Este lunes se han producido dos noticias de resultado diferente en el pulso del president Puigdemont y del conseller Comín con el Estado español, en este caso, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
con sede en Luxemburgo: a media mañana conocíamos que había admitido a
trámite la demanda de sus abogados pidiendo al tribunal medidas
cautelares para que pudieran acceder a su condición de eurodiputado en
la constitución del Parlamento Europeo, prevista para este martes en
Estrasburgo.
Esta noticia, excepcionalmente buena, ya que el TJUE suele
admitir muy pocas demandas de particulares, perdía fuerza a última hora
de la tarde cuando el mismo tribunal desestimaba las medidas cautelares.
Sin embargo, el tribunal dejaba abiertas dos vías para litigar. Un
recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho ante el
vicepresidente de recorrido aparentemente inexistente y, en segundo
lugar, el anuncio por escrito de que dictará una sentencia definitiva
sobre el fondo de este asunto y que un auto de medidas provisionales no
prejuzga en ningún caso el resultado de la acción principal. O sea, la
partida sigue abierta.
Ha sido un lunes frenético de noticias que cambiaban hora a hora y
que tenían cuatro frentes informativos: Madrid, Bruselas, Luxemburgo y
Estrasburgo. En la capital de España, el Gobierno intentaba por todos
los medios tensar sus resortes judiciales y su diplomacia para restar
margen de maniobra a Puigdemont y Comín en su demanda de medidas
cautelares. En Bruselas, Pedro Sánchez negociaba con
los líderes de la UE los principales cargos que han de ser designados en
la nueva Comisión.
Obviamente, Sánchez debe haber encontrado tiempo
para conversar con el presidente francés, Emmanuel Macron,
para abordar las diferentes opciones si el president en el exilio
viajaba a Estrasburgo. A pocos kilómetros, en Waterloo, Puigdemont
dedicaba la mañana a perfilar su estrategia respecto a si debía o no
desplazarse a la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo.
También por la mañana llegaron las primeras noticias desde la ciudad francesa, a través de algunas autoridades, de presencia de policía española
en un número fuera de lo habitual. ¿Tenía que ver con la visita de
Puigdemont? ¿Había alguna operación policial en marcha? ¿Podía ser ello
posible incluso sin activar la euroorden? ¿O se había activado sin un
anuncio oficial? ¿Era tan descabellado pensar que los viejos acuerdos
entre España y Francia para llevar a cabo detenciones en caliente en
territorio francés y pensados para la banda terrorista ETA podían ser
desempolvados para Puigdemont y Comín?
No hay, obviamente, fuentes
oficiales para revelar estas operaciones, pero lo cierto es que en el
entorno de Puigdemont esta versión se dio por muy segura a la vista de
la información recibida.
La partida de Luxemburgo sigue muy abierta, digan lo que digan unos y
otros. Un aviso: cuidado con los primeros titulares o con las euforias
previas. Eso ya pasó cuando Alemania detuvo a Puigdemont, semanas
después la Audiencia de Schleswig-Holstein lo ponía en libertad y tres
meses más tarde descartaba extraditarlo por rebelión. Veremos a partir
de ahora cómo se dan las cartas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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