El poder de la ciudadanía / Patricio Hernández, Antonio Campillo, Maria del Mar Rosa y Felipe Iracheta *

Cuando a las cinco de esta tarde, con lluvia o sin ella, un numeroso grupo de ciudadanos salgamos a la calle en Murcia, para ejercer nuestro derecho de manifestación en defensa del patrimonio cultural, nuestra democracia será algo más madura.

Hace sólo unas semanas, hubiera sido difícil prever que iba a producirse una movilización espontánea y significativa de tantos ciudadanos indignados por el hecho de que los responsables de proteger nuestros bienes culturales se hubiesen convertido en la mayor amenaza para su destrucción.

Y habría sido mucho más difícil de imaginar que estos mismos ciudadanos se enfrentarían victoriosamente al poderoso aparato político e institucional construido por el partido que gobierna la región, con sus amplias mayorías absolutas y su fuerte hegemonía social. Pero todo esto ha sucedido por vez primera en quince años.

Todos los intentos de deslegitimar primero y anular después este movimiento cívico han fracasado hasta ahora, y lo que comenzó siendo una protesta para proteger un yacimiento arqueológico en peligro, se ha convertido hoy en un fuerte cuestionamiento de una forma de hacer política que ignora, cuando no desprecia, a la ciudadanía.

Porque lo que hoy se reclamará, en un ambiente al tiempo festivo y reivindicativo, ya no es sólo que se salve San Esteban de su expolio, sino que cambien las cosas para que en adelante no puedan darse de nuevo situaciones como ésta y otras muchas semejantes – aún está abierta la herida sangrante del Castillo de Lorca- que desgraciadamente hemos sufrido en el pasado.

Durante demasiado tiempo, las decisiones políticas en el ámbito de la cultura -pero también en otros terrenos- se han tomado de forma arbitraria y personalista por los responsables políticos, con las correspondientes coartadas técnicas cuando era necesario, y apelando a la desnuda legitimidad de las mayorías electorales en todos los casos.

Frente a una realidad social compleja, de intereses diversos y a menudo enfrentados, no ha interesado abrir el campo de las decisiones, practicar la democracia participativa y escuchar a la gente, consultar con instituciones y organizaciones cualificadas de la sociedad civil, crear órganos institucionales colegiados para informar las decisiones, etc., como ocurre en otros regiones y en muchos ayuntamientos. Aquí, por contra, no se admiten otras opiniones que las propias o las de quienes gozan o esperan gozar de alguna prebenda, de modo que no hay espacio para discrepancia alguna y la crítica es habitualmente perseguida y siempre sospechosa. Pero la gente se ha cansado ya de esta forma de hacer las cosas y San Esteban es el ejemplo.

Porque se desprecia a la ciudadanía activa tanto cuando se la llama “esquizofrénica” como cuando se la califica de “genial”, sin que haya habido en momento alguno intención de escuchar sus demandas, convocarla al diálogo y buscar acuerdos.

Porque se nos considera menores de edad cuando, iniciado el desmontaje destructivo de los restos de San Esteban y paralizada la excavación por orden judicial, se nos quiere hacer creer que hacía ya semanas que los políticos con mayor poder y responsabilidad habían decidido, en su intimidad, salvar la excavación, a pesar de que los actos son bien conocidos y desmienten esas palabras.

Porque resulta penoso ver cómo nadie está dispuesto a asumir sus errores y responder por ellos, cómo el daño sobre la credibilidad de las instituciones, y la desafección civil respecto de la clase política que esto supone, no se repara sustituyendo a quienes lo provocan.

Porque es lamentable que se haga uso de la palabra “política” como una descalificación (“eso es política, obedece a intereses políticos”), una estigmatización coloreada con ecos de un pasado ominoso y felizmente superado, pues ¿de qué tipo puede ser sino política la preocupación por lo que sucede en el espacio público y es sometido a decisiones públicas? Lo que no ha sido, desde luego, es partidista, pues el movimiento ciudadano ha sabido dejar a los partidos en su terreno y reclamar el suyo propio. Han sido precisamente los políticos que gobiernan la región los que se han empeñado de forma maniquea, y contra toda evidencia, en presentar esta lucha como una pugna de partidos.

El episodio de San Esteban no está cerrado. Es urgente tomar medidas efectivas de protección de los elementos exhumados, y también hay que incoar de inmediato la declaración de BIC para el yacimiento. A continuación, hay que completar la excavación, definir un proyecto para su conservación y musealización, y garantizar los recursos para su financiación.

También esperamos que se conozca todo lo sucedido, que se haga público el expediente completo de San Esteban, que se responda políticamente de los errores y las mentiras, asi como que avance la investigación judicial y que se depuren las responsabilidades legales que procedan.

Y para el futuro, es obligado cambiar los modos de hacer política, respetar y contar con los ciudadanos, comprometerse a actuar con transparencia, crear los órganos institucionales que permitan la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, y el asesoramiento obligado de las decisiones por instituciones y órganos consultivos distintos de la propia administración. Algo que no existe en la mayor parte de los casos en las instituciones de la región y para lo que únicamente se requiere voluntad política.

Por todo esto salimos hoy a la calle, para que quienes nos gobiernan comprendan que además de la legitimidad del voto necesitan la que proviene del ejercicio democrático del poder. De ello depende nada menos que la calidad de nuestra democracia.

(*) Miembros del Foro Ciudadano de la Región de Murcia / www.laopiniondemurcia.es