MADRID.- La Comisión Anticorrupción del
Congreso, que nació como uno de los órganos 'estrella' de la legislatura
que termina, se va a disolver sin cumplir las altas expectativas
generadas con su creación ya que, en los dos años y medio en los que ha
estado activa, tan sólo ha aprobado un informe de recomendaciones sobre
la financiación de los partidos políticos.
Este
órgano, que oficialmente se denomina Comisión para la auditoría de la
calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas
institucionales y legales, se acordó crear en la anterior legislatura a
propuesta por un lado de Unidos Podemos y por otro de PSOE, IU-Unidad
Popular y Compromís, pero no se llegó a constituir.
La comisión se reeditó tras la 'repetición' de las
generales de junio de 2016 y desde su constitución ha estado presidida
por el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. "Espero mirar con todos
ustedes al pasado para que podamos hacer un diagnóstico de lo que ha
pasado en este país, pero sobre todo quisiera mirar al futuro para que,
con las aportaciones de la sociedad civil y las suyas, la triste e
indignante historia de la corrupción no se repita", aseguró Cantó cuanto
echo a andar este órgano.
Se
trata de una comisión permanente, pero sin capacidad de tramitar leyes.
Casi tres meses después de constituirse, la comisión acordó crear una
subcomisión en su seno para estudiar el régimen jurídico y la
financiación de los partidos políticos, buscar medidas para reforzar la
imparcialidad de las autoridades independientes, así como para regular
los mecanismos de protección de la figura del denunciante de los casos
de corrupción.
Sin embargo, sólo cumplió el primero de
esos mandatos. Tras celebrar diez sesiones de comparecencias y escuchar
a una treintena de expertos entre febrero y junio de 2017, la
subcomisión aprobó en marzo de 2018 un informe pactado entre PSOE,
Unidos Podemos y Ciudadanos con recomendaciones para reformar el régimen
jurídico y la financiación de las formaciones políticas.
Pero
por el camino se quedó el encargo de buscar fórmulas para regular la
protección a los denunciantes de corrupción. En marzo de 2017, el Pleno
del Congreso acordó tramitar en la Comisión Constitucional una ley
integral de lucha contra la corrupción de Ciudadanos y los grupos
acordaron sacar este tema de la subcomisión de la Comisión de Calidad
Democrática.
Al
final esta propuesta legislativa del partido naranja también se ha
quedado en agua de borrajas. Y es que, después de recibir a varios
expertos en la materia y de prorrogar hasta en 13 ocasiones los plazos
para la presentación de enmiendas, al final los grupos las registraron
en noviembre de 2017, pero ya no avanzaron más.
Tras
aprobar el dictamen sobre financiación de partidos en marzo de 2018, la
Comisión Anticorrupción no volvió a reunirse hasta octubre de aquel año
para recibir a la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses,
Flor López Laguna, cuya presencia solicitó el PP para que informara del
contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los
miembros del Gobierno y demás altos cargos del Gobierno de Pedro
Sánchez.
En octubre del año pasado y también a
petición del PP, la comisión acogió la comparecencia de la
vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para trasladar al Congreso
las medidas de regeneración que tenía en cartera y, ya en noviembre,
citó al entonces presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rusiñol,
para hablar de la situación en Cataluña, también a instancias de los
'populares'.
La comisión no ha vuelto a reunirse desde
noviembre y va a clausurar su actividad sin haber iniciado siquiera el
estudio de las medidas destinadas a reforzar la imparcialidad de las
autoridades independientes.
Los grupos llegaron a
acordar que las comparecencias de responsables de órganos reguladores
arrancaran a finales de diciembre con el gobernador del Banco de España,
después decidieron dejarlas para el nuevo periodo de sesiones y el
Congreso se va a disolver sin que haya comparecido nadie.
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