MADRID.- Irene Montero, junto a una decena de representantes de Ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, ha presentado la "proposición de Ley para regular los alquileres abusivos"
en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, según crónica de www.libremercado.com.
La portavoz de
Podemos ha asegurado que esta medida es "importante" para garantizar que
los "buitres financieros" no impongan "alquileres abusivos".
"Hemos
vivido un auténtico drama con el caso de las hipotecas. No puede ocurrir
lo mismo con los alquileres. No podemos volver a vivir situaciones de
emergencia social", ha asegurado.
La
portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha explicado que lo que buscan
es dotar a las comunidades autónomas y a algunos municipios de
herramientas jurídicas para poder fijar el precio del alquiler en ciertas áreas urbanas.
Los gobiernos regionales serían los encargados de determinar las zonas
de alquiler limitado, salvo en el caso de Madrid y Barcelona, que
podrían legislar sin depender de las comunidades autónomas.
Las claves de la propuesta se resumen en tres puntos:
crear zonas de alquiler limitado; reinstaurar los contratos
obligatorios de cinco años de duración; y que las sociedades que
alquilen inmuebles tengan que prorrogar los contratos de forma
indefinida en caso de que el inquilino cumpla con las obligaciones
contractuales.
Aunque el texto señala
que esta propuesta no pretende "volver a épocas pretéritas en las que la
prórroga forzosa de los contratos y la congelación de las rentas
condujeron a graves distorsiones en el mercado", en clara referencia a
la renta antigua que implantó el régimen de Franco en los años 60,
lo cierto es que las medidas que contiene son muy similares a la citada
normativa franquista.
La renta antigua, cuya extinción parcial se
produjo con el decreto Boyer de los años 80, impedía actualizar las
rentas y obligaba a prorrogar de forma indefinida los contratos de
alquiler. La ley que propone ahora Podemos contempla estas dos opciones,
aunque limitadas en el espacio y en el tiempo.
Zonas de alquiler limitado
La primera gran novedad consiste en que las CCAA y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona puedan calificar ciertas zonas como "áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado",
donde el precio del alquiler no dependería del mercado (ley de la
oferta y demanda) sino de la voluntad de los políticos. Para ello,
habría que acreditar que en un municipio o en parte del mismo concurren
una serie de circunstancias:
- Que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, según los datos del registro de demandantes de vivienda autonómico u otro registro oficial autonómico o local.
- Que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la media del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva en supuestos de incremento de fuerte la demanda.
- Que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias de la zona, según los datos oficiales existentes. Se considerará en todo caso una carga desproporcionada cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler.
- Que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres.
- Que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se haya incrementado un 15% o más en los últimos tres años.
Por
otro lado, la calificación de "área urbana con mercado de vivienda
tensionado" tendrá carácter temporal, según el texto, no pudiendo
exceder sus efectos de un plazo de cinco años. Sin embargo, la propuesta
también añade que podrá prolongarse de forma indefinida "en caso de que
subsista una situación que lo justifique", con lo que podría permanecer
en el tiempo de forma indefinida.
Fijación del precio por ley
La cuestión es que en esas zonas especiales el precio del alquiler se
fijaría con criterios políticos mediante la aprobación de un nuevo "índice oficial de referencia". Tanto el precio de inicio como su actualización periódica serían establecidos por las CCAA, Madrid y Barcelona:
El
resto del alquileres, los que se sitúen fuera de estas zonas
especiales, se actualizarían en función del IPC. En caso de mejoras en
la vivienda, la subida no podría superar, en ningún caso, el 15%.
Asimismo, sólo se podría exigir un mes de fianza.
Contratos de 5 años y prórroga indefinida
En cuanto a la duración de los contratos, la propuesta pretende reimplantar los contratos obligatorios por cinco años.
Transcurrido el primero, el dueño sólo podría rescindir el contrato en
caso de que necesitar la vivienda como residencia permanente para sí o
sus familiares, siempre y cuando "careciera de más inmuebles
disponibles".
También contempla un "contrato de duración protegida" para el fomento del alquiler estable y asequible, que tendría una duración mínima de 10 años y
que podría llevar aparejado beneficios fiscales favorables,
subvenciones y otras medidas a definir por las CCAA y municipios.
La
vivienda se podría reclamar por parte de los dueños transcurridos los 5
primeros años de contrato, siempre y cuando sea para vivir en ese
inmueble de forma permanente y no disponga de más pisos disponibles.
Otra de las grandes novedades es que si el casero es una empresa (sociedades, socimis, etc.) "el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años" de forma indefinida,
"excepto si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el
incumplimiento por parte de la parte arrendataria de sus obligaciones
contractuales o legales", lo cual, además, "deberá acreditar
fehacientemente", según el texto. Se trataría, por tanto, de una especie
de alquiler indefinido.
En este
sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sacó este
jueves un comunicado en el que apoya medidas similares a las que propone
Podemos. En concreto, pide que se establezcan contratos de duración
indefinida para "colectivos vulnerables", como personas que tienen
especiales dificultades a la hora de buscar vivienda, mayores de 65
años, personas discapacitadas, familias con dos o más hijos en edad
escolar, víctimas de violencia de género, menores tutelados "y aquellos
colectivos que se determinen reglamentariamente".
La
PAH también reprocha al PSOE que eliminara en 1985 la renta antigua que
implantó Franco mediante el "decreto Boyer", y exige que los
ayuntamientos tengan "capacidad de crear índices de referencia
obligatorios cuando lo demande la ciudadanía del municipio".
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