Campillo comienza su artículo (El alacrán y la rana, 13 de enero) cuestionando el voto de Podemos al decreto de subsidios para mayores de 52 años para acabar impugnando toda la trayectoria de la formación, definir a Podemos como “secta” y, finalmente, pedir el acta del diputado que escribe estas líneas. Pues bien, vayamos por partes.
El pasado miércoles el Gobierno de Pedro Sánchez presentó cinco iniciativas para su aprobación en el pleno del Congreso. Podemos votó favorablemente a cuatro de ellas y rechazó el decreto del subsidio para mayores de 52 años. ¿Por qué rechaza Podemos dicho decreto?
Porque, a pesar de contener medidas positivas, incluía un recorte injustificado en la cotización de los mayores de 52 años que representan el 60% de los perceptores de este tipo de subsidios, lo cual supondría futuras pensiones más bajas -en algunos casos hasta 2.200 euros menos al año.
Recorte, por cierto, impuesto por Nadia Calviño antes de marcharse al Banco europeo de Inversiones. Desde Podemos planteábamos retirar este recorte para votar favorablemente. Sencillamente, porque pensamos que no hay que elegir entre los derechos de los mayores de 52 años y los demás.
Como todo el mundo sabe, el de Sánchez es un Gobierno en minoría y, por tanto, necesita negociar los apoyos parlamentarios en cada pleno. Lo sorprendente es que el Gobierno buscara antes el apoyo del PP que el de Podemos para mantener el recorte, y suponemos que de haberlo conseguido nadie les habría reprochado votar con la derecha.
Lo que resulta inaudito es que parezca más sencillo negociar con Junts y ceder las competencias en inmigración a Cataluña, que negociar con un partido de izquierdas un recorte que perjudicaba objetivamente a los trabajadores.
En cualquier caso, este decreto no entraba en vigor hasta el 1 de junio y todavía quedan meses para negociar y mejorarlo. Estoy convencido de que finalmente el recorte se retirará y que, en consecuencia, Podemos podrá votar a favor.
Estos argumentos políticos, sin embargo, parece que carecen de valor para el profesor Campillo, que pretende reducir la posición de un partido político a una cuestión psicológica, casi patológica: Podemos hace lo que hace porque tiene un “obsesivo rencor” contra Yolanda Díaz.
Además, sufriría de una “nostalgia melancólica” al no ser ya la fuerza mayoritaria del espacio y se obstinaría en representar una opción “auténtica, pura y revolucionaria”. Incluso se atreve a decir que Podemos aspiraría a ser una izquierda “viril” frente a un Sumar más “femenino”, despreciando el hecho de que las principales dirigentes de Podemos son mujeres y tirando por tierra todos los avances feministas que se han logrado desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
La conclusión de su argumentación es evidente. Si Podemos muestra su desacuerdo con una ley del gobierno de Sánchez y pide negociar, no lo estaría haciendo por razones políticas, sino por cuestiones personales y, por tanto, ilegítimas. Si, por el contrario, Podemos fuera “responsable” debería votar a favor cualquier ley que el gobierno le pusiera delante, aunque fuera contraria a sus principios programáticos. Luego, Podemos no debería hacer política y ya solo le quedaría disolverse.
No es un razonamiento nuevo ni demasiado original. Desde que Podemos irrumpiera en el panorama político, rompiendo el tablero bipartidista, numerosos intelectuales 'progres' nos han recomendado que no le lleváramos demasiado la contraria al PSOE ni hiciéramos ruido.
El relato de Campillo recuerda a aquel manifiesto que exigía que Podemos diera sus votos a un Gobierno Sánchez-Rivera (2016) o aquel otro que pedía que Podemos apoyase un gobierno del PSOE en solitario (2019). Lo contrario, por supuesto, era hacerle el juego a la derecha. Desde luego, y visto en perspectiva, de haber hecho caso a estos lumbreras jamás se habría conseguido un gobierno de coalición progresista ni Yolanda Díaz habría llegado a ministra.
El profesor Campillo desliza un segundo argumento para negar la capacidad de agencia política a Podemos: los resultados electorales del 28-M. La formación morada habría sufrido un “batacazo” que la inhabilitaría como fuerza política viable, algo que se agravaría por su negativa a hacer autocrítica. A Podemos, por tanto, solo le quedaría ser disuelta dentro de otro espacio, sin mucha más discusión ni consulta. Eso, en parte, era la operación Sumar.
Es cierto que las elecciones del 28-M supusieron un retroceso evidente para todas las fuerzas progresistas y nadie lo niega. Pero el profesor omite otros datos que también son relevantes para esta historia. En la Región de Murcia, el 28-M se presentaban dos opciones electorales a la izquierda: por un lado, Podemos-IU-Alianza Verde que obtuvo un exiguo 4,68% y, por otra, Más Región-Equo que solo obtuvo un 1,29%.
