Pasar a la ofensiva aprovechando un desliz del juez Pablo Llarena en
unas declaraciones efectuadas en Oviedo, dejar su reputación tocada y
quién sabe si incluso llegar a parar la instrucción. Ese es el triple
objetivo de la demanda civil presentada por el president Carles Puigdemont
y por los consellers exiliados en Bruselas —Toni Comín, Lluís Puig y
Meritxell Serret— ante la justicia belga que ya ha puesto fecha para el
juicio: el próximo 4 de septiembre.
El independentismo catalán mueve el
tablero judicial con una iniciativa que busca ser un jaque al polémico
magistrado del Tribunal Supremo y que pretende poner de manifiesto como
en España los líderes independentistas no pueden defender sus derechos fundamentales y
ante la justicia de otro país sí.
La acusación del Govern en el exilio
se basa, entre otras cosas, en que el juez ha dejado de estar protegido
por su inmunidad, ya que no se está debatiendo lo que dice en un auto
sino lo declarado a los medios de comunicación en Oviedo, cuando le
preguntaron por los líderes independentistas y si son o no presos
políticos.
La dimisión de Rajoy como presidente del PP, el anuncio inminente del nuevo gobierno de Pedro Sánchez e incluso la amenaza de Aznar
levantando el dedo sobre un hipotético retorno, han relegado una
noticia que cualquier otro día ocuparía el principal lugar en los
informativos, ya que no sucede todos los días.
En cualquier caso, el
independentismo se ha anotado una primera victoria enviando un mensaje
muy clarito: el juez Llarena deberá comparecer ante la justicia
belga para defenderse de la demanda civil, un procedimiento reglado en
aquel país y en el cual la fiscalía no interviene y tampoco no hay un
trámite de admisión que se tenga que valorar.
Simplemente, el juez belga
fija la fecha para la vista y serán los miembros del Govern en el
exilio los que tendrán que demostrar que ha habido una vulneración del
derecho a un juez imparcial, a un proceso judicial equitativo y justo y a
la presunción de inocencia. Si Llarena o sus representantes no se
presentaran, automáticamente la podrían perder.
Si no fuera por la trascendencia del caso, lo lógico sería aplazar
toda la instrucción, ya que si tiene Llarena un juicio pendiente podría
llegar a interpretarse, según algunos juristas, que estaría prevaricando si
siguiera adelante. Otra solución sería que el propio Tribunal Supremo
apartara al magistrado y quién sabe si pudiera tomar un camino diferente
en algunas decisiones de la instrucción llevadas a cabo.
Europa y sus instancias judiciales se han convertido en un verdadero
problema para la justicia española, que ve como todo lo que decide aquí
se cuestiona o se rechaza fuera. Un verdadero galimatías que se suma a
la sensación de un gran caos en España, con un gobierno del que se
desconoce cuál va a ser su recorrido una vez ha habido acuerdo entre las
fuerzas parlamentarias para mandar a Mariano Rajoy a su jubilación
política. Un acuerdo aún demasiado frágil para no dar la legislatura
española por muerta.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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