LORCA.- El exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente autonómico de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, no acudió este miércoles al Juzgado de
Instrucción nº 1 de Lorca, donde había sido citado para recoger la
notificación de la apertura de juicio oral contra él por el 'caso
Auditorio' de presunta corrupción. Si se le vuelve a citar, con apercibimiento de detención, y no comparece, la magistrada competente en la jurisdicción puede ordenar mediante un auto o providencia su busca y captura para ser conducido a su presencia por la Policía Judicial.
Sánchez, actualmente residente en Miami, había sido citado a las
diez de la mañana de hoy en un juzgado lorquino aunque el que fuera jefe del Ejecutivo murciano no se
personó en la sede judicial pese a que su notificación era personal y
sólo podía ser recogida por él personalmente.
El expresidente ha delegado su presencia en su procurador, si bien la jueza Consuelo Andreo, titular del juzgado instructor, no ha permitido que le fuera entregada a éste la documentación a pesar de que «cuenta con los poderes que le autorizan para ello», dice.
El exmandatario del PP será juzgado por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (centro cultural que sigue sin hacerse) en su etapa de alcalde de la población.
La investigación judicial se centra en el proyecto constructivo, su adjudicación, ejecución y recepción de las obras del edificio, que está inacabado.
La Fiscalía solicita para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de prisión y una multa de seis millones de euros por presunta prevaricación, fraude de subvenciones y fraude en concurso.
La semana pasada se hizo público que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se personaba como acusación en el caso Auditorio.
El Consistorio (ahora gobernado por la popular María Ángeles Túnez, a la que aplaudía PAS en su primera toma de posesión) podría exigir los 2,2 millones de euros que se habrían dejado de invertir en las obras del polémico centro cultural.
El expresidente ha delegado su presencia en su procurador, si bien la jueza Consuelo Andreo, titular del juzgado instructor, no ha permitido que le fuera entregada a éste la documentación a pesar de que «cuenta con los poderes que le autorizan para ello», dice.
El exmandatario del PP será juzgado por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (centro cultural que sigue sin hacerse) en su etapa de alcalde de la población.
La investigación judicial se centra en el proyecto constructivo, su adjudicación, ejecución y recepción de las obras del edificio, que está inacabado.
La Fiscalía solicita para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de prisión y una multa de seis millones de euros por presunta prevaricación, fraude de subvenciones y fraude en concurso.
La semana pasada se hizo público que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se personaba como acusación en el caso Auditorio.
El Consistorio (ahora gobernado por la popular María Ángeles Túnez, a la que aplaudía PAS en su primera toma de posesión) podría exigir los 2,2 millones de euros que se habrían dejado de invertir en las obras del polémico centro cultural.
El arquitecto Martín
Lejárraga, que diseñó el proyecto del auditorio y será juzgado también
en la causa, también estaba este miércoles citado para recoger la
notificación y acudió a la sede judicial, donde permaneció escasos
minutos. Lejárraga no hizo declaraciones a los periodistas.
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