y falsarios que no han quedado probados, "quedando -indica la sentencia- a la vía civil correspondiente, si procediere".

Según ha quedado constatado en el juicio, así como por el propio juez instructor Gómez Bermúdez en su auto de abril de 2015 y por el fiscal en 2016, los gestores ocultaron información al auditor respecto a las opciones de recompra de unas titulizaciones.

Una vez conocida la existencia de estas opciones, a raíz de la intervención, KPMG requirió a la entidad para que corrigiera este hecho en sus cuentas, advirtiéndolo en el informe de auditoría de 2011. Los resultados trimestrales y semestrales de 2011 presentados por la entidad antes de la intervención no estuvieron auditados.

Los 'controladores' de la CAM, imputados por los negocios del Caribe

ALICANTE.- Hasta 15 miembros de la antigua comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM) tendrán que desfilar de nuevo por la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados por su posible papel en los oscuros negocios hoteleros de la entidad en México, República Dominicana y Tenerife, según adelanta hoy El Mundo. 

Se trata de las operaciones que la CAM, a través de TIP, su holding de empresas y participaciones inmobiliarias, realizó entre septiembre de 2004 y octubre de 2010 de la mano de los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y socios de la entidad financiera en la sociedad Valfensal, donde la caja tenía el 30% y los citados empresarios el 70% restante.

Ferri y Baldó, junto a los exdirectivos de CAM, Roberto López Abad (director general) y Daniel Gil (director de Participaciones Inmobiliarias), fueron encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal, entre otros delitos. El juez que inició la instrucción de la causa, Javier Gómez Bermúdez, acusó a los arrestados de desviar hasta 247 millones en beneficio de Valfensal, que se apoyó a su vez en un entramado societario domiciliado en las Antillas Holandesas (isla de Curaçao) para ejecutar su operativa financiera. Todos ellos salieron de prisión tras pagar las correspondientes fianzas. 

El magistrado sostuvo entonces que los investigados derivaron a sociedades pantalla los ingresos procedentes de la explotación de varios hoteles, que habían sido comprados en el Caribe junto a Valfensal con financiación de la CAM. Las operaciones investigadas supusieron un perjuicio para la caja de 25 millones.

Caras conocidas

Casi cuatro años después de esta operación policial, la juez que instruye ahora el caso, Carmen Lamela (juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional) ha emitido un auto, fechado este lunes, por el que cita a declarar en calidad de investigados a todos los miembros de la comisión de control de la CAM, que formaban parte de la comisión de control de TIP, organismo interno de la entidad que debía supervisar la actividad del holding inmobiliario. 

Entre los citados a declarar hay caras conocidas, como José Manuel Uncio (exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas), José Enrique Garrigós (expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante), Francisco Grau (exsecretario del consejo de administración de la caja) y Juan Ramón Avilés (expresidente de la comisión de control), además de otras 11 personas.

La juez sostiene en su auto que «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López y Daniel Gil en el seno de la CAM y de TIP, se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas de efectivo que salieron de la entidad». 

Lamela recuerda que «los miembros de la comisión de control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversiones realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas de más de 25 millones de euros». 

La magistrada da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos, que había pedido la imputación de los integrantes de la comisión de control, y señala que existen «indicios» de que estos «pudieron conocer e incluso aprobar la actividad dirigida desde la entidad por Roberto López Abad y Daniel Gil».

De Ramón pide investigar la operativa de la CAM en paraísos fiscales

ALICANTE.- Diego de Ramón, el abogado de la Plataforma CAM que incluye a cientos de clientes afectados por productos financieros de la caja y que logró iniciar la investigación judicial sobre la cúpula directiva de la entidad que ahora está siendo juzgada en la Audiencia Nacional, quiere que el Banco de España investigue toda la operativa de Caja Mediterráneo en paraísos fiscales, según publicó El Mundo. 

