Es un timbre de gloria en las elecciones
españolas. Ni un acuerdo. Ni siquiera un acuerdo en ponerse de acuerdo,
como forzó heroicamente el jefe de la verdadera izquierda hace unas
fechas. Ya se sabe: dos pasos adelante y uno atrás. ¿O era uno adelante y
dos atrás? En realidad no importa mucho, teniendo en cuenta que no
saben hacía dónde ir.
Precisemos:
ni un acuerdo con los independentistas. La traducción al román paladino
es "ni un acuerdo con los catalanes". Con los ellos del a por ellos.
¿Cómo? -exclamarán los simpatizantes del férreo socialismo hispano-
¿Acaso no son catalanes Iceta, Batet o Cruz? Sí, son catalanes, pero
españoles de corazón. Españoles federalistas, dicen, pero españoles.
Necesarios para legitimar la erradicación del independentismo en el
Principado. Botiflers, para entendernos.
Por
muchos catalanes unionistas que reclute, aunque llene de ellos la
administración central; por muchos gestos simbólicos que haga, como
llevar algún órgano de esa administración, algún tribunal especializado,
hasta el Consejo de Estado, a Barcelona, por ejemplo, el gobierno no
habrá ni rozado la cuestión.
Hay
contenciosos algo más cargados de consecuencias, como la normalización
del uso de las lenguas nacionales en las Cortes, la defensa del catalán
como idioma de trabajo en la UE, el replanteamiento del reparto de
competencias del Título VIII de la Constitución, la revisión de las
exclusivas del Estado, etc. Estos quizá podrían abordarse en una
hipotética reforma federal de la Constitución como la que proponen los
socialistas catalanes y algunos otros.
Al
margen de que este proyecto tenga algún viso de verosimilitud
tratándose de la super-rígida Constitución española, su oportunidad
política es inexistente. La reivindicación independentista trasciende
los límites de las reformas de los poderes constituidos para plantearse
en el terreno del poder constituyente.
Su objetivo no es el federalismo,
sino el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los
catalanes, lo cual plantea el problema en un terreno al margen de la
Constitución. No por encima ni en contra, sino al margen o fuera de
ella, en donde, digan lo que digan los legalistas, hay amplio terreno de
juego civilizado, sin llegar a las manos. Basta con tener buena
voluntad.
Nada
de retornar a la matraca de si ese derecho existe o no. Existe porque
lo reclama entre el 70 y el 80% de la población de Catalunya. Y, por
tanto, no depende de su previo reconocimiento en la Constitución
española. Quienes, a pesar de todo, sostienen que no existe porque la
Constitución no lo reconoce expresamente, pueden ampliar algo sus
entendederas y admitir que, si no lo reconoce expresamente, tampoco lo
prohíbe expresamente. O sea, que puede hacerse al margen de la
Constitución.
Gobernar
España con justicia sin acuerdo alguno con los independentistas es
imposible. La existencia de presas y exiliadas políticas, de personas
perseguidas por sus opiniones políticas, lo hace imposible si se
considera que Catalunya es parte de España. Ningún país puede gobernarse
con justicia si mantiene en estado de excepción una parte de él mismo
que pugna por separarse. Tendrá que llegar a acuerdos.
Y a ellos llegará
el presidente Sánchez, una vez que su "acuerdofobia" antes de las
elecciones, pensada para aumentar sus apoyos, deje paso a la
conveniencia de encontrar alguna forma de entendimiento que no sea
seguir aumentando la población penal del país..
A
su vez, los independentistas han de abandonar toda esperanza de
encontrar en España algún eco favorable, por mínimo que sea, distinto de
esos posibles acuerdos. Lo acaban de comprobar en sus propias carnes quienes han ido a presentar la candidatura de JxEuropa en Madrid.
En
España la causa catalana suscita una mezcla de hostilidad e
indiferencia y, por extensión, también la republicana aunque, aquí,
quizá, la indiferencia gane a la hostilidad. De darse aquellos
hipotéticos acuerdos, que Sánchez niega ahora, no serán el mínimo, sino
el máximo que los independentistas podrán conseguir del Estado.
El resto han de ganárselo solos; unilateralmente.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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