MADRID.- España cuenta con más funcionarios interinos que nunca: unos 700.000. Y el gobierno de Mariano Rajoy,
las autonomías y los ayuntamientos se preparan para una ola de demandas
contra el abuso de las contrataciones de funcionarios laborales e
interinos por la supresión de convocatorias durante los años de crisis, según avanza Economía Digital.
Las administraciones públicas paralizaron o disminuyeron al máximo
las oposiciones y la reposición de plazas de funcionarios desde 2010,
por la grave crisis económica. Y para suplir a médicos maestros y otro
tipo de funcionarios, las administraciones públicas han recurrido a la
contratación de interinos y personal laboral, una figura que está
limitada de forma temporal y limitada, pero que las administraciones han
usado de forma masiva.
Ahora, ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central se preparan para una ola de demandas y el pago de posibles indemnizaciones masivas
por el despido de los interinos que deberán abandonar sus puestos de
trabajo si no ganan la plaza a través de las oposiciones masivas que
serán convocadas entre 2018 y 2020.
Los sindicatos y el propio gobierno reconocen una cifra récord de
interinos, una situación anómala producida por los recortes y la
precarización de los funcionarios públicos.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral de la historia de
España. Estamos hablando de unos 700.000 trabajadores que están
contratados en fraude de ley. Esto en cualquier empresa privada sería
inadmisible. El gobierno podría ejecutar en breve el mayor ERE
encubierto jamás conocido”, explica Enrique Arévalo Granados, asesor legal de la Asociación de Interinos Anil, que acumula unas 3.000 demandas judiciales contra el gobierno.
El gobierno se ha reunido esta semana con los grandes sindicatos CCOO, UGT y CSIF
para pactar las condiciones en las que se pretende reducir la cifra de
interinos de un 25% a un 8%. La medida, necesariamente, implicará el
despido de trabajadores que han estado desempeñando sus puestos de
trabajo hasta 20 años.
Coincidiendo con las demandas que se avecinan, el Tribunal Supremo ha
pedido al Tribunal Europeo que aclare si los interinos con derecho a
indemnización deben recibir 12 o 20 días en caso de despido colectivo.
El Tribunal Europeo ya había emitido una sentencia en 2016 según la
cual las indemnizaciones por despido en España son discriminatorias
porque diferencia, de forma injustificada, a trabajadores interinos de
temporales e indefinidos.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido consultar al
gobierno central para conocer cómo debe prepararse ante las posibles
reclamaciones por indemnizaciones. El gobierno de Manuela Carmena
ha decidido posponer los procesos de convocatoria a nuevas oposiciones
hasta que no se aclare judicialmente el conflicto por el despido de los
interinos y hasta que el gobierno no fije las directrices a seguir.
Economía Digital ha contactado de forma insistente para conocer cuál será
la política que seguirá el Ayuntamiento de Madrid ante posibles demandas
judiciales de los interinos, pero el gobierno de Manuela Carmena no ha
contestado ninguna de las preguntas formuladas.
Este diario ha contactado con el Ministerio de Hacienda
para conocer si en los presupuestos generales del Estado se incluirán
partidas para afrontar las indemnizaciones. Hasta ahora, no se contempla
ninguna partida general y el ministerio explica que las
administraciones analizarán “caso por caso”.
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