MURCIA.- Los funcionarios sometidos a un
proceso disciplinario no están exentos de abonar las tasas que la
administración regional exige por la realización de las fotocopias de la
documentación contenida en sus expedientes, según acaba de señalar el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM).
El
dictamen da respuesta a la consulta hecha
por la consejería de Educación y Cultura a instancias del inspector
jefe de Educación.
El
informe es concluyente al señalar que a todo funcionario incurso en un
procedimiento disciplinario se le debe exigir el pago de ese precio
público, que fue establecido por un decreto del gobierno regional
dictado en 1993.
Y añade que la
exacción de esa tasa pública exigida por la expedición de fotocopias no
ha sido tachada de ilegal por ningún tribunal.
En
su consulta a la consejería, el inspector jefe de Educación solicitó
que se determinara si la administración estaba obligada a dar las
fotocopias gratis, ya que un profesor expedientado había afirmado que
tenía derecho a ello.
La duda
se planteó porque, añadía, el secretario de Gestión Económica y
Presupuestaria sostenía que no tenía que abonar cantidad alguna y que el
órgano instructor debía facilitar gratuitamente las copias pedidas.
El
inspector dejó constancia igualmente de que los padres de alumnos
matriculados en los distintos centros educativos también pagan por la
expedición de documentos relacionados con los expedientes
disciplinarios, imposición de medidas correctoras, acoso escolar y
hechos de otra naturaleza atribuidos a los mismos.
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