En las relaciones entre Catalunya y España debe ser lo más normal que la primera, a través del president, Quim Torra, ofrezca diálogo y negociación al presidente Pedro Sánchez y la segunda, mediante decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envíe 600 agentes de la Unidad de Intervención Especial
con el argumento de posibles incidentes en la Diada y que se anuncie
que permanecerán aquí, al menos hasta el próximo 1 de octubre.
Quizás
sea la primera respuesta a la conferencia del president del pasado lunes
en el TNC o quizás, simplemente, se hace para impresionar. Para marcar
territorio, como algunos dicen cuando tienen el poder y la fuerza para
adoptar determinadas decisiones.
Sea por lo que sea, tiene razón la
consellera de Justícia, Ester Capella -creo que la única que habló
durante la jornada, aunque la cuestión no fuera estrictamente de su
ramo- que es una mala idea ya que el ejercicio de las competencias en
materia de seguridad ciudadana corresponde exclusivamente, según el
Estatut, a los Mossos d'Esquadra.
Si a eso se suma que se han suspendido los traslados a unos 300 guardias civiles
que iban a volver a sus lugares de origen y abandonar Catalunya habrá,
entre una cosa y otra, en las próximas semanas más de un millar de
policías nacionales y guardia civiles extra.
Muchos los destinan a
proteger la Delegación del Govern y los edificios oficiales del Estado
cuando, por ejemplo, en 2016 fueron suficientes tan solo dos grupos, en
total un centenar de antidisturbios, y estuvieron unos días.
Pero
alguien debe considerar que son pocos efectivos policiales si de lo que
se trata es de promover la idea de violencia en las calles de Catalunya.
La seguridad seguirá siendo, como hasta la fecha, de los Mossos, pero
si hay que hacer marketing del Estado español y de su presencia en
Catalunya eso solo se hace con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía.
Ya dijo Pedro Sánchez, sus ministros, e Iceta
-atención: también la prensa de papel que ahora le es afín- que iban
a reforzar la presencia del Estado en Catalunya para hacerla más
visible.
Uno podía pensar de aquellas crípticas palabras -ese lenguaje
que se utiliza mucho más en España que en Catalunya aunque solo nos
molesta cuando se emplea aquí- que podíamos estar hablando, al fin, de
Rodalies, de algunas carreteras que son de su competencia, de líneas de
ferrocarril como las del sur del país o la Barcelona-Puigcerdà o del corredor mediterráneo.
Podríamos seguir, sin duda, pero, solo con eso, ya sería suficiente, y
se repararían algunas injusticias históricas de varias decenas de años.
No era así y, por ahora, tenemos los antidisturbios y el anuncio de
un Consejo de Ministros en Barcelona. Quien no se conforma es porque no
quiere.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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