La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quien el ministerio público pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión, ha cumplido este sábado 500 noches de reclusión provisional
en diferentes prisiones, desde el 10 de noviembre de 2017, primero por
iniciativa del juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena y
ahora por decisión del presidente de la sala que los ha juzgado, Manuel
Marchena. Forcadell, activista cultural y expresidenta de la ANC entre
2012 y 2015, llevó la voz cantante en esta entidad soberanista, hasta
saltar a la presidencia de la cámara legislativa catalana.
Como organizadora de las cuatro primeras manifestaciones multitudinarias del independentismo, ha sido una figura política perseguida desde el primer momento por el deep state y
ello explica la gravedad de la acusación de la fiscalía y el hecho de
que, siendo la Mesa del Parlament un órgano colegiado, haya permanecido
la causa de la presidenta en el Supremo y en los otros cinco miembros
soberanistas haya ido a parar al TSJC y rebajado la imputación en
desobediencia.
El caso de Forcadell, como el de los dos Jordis ―Cuixart y Sànchez,
que han cumplido 657 días en prisión―, es especialmente singular por
tratarse de tan graves acusaciones cuando era la presidenta de una
cámara legislativa. Ello le ha valido el apoyo de más de 600 diputados y
exdiputados de 25 países, que firmaron un manifiesto el pasado
diciembre pidiendo su libertad inmediata y criticando su encarcelamiento
"por permitir un debate" parlamentario.
Forcadell
desatendió informes de los letrados, que por otro lado no eran
vinculantes, entendiendo que ni debía ni podía ejercer coacción alguna
de la actividad parlamentaria. Presidentes de otros parlamentos
regionales europeos le han dado la razón y numerosos eurodiputados
también en base a los principios que rigen en las democracias
parlamentarias y la libertad de las palabras.
Sus palabras en su alegato final en el Supremo el pasado 12 de junio
resuenan hoy con la misma fuerza que aquella jornada en el
Tribunal Supremo: "Estoy siendo juzgada por ser quien soy, por mi trayectoria política,
no por mis actos, no por mis hechos".
Ha habido un esfuerzo por
incriminarla, incluso con acusaciones durante el juicio que eran falsas.
Pero nada le ha devuelto la libertad.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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