Concretamente las actividades que desarrollaron algunas de sus sociedades, como CAM Capital, CAM Global Finance y CAM International Issues, empresas de la antigua caja, que ahora pertenecen al Sabadell y que eran sociedades emisoras de títulos negociables y dirigidas a captar financiación de inversores extranjeros, apoyándose en la baja tributación que ofrecían lugares como las Islas Caimán.

Estas sociedades fueron liquidadas o bien su domicilio fiscal fue trasladado a Alicante. De Ramón también pretende que el Banco de España indague sobre la operativa llevada a cabo por la antigua oficina de la CAM en Miami.

El abogado murciano ha remitido un escrito al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del supervisor. De Ramón insta al organismo a abrir una investigación sobre las entidades financieras pertenecientes a la CAM que operaron en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, además de México, Holanda, Polonia, y Marruecos, según consta en el escrito.

De Ramón argumenta que esta investigación es necesaria porque durante el juicio del 'caso CAM' que se desarrolla estos días los inspectores del Banco de España declararon que no se ha llegado a investigar la operativa de todas estas sociedades de la caja alicantina.

Según De Ramón, el objeto de la investigación «tiene que dirigirse contra los legales representantes de dichas sociedades y contra quien les dio las instrucciones para realizar dichas actuaciones, así como su financiación».

El letrado insta al supervisor a indagar sobre el capital con el que fueron «aperturadas estas sociedades y quienes fueron sus financiadores», el tiempo que han estado operativas; las razones por las que se fijó su domicilio en paraísos fiscales pese a que algunas estaban registradas en España; los movimientos de cuentas o activos que operaron, ingresos, transacciones, inversiones, pagos, compras de bienes inmuebles, emisiones de productos financieros, etc; abonos de impuestos en España, de las transacciones, sus destinatarios, etc.

El representante de la Plataforma CAM, que en el jucio ejerce la acusación popular, recuerda que el rescate de la Caja va a costar unos 11.000 millones de euros de dinero público, por lo que esta inspección se hace indispensable por el enorme coste que ha tenido el saneamiento de la entidad para los bolsillos de los contribuyentes.

En este proceso judicial, ocho exdirectivos de la entidad -Modesto Crespo, Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogor, Francisco Martínez, Vicente Soriano, Salvador Ochoa y Juan Luis Sabater- se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de fraude, apropiación indebida y falsedad en las cuentas y se enfrentan a penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión.

El Sabadell y la Fundación CAM deberán responder por las cuotas participativas de los minoristas

MADRID.- Banco Sabadell y Fundación Caja Mediterráneo deberán reintegrar las inversiones realizadas por los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que el Tribunal Supremo haya declarado su responsabilidad.

La sala de lo Civil del alto tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por Sabadell al considerar que mantiene su legitimación pasiva como sucesor universal de la CAM ya que, tras la fusión, pasó a ser responsable de las obligaciones que la antigua caja pudiera tener frente a terceros.

En concreto, expone que la entidad surgida tras la intervención del Banco de España en junio de 2011, el Banco CAM, asumió el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pudieran derivarse de las cuotas participativas.

Ello supuso, asegura la sentencia conocida este miércoles, una asunción de la deuda que se traspasó al Sabadell en 2012, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos, que previamente había adquirido el 100 % del capital, vendió la estructura por el precio simbólico de un euro.

Una versión que contrasta con la del recurso del Sabadell, que alegó falta de legitimación porque las cuotas participativas, comercializadas a partir de junio de 2008, no fueron transmitidas en la operación de segregación, por lo que la responsabilidad recaería sobre la Fundación Obra Social.

La sala expone, sin embargo, que las cuotas fueron una fuente de financiación del negocio financiero "realizada por los empleados de la caja como parte de su actividad bancaria", con lo que pasaron a Sabadell, que "se había aprovechado del refuerzo de capital que había supuesto la suscripción de este producto".

Discurso similar para la Fundación CAM, a la que también hace responsable subsidiaria frente a Sabadell "no en su calidad de emisora, sino como sucesora frente a terceros de las obligaciones de la entidad comercializadora" al ser su titular formal. 

El Fondo de Garantía de depósitos retira la acusación a Modesto Crespo

MADRID.- El Fondo de Garantía de Depósitos, que ejerce la acusación particular en el juicio contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha retirado la acusación que mantenía contra el expresidente de la entidad Modesto Crespo para el que pedía nueve años de prisión por falsedad en los estados financieros de los ejercicios de 2010 y 2011.

Sí mantiene los cargos contra la exdirectora general adjunta Dolores Amorós y el exdirector general de Planificación Teófilo Sogorb para quienes pide nueve años de cárcel por los delitos de estafa a inversores y manipulación informativa. Para el exdirector general Roberto López Abad y Francisco José Martínez (Inversiones y riesgos) solicita tres años de cárcel por delito de falsedad societaria y dos para a Juan Luis Sabater (Financiación y Gestión).

Carlos Gómez-Jara, letrado del Fondo General de Depósitos (FGD), ha basado su acusación contra la excúpula de la CAM en que no reflejaron la situación real de la caja en las cuentas de esos ejercicios y ha denunciado que la entidad tendría que haber tenido "un poco más de conciencia" sobre la gravedad de solicitar ayudas públicas que ahora "están pagando todos los españoles".

Se ha referido a la inyección de 5.249 millones de euros de fondos públicos que recibió del FGD con el fin de reflotar la identidad intervenida por el Banco de España el cual, tras nombrar a administradores provisionales en julio de 2011, encargó una auditoría externa que concluyó que, lejos de existir beneficios de 65 millones de euros para ese trimestre, el resultado era de 1.136 millones de euros en pérdidas.

El letrado reprochó al fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol que en su exposición de conclusiones finales no haya solicitado indemnización para el Fondo y se basó en las tesis expuestas durante el juicio por los peritos judiciales del Banco de España que en calidad de testigos denunciaron que la caja no cumplió con la normativa contable durante esos ejercicios.

El representante del Ministerio Público, que ha sido el primero en exponer sus conclusiones, elevó a definitivas las penas para los antiguos administradores de la CAM a excepción del exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa para quien pedía un año y dos meses de cárcel y ha terminado exculpando del proceso. Ante ausencia de cargos en su contra ha abandonado el juicio.

Organización criminal

Por su parte, el letrado Diego de Ramón, que fue el que denunció a los antiguos gestores en nombre de cerca de mil perjudicados por la compra de cuotas participativas, ha asegurado que el mecanismo urdido para presentar beneficios en las cuentas de 2010 y 2011 -basado principalmente en la rehabilitación de créditos fallidos y en las operaciones de titulizaciones-- "no sale de una persona sola sino de una organización criminal".

El abogado que ejerce la acusación particular y popular rebaja la petición de cárcel de 16 años a uno para el expresidente Modesto Crespo (a quien nunca ha acusado Anticorrupción) "por la escasa participación en los hechos" aunque mantiene la misma cifra para los otro siete administradores por haber llevado "a la ruina" a personas de 70 años que han terminado "perdiéndolo todo". 

"Por lo que he vivido personalmente me dan ganas de llorar; es algo muy fuerte", expuso ante el tribunal.

La Fundación sí acusa al expresidente

La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo ha ido más allá y dijo que las personas que compraron estos productos no tenían conocimiento financiero suficiente y ello ha supuesto un perjuicio económico para los damnificados pero también para dicha fundación.

Respecto al cobro de retribuciones como planes de pensiones, incentivos y prejubilaciones (que supusieron un desembolso indebido a la caja de más de 20 millones de euros) la Fundación ha precisado que los acusados, que alegaron que habían renunciado voluntariamente a la parte correspondiente a 2010, no tenían que haber cobrado igualmente la relativa a los ejercicios anteriores y si lo hicieron fue porque modificaron las condiciones para conseguirlo.

