MURCIA.- La Región de Murcia ocupa el puesto 15
en la calificación de las 17 Comunidades Autónomas en el desarrollo de
su Sistema de Servicios Sociales y muestra "estancamiento" en el último
año, con 0,05 puntos menos que el anterior, según la radiografía
realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios
Sociales.
En materia de
derechos y ordenación del Sistema sigue sin Ley de servicios sociales
que garantice derechos en esta materia, ni Catálogo que concrete estos
derechos.
Puntúa
en este apartado por contar con planificación, aunque sin memoria
económica, y por la integración de la protección a la Dependencia en el
Sistema de Servicios Sociales.
La
relevancia económica de los servicios sociales sigue una evolución
positiva, pero continúa muy por debajo de la media estatal en los tres
indicadores contemplados que son gasto por habitante y año, que
alcanzaron los 262,39 euros en 2016 y 297,12 en 2018, mientras que la
media estatal es de 381,25 euros.
El
porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en
servicios sociales sobre el PIB regional es del 1,349 por ciento en 2016
y 1,442 en 2018 (media estatal 1,525%).
El
porcentaje de la inversión de las administraciones públicas en
servicios sociales sobre su presupuesto total es del 8 por ciento en
2016 y 8,44 en 2018 (media estatal 9,36%).
Respecto
a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, la Región destaca
positivamente en tres aspectos que son las estructuras básicas de
servicios sociales con un profesional por cada 2.064 habitantes, que es
mejor que la media estatal que es de uno por cada 2.348 habitantes.
De
igual modo, destaca la cobertura del Sistema de Atención a la
Dependencia, atendiendo a un 12,27% las personas potencialmente
dependientes en esa Comunidad en 2016, también por encima de la media
estatal, que es de 10,07%.
Así
mismo, su tasa de desatención (Limbo de la Dependencia) es del 11,2%,
inferior a la media estatal que es 19,2% y los acogimientos familiares
para menores son del 70,15% del total de los acogimientos, cuando la
media estatal es del 55,96%.
Los
principales déficit de cobertura de Región en servicios sociales son
las Rentas Mínimas de Inserción, con una cobertura del 3,6% de su
población bajo el umbral de la pobreza, siendo la media estatal del
8,0%.
La cuantía de estas
rentas mínimas supone como media por perceptor el 9,35% de la renta
media de esa Comunidad, mientras que a nivel estatal es el 13,21%.
Resulta
también muy deficitaria en todos los servicios para personas mayores.
Así solo cuenta con una cobertura de 1,36% plazas residenciales de
financiación pública, frente a 2,47% de media estatal.
En
ayuda a domicilio la cobertura en la Región es de 1,63%, frente al
4,20% de media estatal, y su intensidad de 14,70 horas mensuales de
media, mientras que a nivel estatal son 18,89 horas.
En
plazas de centros de día la cobertura es de 0,93% y la media estatal
1,09%. Y en teleasistencia, un 4,95% frente al 9,29% de media estatal.
De
la misma manera, la Región es deficitaria en servicios para personas
con discapacidad, tanto en plazas residenciales, con una cobertura de
0,89% frente al 1,47% de media estatal, como en diurnas y ocupacionales,
con 1,69% frente a 2,67% de media estatal.
En
cuanto a las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género, se trata de 6,56 por cada 100 mujeres víctimas de violencia de
género en la Región, cuando en el conjunto de España son 9,91 Plazas.
Respecto
a alojamiento para personas sin hogar, en la Región son 38,3 plazas por
cada 100.000 habitantes, y en la media de España son 62.
Este
informe aprecia "el escaso desarrollo del Sistema Público de Servicios
Sociales" en la Región en sus tres dimensiones; derechos y ordenación,
relevancia económica y Cobertura efectiva de prestaciones y servicios.
En
cuando a los desequilibrios, el informe aprecia lo que se denomina
"cobertura en riesgo", ya que su cobertura de prestaciones y servicios
no está garantizada por una estructura jurídica (Catálogo), lo que la
hace especialmente frágil y vulnerable a merced de este tipo de
decisiones coyunturales.
Por
todo ello, el informe recomienda aprobar una ley de Servicios Sociales,
incrementar el presupuesto en la materia en un 30 por ciento, es decir,
102 millones de euros de la Comunidad y 22 de las administraciones
locales.
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