De la mayor gravedad es lo que está pasando en España con motivo de
la toma de posesión de la presidencia de la Generalitat por Quim Torra.
Un fascista que, sin acatar expresamente la Constitución, La Corona y la
Ley, quitando la bandera de España y prohibiendo la presencia de
miembros del Gobierno español en el acto, se ha convertido en el nuevo
presidente de la Generalitat y máximo representante del Estado español
en Cataluña.
Y lo ha logrado ante la asombrosa pasividad de los poderes del Estado
(que se consuelan con la sola lectura por el secretario general de la
Generalitat del decreto de nombramiento de Torra firmado por el Rey y el
presidente del Gobierno) y mientras el nuevo mandatario catalán
pregonaba a los cuatro vientos que él solo reconoce la legitimidad del
Parlament, que su prioridad es la República catalana y que el verdadero
presidente de la Generalitat de Cataluña es el prófugo y el golpista
Carles Puigdemont, al que ha ofrecido su plena sumisión.
Y semejante esperpento y chulería, que deja en la peor de las
evidencias el orden constitucional que el Rey Felipe VI exigió defender
al Gobierno de Rajoy en su contundente discurso del 3 de octubre pasado,
fue aceptado y consentido sin rechistar por el Jefe del Estado, don
Felipe de Borbón, por el presidente Rajoy y por los líderes de la
oposición, Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Cuando lo lógico, democrático y constitucional, visto lo que había
declarado previamente Torra, hubiera sido que el ministro de Justicia y
notario mayor del Reino, Rafael Catalá, hubiera exigido a Quim Torra por
un requerimiento, el expreso acatamiento de la legalidad y la
Constitución como condición previa para la validez del decreto real de
su nombramiento como presidente de la Generalitat. Y en caso de no
aceptar el requerimiento Torra no podría ser investido presidente de la
Generalitat.
Pero el rey Felipe VI no quiere volver a dejar en evidencia a Rajoy
(como ya ocurrió el 3 de marzo, de ahí su insulso discurso de Navidad), y
Rajoy ya solo piensa en que el PNV le apruebe los Presupuestos de 2018
para poder estar en Moncloa hasta mediados de 2020.
Y Rivera y Sánchez se han convertido en acólitos complacientes de
Rajoy y en cómplices del chantaje del PNV (que incluye concesiones a
presos de ETA como ayer se descubrió) y de la negativa de Rajoy a
recurrir, desde el Gobierno y ante el TC, la delegación del voto en la
investidura de Comin y Puigdemont.
Y el peor de todos ellos es Rivera, que dice defender lo contrario de
todo lo que acepta y se traga al servicio de Rajoy, para que el PNV no
le estropee a Rajoy su presidencia hasta 2020 y a C's su calendario
electoral ideal, lo que constituye otra vergüenza nacional.
A partir de ahora y con Torra en la Generalitat nos esperan días
gloriosos de circo catalán y continuo agravio constitucional. El que
Rajoy dice ahora a Sánchez y Rivera que él controlará con la amenaza de
un nuevo 155. Pero eso sí una vez que PNV y C's le aprueben los
Presupuestos de 2018 y él se relaje convencido de que permanecerá en
Moncloa hasta 2020 y que en los dos años que le quedan de presidente
ningún juez se atreverá a volverle a llamar a declarar por la múltiple
corrupción del PP que no cesa de manar.
Y claro, si los máximos representantes del Estado se dejan burlar por
Torra como lo vimos ayer, se entiende que la Justicia de Bélgica y
Alemania no se tomen en serio las confusas y erráticas euroórdenes del
juez Llarena en sus hasta ahora fallidos procedimientos de extradición.
(*) Periodista
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