Aunque era un secreto a voces lo que se estaba intentando desde la
derecha española, no ha cobrado carta de naturaleza hasta que el diario Abc ha
dado el primer disparo: la Junta Electoral Central podría inhabilitar
al president Quim Torra en los primeros días de enero.
El conducto
empleado para ello sería una respuesta favorable de la JEC a la
reclamación del Partido Popular que hace unas fechas fue desestimada por
la Junta Provincial de Barcelona, y que el partido de Pablo Casado le
ha elevado como órgano administrativo superior y que verá el 3 de enero.
En condiciones normales habría que descartar que ello pudiera llegar a
suceder, ya que entre el TSJC que le condenó a una pena de
inhabilitación de un año y medio el pasado día 19 y el Tribunal Supremo
que deberá resolver cuando le llegue todo el expediente, no hay ninguna
instancia judicial. Pero esa es la letra y como ya hemos visto
últimamente en demasiadas ocasiones los atajos están a la orden del día
aunque no haya precedente alguno de todo ello.
El facherio madrileño, revuelto como está desde la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de los
europarlamentarios Puigdemont, Junqueras y Comín, especula que con una
decisión así de la JEC conseguiría dos cosas: resteñar su orgullo
herido tras el revolcón de la Corte de Luxemburgo y dinamitar, o al
menos intentarlo, la investidura de Pedro Sánchez.
Una inhabilitación
del president Torra por la puerta de atrás sería un atropello incluso
superior al que sufrieron las instituciones catalanas con la aplicación sui generis
del 155 de la Constitución, ya que no está contemplado como causas de
cese en el Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Los cocineros de este
invento cuentan con que una resolución de un órgano administrativo como
la JEC inhabilitando inmediatamente al president podría tener el efecto
colateral de inmovilizar a Esquerra Republicana, impedir que sus
diputados acaben votando a Pedro Sánchez y abrir otras opciones de
investidura o incluso unas nuevas elecciones.
Lo más curioso de todo este puzle político es que la investidura de
Sánchez aún está técnicamente en el aire, ya que, entre otras cosas, la
Abogacía del Estado aún no se ha pronunciado sobre la inmunidad de Oriol
Junqueras fallada por el TJUE y su puesta en libertad.
Por lo que se ha
filtrado, la tensión es alta en la Abogacía y se van pasando el informe
del uno al otro. Y, cuando se trata de Pedro Sánchez, la experiencia
demuestra que más vale tenerlo todo por escrito, ya que sus compromisos
se los lleva el viento.
El último ejemplo es su incumplimiento,
anunciado durante la campaña electoral, con las pensiones, que ha
decidido congelar hasta la formación de un nuevo gobierno, igual que el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una pobre excusa la que ha
ofrecido de no haber sido aún investido, ya que, en idénticas
circunstancias, Mariano Rajoy subió las pensiones así como el SMI.
Pero volvamos a la JEC. Una inhabilitación exprés de Torra acabaría
además en el Parlament, ya que el primer paso sería dejar de ser
diputado. Veremos hasta donde llega la perversión del derecho.
(*) Periodista y director de El Nacional
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