Anda, pues resulta que sí, que el
Gobierno regional dispone de competencias para proteger el Mar Menor. El
presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya casi nos había
convencido de que esta cuestión no era cosa suya, pues correspondería a
la Administración central, pero esta misma semana ha lanzado de manera
controlada un globo sonda, el Decreto Ley de Protección Integral del Mar
Menor, que parece reunir en una amplísima relación de medidas casi un
infinito universo de competencias bajo su control.
Esta iniciativa,
aplazada o rechazada por su Gobierno hasta que ha tenido que ponerse las
pilas a la vista de la irreversabilidad a que conduce la situación
ecológica del Mar Menor, es más reveladora por lo que supone en sí misma
que por su propio contenido.
O
sea, que sí, que el Gobierno regional podía actuar y debía haber
actuado. Sería interesante escuchar su explicación sobre las razones de
que, pudiendo haber aprobado antes una ley de esas características,
rechazara hacerlo cuando estaba tan advertido como hoy acerca del
deterioro de ese espacio.
Aunque el presidente, en declaraciones
públicas posteriores al anuncio del decreto, pretenda distraer las
responsabilidades del ataque masivo y sistemático al ecosistema
marmenorense, lo que ha trascendido del texto indica que el diagnóstico
es claro acerca de los agentes, las causas y el sistema pluridireccional
que ha sido consentido por su propia Administración y por las
precedentes bajo la gestión de su partido.
De Fraga a López Miras.
No quiere López Miras estigmatizar a ningún sector en concreto, pero el
esbozo de las medidas del decreto-ley, como no podía ser de otra
manera, señala con claridad a los sectores que han de redefinir,
contener, ordenar o clausurar su actividad. Es claro, a la vista está,
que la voluntad política del presidente va a rastras de la situación, y
que no le debe resultar agradable establecer exigencias allí donde hasta
ahora ha facilitado el vivalavirgen.
No
es plato de buen gusto tener que dictar medidas restrictivas a quienes
se ha dejado hacer sin control y hasta estimulando el desarrollo a lo
bestia de las prácticas que ahora se pretenden planificar, todo ello en
favor de un pacto implícito en que los agentes de la actividad
depredadora carecían de coto para la obtención de beneficios a cambio de
regar las urnas con papeletas del PP.
Más duro es ponerse a redactar
este tipo de decretos tan solo unas semanas después de comprobar que los
votos del cinturón marmenorense han ido a parar a Vox en las generales,
sin duda porque quienes antes gratificaban al PP saben que éste no
tendría más remedio que tomar decisiones, a su pesar, para evitar más
agresiones a la laguna, pues en este caso la enfermedad es peor que el
remedio.
En el intento de que
las medidas del decreto-ley (habrá tiempo de desmenuzar las trampas que
contiene), que en realidad debieran ser populares si satisficieran la
inquietud general de la población acerca del futuro del Mar Menor, no
resulten impopulares para sus intereses electorales, el presidente se
salta la letra de dicho decreto (en el que resulta bastante claro qué es
lo que hay que regular) y lanza su sorprendente análisis: la culpa del
deterioro del Mar Menor corresponde a la sociedad en su conjunto, dice.
Y
precisa que esa culpabilidad pende sobre la conciencia de los murcianos
desde hace sesenta años. Si hacemos las cuentas, parece que López Miras
sitúa el origen de todo esto en las fechas en que el fundador del
partido al que pertenece, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de
Información y Turismo de Franco, estableció unas condiciones
urbanísticas especiales al promotor Tomás Maestre para que urbanizara La
Manga a su modo. Por aquellos tiempos, López Miras ni siquiera tocaba
la flauta, por razones obvias.
Pero
de Fraga a López Miras ha habido tiempo para observar la génesis del
desastre. Ni siquiera hay que remitirse a los veinticuatro últimos años
de gestión del PP, en los que se ha incidido en el desarrollismo
urbanístico en la zona y en el amparo de la agricultura intensiva
contaminante a las mismas faldas del litoral marítimo.
Basta con repasar
los dos años y pico de gobernación del propio López Miras (registrados
en la hemeroteca y la videoteca) para distinguir una política activa
derogatoria de la protección medioambiental y negacionista de la
realidad del Mar Menor incluso después del primer sarpullido de la 'sopa
verde', con anuncios chuscos (otra vez Fraga) de baños reparadores para
instruir a la población sobre la normalidad sanitaria de las aguas.
Ni
moratoria urbanística, ni Ley de Protección, ni regulación parcial
alguna. Para deducir ahora que el problema procede de hace sesenta años,
poco ha hecho López Miras a fin de contemplarlo en los dos de su
mandato, justo cuando los síntomas de colapso brotaban ya de manera bien
visible.
La culpa, de todos, menos del Gobierno.
En realidad, el presidente ha gastado más saliva en transferir 'culpas'
(por cierto, un extraño concepto entre religioso y prejudicial, pues
sería más preciso hablar de 'responsabilidades') que en ofrecer
soluciones, que es lo que corresponde a un jefe de Gobierno.
La culpa,
para López Miras, tiene muchos protagonistas: el Gobierno central (ahora
que no es de su partido), la Confederación Hidrográfica (con el olvido
de que ha estado gestionada durante las últimas décadas alternativamente
por el PSOE y por el PP) y, finalmente 'la sociedad murciana en su
conjunto'.