A diferencia del fiscal Anticorrupción, del FGD y de la acusación popular, sí entienden que Modesto Crespo es culpable de la quiebra de la caja alicantina por haber estado presente en la comisión de titulizaciones creada en febrero de 2015 y por tanto seguirá sentando en el banquillo de los acusados lo que resta de juicio.

Anticorrupción mantiene los cargos contra la excúpula de la CAM por “hacer trampas” contables

MADRID.- El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado a definitiva este lunes su petición de penas de cárcel que alcanzan hasta los siete años y medio para los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se sientan en el banquillo de los acusados por falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y primer trimestre de 2011 de manera “intencionada”.

En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja murciano-alicantina y que la excúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulizaciones.

“Se ha hecho trampas, ustedes han engañado”, ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados a quienes les han recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.

Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.

Penas de cárcel

El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a petición de las acusaciones.

Rodríguez Sol ha insistido en que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.

Culpables y cómplices

De López Abad ha dicho que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar los presupuestos “sentando las bases” de lo que pasó en 2011. En concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de 2010 por el entonces director general en el que instaba a los principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de cara al cierre del ejercicio.

El objetivo era facilitar la creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por ello ha considerado al resto de acusados “cómplices” de los hechos que comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.

Respecto al papel del supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja alicantina era “crítica” ante la falta de liquidez y ha respaldado la versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon durante el juicio en calidad de testigos.

“No es lo mismo que el beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual. Ustedes han engañado”, ha espetado el fiscal en referencia a la versión de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas las plusvalías de la cuentas de 2010.

Imagen falsa al inversor

También se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta empleada por la excúpula para maquillar las cuentas y presentar un resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros. Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.

En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja murciano-alicantina al Banco Sabadell.

Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en calidad de planes de pensiones, inventivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. 

Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la responsable real “casi sin ningún género de dudas” por la póliza de responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Un perito señala que la CAM evitó el control de la CNMV a través de operaciones en Irlanda

MADRID.- Uno de los ocho peritos que han intervenido este miércoles en el juicio contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) reconoció que las operaciones de titulización efectuadas en Irlanda supusieron "escapar" del control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así lo indicó el perito Germán López, en alusión a la política de titulizaciones para obtener liquidez, inicialmente planteada para España y que finalmente terminó llevándose a cabo entre Irlanda y Reino Unido a través de fondos privados, operaciones definidas por la propia inspección del Banco de España en enero de 2012 como "carentes de sentido".

brecha "material y significativa" que, en su opinión, "afectó a la imagen fiel de la entidad" y que se habría producido por el modo en el que fueron emplazados en la contabilidad una serie de deterioros de activos financieros.

Por su parte, el exinspector del Banco de España Rubén Manso, trató de explicar la diferencia entre los estados financieros intermedios y las cuentas auditadas, y recalcó que las cifras facilitadas por la dirección de la CAM mostraban errores que debieron ser corregidos, pero que "no alteraban la imagen fiel" de la caja.

En el transcurso de la sesión, Manso se refirió además a los quince millones de euros recibidos por la antigua cúpula de la CAM, acerca de los cuales aseguró que todos los peritos coincidieron en que no se podía tener en cuenta la totalidad de esa cifra, sino sólo "una cantidad mucho más pequeña".

Versión que contrastó con el discurso de los peritos judiciales Ángel Regúlez y Sergio García, que recordaron que el ex director general de la CAM y ahora acusado, Roberto López Abad, recibió 5,5 millones de euros antes de la intervención por parte del Banco de España por su prejubilación a pesar de haberse acogido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Como sucediera en la víspera, tanto éstos como los expertos propuestos por las partes incurrieron en opiniones contradictorias acerca de algunas de las operaciones dudosas a ojos de la Fiscalía, que solicita para los ocho exdirectivos penas de hasta siete años de prisión por presunta estafa continuada y falsedad en las cuentas anuales del 2010 y del primer semestre de 2011.

En relación a las titulizaciones, los técnicos designados durante la instrucción reiteraron que "en ningún caso" podrían haber sido dadas de baja del balance, una actividad que permitió arrojar unos supuestos beneficios ficticios de 65 millones de euros en lugar de las pérdidas millonarias descubiertas tras la reexpresión efectuada en 2011.

Tras más de seis horas, la presidenta del tribunal, la juez Ángela Murillo, suspendió la sesión hasta este jueves, jornada en la que proseguirá un juicio previsto que finalice el próximo 21 de julio.

Un exdirectivo de la CAM niega que ocultara los datos contables

MADRID.- El exdirector de Riesgos y Mercados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Salvador Ibiza negó que su departamento, dependiente de Inversiones, «ocultara» aspectos contables. Aseguró, además, en el juicio, que reportaba «mensualmente» información que incluía las opciones de titulización, un método de financiación basado en la venta o cesión de determinados activos, incluso derechos de cobro futuros, al emitir valores que se colocan entre los inversores.

En calidad de testigo, Ibiza, subordinado del exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco Martínez -acusado junto a otros siete exdirectivos de la CAM por presunta estafa continuada y falsedad contable-, explicó que remitía estos ficheros contables al área de Planificación y Control, que solía solicitar información adicional ante una variación imprevista de saldos.

Relató, asimismo, que el departamento liderado por Teófilo Sogorb, para quien la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel, era el destinatario de esta documentación. Esta contenía detalles de los contratos de opciones sobre titulizaciones que, si bien no venían individualizados, podían identificarse «por el título de la cuenta».

Según apuntó Sogorb en su declaración ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mayo, la caja encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de baja del balance de resultados, maniobra permitida por la normativa siempre que no afectara a las dotaciones de capital.

En cambio, una posterior revisión de la situación del primer semestre de 2011 puso de manifiesto «otras opciones», desconocidas, dijo, por su propio equipo, cuyo riesgo no habría sido transferido y que infló las cuentas de resultados en 168,8 millones de euros. Una versión contraria a la de Martínez, que a la pregunta del fiscal de si fue él quien ordenó suprimir del balance las citadas titulizaciones, se desquitó de responsabilidades e insistió en que desconocía estos aspectos.

La Audiencia Nacional retomó ayer el juicio contra ocho exdirectivos de la antigua CAM por presunta estafa continuada y falsedad contable en los estados de 2010 y del primer trimestre de 2011 con la práctica de nuevas pruebas testificales. 

Según señalaron fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tomará declaración a más de una decena de personas vinculadas a la entidad en la época de los hechos, entre los que se encuentran apoderados de la caja, auditores, abogados y actuales cargos del Banco Sabadell, heredero del negocio de la CAM.

La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, suspendió ayer la vista hasta hoy, jornada en la que comparecerán ocho peritos propuestos por las partes.

Todas las oficinas de la CAM en Alicante eran ilegales

ALICANTE.- El Banco Sabadell lleva cinco años regularizando la red de oficinas e inmuebles propiedad de Caja Mediterráneo (CAM), la entidad que adquirió en 2011 por un euro tras un proceso de subasta y saneamiento. El motivo es que los edificios y locales que la caja alicantino-murciana tenía en la ciudad, en torno a medio centenar, no disponían de licencia o permiso de actividad. 

Según ha podido saber El Mundo, la mayor parte de esta red tiene ya los papeles en orden, y actualmente se está tramitando la compatibilidad urbanística para el centro de cálculo ubicado en la Avenida de Elche, obra del emblemático arquitecto José María Buyo.

Esta situación de ilegalidad afectaba hasta al cuartel general de la CAM, la sede ubicada en Óscar Esplá número 37. La documentación en poder de Urbanismo prueba que el inmueble contaba con una licencia de obra (expedida en 2002) y con otra de actividad (2006), pero eso no le bastaba para empezar a funcionar.

