El juez de Lorca deja libres con cargos al notario y al hermano del delegado del Gobierno en Castilla-León, ambos imputados de delito fiscal

LORCA.- El notario Sebastián Fernández Rabal; el médico dentista Urbano Alejo Vicente; y el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez Tudela, todos ellos detenidos y conducidos ayer hasta las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía desde donde los trasladaron luego hasta los calabozos del Juzgado nº 4 de Lorca, donde prestaron declaración hasta última hora, tras interrogarlos, el juez decretó anoche su puesta en libertad con cargos pero sin fianza. Están obligados a presentarse los días 1 y 15 de cada mes, y se les imputan presuntos delitos fiscales, según adelanta 'La Verdad'.

El dentista zamorano Urbano Alejo Vicente es hermano de Miguel Alejo Vicente, delegado del Gobierno en Castilla-León y amigo personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

También el ex concejal socialista de Lorca Miguel Miras García fue detenido a primera hora de la mañana de ayer en el marco de la investigación de una presunta trama de corrupción en el seno de la empresa municipal de limpieza (Limusa). Casi a la misma hora, pero en Cartagena, era detenido el que fuera interventor del Ayuntamiento de Lorca hasta hace dos años, Francisco Poyatos, que en estos momentos ocupa el mismo cargo en la ciudad portuaria.

Las cinco detenciones se producen después de que a comienzos del pasado mes de marzo fuera detenido el que fuera director de la empresa municipal de limpieza, Limusa, Francisco Gil Eguino, que permanece desde entonces en la prisión de Sangonera y al que se le imputa un delito contra la Hacienda Pública y malversación.

Francisco Gil Eguino sería, según un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria incluido en el sumario, socio junto a Miguel Miras, Sebastián Fernández, Urbano Alejo y Ángel Trinidad, de la empresa Cabo Cope Naturaleza S. L., a la que se le imputa un posible delito relacionado con el IVA y el impuesto de Sociedades en la venta de viviendas.

En el informe, también se detalla que, a través de Cabo Cope Naturaleza, se habrían realizado dos tipos de operaciones. Por un lado, la promoción inmobiliaria de viviendas en Águilas, y por otro, y a través de la participación al 100% en la sociedad Inversiones Umbe S. L., se habrían realizado inversiones inmobiliarias directamente o mediante la compra o suscripción de participaciones en sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, en este caso también participarían como socios otras personas distintas a los indicados.

La conocida como operación Reciclaje, en la que aparecen involucradas todo un entramado de empresas que parten de Cabo Cope Naturaleza y de sus cinco socios, se inició por la denuncia de un trabajador de la empresa municipal. Éste aseguró hace algo más de un año y medio que en Limusa se llevaban a cabo actividades paralelas.

Decide acudir a los juzgados y aporta toda clase de pruebas grabadas en un cedé, que habría dado los detalles a los investigadores para poner en marcha el operativo. Información sobre sociedades, aportaciones y retiradas de dinero por los socios y datos de declaraciones fiscales.

Objeto de las investigaciones

El sumario de la operación Reciclaje, aún bajo secreto, podría contener un cuadro en el que no sólo se contempla el entramado de empresas, sino el nombre de sus socios y las participaciones de cada uno de ellos. Éste lo habría realizado la Agencia Tributaria a petición del Juzgado Número 4 de Lorca, que investiga toda la trama.

En él, no sólo aparecerían los nombres de cinco de los seis detenidos hasta el momento, sino también el de un trabajador de una caja de ahorros, varios empresarios, un arquitecto y una asociación cooperativa de arquitectos. Las investigaciones continúan y no se descarta que en los próximos días se produjesen nuevas detenciones.

Las investigaciones también pretenden dilucidar si desde la empresa municipal de limpieza se pudo desviar montantes económicos a alguna de esas sociedades. Lo que también se podría aclarar es la participación del que fuera interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos, y de su relación con el resto de detenidos, entre los que, se encuentra el notario Sebastián Fernández Rabal, que el pasado día 5 de este mismo mes fue detenido como sospechoso de un delito de cohecho por haber podido regalar una vivienda o parte de ella al que fuera consejero Marqués.

La información facilitada por la Agencia Tributaria es amplia, conteniendo incluso listados completos de las personas que adquirieron viviendas a cada una de las sociedades. Es tan precisa, que incluso aporta las cantidades que se pagaron en blanco y en negro.

Los informes serían producto de los datos aportados por el trabajador de Limusa que denunció a Francisco Gil Eguino por acoso laboral, pero también de la abundante documentación de los registros llevados a cabo.

En los últimos meses las declaraciones se han sucedido y parece que van a continuar en las próximas semanas. Entre los que podrían ser interrogados están los dueños de empresas de restauración que facturaron comidas y otros servicios a la empresa de limpieza. Media docena de ellos, ya han pasado por los juzgados.