Cuando
el Rey Juan Carlos presidía un acto solemne en la Casa de Juntas de
Guernica, el 4 de febrero de 1981, y tras pronunciar su discurso el
lehendakari Carlos Garaoikoetxea, un grupo de representantes electos de
Herri Batasuna y LAIA interrumpió su curso regular poniéndose en pie y
cantando puño en alto el Eusko Gudariak o himno del Soldado Vasco, y así
permanecieron algún tiempo hasta que el servicio de orden procedió a
desalojarlos y Su Majestad, que también recibió muchos aplausos, pudo
pronunciar su prevista intervención.
La Sala 2ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de noviembre
de 1983, absolvió por el delito de injurias al Jefe del Estado, pero
condenó por desórdenes públicos. Luego, al resolver los correspondientes
recursos, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 21 de marzo de
1986 concediendo el amparo por indebida denegación de pruebas, lo que
llevaba a la repetición del juicio.
Si ya sorprendía el tiempo
transcurrido desde la comisión de los hechos enjuiciados hasta la
sentencia del Tribunal Constitucional, las sospechas sobre la motivación
política del tiempo que tardó el Tribunal Supremo en dictar su nueva
sentencia se acrecientan notablemente. La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo no resolvió hasta siete años más tarde, el 28 de septiembre
1993, cuando ya habían transcurrido doce desde la algarada en la Casa de
Juntas del Guernica.
La cuestión había perdido actualidad e interés, de
forma que la absolución final de todos los acusados pasó sin pena ni
gloria. Creo que el diligente funcionamiento de la Justicia no debe
sacrificarse nunca con dilaciones indebidas por causas que le son
ajenas.
Hoy, además de insistir en que los tiempos de la Justicia están en
las leyes procesales y no en las conveniencias políticas, quería
referirme a los incidentes ocurridos hace un par de días en el Congreso
de los Diputados. En su primera sesión institucional no se ha entonado
ningún cántico y, según creo, tampoco ha habido grandes gestos o
aspavientos de desprecio, aunque haya quien sigue en sus trece y
aprovecha cualquier ocasión para deslegitimar a la Monarquía.
Una
actitud que en principio no me parece ni bien ni mal, siempre que se
haga con educación y respeto. Ignacio Ruiz de Pineda, diputado de EH
Bildu por Álava, uno de los alborotadores de Guernica, se ha mostrado
ahora en el Congreso igual de firme en sus convicciones pero algo más
comedido.
Se trata de la libertad de expresión en la sede de la soberanía
española. Y, como repetimos mil veces en los años de plomo, se puede
defender pacíficamente cualquier opción política en el marco de la
Constitución. A los presidentes del Congreso de los Diputados y del
Senado les corresponde trazar los límites.
(*) Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J), Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal
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