MURCIA.-La plantilla de personal de Administración y Servicios de las
consejerías se ha reducido en unas 2.000 personas desde el inicio de la
crisis y soporta una tasa de temporalidad del 20%, mientras que en otros
estamentos de la Administración regional se ha reducido al 8%, según
los cálculos del coordinador de Administración Autonómica de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Francisco Saura.
El
sindicalista también ha alertado de los problemas que ocasionará en
poco tiempo el envejecimiento de la plantilla, dado que «en el plazo de
cinco o diez años se jubilará la mayor parte de los jefes de servicio y
altos funcionarios de la Administración regional, a los que no se podrá
reemplazar», porque no hay personal suficientemente preparado. Saura ha
puesto como ejemplo el caso de los interventores, alguno de los cuales
ha tenido que aplazar su retiro porque no se le encuentra sustituto.
También
ha asegurado en rueda de prensa que el Servicio de Empleo y Formación
(SEF) y la plantilla de personal no docente de la Consejería de
Educación son los departamentos con mayor proporción de interinos, a
pesar de las convocatorias para la consolidación de empleo que se han
producido en otros cuerpos de la Administración, que sí se han reducido
la temporalidad al 8% pactado entre el Gobierno central y los
sindicatos.
En este sentido,
apuntó que en la oferta de empleo extraordinaria de estabilización de
empleo de 2019 «solamente se convocan seis plazas, cuando deberían ser
centenares las ofertadas». El dirigente sindical considera que esta
práctica «burla el 'II Acuerdo para la mejora del empleo público'»,
suscrito por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos, que sí se
está aplicando en otras áreas de la Comunidad Autónoma tras las
convocatorias de los últimos años. Según sus estimaciones, en el SEF hay
unos 450 empleados interinos.
Por
su parte, el delegado de Personal del Servicio de Empleo y Formación de
CC OO, Andrés Cayuela, ha criticado que la temporalidad en este órgano
afecta a los dos tercios del personal, lo que ha perjudicado «la
estabilidad, continuidad y promoción profesional» en la carrera
administrativa.
Cayuela
considera que la precariedad también «ha fomentado la huida del capital
humano mejor cualificado» y está perjudicando a los empleados encargados
de atender a los desempleados.
También
el responsable de PAS-PSEC de la Federación de Enseñanza de CC OO,
Isidoro Fortuna, ha criticado que se esté destruyendo empleo en el
departamento del Personal de Servicios Educativos Complementarios (PSEC)
por los numerosos contratos programa firmados en detrimento de las
plazas estructurales.
Ha
exigido al Gobierno regional que contrate como personal fijo a más de
400 trabajadores actualmente contratados por programas en el sector
educativo. Fortuna estima que «la Función Pública incurre en un fraude
de ley» al mantener este sistema de contratación para cubrir plazas
estables en los centros educativos de la Región.
Como
conclusión, Francisco Saura ha puesto como ejemplo de «la precariedad»
de la Administración autonómica que «no hay personal para cubrir» las
necesidades del Mar Menor, sino que se están trasladando a personas
desde otros departamentos.
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