Se levanta de su escaño Albert Rivera en el Congreso
de los Diputados, coge el micrófono y con el tono agrio recurrente con
el que suele hablar de Catalunya, le espeta al presidente del Gobierno:
"Señor Sánchez: ¿se compromete o no a indultar a los golpistas, sí o
no?". Se sienta el líder de Ciudadanos, satisfecho, entre aplausos de
los suyos y llega el turno de Pedro Sánchez.
Ninguna
réplica a las continuas acusaciones de golpistas que repite su exsocio
en el 155 y un zigzagueo permanente, un eslalon interminable, para no
contestar sobre qué hará si llegan los indultos de los presos políticos
catalanes a su mesa.
Así empiezan y acaban algo menos de cinco minutos
en el Congreso de los Diputados hablando de vidas humanas en esta
especie de farsa judicial que se ha montado para dar un escarmiento al independentismo catalán.
Pero más allá del espectáculo televisivo y de la necesidad acuciante que tienen uno y otro de arañar votos ante las elecciones andaluzas
que Susana Díaz ha adelantado al próximo 2 de diciembre uno no puede
dejar de sorprenderse ante la tranquilidad con que todas las fuerzas
políticas de ámbito español, excepto Podemos e Izquierda Unida, esperan
los escritos acusatorios de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado.
Hay mayores incógnitas respecto a la Abogacía pero prácticamente
ninguna sobre la Fiscalía que, sin duda, incluirá los delitos de
rebelión para todos los presos políticos y, seguramente, para el major Josep Lluís Trapero,
actualmente en libertad. Aunque está en otro sumario y en otro
tribunal, la Audiencia Nacional, la fiscalía quiere también hacer
público su escrito de acusación contra el exresponsable de los Mossos
d'Esquadra este viernes.
¿Cómo puede darse por segura una condena y hablarse impúdicamente de
indultos cuando varias justicias europeas han rechazado los delitos de rebelión y sedición?
¿Cómo puede hablarse de indulto cuando el gobierno de Mariano Rajoy
negó por activa y por pasiva, desde el presidente al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, y en sede parlamentaria, que hubiera habido
uso de dinero público para llevar a cabo el referéndum y, por tanto,
descartaran la malversación?
¿Cómo pueden hablar de
indulto cuando tendrían que hablar de libertad? Solo desde la mirada
política y desde la ignominia de arruinar la vida de unas personas
pacíficas puede haberse puesto en marcha toda la maquinaria del Estado
para descabezar un movimiento que era y es democrático y de paz.
Hemos sabido también que en el paquete de la fiscalía de este viernes
está el escrito de acusación de Trapero, hombre fundamental en la
resolución de los atentados de agosto del pasado año. Aquel 17-A en que
el major trasladó a la opinión pública internacional y a las instituciones que el cuerpo de Mossos d'Esquadra
era solvente y suficiente para gestionar una crisis de seguridad de
aquella naturaleza.
Allí empezó el calvario de Trapero hasta el día de
hoy. Hemos oído declaraciones en los tribunales de altos mandos del
cuerpo y hemos conocido detalles de los operativos del 1-O a la vista de
la instrucción judicial con motivo del referéndum y que se resumía en
que los Mossos garantizaran la paz social. Y así fue. Lo otro ha venido
después.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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