Nuevo revés a la justicia española: el tribunal de Gante ha denegado
la entrega automática del rapero Valtònyc como pedía la Audiencia
Nacional y ha aplazado hasta el próximo 3 de septiembre una decisión más
definitiva.
Josep Miquel Arenas, así se llama el rapero mallorquín,
fijó su residencia en Bélgica el pasado mes de mayo después de que el
Tribunal Supremo ratificara la condena de la Audiencia Nacional a tres
años y seis meses de prisión por la letra de sus canciones por los
delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la
Corona.
Compareció ya en julio ante el tribunal que juzga el caso que le
dejó en libertad, igual que este martes, a la espera de la decisión
judicial de septiembre.
Ya no es una novedad que la justicia europea no dé la razón a la
justicia española. Pasó con los presos políticos catalanes, con
euroordenes en diferentes países, que fueron retiradas por el juez Pablo
Llarena una vez la justicia alemana descartó el delito de rebelión del
president Carles Puigdemont y tan solo se abrió a estudiar si había
habido malversación, una pena con un castigo mucho menor y difícilmente
sostenible por la acusación después de que haya sido descartada por el
gobierno español.
De hecho, solo es sostenida la malversación en los
informes de la Guardia Civil.
En el caso de Valtònyc, aunque la sentencia de la justicia española
dice lo contrario, parece bastante evidente que estamos ante un
ejercicio de libertad de expresión por parte del rapero en la letra de
sus canciones y que no puede ser encuadrado como un delito de terrorismo
y todo el resto de acusaciones por las que es condenado.
El caso del
rapero mallorquín tiene una singularidad respecto a los presos
catalanes: Valtònyc ya ha sido juzgado y condenado sin que quepa recurso
alguno en ninguna instancia mientras que los dirigentes
independentistas aún se encuentran a la espera de juicio los que están
en prisión y como ciudadanos libres a todos los efectos los que
escogieron abandonar España.
El hecho de que Valtònyc deba comparecer el día 3 y el magistrado del
Supremo Pablo Llarena el día 4 por la demanda civil de los consellers
exiliados vuelve a situar una espada de Damocles sobre la justicia
española. Todo ello en medio de la irritación de la derecha política,
los medios de comunicación madrileños y la alta judicatura que se
encuentra atrapada en la red que ellos mismos tejieron al dejar que la
política la hicieran los jueces.
Sus miedos y sus errores los acabamos
pagando todos.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-valtonyc-tampoco_297975_102.html
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