Algunos todavía estamos esperando a que Antonio Campillo pida la misma autocrítica a los dirigentes (como Óscar Urralburu) que rompieron el espacio de Unidas Podemos en 2019.
En cualquier caso, lo preocupante de esta argumentación es que se pretenda dar o quitar legitimidad política a raíz de unos resultados electorales, porque si éstos dieran la medida de la legitimidad de un partido, ¿no debería haberse disuelto Equo hace años? ¿no deberían haber dimitido los dirigentes de Más País después del batacazo del 10-N y de poner en riesgo la posibilidad de un gobierno de coalición?
Creo, en todo caso, que es un argumento peligroso que lesiona la pluralidad política.
Llama la atención, además, que estos intelectuales que siempre piden tanta autocrítica a los demás, pocas veces sean capaces de hablar de la guerra sucia -política, judicial y mediática- contra Podemos y los efectos electorales que ha tenido. Lo digo con pesar, pero la realidad es que ante los montajes más gruesos, jamás recibimos un mínimo apoyo de quienes ahora pretenden darnos lecciones.
Y así llegamos a las elecciones generales del 23 de julio. En este punto, el profesor Campillo pierde su calma estoica y lanza toda una serie de ataques furibundos. En su opinión, la formación morada habría engañado a Sumar y fingido aceptar su liderazgo, con “cinismo” y sin la “más mínima ética política”.
Creo que el juicio del profesor Campillo se debe más a un autoengaño que a una cuestión de mala fe: efectivamente, Podemos firmó un acuerdo de coalición electoral con otras fuerzas políticas, pero muchos pensaron que aquello significaba la disolución definitiva de Podemos en un nuevo partido (Movimiento Sumar). Eso jamás estuvo contemplado, pero algunos quisieron mantener la ficción.
La realidad es que tanto Podemos como Sumar tenían incentivos para llegar a un acuerdo electoral el pasado verano. La victoria de las derechas era una posibilidad más que plausible y el retroceso de las izquierdas una evidencia. Tengo la convicción de que mi formación política actuó con responsabilidad siendo parte de la coalición y ello a pesar de los vetos, las humillaciones y la falta de un proceso democrático.
El profesor Campillo también sugiere que Podemos se habría quedado fuera del Congreso de haberse presentado en solitario. Quién sabe. Aunque también se podría interrogar por cuántos diputados habría obtenido Sumar de presentarse sin Podemos. Nunca lo sabremos, lo que sí es seguro es que sin los votos de Podemos, Sumar no tendría hoy cinco ministerios.
Por último, el profesor Campillo completa el argumentario habitual criticando a Podemos por su marcha al grupo mixto, acusando a sus diputados de transfuguismo y pidiendo que, por “coherencia”, entreguemos nuestras actas.
Por supuesto, Campillo no hace ninguna referencia a la gestión del grupo parlamentario de Sumar ni dice qué le parece que Podemos no pudiera presentar iniciativas parlamentarias, ni que no pudiera hablar en tribuna ni que, en definitiva, no tuviera los mismos derechos que los demás miembros de la coalición electoral.
Supongo que le parecerá bien, pues, como ya se ha dicho, el objetivo originario de Sumar era disolver el partido de Ione Belarra y conseguir con ello una relación más dulce con el PSOE. Lo que sí le parece mal es la salida de los cinco diputados de Podemos al grupo mixto para poder hacer política.
Da igual que antes lo hiciera Compromís separándose de Podemos, para algunos solo es transfuguismo si la decisión la adoptan los morados. Le sugeriría a Antonio Campillo que, si tan claro lo tiene, anime a sus colegas de Sumar a llevarlo al pacto anti-transfuguismo. Lo mismo, entonces, descubre que dicho pacto no aplica a las decisiones de un partido.
Dicho de otro modo, los diputados de Podemos lo son porque su partido los propone para participar en una coalición electoral y marchan al Grupo Mixto por la misma razón. No son los diputados de Podemos los que han cambiado de partido estos años o, peor, los que componían otros partidos mientras cobraban como representantes de Podemos.
Siento, por tanto, no poder atender a la petición infundada del profesor Campillo y abandonar el Congreso. Por coherencia considero que debo seguir realizando la labor que he desplegado estos años y defender también a los 24.000 perceptores del subsidio en la Región de Murcia que, de aprobarse el recorte del decreto, habrían visto su pensión seriamente mermada.
Sinceramente, pienso que hacen falta representantes que pongan pie en pared ante las políticas de recortes que pronto vendrán de la Unión Europea, representantes que puedan equilibrar la balanza cuando el PSOE vuelva a enseñar la patita neoliberal.
Podemos sigue teniendo la mano abierta para llegar a acuerdos, más necesarios si cabe en esta Región de Murcia. Lo que nunca vamos a aceptar son insultos, vetos ni humillaciones.
(*) Diputado por Murcia en la XI, XII, XIII, XIV y XV Legislatura. Coordinador autonómico de Podemos Región de Murcia
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