Los banqueros españoles, presentes y pasados, no ganan para pleitos.
En los últimos días han saltado a la palestra nuevos casos que ya nada
tienen que ver con el trato hacia la clientela a través de las
hipotecas, las participaciones preferentes, las obligaciones
subordinadas, las salidas a Bolsa, algunas bastante truculentas, las
cláusulas suelo y otros tropiezos que han convertido a la litigiosidad
bancaria en la estrella de los tribunales de Justicia.
Lo cierto es que la acumulación de tantas causas, algunas penales,
está poniendo por los suelos el buen nombre del sector y eso que suele
considerarse como la esencia del oficio, la confianza de los demás. La
reputación como esencia del oficio nunca había quedado tan expuesta en
sus tintes negativos a la valoración pública como en estos últimos años,
desde el inicio de la crisis financiera para acá.
Tres casos recientes, aunque de muy distinta naturaleza, han vuelto a
subrayar el mal momento del sector. En este caso se trata además de
tres cuestiones que afectan a dos de los grandes bancos españoles, en
realidad a los dos más grandes, ya que el tercero, CaixaBank, vive
bastante ajeno a estos avatares.
Primero ha sido el caso de las escuchas masivas a personalidades de
la vida pública (políticos, dirigentes empresariales, periodistas,…)
encargadas por BBVA en medio de aquella confusa batalla político
bancaria en la que un empresario enredador del sector de la construcción
habría intentado el asalto al poder y al control de BBVA contando con
la complicidad, al parecer, de instancias políticas en la época en la
que Rodríguez Zapatero ocupaba la presidencia del Gobierno o en años
adyacentes.
Las miradas están puestas en el papel que desempeñó en toda
aquella batalla el ya ex presidente del banco, Francisco González. El
papel del famoso comisario Villarejo y sus redes de información y
escucha tendrá que ser aclarado ya que son muchas las instancias
públicas que hay involucradas en las sospechas. El asunto removerá con
toda probabilidad las entrañas del banco en cuestión y no resulta
gratuito aventurar la larga cola de pleitos que tendrán que afrontar
tanto la entidad financiera como los responsables del banco que
participaron en los hechos.
Más reciente es la decisión del juez de turno de incluir al Banco
Santander en las responsabilidades penales por la gestión pasada de los
responsables del Banco Popular, banco absorbido con todas las
consecuencias por el Santander, lo que según una interpretación de las
leyes penales traslada al banco comprador las responsabilidades incluso
penales de los gestores del banco absorbido, a pesar de que se trate de
actuaciones anteriores a la propia compra del Popular por el Santander.
Una interpretación que dará paso muy probablemente a pleitos en los
propios tribunales.
El propio Santander acaba de ser protagonista de un asunto que ha
dejado perpleja a toda la comunidad financiera: el banco que preside Ana
Botín ha decidido echar para atrás la designación de un prestigioso
banquero del banco suizo UBS, Andrea Orcel, al que había designado hace
pocos meses como primer ejecutivo de la entidad.
Parece que la
interpretación de la forma en la que este prestigioso banquero italiano
tendría que percibir sus honorarios devengados en UBS al contabilizar su
participación en beneficios, pagos que tendría que afrontar el
Santander, con un importe estimado en torno a los 50 millones de euros,
no quedó en su momento suficientemente clara y ahora el banco presidido
por Ana Botín opta por anular el trato.
El cobro de las primas por participación en beneficios ha sido
regulado en los últimos años por las autoridades supervisoras para
evitar suspicacias en relación con la toma de decisiones de los
banqueros, de forma que el cálculo y abono de esos bonos o primas de
participación en beneficios se retrasaran en el tiempo, alejándolas del
momento en el que se tomaron las decisiones bancarias que explican los
beneficios.
De este modo se trata de evitar que los banqueros
desarrollen una gestión muy cortoplacista, con altos beneficios a corto
plazo, sin prejuicio de que a medio plazo sus decisiones puedan
convertirse en perjudiciales para la entidad bancaria, aunque para
entonces los ejecutivos responsables ya hayan percibido sus
correspondientes bonus.
Parece que Andrea Orcel ha logrado importantes
éxitos en su trabajo al frente de UBS y que los beneficios logrados por
el banco le aportarían unas suculentas rentas que habrá de percibir en
los años subsiguientes.
De ahí la disconformidad con la que al parecer
afronta el Santander su fichaje, al que tendría que remunerar con los
éxitos de su pasado en UBS. Parece que este asunto no ha quedado
suficientemente claro en el contrato firmado hace pocos meses, lo que ha
llevado a la anulación del mismo.
Claro que la cuestión posiblemente
acabará en los tribunales, porque la ruptura de los acuerdos alcanzados
en su día no ha debido dejar nada contento al interesado.
(*) Periodista y economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario