La noticia es de hace unos días,
pero viene muy bien para ilustrar la situación de "normalidad" que
Sánchez sostiene se vive en el país. Menos de una semana después la
misma vicepresidenta Calvo que desmentía los delitos en boca de Sánchez
los pone en la suya en el Senado y responde airada a un senador del
PDeCat que sus compañeros están en prisión preventiva por haber cometido delitos.
Así, a la brava. Ni presunción de inocencia ni gaitas. Han cometido
delitos. Lo sabe todo el mundo y los jueces así lo certificarán. Quizá
no el de rebelión, pero sí otros igualmente nefandos. Los jueces
decidirán.
Que para eso los ponemos nosotros. En
una muestra de salud de la división de poderes, PSOE y PP negocian la
composición del Consejo General del Poder Judicial y tratan de influir
en la del Tribunal Supremo con jueces de su obediencia política. La
pregunta es: ¿a dónde querrán llegar con eso?
Aquí,
lo de menos es ya si las componendas tienen o no éxito, sino como
saldremos de esta astracanada. Un gobierno dizque democrático y
partidario de una solución política a la llamada cuestión
catalana prosigue con la persecución política y causa general contra el
independentismo disfrazada de farsa judicial que inició su antecesor.
Una
farsa judicial es lo único que ofrece el Estado frente a un movimiento
independentista que, habiendo proclamado la república catalana
independiente, actúa como si lo fuera.
En los actos
parlamentarios y gubernativos así como la acción exterior del Consejo de
la República toma cuerpo esa república independiente de hecho hasta que
llegue a un punto de ruptura con el Estado.
Según se han puesto las cosas, la ruptura es inevitable. La cuestión es cómo minimizar los costes. Para todo el mundo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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