«Según la legislación de la época necesitaba un permiso de apertura; para ello tendría que haberse desplazado un técnico a hacer una inspección», comentan fuentes de Urbanismo. Eso, sin embargo, nunca sucedió, «ni con el resto de oficinas y edificios de la caja» hasta que el Banco Sabadell se hizo con su control en 2011. De hecho, el decreto por el que el consistorio autoriza la apertura de la sede de la CAM es de octubre de 2016.

Al respecto, el concejal Pavón asegura que la situación de estos inmuebles «era bastante sospechoso». 

«No sé si es que el PP miraba para otro lado con esta caja, pero no es normal. Parecía que la CAM tenía un trato de favor por parte del Ayuntamiento frente a otras entidades bancarias. Desconozco si se hacían excepciones por el tema de ser una caja de titularidad pública, pero lo cierto es que existía un enorme vacío legal». Respecto al tema de posibles sanciones, fuentes municipales explicaron que «es imposible porque cualquier delito ha prescrito», al haber pasado más de cinco años desde que se produjo la infracción.

No es la primera vez que en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante se lleva una sorpresa con el tema de las licencias. Como ya desveló este diario, el emblemático Hotel Spa Porta Maris, ubicado en primera línea de la playa del Postiguet, llegó a estar ocho años sin ningún tipo de licencia ambiental, algo que salió a la luz cuando se solicitó un permiso para hacer una ampliación. De nuevo cualquier tipo de responsabilidad había prescrito y el área de Urbanismo se limitó a activar el protocolo para regularizar la situación del inmueble.

Por otra parte, el área de Urbanismo confía en sacar adelante el Catálogo de Protecciones de la ciudad durante el mes de agosto. Tanto la Concejalía que dirige Miguel Ángel Pavón como el departamento jurídico municipal ultiman los informes que ha solicitado la concejal tránsfuga Nerea Belmonte para dar su visto bueno y evitar que más de 600 edificios de la ciudad queden desprotegidos a partir de septiembre.

De momento ya se ha solicitado la licencia para demoler uno de estos inmuebles, y el Ayuntamiento tiene dos meses para tramitarla. En caso contrario se arriesga a que la empresa lleve a la Administración local a los tribunales.

El exdirector territorial de la CAM en Murcia afirma que el criterio del FROB «provocó las pérdidas»

MADRID.- El ex director territorial de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Murcia Ildefonso Riquelme aseguró este miércoles en el juicio contra ocho exdirectivos de la entidad que la reclasificación de operaciones bajo el mandato del FROB "provocó las pérdidas" millonarias del primer semestre de 2011.

En calidad de testigo, Riquelme señaló que el criterio de los administradores provisionales del FROB de catalogar como dudosos ciertos créditos, que desveló un agujero de 1.135 millones, generó "una presión tan fuerte sobre la cuenta de resultados" de la CAM que "ninguna entidad solvente de la Unión Europea hubiera podido sostener".

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Ángela Murillo, el ex director territorial defendió la existencia de una normativa interna influenciada por las "normas que emanaban del Banco de España".

En concreto, se refirió a la política de aprobación de créditos, que dijo que "constaba en los informes anuales de la CAM y se presentaba a los auditores internos, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, por supuesto, al consejo de administración".

Propuesto por la defensa del ex director general de la caja, Roberto López Abad, para quien la Fiscalía solicita, al igual que para otros cinco exdirectivos, siete años y medio de prisión por estafa continuada, falsedad contable, apropiación indebida y falsedad documental, Riquelme indicó que tanto él como el resto de altos cargos renunciaron a los incentivos de 2010.

Una decisión que adoptaron porque consideraban que debían hacerlo, dijo, ya que los directores de sucursal, que "habían tenido mucha tensión, con mucha información intoxicada de la prensa" también debían ser partícipes del cobro en caso de producir beneficios.

Respondió así a las cuestiones sobre las prestaciones recibidas por los miembros del comité de dirección, a quienes las acusaciones atribuyen un supuesto cobro indebido de 47 millones de euros en indemnizaciones, complementos salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

En la misma línea se expresó el ex secretario general de la CAM José Pina Galiana, que indicó que la cancelación anticipada del bono extraordinario a largo plazo supuso además "renunciar a la prima del 25%".

