Todos los arquitectos detenidos quedan en libertad con cargos y sin fianza

SAN JAVIER.- El arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella, abandonó a última hora de ayer, los juzgados de la localidad ribereña, entre abrazos y felicitaciones de un grupo de allegados que le esperaban. De igual modo, antes, fueron puestos en libertad con cargos los otros dos arquitectos presuntamente implicados en una trama para monopolizar las actuaciones y proyectos urbanísticos de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Álamo, según relata hoy "La Verdad".

Tras pasar dos días en dependencias de la Guardia Civil en Cartagena, los tres imputados han sido puestos en libertad sin pagar fianza y con la obligación de presentarse cada quince días ante el Juzgado número 1 de San Javier, que instruye el caso. Fuentes del fiscal que lleva el caso indicaron que, durante las investigaciones, ha quedado acreditada la comisión de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y asociación coyuntural ilícita.

José Mariano Sánchez Martini, funcionario de Fuente Álamo, y Juan Pedro Sánchez Trapero, arquitecto, que según fuentes de la investigación, trabajaban como socios de Botella a través de la empresa Gruparq-3, han quedado en libertad, imputados, aunque no formalmente acusados de los mismos delitos.

Respecto a los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan, la Agencia Tributaria deberá calcular si ha habido fraude fiscal. Fuentes judiciales próximas al caso indican que se ahora habrá que dilucidar si la empresa de la que eran propietarias las esposas de los arquitectos -también imputadas y puestas en libertad- es una pantalla para ocultar el dinero que ganaban sus maridos, que, según los mismos informadores, ascendió a 24 millones de euros el pasado año.

Durante la jornada de ayer, Sánchez Martini fue el primero en declarar, durante dos horas, antes de acudir al registro, que hizo la Guardia Civil, de su casa. Mientras estuvo fuera, le tocó el turno a Sánchez Trapero, también durante dos horas. Ambos llegaron en vehículos del Cuerpo y abandonaron los juzgados en solitario y sin hablar con la prensa.

La declaración más larga fue la de Botella, más de tres horas. A su salida, se mostró feliz, aunque evitó las preguntas. El que sí habló fue su abogado, José Antonio García, para decir que su cliente había respondido a todas y cada una de las cuestiones de manera «lógica y coherente», colaborando con la Justicia en la medida de sus posibilidades.

Penas leves

Por las negociaciones prohibidas a funcionarios: pena de multa y suspensión de empleo público; por la asociación coyuntural ilícita: entre dos y cuatro años de cárcel. Ése es el panorama al que se enfrentarían los arquitectos si se confirmasen los dos cargos que ahora cobran más fuerza, según el fiscal.

Sin embargo, es muy poco probable que ninguno de ellos diese con sus huesos en presidio por dos razones. La primera: al parecer ninguno de ellos tiene antecedentes penales. La segunda: la asociación ilícita se asocia a terrorismo y bandas organizadas; sólo se ha tenido en cuenta en cuestiones económicos en un caso, el del presidente de Filesa, en los 90.

Tampoco está todo dicho. La documentación incautada en los registros servirá para esclarecer si hubo otros delitos. Además, Hacienda aún tiene que investigar si hubo fraude fiscal.