MADRID.- Pedro Sánchez dará poder a las comunidades para subir
más los impuestos regionales y aumentar de ese modo sus gastos. El
Gobierno sabe que las cuentas no salen si empieza a regalar dinero a las
regiones. Ha concedido poder a las autonomías para gastar más aumentando la deuda pública
-2.500 millones adicionales-, pero sabe que eso no contentará a los
Ejecutivos territoriales y se prepara ya para reclamaciones de fondos de
las regiones muy superiores a esa cifra,según revela hoy okdiario.
Por eso, y para no cargar con toda la responsabilidad de las subidas de
impuestos nacionales que se avecinan, dará poder a las comunidades para
que creen y eleven los tipos de sus propios impuestos regionales. De ese
modo, los gobiernos regionales podrán aumentar el gasto sin un coste de popularidad para el Ejecutivo de Sánchez.
La medida se ha empezado a deslizar ya a los gobiernos regionales. Aunque evidentemente nadie pretende ponerla en marcha antes de las elecciones regionales que se avecinan en la primavera de 2019. Pero se les ofrecerá a las haciendas autonómicas antes de esa fecha.
El
plan se aplicará a través de dos carteras de impuestos diferentes. Por
una lado, a los impuestos ya cedidos totalmente a las regiones. Por otro, a impuestos de nueva generación.
En el primero de los capítulos se encuentran el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.
En ambos existe ya capacidad normativa por parte de las CCAA para
elevarlos. Pero su incremento ha provocado en el pasado -y sigue
provocando en el presente- fugas de patrimonios y de empresarios
individuales desde las regiones fiscalmente más caras a las fiscalmente
más baratas. Para evitar estas fugas masivas -que tanto han molestado a
la Generalitat de Cataluña- el plan incluye dos fases.
La primera supondrá una reforma que eleve en toda España esos
impuestos autonómicos con un nuevo mínimo obligatorio más elevado. Ese
mínimo respetará una progresividad de tipos entre las rentas más bajas y
más altas, de modo que los tipos seguirán siendo más elevados para los ciudadanos de mayores rentas o patrimonios.
La segunda fase dotará de más poder a las CCAA que quieran para elevar esos impuestos.
Uno de los puntos donde se hará especial hincapié es en las
transmisiones de las empresas. El PSOE cree que una parte considerable
de las transmisiones de sociedades esconden el traspaso de meras
carteras inmobiliarias. Y quiere expulsar a este tipo de sociedades de
los incentivos que actualmente recoge la norma fiscal.
El PSOE
también pretende limitar la exención o reducción para las empresas
familiares que considere como verdaderas, introduciendo un beneficio
fiscal decreciente a medida que sea mayor la cifra de negocios. En
resumen, que cuanto mejor vaya la empresa, más duro será su traspaso a la siguiente generación de empresarios familiares.
Hasta aquí la aplicación de este plan sobre el capítulo de impuestos cedidos ya totalmente a las CCAA. Pero la verdadera novedad vendrá en el capítulo de impuestos de nueva creación. Y es que ahí, las regiones ganarán todo un nuevo abanico de posibilidades de subir impuestos.
El Gobierno tiene preparado un nuevo catálogo de lo que denomina impuestos medioambientales.
Tributos que repercutirán sobre el coste total que soportan los
conductores por los carburantes o, simplemente, los ciudadanos por la
energía o la calefacción.
Según ellos, el mercado de productos que
contaminan (en especial la energía) no recoge en los precios el efecto
externo negativo que la contaminación supone para la sociedad y por ello
quieren que la fiscalidad resuelva el ‘fallo de mercado’.
Por ello, se plantea la creación de varios impuestos ambientales en torno a las actividades energéticas: generación
eléctrica, por un lado, y sectores difusos (transporte y calefacción),
por otro. Todo ello incluirá un impuesto que gravará las emisiones de
CO2, un segundo impuesto que gravará el resto de los daños ambientales
asociados a cada tecnología de generación (emisiones de SOx, NOx,
ruidos, vertidos, etc.).
No hay comentarios:
Publicar un comentario