Sobre el mandato del FROB en la CAM, apuntó que los administradores provisionales "no contemplaron un beneficio de más de 200 millones" en la cuenta de resultados, procedentes de la evolución de los préstamos hipotecarios, pese a ser "conscientes" de ello en 2011, hasta que Bruselas aprobó la venta de la CAM al Banco Sabadell meses después.

Asimismo, Pina insisitió en que la Caja fue objeto de "inspección constante" por el Banco de España durante años al ser una "entidad grande", y apoyó a quienes fueran sus compañeros en la CAM pues "conociéndolos no hay duda de que siguieron remitiendo la información necesaria".

Algo que subrayó el director general adjunto de la caja desde febrero de 2011, Agustín Llorca, que relató que un inspector del organismo regulador llegó a felicitar a la entidad por su gestión de riesgos, y apuntó que el Sabadell, heredero de la cartera tras adquirir la CAM por un euro, tiene la "obligación" de asumir el pago de las cuotas participativas.

La CAM "ocultó" información con impacto contable, según los auditores

MADRID.- Auditores de KPMG y el administrador provisional del FROB en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han sugerido este martes que la entidad "ocultó" aspectos relacionados con diferentes operaciones, y han declarado que su propia labor estuvo condicionada por la información suministrada por los directivos.

Así lo ha asegurado a la sala el socio de KPMG, Francisco Javier Muñoz Neira, que ha explicado que las ganancias reflejadas en las cuentas del primer semestre de 2011 "no daban la imagen real" de la CAM al existir "diferencias sustanciales" de 1.100 millones en unas provisiones por riesgo de crédito especialmente deterioradas en los primeros meses del año.
Muñoz ha aseverado, en calidad de testigo, que estas provisiones "no tenían ningún sentido desde el punto de vista contable y económico", y ha apuntado a la cúpula de la caja por "ocultar" las opciones de titulizaciones, "desconocidas" incluso por el Banco de España, que en 2010 inspeccionó durante meses la entidad.
En la misma línea se ha manifestado el administrador provisional del FROB, Tomás González, que ha insistido en que su mandato fue "una cosa precipitada" con el objetivo de "tomar el control de la entidad y llevar a cabo un proceso de venta sin que perdiera valor" durante su administración, tarea para la que no disponía de toda la información necesaria como los informes de auditoría, que "costó mucho" que se los dieran.
Como hicieran sus compañeros en la sesión previa, ha explicado que su equipo no aprobó las cuentas presentadas por la CAM para el primer semestre de 2011, ya que "ponían de manifiesto que la entidad estaba en beneficio, que desde la cartera no era necesario hacer más dotaciones".
Balance que ha calificado de "extrañísimo", considerando que se trataba de una caja intervenida por el Banco de España dados sus problemas de liquidez e insolvencia.
Asimismo, ha relatado que fue después, en las cuentas formuladas por la administración del FROB, cuando se destapó un agujero de 1.135 millones, como sostiene el fiscal Luis Rodríguez Sol, que solicita penas de hasta siete años y medio de prisión para ocho exdirectivos de la CAM por falsedad contable y estafa continuada, entre otros delitos.
Sobre las operaciones, ha reconocido que las titulizaciones y la reclasificación de créditos obligaron a reexpresar las cuentas "porque no se sostenían, no tenían capacidad de reembolso", y ha criticado que la entidad guardara un derecho de recompra de los bonos cuyo riesgo no podría haber sido dado de baja de los estados como se hizo, generando un beneficio ficticio de 65 millones.
Al respecto, ha apuntado a las áreas de Riesgo y Planificación y Control, dirigidas por los acusados Francisco Martínez y Teófilo Sogorb, por su responsabilidad en el tratamiento contable de las titulizaciones.
Una dirección a la que también ha apuntado el socio de KPMG Julio Álvaro, autor de los trabajos que refrendaron que la supresión de estas operaciones del balance "era correcta" en base a la documentación aportada por el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa, para quien la Fiscalía pide un año y dos meses de prisión.
Durante la sexta sesión de juicio también ha intervenido el que fuera director de gestión de Recursos Humanos de la Caja, Eduardo Severá, quien ha sostenido que los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós intervenían en las comisiones de retribución "sólo para exponer temas" pues carecían de voto.
Ha respondido así a cuestiones sobre las prestaciones recibidas por los miembros del comité de dirección, a quienes las acusaciones atribuyen un supuesto cobro indebido de 47 millones de euros en indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.
En este sentido, ha asegurado que percibieron el bono extraordinario a largo plazo antes de que la situación se hiciera más precaria ya que el proyecto de integración en Banco Base aceleró su cobro, y ha recordado que Caser reintegró a la CAM más de 20 millones de euros en primas después del ajuste a la baja del importe de las prestaciones.

