MURCIA.- Tras levantar el secreto de las actuaciones sumariales, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de los de Murcia, María del Mar Azuar Fernández, ha retrasado hasta los días 10, 11 y 12 del próximo mes de julio las declaraciones de las seis personas investigadas en las diligencias del caso de la desaladora de Escombreras, según fuentes de la personación letrada.
La baja médica del fiscal López Bernal es la causa que retrasa las declaraciones previstas, en principio, para los días 29, 30 y 31 de mayo respectivamente, tras el oficio dirigido a la magistrada, con fecha del pasado 9 de mayo por el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en el que se interesa "la suspensión de dichas declaraciones para fechas posteriores en las que el fiscal López Bernal pueda estar presente".
Esos investigados son Miguel Caballero Sandoval, Juan José Jódar, José Carvajal Conesa, Tomás Borchet, Juan Martínez y el representante legal de la empresa 'LR Hidromanagement' .
En la providencia de aceptación por la magistrada dentro de la misma fecha, ésta aprovecha para decirle a la Fiscalía que, vista la entidad que pueda tener la presente causa, que vea si es que interesa la declaración de complejidad para la misma.
Por otra parte, en un auto del pasado 7 de mayo, la magistrada Azuar acuerda autorizar la personación en esta causa como acusación popular (sin necesidad de presentar querella ni de prestar fianza) del letrado Diego de Ramón Hernández, de la Asociación Cívica Contra la Corrupción, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y de Contrapoder como acusación particular o, en su defecto, popular, al no oponerse la Fiscalía.
Por contra, no se admite la personación de Pedro Guirao Franco y Antonio López López como acusación popular. Sin embargo, sí se admite la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "en calidad de perjudicada y posible responsable civil".
Por extensión, según el citado auto, "lo mismo sería predicable respecto a 'Desaladora de Escombreras', procediendo que, por parte de la misma, se designe un representante legal distinto a José Manuel Ferrer Cánovas, por investigado en el presente procedimiento. Una vez designado, procederá el nuevo señalamiento para las medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal".
Finalmente, la magistrada expresa en el auto que "corresponde la dirección letrada de la acusación popular a quienes las acusaciones personadas decidan por mayoría, advirtiéndole en su aceptación, de su deber de actuar en interés del colectivo, de conformidad con el criterio de la mayoría, ya sea simple o reforzada".
Esos investigados son Miguel Caballero Sandoval, Juan José Jódar, José Carvajal Conesa, Tomás Borchet, Juan Martínez y el representante legal de la empresa 'LR Hidromanagement' .
En la providencia de aceptación por la magistrada dentro de la misma fecha, ésta aprovecha para decirle a la Fiscalía que, vista la entidad que pueda tener la presente causa, que vea si es que interesa la declaración de complejidad para la misma.
Por otra parte, en un auto del pasado 7 de mayo, la magistrada Azuar acuerda autorizar la personación en esta causa como acusación popular (sin necesidad de presentar querella ni de prestar fianza) del letrado Diego de Ramón Hernández, de la Asociación Cívica Contra la Corrupción, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y de Contrapoder como acusación particular o, en su defecto, popular, al no oponerse la Fiscalía.
Por contra, no se admite la personación de Pedro Guirao Franco y Antonio López López como acusación popular. Sin embargo, sí se admite la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "en calidad de perjudicada y posible responsable civil".
Por extensión, según el citado auto, "lo mismo sería predicable respecto a 'Desaladora de Escombreras', procediendo que, por parte de la misma, se designe un representante legal distinto a José Manuel Ferrer Cánovas, por investigado en el presente procedimiento. Una vez designado, procederá el nuevo señalamiento para las medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal".
Finalmente, la magistrada expresa en el auto que "corresponde la dirección letrada de la acusación popular a quienes las acusaciones personadas decidan por mayoría, advirtiéndole en su aceptación, de su deber de actuar en interés del colectivo, de conformidad con el criterio de la mayoría, ya sea simple o reforzada".
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