Ambas medidas están contempladas en el Pacto de Inmigración y Asilo, acordado en diciembre de 2008, y cuyo objetivo es "organizar la inmigración legal, luchar contra la irregular y edificar una Europa del asilo".
El arsenal de sanciones penales pretende en concreto sensibilizar tanto a empresas como a particulares en la lucha contra la inmigración clandestina.
Los empresarios y los subcontratistas directos se verán expuestos, en los casos menos graves, a sanciones administrativas como la devolución de las ayudas públicas, la exclusión de los concursos públicos durante cinco años o el cierre del establecimiento.
En caso de reincidencia o de otras actuaciones agravantes, los empresarios serán penalizados con multas o sanciones penales, que cada Estado deberá determinar por su cuenta. Diecinueve de los 27 países miembros de la Unión ya sancionan penalmente a sus empresarios por estas prácticas y las multas ascienden a cantidades muy variables.
Entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes indocumentados trabajan ilegalmente en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura en la Unión Europea.
Al tiempo que Europa endurece su política contra la inmigración ilegal, pretende atraer a la mano de obra extranjera altamente cualificada con la creación de la 'tarjeta azul', similar a la 'tarjeta verde' estadounidense. Este permiso tendrá una validez de hasta cuatro años, pero el inmigrante sólo podrá usarlo en el Estado europeo que lo haya expedido.
Ambas medidas, aprobadas durante el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebra este lunes en Bruselas, deberán ser trasladadas a las legislaciones nacionales en un periodo máximo de dos años.
El Pacto de Inmigración y Asilo favorece la inmigración escogida y facilita la expulsión de extranjeros indeseados, lo que ha valido a Europa las críticas de América Latina y África.
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