Dos horas. Dos tristes horas. Este ha sido todo el tiempo del que ha dispuesto este sábado la consellera Dolors Bassa para visitar a su madre,
de 87 años, convaleciente en el hospital de Girona, en el que ha sido
intervenida quirúrgicamente. El tiempo que le ha dado la Sala de
Vacaciones del Tribunal Supremo para abandonar la prisión de Puig de les
Basses en la que permanece privada de libertad hace ya 187 días.
La
injusticia de una causa procesal que se sustenta a partir de relatos que
poco o nada tienen que ver con lo que sucedió tiene, en este caso, un
elemento cruel, inhumano, en la prisión provisional que se les ha
aplicado temerariamente a los encausados. Y que tiene, entre otras
consecuencias, situaciones tan extremas como esta.
Una madre enferma, una prisión provisional, un convoy de varios
coches policiales conduciendo a la consellera de la prisión al hospital
son elementos que permiten, si se quiere, unas medidas mucho más
holgadas que dos miserables horas. Sobre todo porque está claro que la
consellera Bassa optó ya en su día, por razones familiares
fundamentalmente, por asumir el ingreso en prisión y no por el exilio
como otros miembros del Govern.
Fue a Bruselas a finales de octubre del
pasado año y regresó a Barcelona para comparecer ante el Tribunal
Supremo; fue puesta en libertad en diciembre y volvió a ingresar en
prisión en marzo, un tiempo más que suficiente para fijar su residencia
en otro país si hubiera querido y tampoco lo hizo. También es sobrero el
comentario en el que se justifica que tan solo sea de dos horas: evitar
que la salida de la prisión tenga un objetivo distinto al autorizado.
¿Por qué tanta crueldad añadida? Cuesta de entender si no se analiza
la globalidad de la situación. El escarmiento que se pretende realizar.
Una España unida y cohesionada alrededor del juez Llarena para evitar
que comparezca ante el juez de Bruselas que le ha citado el día 4 de
septiembre.
Una clase política de PP y C's, una judicatura y unos medios de comunicación
clamando para que sea el Estado el que se haga cargo de su defensa por
unas declaraciones que nada tienen directamente que ver con la inmunidad
de la jurisdicción española. Y que pague al abogado que se contrate en
Bélgica.
Bassa y Llarena. Dos caras de una misma moneda. ¿Quién es el indefenso?
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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