CARTAGENA.- La plataforma
Pacto por el Mar Menor sigue reclamando medidas para revertir la
situación de la laguna, gravemente afectada. El colectivo exige al
presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que no eche balones
fuera en alusión a sus palabras sobre el reparto de culpas del estado
del Mar Menor.
Miras había expresado, causando malestar entre los partidos de la oposición,
que "no se puede culpabilizar a un sector", sino "que la sociedad en su
conjunto en los últimos 60 años ha provocado la situación actual
ejerciendo presiones de toda índole".
Estas
declaraciones, a juicio del Pacto por el Mar Menor, "dejan patente su
desconocimiento" de las competencias que la Constitución atribuye a las
comunidades autónomas.
Así lo esgrimen en un comunicado :"Con solo
haberse leído el artículo 148 habría sabido que son responsabilidad
suya: las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su
territorio; la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; los
puertos; la agricultura y ganadería; la gestión en materia de protección
del medio ambiente; los proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; la pesca en aguas
interiores (en el Mar Menor, por ejemplo)".
La
plataforma, añade el comunicado, señala que "de haber sabido que era su
competencia y de los Gobiernos que le precedieron" se habría
"avergonzado de la inacción de los sucesivos gobiernos de su partido".
Asimismo, "tampoco habría dicho que la responsable "puede que sea la
agricultura o puede que sea la construcción desorbitada", poniendo de
ejemplo al Ayuntamiento de Los Alcázares (el único donde no gobierna su
partido) y a las urbanizaciones que hay encima de ramblas; ni habría
acusado a la CHS de ser la única que puede actuar en estos cauces".
El
colectivo ha recomendado a López Miras que lea "el artículo 45 de
nuestra Constitución", que recoge los siguientes postulados.
1.Todos
tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
3.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los
términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su
caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño
causado.
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