La semana pasada este artículo se preguntaba hasta qué punto sería fuerte Mariano Rajoy para
resistir las presiones que estaba recibiendo para actuar con dureza
contra el Govern de Catalunya. Pues bien, ya lo hemos visto todos. El
presidente del Gobierno está dispuesto a aplicar con dureza todas las
armas de que dispone para evitar que el referéndum del 1-O se pueda
celebrar, sin preocuparse por el páramo que dejará para el día después.
Los sectores más radicales del movimiento independentista ya lo están
celebrando porque ven como están logrando ensanchar de nuevo el apoyo a
su causa después de un cierto estancamiento. La entrada de la Guardia
Civil en la Conselleria d’Economia para detener a altos cargos, la
intervención de facto del control de las finanzas del Govern y la
decisión de poner a los Mossos d’Esquadra bajo el mando de un alto cargo
del Ministerio del Interior son tres decisiones que han causado hondo
malestar en Catalunya.
Incluso en ciudadanos que pueden sentirse
disconformes con la ley de Transitoriedad o con algunas de las
actuaciones de Carles Puigdemont para imponer el referéndum de forma
unilateral. Las muestras de rechazo que las detenciones suscitaron desde
lugares tan variopintos como las universidades catalanas, la directiva
del FC Barcelona o centenares de entidades invitarían a una reflexión
más calmada por parte de las autoridades políticas y judiciales antes
que tomen otras decisiones aún más contundentes en estos próximos días.
Estos son los errores que esperaban los independentistas y que la
Moncloa juraba que nunca cometería.
Está
dicho y escrito desde hace mucho tiempo que el Gobierno tiene armas
para evitar hacer el referéndum y ahora ya parece que hasta los más
optimistas del independentismo se han dado cuenta. Pero este
relativo éxito gubernativo va a tener un coste altísimo en el proyecto
que justamente la Moncloa debería intentar preservar, que no es otro que
la unidad de España. Esto no va de otro “plan Ibarretxe” que se
resuelve con la aplicación de la ley y punto. Sólo hay que ver la
respuesta favorable que el movimiento catalán está encontrando en otros
rincones de España o el apoyo editorial que suscita la celebración de un
referéndum en medios tan poco sospechosos de secesionistas como “Le
Monde”. No sé si el poder de Vladimir Putin y su máquina de influencias
llegan también a todos los editoriales y artículos que la prensa
internacional está dedicando al tema.
Ya lo dijimos en su día y lo volvemos a repetir: el Gobierno español
está perdiendo la batalla de la opinión pública internacional. No es que
los estrategas del Govern sean unos reyes del marketing, pero es mucho
más aceptado su relato de querer votar y la protesta pacífica de miles
de manifestantes, que la acción represiva de jueces y policías, aunque
la ley les ampare por las vulneraciones que ha hecho el Govern. En este
sentido, otro debate que se deberá tocar en el futuro es la actuación
del Tribunal Constitucional, que está imponiendo por primera vez en su
historia multas coercitivas.
El Alto Tribunal nació para recomendar
actuaciones como mediadora de conflictos, evolucionó teniendo potestad
sancionadora y ahora ya actúa imponiendo multas económicas directas. La
guinda a la actuación del poder judicial la ponen actuaciones puntuales
de jueces impidiendo actos a favor del derecho a decidir en Madrid o
Zaragoza, que sólo consiguen echar más gasolina al fuego.
En medios gubernativos españoles se especula que si Puigdemont
persiste en su actitud de mantener el referéndum, la represión
aumentará. Las redes sociales van cargadas de toda clase de rumorología y
especulaciones sobre nuevas detenciones. Rajoy debe valorar lo que está
en juego. Los independentistas persiguen alejar Catalunya de España y
la estrategia de la confrontación total es buena para sus objetivos.
Puigdemont no cederá hasta el final. En cambio, Rajoy debería actuar con
decisiones que serenen los ánimos, no para tensionarlos más. Si no lo
hace así, no habrá nada que negociar a partir del 2-0. En esta semana
clave que hoy comienza sería bueno que se impusiera el sentido común y
que el domingo cada uno juegue su papel: el Estado a llenar de policías
los colegios electorales para que nadie pueda votar, y el
independentismo a sacar a sus seguidores a la calle para hacerlo y si no
se puede, protestar en paz.
Y el día 2 tocaría hablar. Parece difícil que sea entre los actuales
mandatarios de ambas partes, pero no hay otra salida. Se notan a faltar
hoy los políticos de la transición como un Adolfo Suárez que supo
pilotar aquel proceso en un contexto mucho más complejo que el actual.
Si Rajoy hubiera estado en el lugar de Suárez no sé como se habría hecho
la transición, teniendo en cuenta su ritmo de decisiones. Como se puso en evidencia ayer en Zaragoza con
unos incidentes inéditos desde hace muchos años en este país, el
problema ya no está sólo en Catalunya. Hay un problema de Estado. Y
Rajoy debería cambiar el chip. Esta semana puede ahondar todavía más
esta crisis
(*) Periodista y
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