MADRID.- Bankia ha visto multiplicarse en el último año el número de
procedimientos judiciales relacionados, de una u otra manera, con su
cartera de hipotecas. La entidad nacionalizada finalizó 2018 con un
notable crecimiento en los pleitos en los que le reclaman los gastos de
formalización hipotecaria, así como la devolución de lo cobrado por sus
cláusulas suelo, y ya se enfrenta a casi 22.800, según Expansión.
En
su informe anual relativo al ejercicio 2018, Bankia detalla que a 31 de
diciembre del pasado año se enfrentaba a 16.367 pleitos por gastos
hipotecarios en los juzgados. Esta cifra supone un crecimiento del 163%
respecto a todos los procedimientos abiertos durante 2017.
La
tendencia de incremento de los pleitos por gastos hipotecarios de Bankia
contrasta con las cifras aportadas por BBVA, una de las entidades más
afectadas por este producto bancario. Frente al crecimiento en el número
de causas judiciales del banco presidido por José Ignacio
Goirigolzarri, la entidad comandada por Carlos Torres constató una
reducción del 52% en el volumen total de reclamaciones, de las que una
mayoría están relacionadas con los gastos por la formalización de
hipotecas.
Aunque a una escala menor, Bankia también registró un
aumento en los procesos judiciales vinculados a las cláusulas suelo. El
banco nacionalizado se enfrentaba a 6.415 pleitos a finales de 2018, lo
que supone un aumento del 53% respecto al ejercicio anterior, según su
informe anual.
La entidad nacionalizada no hace público un cálculo
sobre el posible impacto de estos procesos abiertos en los tribunales.
Pese al ritmo acelerado de entrada de nuevos pleitos, desde Bankia
consideran que la conclusión de los mismos no tendrá «un efecto
significativo en la situación patrimonial del grupo», señala el banco
madrileño.
Al margen de las
hipotecas, desde su llegada a la entidad en mayo de 2012, los
responsables de Bankia se han visto obligados a afrontar un sinfín de
procesos judiciales, en su gran mayoría heredados: los abiertos por la
comercialización entre clientes minoristas de participaciones
preferentes y deuda subordinada o por la salida a Bolsa de 2011, son dos
ejemplos.
La
OPS (oferta pública de suscripción) de Bankia en 2011, precisamente,
afronta sus últimos episodios. No solo porque la causa penal abierta por
la Audiencia Nacional comenzó el pasado mes de noviembre su fase de
juicio oral, sino porque los procedimientos civiles de reclamación están
próximos a finalizar, tal y como reflejan las cifras aportadas por el
banco.
«A 31 de diciembre de 2018, existen vigentes un total de
700 procedimientos civiles en materia de acciones derivadas de la OPS y
de compras posteriores», detalla Bankia en su informe. Un año atrás, los
procesos pendientes de concluir eran 2.094, por lo han caído un 66% en
el último ejercicio.
Según informa la entidad nacionalizada, hasta
el momento ha destinado 767 millones de euros en provisiones para
resarcir a afectados por la salida a Bolsa. De esta partida, 551
millones se dedicaron a compensar la nulidad de la compra de acciones,
mientras que otros 216 millones se emplearon en concepto de intereses y
costas.
Como la factura por la OPS estaba repartida entre Bankia y
su matriz (en una proporción 40%-60%), BFA ha tenido que desembolsar,
por su parte, 1.104 millones de euros para compensar a los afectados, de
forma que la factura total ya supera los 1.871 millones. En 2015, los
responsables de BFA-Bankia estimaron que las contingencias no se
elevarían por encima de los 1.840 millones, sumando los costes por la
devolución de acciones y el pago de costas judiciales.