El administrador del Frob en la CAM afirma que «no es posible» que la Caja ganara dinero

MADRID.- El administrador provisional de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) nombrado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a mediados de 2011, José Antonio Iturriaga, aseguró este lunes que no dio credibilidad a los estados financieros presentados por los directivos de la caja para ese ejercicio porque "no es posible" que pidieran la intervención y a la par defendieran que estaban obteniendo beneficios.

"Esa es la razón por la que nosotros decimos que eso no puede ser verdad", dijo el gestor en calidad de testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que investiga a la antigua cúpula de la caja por falsear, presuntamente, las cuentas de resultados de la entidad en 2010 y 2011. Al respecto afirmó que los tres administradores provisionales, nombrados por el FROB después de que el Banco de España acordara sustituir provisionalmente el órgano de administración, se negaron a aprobar los estados financieros que arrojaban unos beneficios (provisionales, según los acusados) de 65 millones de euros.

El testigo aseguró en esta quinta sesión de vista oral que encargaron al auditor externo un nuevo análisis y presentaron las nuevas cuentas que recogían unas pérdidas después de impuestos de ese mismo ejercicio de 1.136 millones de euros. "Hicimos un trabajo de paralizar la sangría que presentaba la tesorería de la entidad", defendió.

El fiscal Luis Rodríguez Sol pide para siete de los ocho acusados penas de cárcel que van desde los diez meses a los siete años y medio por delitos de falsedad en las cuentas anuales, estafa agravada y apropiación indebida y apunta que los encausados rehabilitaron créditos fallidos y dudosos a normales y además contabilizaron incorrectamente la titulización de activos para presentar beneficios en las cuentas de 2010 y poder asignarse el cobro de complementos retributivos (como paga de beneficios, planes de pensiones, incentivos y prejubilaciones).

El testigo aseguró que los tres gestores fueron "auténticamente incomprendidos" tras su aterrizaje en la caja alicantina en julio de 2011 y que se encontraron con una entidad en la que "prácticamente el día anterior había desaparecido parte de los directivos recientemente jubilados". También argumentó que "una intervención es como el que se monta al barco en marcha: el barco está andando pero hay que arreglar las máquinas mientras tanto", dijo.

El gestor también reconoció que tras la intervención del Banco de España, la CAM recibió una inyección de 5.249 millones de euros por parte del Fondo de Garantías de Depósitos (personado como acusación particular en la causa) y que en este proceso de rescate que terminó con la adjudicación de la caja al Banco Sabadell por el valor simbólico de un euro, el Estado perdió los 2.800 millones de euros que inyectó el supervisor para capitalizar la caja y los 3.000 millones otorgados en calidad de línea de crédito.

Sin embargo la situación de la caja alicantina en el momento de su intervención fue producto de la "pérdida y deterioro" que venían arrastrando muchísimas operaciones de riesgo no solo desde 2011 y 2010 sino de antes, aseguró el testigo.