MURCIA.- El juzgado de instrucción de Murcia, que investiga la muerte por Covid-19 por negligencia de usuarios de la Residencia Caser de la pedanía murciana de Santo Ángel, ha llamado a declarar en calidad de investigados a los dos médicos y al enfermero que
prestan sus servicios allí, al tiempo que ha reclamado a sus
responsables que presente los contratos de trabajo firmados con ellos.
El auto en el que se contienen esas decisiones señala que sus declaraciones se llevarán a cabo cuando se levante el estado de alarma,
con independencia de que estos tres investigados podrán comparecer en
el juzgado y conocer el contenido de la causa tan pronto reciban la
resolución judicial.
La
resolución judicial ha ordenado también que se recabe la hoja
histórico-penal de los tres, para añadir que las diligencias abiertas
contra ellos tratan de determinar si, presuntamente, pudieron cometer un delito de omisión del deber de socorro.
Por otra parte, el auto no admite a trámite la querella presentada por familiares de internos de la residencia,
que tras la denuncia presentada el 27 de marzo por ese delito,
quisieron ampliarla contra directivos de Caser y contra el consejero de
Salud, Manuel Villegas, y el director general de Salud Pública, Juan Carlos Vicente.
Expone
el juzgado que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para
que fuera posible esa ampliación, en la que los demandantes exigían que
se les investigara por un supuesto delito de prevaricación o de omisión
del deber de perseguir delitos.
Y
añade que no existe la conexión que sería necesaria, además de que las
personas objeto de la investigación y los delitos son distintos, sin
olvidar que la condición de aforado de Villegas obligaría a elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).
Por
eso, concluye el auto, las diligencias abiertas continuarán
exclusivamente contra los dos médicos y el enfermero de la residencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario