MURCIA.- El PSRM ha denunciado como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación y cohecho en el contrato de gestión de la televisión pública autonómica murciana al consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, y a su antecesor, Javier Celdrán, y al director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.
El asunto ha llegado este viernes a la Fiscalía Superior de la Región, por lo que aún no ha tenido tiempo de estudiarlo, aunque lo previsible es que acuerde la apertura de diligencias informativas, que serían encargadas a la sección Anticorrupción, han dicho luego fuentes de ese departamento.
El PSRM entiende que la adjudicación directa a la empresa Central Broadcaster Media, hoy CBM Servicios Audiovisuales, del contrato de gestión indirecta televisiva vulnera los principios de igualdad, transparencia y libre competencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Y es que los responsables públicos no iniciaron el procedimiento con la antelación suficiente para que, llegada la fecha de expiración del anterior, que ya no podía prorrogarse más, estuviera dispuesto el concurso para un nuevo contratista, con lo que permitió que desde mayo de 2020 "fraudulentamente" siguiera prestando el servicio CBM, filial de Secuoya, que "se perpetúa en él directamente y sin licitación".
Lo hizo desde una primera adjudicación desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de ese mes de 2017 y tras una única prórroga posible de 3 años, hasta la misma fecha de 2020.
Sucesivamente se enlazan otros cuatro contratos de este tipo: el 27 de junio por 0,9 millones desde el 1 de julio de 2020 hasta el inicio de emisiones estimado antes del 30 de septiembre; el 24 de septiembre por la misma cantidad del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021; el 12 de marzo de 2021, desde el 1 de abril hasta el 1 de julio, y el 29 de junio pasado, del 1 de julio hasta el 1 de diciembre de 2021.
Todos suman 17,1 millones en 20 meses "dispuestos bajo la excusa de una emergencia completamente a dedo, y para mayor gravedad, con vínculos más que cuestionables entre responsables políticos y de la adjudicataria", dado que el director general de CBM, Antonio Peñarrubia (en la imagen), es esposo de la secretaria general de Presidencia, Mar Moreno.
El PSRM aventura que "con casi toda probabilidad, el 1 de diciembre no estará adjudicado el nuevo contrato y el fraude continuará".
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