MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha pedido al juzgado que hace un mes acordó abrir diligencias contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que se le dé traslado de su denuncia por el caso de la desalinizadora de Escombreras y se le llame a declarar sin mayor demora.
Aunque
urge a que se realicen estos trámites, el ministerio público expone en
su escrito, que se le debe conceder un plazo no
inferior a dos meses, desde que reciba la denuncia, para llamarlo a declarar como investigado.
Se
trata de que durante ese tiempo pueda conocer en su integridad la
denuncia presentada por la Fiscalía el pasado julio, en la que se indica
que su actuación en torno al proyecto y ejecución de las obras de la
desalinizadora de Escombreras (Cartagena) puede ser constitutiva
de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Además, añade un delito de fraude y otro de fraude de subvenciones.
Según fuentes de la Fiscalía, el juzgado de
instrucción habría iniciado ya las actuaciones precisas para localizar
al ex mandatario regional y notificarle la denuncia personalmente.
En
el auto por el que el juzgado acordó abrir diligencias se acordó
dirigirse al órgano jurisdiccional que tramita la causa principal por la
desalinizadora para que le remitiera testimonio de las diligencias ya
practicadas en el mismo, "incluyendo las declaraciones de la totalidad
de los investigados".
Y añadía que una vez con esos documentos en su
poder, se acordaría lo procedente.
El
ministerio fiscal tiene solicitado desde el momento de presentación de
su denuncia que se declare la complejidad de la causa y que se llame a
declarar como testigos, entre otros, al ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita.
Para
la Fiscalía, aunque el escalón más alto de los investigados corresponde
al que fuera consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, no es
posible pensar que Valcárcel no estuviera al tanto de lo que ocurría en
torno al proyecto de construcción de dicha planta.
Máxime,
indica, en un proyecto de esta envergadura y que trataba de paliar el
déficit hídrico que sufre la Región, según sus impulsores.
Las presuntas actuaciones ilícitas habrían consistido en implicar a la administración en un proyecto que comenzó desde la iniciativa privada
y que fue asumido después por aquella, con un presunto perjuicio para
los fondos públicos por las condiciones asumidas y los compromisos de
pago que las mismas conllevaban.
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