Aquí, todos tienen
la culpa, menos el Gobierno regional. La pregunta es: ¿para qué pagamos
esa mastodóntica Administración? ¿A qué se dedican? ¿Por qué, hace tan
solo unos meses, cuando vendían que el Mar Menor estaba pletórico de
salud, se ponían las medallas por tamaño prodigio, y cuando se desveló
que su estado real era el del enfermo terminal hay que mirar hacia otro
lado?
Sí, mirar hacia otro lado, pero no hacia donde se sitúan los
agentes económicos que con el consentimiento y el estímulo del Gobierno
regional han establecido unas dinámicas que ahora precisan de este tan
urgente como tardío y probablemente incompleto decreto-ley.
Esa
mentalidad hace temer que las medidas incluidas en el decreto-ley
anunciado acaben en papel mojado y constituyan otra patada hacia
adelante. Este Gobierno tenía una agenda que se resumía en dos puntos:
bajar impuestos y potenciar la enseñanza concertada. Pero el Mar Menor
se ha impuesto en la hoja de ruta del 'murcianismo de amiguetes', y esto
es un quebradero de cabeza. ¿Resolver los mismos problemas
estructurales que ellos han propiciado? Es casi imposible, no está en el
ADN.
Todas las medidas necesarias les deben parecer concesiones al
rojerío: ¿proteger, planificar, contener? ¡Por Dios! Véase que, en el
orden práctico, ni siquiera se sienten capaces de ofrecer respuesta a
una localidad, Los Alcázares, una parte de cuyas viviendas se vienen
inundando sistemáticamente cada vez que se produce alguna tormenta más o
menos intensa. «No podemos hacer ya nada más por Los Alcázares», ha
dicho la portavoz del Gobierno. Y entonces ¿para qué querríamos un
Gobierno?
Aunque la Fiscalía,
que ha detallado con mucha precisión las claves del acoso al Mar Menor,
no esté muy de acuerdo con López Miras, no habría inconveniente en
aceptar su criterio de que no hay sectores privados culpables. En
efecto, la responsabilidad básica corresponde a un solo sector: el
público.
Si la Administración, por razones políticas y electorales,
incentiva con su inacción las prácticas de la agricultura intensiva a la
orilla del Mar Menor y promueve abiertamente el urbanismo desatado a la
vez que hace dejación de otros controles ¿qué podríamos reprochar, al
margen de consideraciones morales, al agente privado que encuentra en
ese boquete las condiciones perfectas para promover su negocio?
Ciertos
empresarios han incurrido en irregularidades en el entorno del Mar Menor
porque hacerlo así formaba parte del estado de cosas, ya digo,
consentido y estimulado por el poder político. Una vez que ha sido
inevitable que se corriera el velo que ocultaba malamente este sistema,
sería patético que López Miras se sorprendiera y exclamara a lo Claude
Rains: «Qué escándalo, aquí se juega».
El
decreto, primera medida de aparente alcance establecida por un Gobierno
del PP para atender de manera global a la fragilidad del Mar Menor,
resulta indiscreto porque desmiente al mismo presidente que se quejaba
de no disponer de mecanismos para afrontar la cuestión.
Cabe deducir que
lo que en realidad hubiera deseado es no disponer de competencias para
evitar mojarse con medidas aplazadas que, de estar bien enfocadas y de
pretender efectividad, tienen que ser necesariamente molestas para un
cierta parte del apoyo electoral del PP, y justo cuando hay para ese
núcleo un punto de fuga que, con su política de pactos, los propios
populares han contribuido a naturalizar.
La legalización de la economía.
Pero a pesar del inicial negacionismo de López Miras respecto a la
situación letal del Mar Menor (tan semejante a cuando Zapatero se
resistía a aceptar la existencia de la crisis económica) todavía habría
podido dominar el problema si en vez de que los dedos se le convirtieran
en lanzas para despejar su responsabilidad hacia otros y a todos en
general, hubiera hecho lo que se ha de esperar de un líder que aspire a
serlo de facto: proponer un marco ambicioso de actuaciones consensuado
con el resto de las fuerzas políticas y los agentes sociales y empeñarse
en representar a la Región (a la sociedad murciana en su conjunto) y no
solo a los intereses de su partido.
Es
decir, si hubiera hecho lo contrario de lo que tan previsiblemente hace
para decepción incluso de quienes creen que los políticos menos
aparentosos, pero hábiles en el manejo interno del oficio, se pueden
crecer ante una oportunidad que les permita elevarse sobre la redicha
monotonía. Sin embargo, sospecho (y cuento con indicios para que así
sea) que López Miras prefiere ser previsible porque tiene un concepto
tan básico de 'la sociedad murciana en su conjunto' que prefiere
situarse al nivel en que él la supone antes que tratar de elevarse un
poco, por si lo pierden de vista. Esto, o es que no hay más.
El
decreto, en definitiva, no revela tanto lo que se proponen hacer en
adelante sino lo que no han hecho hasta ahora. Es expresivo, por tanto,
de la 'culpa', o mejor, de la 'responsabilidad' por ese no hacer,
emboscada en una supuesta falta de competencias que en realidad no es
tal, como el propio decreto demuestra. El proyecto legislativo indica,
en fin, que aunque sea obligado por la fuerza de un espasmo de la
Naturaleza, el Gobierno empieza a entrar en la legalidad. En su
conjunto.
(*) Columnista
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