Esquerra ya tiene el aval de sus militantes para la investidura de Pedro Sánchez: si el PSOE no acepta sus condiciones de una mesa de diálogo entre los dos gobiernos, el español y el catalán, sin líneas rojas, con calendario concreto y garantías de revisión
automática de su cumplimiento, el presidente en funciones no podrá
contar con los imprescindibles trece diputados republicanos para ser
reelegido.
Deberá Sánchez entonces recurrir a la vía de Ciudadanos o del
Partido Popular.
De los 8.500 militantes de ERC con derecho a voto, casi el 95% de los
que han participado en la consulta han avalado la posición de la
dirección y han votado no a la investidura si no hay un cambio brusco
del paradigma político actual. Las formaciones lideradas por Sánchez y Oriol Junqueras ya tienen un mandato de sus respectivas organizaciones para empezar a negociar, aunque no será rápido.
Todo el mundo necesita tiempo para los cambios de discurso y dos
semanas desde la celebración de las elecciones del 10-N se antoja un
tiempo insuficiente.
En la última negociación seria de las
protagonizadas por el entonces determinante nacionalismo de CiU, en
1996, Aznar y Pujol necesitaron su tiempo para rebajar el "Pujol enano, habla castellano" de
la noche electoral y transitar a aquella declaración tan falsa como
innecesaria de amor a la lengua catalana que pronunció en TV3 el líder
del PP: “Debo decir que el catalán lo leo, lo entiendo y, cuando estoy
en círculos reducidos, no muy amplios, lo hablo también”.
Después se
supo que aquella fue una de las condiciones ineludibles de Pujol: que
Aznar convenciera a su parroquia de que nada se haría contra la lengua
catalana y la inmersión.
Cuando estos días se escucha al PSC cuestionar la inmersión
lingüística, uno no puede dejar de pensar en aquella transacción de
1996, con la diferencia que igual el PSC lo que ha hecho es provocar un
innecesario incendio para aparentar una cesión posterior. Quién sabe.
El
PSC tiene una maquinaria preparada para todo, como con su última
propuesta congresual para que se reconozca Catalunya como una nación y España como un estado plurinacional.
Lo tumbó el TC en el Estatut del 2006 y 13 años después lo que proponen
los socialistas catalanes es empezar desde el mismo sitio y, en ambas
ocasiones, con un presidente socialista en la Moncloa.
En definitiva,
caminos hacia ninguna parte.
(*) Periodista y director de El Nacional
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