MADRID.- Agricultores, científicos, ecologistas y ciudadanos dudan de la
efectividad del decreto ley aprobado por el Gobierno de Murcia (PP y
Ciudadanos) para atajar los graves problemas que sufre el mar Menor, la mayor laguna salada de Europa.
Una desconfianza labrada a base de años de inacción política que ha
permitido que los nitratos, procedentes principalmente de los
fertilizantes que utiliza la agricultura, intoxiquen la masa de agua, relata El País.
Los datos oficiales estiman que en el acuífero que descarga en la
laguna se han acumulado 300.000 toneladas de nitratos. Los vertidos de
aguas residuales urbanas también han contribuido al deterioro. Como
consecuencia se ha perdido un 85% de las praderas marinas de esta
albufera y todavía se recuerda con horror en la zona la muerte masiva de peces y crustáceos que agonizaron en las orillas buscando oxígeno el pasado mes de octubre.
El decreto ley persigue regular los usos socioeconómicos que conviven
en el Mar Menor para reducir las presiones en el ecosistema dividiendo
el espacio en dos zonas.
Incorpora como una de las medidas estrella la
prohibición de usar fertilizantes en una franja de 500 metros desde la
orilla del mar, límite que ahora está en 100 metros, así como el veto a
la aplicación directa de purines (procedentes de la ganadería del
cerdo).
Esta iniciativa ha concitado las críticas de varios sectores que
la consideran inútil debido a los pocos cultivos que existen en este
perímetro. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) calcula que en
él solo hay 136 hectáreas de regadío de un total de 60.000 en la
cuenca.
También limita en la zona 1 la cantidad de cultivos anuales en
función del tamaño de la raíz y se prohíben las transformaciones de
secano a regadío. Otro de sus puntos centrales es el bloqueo de nuevos
desarrollos urbanísticos, fijando un área de exclusión hasta que se
apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del mar
Menor, en cinco años. Hay excepciones: se podrá edificar si se trata de
la ampliación natural de cascos urbanos consolidados.
El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, reconoció en rueda de prensa que “solo con este decreto no se recuperará el Mar Menor”
y exigió la implicación del Gobierno central que aún no ha puesto en
marcha el plan de vertido cero que anunció tras la crisis de octubre.
“Si no hace los deberes, será muy difícil”, puntualizó. El plan del
Ministerio para la Transición Ecológica se centra en 21 actuaciones y
supondrá una inversión de más de 600 millones.
Este trasvase de responsabilidad al Gobierno central no convence a
Santiago Pérez, presidente de Proagua, asociación de pequeños y medianos
agricultores, que se queja al mismo tiempo de la poca concreción en
cuanto a la limitación de los cultivos.
Tampoco a Manuel Martínez,
presidente de la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, que
considera que “se está haciendo la casa por el tejado” porque no se han
elaborado los informes necesarios para abordar la crisis con
conocimiento.
“El problema no se ha creado de ayer a hoy ni se resuelve
de hoy para mañana. Se pueden crear unas expectativas que no se van a
poder cumplir a corto plazo y se puede volver en nuestra contra. Los
unos por los otros, la casa sin barrer”, afirma Martínez.
El científico
Gonzalo G. Barberá, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura, y experto en el Mar Menor añade que es necesario implicar a los
agricultores.
El decreto, que incluye un régimen sancionador y de control con
multas de hasta 500.000 euros, debe obtener todavía el visto bueno del
Parlamento regional, algo que parece tener garantizado dado que Vox ha
anunciado que lo apoyará debido a que “han incluido en él todas sus
reivindicaciones y modificaciones”, además de las de los agricultores.
El PSOE no lo va a apoyar por considerarlo insuficiente. "El drama del Mar Menor es que no se ha cumplido la ley. Ahora era la oportunidad para
cambiar la forma de preservar la laguna, pero se ha desaprovechado",
declaró Diego Conesa, portavoz socialista.
Medidas urgentes
La región cuenta ya con una ley de medidas urgentes para la
protección del Mar Menor, aprobada en 2018, además de con un plan de
gestión integral, entre otras normativas. Pedro García, presidente de
Anse, un grupo muy activo en la denuncia sobre el estado de la laguna,
asegura que “si se hubieran aplicado las otras leyes y normativas no
estaríamos en la situación actual”. Y mantiene que “el decreto está
hecho para salir del paso y no aporta nada nuevo”.
Antonio Vidal, de la Asociación de Vecinos del municipio de Los
Nietos, que forma parte de la plataforma SOS Mar Menor, se apunta a la
postura del ecologista y califica al decreto de “papel mojado” porque
deroga la ley de medidas urgentes de 2018 y no aporta nada
significativo.
“Lo que tienen que hacer es cumplir las leyes que ya hay.
Este decreto hecho en dos meses da un plazo de cinco años para acometer
el plan de ordenación territorial que es imprescindible”, puntualiza.
En cuanto a los usos recreativos en la laguna, se veta la
construcción de nuevos puertos deportivos y las embarcaciones de dos
tiempos de carburación, las de alta velocidad o las de niveles sonoros
excesivos.
Dionisio García, gerente de la Estación Naútica del Mar
Menor, sostiene que pidieron al Gobierno regional que realizara un
estudio serio sobre el impacto de la navegación, y “en caso de ser
necesario acometer la regulación, algo que no se ha hecho.
García exige a
la Administración central y regional que “se pongan de acuerdo”, porque
su sector está recibiendo “un aluvión de cancelaciones” alegando que el Mar Menor está contaminado.
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