MURCIA.- La exconcejal de IU-V en el Ayuntamiento de Murcia Concepción
Hernández señaló este jueves, al declarar como testigo en el juicio que
se sigue contra el exalcalde Miguel Ángel Cámara y dos exaltos cargos de
Urbanismo, que el entonces portavoz del PSOE, José Salvador Fuentes
Zorita, estuvo «muy a favor» del convenio Nueva Condomina.
Precisamente
ese convenio, firmado por Cámara y el empresario Jesús Samper,
propietario del Club Real Murcia, en 2001, está en el punto de mira de
las acusaciones personadas en este juicio por si el mismo supuso
aprovechamientos inmobiliarios a favor de dicha promotor y perjuicios
para las arcas municipales.
Hernández, que junto con su compañero
de grupo municipal fueron los únicos que votaron en contra del convenio,
señaló que en el pleno en que se dio el visto bueno al mismo Fuentes
Zorita declaró que el mismo era muy positivo «y que lo había calculado a
la peseta», para añadir que ya que todos los proyectos municipales
fueran tan positivos como este.
La testigo añadió que le
sorprendió la actitud de Fuentes Zorita, especialmente, porque debido a
su cualificación profesional, ya que es ingeniero de Caminos, no hubiera
reparado en el perjuicio que, en su opinión, se derivaba para el Ayuntamiento al incluir en la modificación del Plan de Ordenación Urbana
una alternativa en virtud de la cual se renunciaba a percibir el 10% de
los aprovechamientos urbanísticos derivados del convenio.
Hernández
explicó que en el pleno municipal en el que se aprobó aquel texto
votaron en contra porque les llamó la atención la incorporación de esa
alternativa y, también por otros temas, como el relacionado con el campo
de golf que figuraba en el proyecto o la ausencia de un informe
económico sobre el nuevo estadio de La Condomina.
La postura de su
grupo, añadió, se basó en sus propias valoraciones y en los informes
elaborados por un equipo de trabajo del que formaba parte, entre otros,
el arquitecto Felipe Iracheta.
También explicó que el encargado de
defender en el pleno del Ayuntamiento el proyecto provisional del Plan
de Ordenación Urbana, que ya contemplaba las actuaciones derivadas del
convenio, fue el entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, que,
dijo, no hizo entonces observación ni reserva alguna sobre el mismo.
Defensa del Grupo Socialista
En
esta cuarta sesión de la vista oral, que se desarrolla desde el pasado
nueve de mayo en un Juzgado de lo Penal de Murcia, declaró asimismo el
exconcejal socialista José Luis Sánchez Alegre, quien manifestó que el
proyecto de Nueva Condomina fue votado a favor por su grupo y que el
mismo «se defendió bastante y de forma positiva por nuestro portavoz,
Fuentes Zorita».
Como había dicho poco antes la exconcejal de
IU-V, Sánchez Alegre recalcó que en todo momento, tanto en las sesiones
del Consejo de Gerencia como en el pleno municipal en el que se aprobó
el convenio como el plan parcial tuvieron a su disposición todos los
expedientes, además de recibir cuantas explicaciones solicitaron a los
técnicos municipales.
Otro de los testigos ha sido el que era
concejal de Obras y Servicios en aquellos años, José Arce, que indicó
que jamás se aprobó nada que no contara con los informes técnicos y
jurídicos, para añadir que nunca recibió presión alguna de Cámara para
votar en un sentido u otro.
El que fuera jefe de Gabinete del
exalcalde, Eduardo Martínez-Oliva, señaló que la primera noticia que
tuvo del protocolo que dio origen al convenio urbanístico fue cuando el
entonces secretario general del ayuntamiento, José Luis Valenzuela,
entró con él al despacho de Cámara y comentó a este que era «impecable».
Relación «totalmente institucional»
La
sesión dio comienzo con una videoconferencia en la que el era
presidente de Cajamurcia, Carlos Egea, declaró que la relación que
Cámara tuvo con él sobre este asunto fue siempre «totalmente
institucional».
Egea añadió que en 2002 abandonaron el proyecto
por la disconformidad que mantenían con sus socios debido a que los
enfoques de gestión eran diferentes.
También manifestó que
entendía que su entidad de ahorro, que contaba con el 20% del capital
social, merecía otro trato, por lo que estaban descontentos debido a que
no se les informaba de lo que se hacía.
En cuanto al aval
solicitado por Samper, Egea ha dicho que no pudieron prestarlo porque se
elevaba a 24 millones de euros, algo inasumible para el volumen de
negocios de su entidad de ahorro.
El juicio continuará el 22 de mayo, con el comienzo de las pruebas periciales.
En
este proceso, la fiscalía reclama para Cámara y el exdirector de
Urbanismo Pedro Morillas diez años de inhabilitación, y para el tercer
acusado, el exjefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, ocho años y siete
meses de inhabilitación, en los tres casos, como presuntos autores de un
delito de prevaricación administrativa.
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