MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, expresó este viernes su negativa a suscribir las condiciones «leoninas» impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en lo que respecta a la desalación, al fijar unos «precios brutales» para los agricultores de la cuenca del Segura.
Jiménez, que hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, denunció que la desalación es «la única opción que baraja el Miteco para resolver el complicado escenario que está planteando de caudales ecológicos en el Tajo».
En este sentido, señaló que el Gobierno central «lleva dos líneas de trabajo y ambas confluyen en un mismo hecho, finiquitar en buena parte el Trasvase Tajo-Segura». Una de esas líneas es «acabar con las tensiones políticas en la vecina Castilla-La Mancha» y eso, ha dicho, «conduce inequívocamente a ir recortando drásticamente el trasvase».
La segunda línea a la que hizo referencia Jiménez es la apuesta por la desalación como «única opción en materia de agua para esta cuenca». Al respecto, indicó que «no es necesario» implementar caudales ecológicos «por encima de lo que ya estaba pasando en algunos puntos como Aranjuez».
Asimismo, precisó que el Gobierno reconoció que «buena parte de los problemas» de contaminación en el Tajo «no se deben al trasvase», sino a «problemas de depuración en Castilla-La Mancha y en la propia Comunidad de Madrid».
Otra de las líneas «fundamentales» del Gobierno para «ir acabando periódicamente con el trasvase», según el presidente de SCRATS, es que «nuestros técnicos, que son quizás los mejores del país, descubrieron un error que importante que afectaba al eje del Tajo que más incide en el trasvase», en referencia a los volúmenes de caudales ecológicos planteados para Aranjuez, Talavera y Toledo.
«Con lealtad no avisamos a los medios informativos, sino que comunicamos el error al Miteco y a representantes políticos afectos a este de esta región. ¿Qué hizo el Ministerio? Lo lógico hubiera sido corregir ese error, ajustarlo con la metodología que había usado en todo el eje del río del Tajo» porque «el caudal que daba era un poco superior al que hay ahora, pero no muy superior».
«Lejos de eso», agregó Jiménez, «lo que hizo fue cambiar toda la metodología del río Tajo para conseguir una cifra similar; lo irónico es que es incluso un poco superior a lo que tenía previsto como caudal ecológico», y todo, ha matizado, en base a una «planificación netamente política».
Otro de los elementos sobre los que ha llamado la atención es la imposición de lo que ha llamado «la ley del silencio», pues «ni en el propio Ministerio ni en organizaciones afectas a este, de carácter regional, ya se habla del caudal ecológico».
«El MITECO ha dado una orden de silencio para ellos», ha criticado al respecto.
Desalación «con calzador»
Para el presidente de Scrats, el Gobierno central ha introducido la desalación «con calzador». «Y esa desalación se empieza casualmente a producir la tramitación de las concesiones en este momento, se nos pide que a toda marcha firmemos las comunidades de regantes unos convenios que van a vincular nuestra vida con la desalación en el futuro».
Para Jiménez, «no son convenios, son contratos de adhesiones con condiciones auténticamente leoninas, en donde no se nos dice algo que yo creo importante que es el precio del agua desalada, y donde se incumple la normativa que dice que el agua desalada tiene que costar 30 céntimos, no un euro y medio como posiblemente pagamos».
A esto, ha añadido que «todas esas señales» llevan al Sindicato a pensar que «esas dos líneas de trabajo que ha tenido siempre el MITECO están clara: cargarse el Tajo-Segura en la parte al menos que afecta al regadío».
Precios que afectarán a la población
El máximo representante de Scrats se mostró convencido de que también la sociedad civil «se va a enfrentar también a precios que van a afectar a su bolsillo», porque «una mayor dependencia de la desalación, de un recurso que tiene como origen principal la energía eléctrica, nos puede enfrentar en un futuro a precios que están por ver».
«En esa batalla nosotros vamos a estar enfrente del Ministerio. Decimos sí al agua, pero no a cualquier precio», ha precisado el dirigente del Scrats, que ha exigido que «se aplique la ley», una norma en la «se habla de 30 céntimos» para el agua desalada.
Al hilo, ha expresado su malestar por tener que solicitar algo que ya está reflejado en la normativa vigente, máxime cuando «nuestros competidores, que son los compañeros del resto del país, están pagando una media de 3-4 céntimos el metro cúbico». Los precios por el agua desalada que se pagan en la Región, Alicante y Almería harían «inviable», según sus palabras, la agricultura de futuro en esta región.
Desde Scrats no van a firmar las condiciones impuestas por el Miteco, al menos hasta que este no responda a la misiva que el Sindicato le remitió para expresar su malestar. «Nos costa que están trabajándola con una serie de condiciones, y en el momento en que estas se centren, firmaremos», apostilló Jiménez.
Postura del Gobierno regional
Por su parte, el consejero de Agua exigió al Gobierno de España la activación de los mecanismos necesarios para fijar el precio del agua desalada para riego en 0,30 euros «que no penalice a los agricultores de la Región como viene haciendo en los últimos años, pagando cantidades muy superiores a la media nacional, lo que afecta a la competitividad del sector agrario».
Luengo destacó «esta posibilidad viene recogida en la Ley 1/2018 de 6 de marzo en su disposición adicional cuarta, que permite adoptar esta decisión ante circunstancias extraordinarias, y el incremento de los costes energéticos es una de ellas».
Además, señaló que «el Gobierno de España solo tiene una hoja de ruta y es la de cerrar el Tajo-Segura y sustituir todos los recursos por agua desalada, sin tener en cuenta el grave perjuicio que esto ocasionará a los regantes, que pagan sobre 0,70 euros por metro cúbico de agua, una cantidad que podría multiplicarse por dos una vez se revisen las tarifas en base al aumento del coste de la electricidad, lo que contrasta con los 0,04 euros de media que se paga en el resto de España, por lo que el agricultor murciano paga el agua diecisiete veces más cara que la media nacional».
«A todo ello se suma el coste que las comunidades de regantes tienen que afrontar por el gasto energético, que ya desde hace meses están teniendo que afrontar tratando de que no repercuta en el consumidor, algo que cada vez se hace más complicado», ha avisado.
Alegaciones
En otro orden, el encuentro sirvió también para analizar el avance de las alegaciones que se están ultimando a los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación impulsados por el MITECO, y que «prevén recortar un tercio del agua del trasvase que llega al Levante español, lo que supondrá contar con 100 hectómetros menos cada año».
Luengo señaló que el Grupo de Trabajo de Planificación Hidrológica, impulsado por la Consejería, está trabajando en el estudio y preparación de sugerencias y alegaciones al proceso de planificación hidrológica para conocer la situación de los caudales ecológicos, la hidrología actual y futura de la cabecera del Tajo, el impacto de ello sobre la operatividad del trasvase, y la evaluación de efectos fundamentales sobre la cuenca del Segura.
«Los primeros análisis evidencian que se produciría un recorte de 100 hm3/año, pero también se están estudiando la evaluación de recursos disponibles en cabecera o la idoneidad de los métodos empleados por el Ministerio para evaluar los caudales ecológicos», concluyó el consejero.
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