Parolin anuncia que visto el Decreto General de 28 de septiembre de 2021, emitido por esta Secretaría de Estado, vista la Ordenanza del Presidente de la Pontificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano N. CDLXI en materia de emergencia de salud pública y considerando la persistencia y agravamiento de la actual situación de emergencia sanitaria, se ve en «la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para contrarrestarla y garantizar la realización segura de las actividades».
En el Decreto, publicado en el «L´Osservatore Romano» comunica «la obligación de poseer las certificaciones señaladas en el artículo 1 de la citada Ordenanza (vacunación). Se aplica a todo el personal (Superiores, Oficiales y Auxiliares) de los Dicasterios, Organismos y Oficios que integran la Curia Romana y de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede, y se extiende a los colaboradores externos y a quienes por cualquier otro motivo realicen actividades en los mismos Órganos, al personal de empresas externas ya todos los visitantes y usuarios».
Además, el Vaticano ha impuesto que «el personal sin un pase verde válido que acredite, exclusivamente, el estado de vacunación contra el SARS-CoV-2 o la recuperación del virus del SARS CoV-2 no podrá acceder al lugar de trabajo y debe considerarse ausente injustificado, con la consiguiente suspensión de retribución por la duración de la ausencia, sin perjuicio de las deducciones previsionales y asistenciales, así como la asignación a la unidad familiar. La prolongación injustificada de la ausencia del trabajo tendrá las consecuencias previstas por el Reglamento General de la Curia Romana».
Esta medida también afectará a quienes presten servicio en contacto con el público a partir del 31 de enero de 2022.
El Decreto promulgado por la Secretaría de Estado, añade que «sin perjuicio de los controles encomendados al Cuerpo de Gendarmería, cada Entidad está obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos, estableciendo los procedimientos operativos para la organización de estos controles e identificando a los responsables de constatar y impugnar los incumplimientos de obligaciones, en el sobre la base de las disposiciones de la Ley N. LIV sobre / la protección de la seguridad y la salud de trabajadores en el lugar de trabajo, de 1 de diciembre de 2007.
Por lo que respecta a los Departamentos, la competencia al respecto corresponde a los Subsecretarios».
Por otro lado, el comunicado deja la puerta abierta a «la valoración de los elementos para cualquier exención de las obligaciones de la citada Ordenanza y delegada en la Secretaría de Estado.
Será el Jefe de cada entidad el que deberá remitir las solicitudes a la Sección de Asuntos Generales para su valoración. De igual modo, se anuncia que esto no quita que las autoridades sanitarias vaticanas competentes puedan considerar necesarias otras restricciones para personas de países con alto riesgo de contagio.
Dicho Decreto será promulgado a través del Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, y por lo tanto también publicado en el comentario oficial del Acta «Apostolicae Sedis».
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