Las derechas españolas
han conseguido cerrar dos pactos en Andalucía para extraer las
consecuencias del resultado electoral del 2 de diciembre. El hecho de
que hayan sido las derechas españolas y no las derechas andaluzas las
que los hayan cerrado ha sido un primer éxito de Vox. Hasta el momento
los pactos de gobierno para la Junta de Andalucía, cuando habían sido
necesarios, se habían cerrado en Andalucía sin la intervención de la
dirección nacional de los partidos. Este es el primero en el que se
sustituye de facto el derecho a la autonomía por el principio de unidad
política del Estado en línea con la propuesta de Vox de acabar con el
Estado de las Autonomías. Son las direcciones nacionales las que pactan.
Con estos dos pactos las tres derechas españolas han conseguido dos
cosas muy importantes para ellas y en las que están plenamente de
acuerdo: la primera, desalojar al PSOE de la presidencia de la Junta de
Andalucía y segunda, mantener cada una de ellas en cada uno de los
pactos elementos de su discurso, que les permitan concurrir a las
elecciones del mes de mayo con un mínimo de credibilidad.
Los dos pactos no están pensados para gobernar. Es
imposible hacerlo con ambos. Albert Rivera considera que el pacto
firmado por el PP con Vox es “papel mojado” y Javier Ortega le responde
que no se podrá adoptar ninguna medida de gobierno en Andalucía sin los
doce escaños de Vox. No hay manera de poner en práctica un programa de
gobierno en esas condiciones.
Los dos pactos que se
han firmado han sido pactos para ganar tiempo. Ambos están sometidos a
la condición suspensiva de lo que ocurra en las elecciones que se van a
celebrar en mayo. Dependiendo de cuáles sean los resultados de estas
elecciones los dos pactos se podrán ver confirmados y transformados a
continuación en un programa de gobierno, que sería el anticipo del pacto
de las derechas españolas para otras Comunidades Autónomas y un buen
número de municipios y que podría acabar desembocando en el embrión de
un pacto para la próximas elecciones generales, o no.
En Andalucía puede haberse prefigurado lo que podríamos denominar el
“Pacto del 155” de las derechas españolas, a través del cual, una vez
celebradas las elecciones de mayo y posteriormente las generales, se
diera respuesta a lo que lo entienden que es un desafío intolerable del
nacionalismo catalán al Estado español, o no.
Hasta
mayo no lo vamos a saber. En el caso de que los resultados de las
elecciones no permitan confirmar la compatibilidad de los dos pactos
alcanzados por separado, la condición dejaría de ser suspensiva para
convertirse en resolutoria. Sería la continuidad de la legislatura
andaluza la que se pondría en cuestión.
Lo que ha
ocurrido en Andalucía ha sido muy lesivo para la izquierda en general y
para el PSOE en particular, pero supone un triunfo solamente provisional
para la derecha, que tiene que demostrar que es capaz de articular e
implementar un programa de gobierno a partir de los tres partidos en que
ahora mismo se expresa. En Andalucía y en el resto del Estado. Si no lo
puede hacer en el resto del Estado, no lo podrá hacer en Andalucía.
En los próximos meses todos los ciudadanos del Estado en las elecciones
municipales y europeas, que son elecciones generales desde la
perspectiva del cuerpo electoral, único en las europeas y múltiple en
las municipales, y los ciudadanos de trece Comunidades Autónomas van a
ejercer el derecho del sufragio sabiendo ya lo que ha ocurrido en
Andalucía y con pleno conocimiento, por tanto, de que las consecuencias
de su voto van más allá del escaño europeo, autonómico o municipal que
vaya a ser elegido con su voto.
Si con el referéndum
del 28-F de 1980 Andalucía puso en marcha un proceso que acabó resonando
en toda España, con el resultado de las elecciones del 2 de diciembre
de 2018 puede ocurrir algo parecido. Entonces posibilitó la
generalización del ejercicio del derecho a la autonomía y la
construcción, por tanto, de un Estado plenamente descentralizado
políticamente. En esta ocasión puede conducir a una revisión en
profundidad del ejercicio del derecho a la autonomía en toda España.
O no. La decisión está en nuestras manos.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
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